23 abril, 2025

Denunciaron a Gildo Insfrán por comprar vehículos de alta gama con dinero del Estado

La diputada Gabriela Neme presentó pruebas sobre el uso irregular de fondos estatales para comprar vehículos de alta gama, en medio de investigaciones por corrupción en Formosa.
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La provincia de Formosa enfrenta un nuevo escándalo de corrupción tras la denuncia presentada por la diputada provincial Gabriela Neme contra el gobernador, Gildo Insfrán, por la compra de camionetas de alta gama.

“No es como dice, que los denunciadores tenemos ideas de que ellos roban nomás. Él, su familia, sus amigos y sus privilegiados, les roban al pueblo de Formosa”, expresó en su video, a modo de reclamó.

Tras el fallo de la Corte Suprema en diciembre, que restringió las aspiraciones de reelección de Insfrán, y en medio de investigaciones previas por irregularidades en el manejo de fondos públicos en Formosa, nuevos documentos expuestos revelan un mayor fraude. Las pruebas indicarían un patrón de desviación de recursos estatales destinados a áreas esenciales como salud y seguridad, que habrían sido utilizados para la adquisición de bienes de uso personal por parte del mandatario.

La investigación impulsada por la funcionaria Gabriela Neme apunta a dos operaciones: la compra de una Toyota Land Cruiser 300, modelo 2022, y otra unidad idéntica adquirida en 2023. Según la documentación presentada, ambas transacciones, con un valor estimado de 300 millones de pesos cada una, habrían sido financiadas mediante transferencias provenientes del Fondo Fiduciario Provincial para Salud, Seguridad y Tecnología, algo que contravendría la Ley Provincial 1180 que regula el uso de fondos fiduciarios, según la legisladora.

El fondo investigado disponía de 3.800 millones de pesos al momento de las compras. Registros bancarios revelan transferencias sucesivas que redujeron el saldo en 600 millones de pesos durante el período en que se adquirieron los vehículos. La legisladora denuncia que estas operaciones se realizaron sin licitación pública y mediante contratación directa con concesionarias automotrices vinculadas a funcionarios provinciales.

“Tendrán que rendir cuentas, Gildo Insfrán y cada uno de sus cómplices por el mayor robo de la historia de Formosa, el mayor robo de la historia de Argentina”, agregó en su posteo en Instagram.

Este hecho forma parte de la investigación “Ruta del Dinero G”, impulsada por Neme y presentada en Comodoro Py, que reúne pruebas sobre presuntas malversaciones a través de empresas fantasma creadas para adjudicarse obras públicas que nunca se concretaron. Según la acusación, el esquema incluiría sobreprecios, facturación de servicios inexistentes y triangulación de pagos mediante cuentas offshore.

Organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente las precarias condiciones del “recrudecimiento” del sistema sanitario formoseño. Neme también hizo otras denuncias como el “envío de fondos al Partido Justicialista por más de 1.660 millones, en 5 órdenes de pago en concepto de haberes” el pasado 7 de febrero, quedando radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Cabe recordar que en 2010, durante las negociaciones para refinanciar una deuda de 312 millones de pesos que Formosa mantenía con la Nación, la provincia contrató servicios de consultoría de The Old Fund por 7.6 millones de pesos, conectando a Insfrán con el entramado del entonces vicepresidente Amado Boudou, quien habría utilizado testaferros para controlar la empresa a través de la sociedad The Old Fund en la “Causa Ciccone”, donde se rastrearon transferencias desde el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) hacia la firma panameña North Automotive Inc., cuyos directivos incluían familiares de altos cargos provinciales.

Siendo este uno de los escándalos más emblemáticos de la Argentina contemporánea y cuyo epicentro se situó en las operaciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este mecanismo permitió emitir bonos por 312.9 millones de pesos para saldar obligaciones con el Estado nacional, proceso donde The Old Fund actuó como supuesta consultora, hasta que en noviembre de 2021 se dictó el fallo absolutorio, afirmando que “no existía vinculación entre los decretos de Insfrán y la contratación de The Old Fund”.

Redacción

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Condenaron al exdiputado Germán Kiczka a 14 años de prisión por tenencia y distribución de pedofilia

El exdiputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, también fue hallado culpable y recibió una pena de 12 años. Así lo resolvió el Tribunal Penal N°1 de Posadas, en una sentencia que marca un precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil.

Durante el juicio, se comprobó que los acusados poseían y compartían un total de 603 archivos digitales con contenido de abuso sexual infantil, además de material vinculado a prácticas zoofílicas. Las pruebas fueron obtenidas a partir de un operativo internacional coordinado por la Child Rescue Coalition y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (IMEC), que alertaron a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) en Argentina.

“Se trata de un caso histórico, no solo por el volumen del material incautado, sino porque afecta directamente a una figura del poder político”, declaró el fiscal Martín Alejandro Rau durante su alegato final. Junto al fiscal Antonio Glinka, solicitaron 15 años de prisión para el exdiputado y 12 para su hermano.

Durante el juicio, Germán Kiczka intentó desvincularse de las acusaciones al afirmar: “Soy totalmente inocente. Nunca descargué ni compartí material ilegal. Esta es una persecución política en mi contra”. En contraparte, las pruebas digitales fueron concluyentes, se hallaron archivos incriminatorios en dos computadoras y un pendrive en su poder, uno de ellos identificado con el nombre Fiat.

Glinka desestimó de lleno la estrategia defensiva: Nunca hubo persecución política. Hubo una investigación internacional que llegó hasta los Kiczka por rastros concretos. Lo demás es una construcción para intentar eludir la Justicia”.

En tanto, Sebastián Kiczka buscó asumir la responsabilidad total del caso: “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”. Más tarde, justificó su accionar diciendo: No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet. Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”. Pese a sus declaraciones, los peritos informáticos confirmaron que los dispositivos estaban configurados con perfiles a nombre de Germán Kiczka, y que ambos participaron activamente en la descarga y distribución del material.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, también solicitó que se investigue por falso testimonio al diputado Pedro Puerta y al padre de los acusados, Leonardo Kiczka, por posibles declaraciones engañosas ante la Justicia.

Cabe destacar que la mayoría de las audiencias fueron a puertas cerradas, en resguardo de la identidad y la dignidad de las víctimas, cuyas imágenes circulaban en los dispositivos secuestrados.

Germán Kiczka se desempeñaba como diputado provincial por el partido Activar. Luego de que la Legislatura de Misiones le suspendiera los fueros a fines de agosto del año pasado, se dio a la fuga. Fue localizado días después en un camping de la localidad de Loreto, en la provincia de Corrientes. Finalmente, la Cámara legislativa decidió su expulsión, mediante una resolución aprobada por unanimidad.

Redacción

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Detienen a grupo de jóvenes “Caza Violines” por escraches violentos a abusadores en redes

Un grupo de jóvenes de entre 17 y 24 años autodenominados “caza violines” fue desarticulado tras identificar y castigar por cuenta propia a numerosos depravados sexuales que operaban a través de internet. Su base principal de operaciones se encontraba en la localidad bonaerense de Pilar, aunque mantenían ramificaciones en distintos puntos del conurbano y en la ciudad de La Plata. 

Entre los detenidos figura un youtuber platense de 20 años de alias “Elquechuga”, Brandon Maldonado, quien habría funcionado como líder y que acumuló notoriedad en redes sociales por sus contenidos previos donde realizaba “bromas pesadas” y se burlaba de trabajadores de comercios o transeúntes como medio de entretenimiento.

“Cuando hice el primer video tuvo mucha repercusión en la gente y a partir de allí, incluso por pedido de distintas personas, seguí con esa idea”, trascendió en sus declaraciones a la justicia.

El grupo estaba conformado por adolescentes que se encontraban a entrenar en un gimnasio de Pilar, lo que sugiere una preparación física que utilizaban durante sus operativos. Un elemento clave en su estructura era la participación de una joven de 20 años que actuaba como “falso señuelo”, haciéndose pasar por menor de 13 años para atraer a los presuntos depredadores. Este componente femenino resultaba fundamental para la credibilidad de sus trampas en línea.

Según declaraciones del youtuber, la inspiración para estas actividades provino de un influencer estadounidense llamado Justin Painter, quien realizaba actividades similares de exposición de presuntos pedófilos en redes sociales. El joven luego admitiría haber iniciado estas prácticas en 2016, copiando el formato y adaptándolo al contexto argentino, continuando con esta actividad debido a la respuesta positiva que recibía de sus fanáticos.

La banda había desarrollado un sofisticado modus operandi que comenzaba con la creación de perfiles falsos en aplicaciones de citas y redes. En estos perfiles, principalmente manejados por la joven que funcionaba de “carnada” o por otros miembros haciéndose pasar por mujeres, simulaban ser niñas para entablar conversaciones con estos adultos. Tras establecer el contacto inicial, las charlas continuaban por WhatsApp, donde recibían contenido explícito por parte de los objetivos y concretaban encuentros presenciales.

“Me pedían fotos, pero varios me mandaban imágenes de sus miembros íntimos, por ejemplo”, subrayó, agregando que luego “seguía hasta que en un momento se acordaba el encuentro y allí se desataba el escrache y yo los increpaba tal como se ve”.

Una vez que la víctima acudía al lugar acordado, generalmente un departamento preparado para la emboscada, los integrantes de la agrupación lo sorprendían, lo retenían contra su voluntad y procedían a ejecutar lo que ellos llamaban “castigos”, cargados de violencia tanto física como psicológica. Las golpizas eran solo el inicio de una serie de degradaciones que incluían prácticas extremadamente humillantes como forzar a las víctimas a ingerir materia fecal. También los obligaban a posicionarse en cuatro patas y cantar frases como “pío-pío, soy violín”, a la vez de que se los filmaba.

Estos encuentros eran cuidadosamente planificados para garantizar tanto la captura como la documentación audiovisual de todo el proceso. La sistematización de sus actividades y la evolución de sus métodos fueron escalando con el tiempo, llegando a incluir vejaciones que sobrepasaban cualquier pretensión de “ajusticiamiento”.

Eventualmente estos hechos atrajeron la atención de las autoridades, quienes iniciaron una investigación judicial por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, culminando con la detención de cinco personas enfrentando cargos por lesiones y apología del delito.

El alcance mediático de la banda era considerable, habiendo acumulado aproximadamente un millón y medio de seguidores. Cada “captura” era documentada en video y compartida públicamente, generando viralización, críticas y apoyo de personas que celebraban estas acciones como una forma efectiva de “vigilantes virtuales”.

Redacción

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Detuvieron a cuatro piqueteros por malversar fondos públicos a través de criptomonedas

Una denuncia anónima en Chaco inició la investigación sobre piqueteros de Capitanich que recibían dinero del Estado provincial a través de sus fundaciones y cooperativas.

Las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco, en coordinación con la Policía Federal, desplegaron un amplio operativo que abarcó 23 allanamientos simultáneos en diversas localidades, incluyendo Resistencia, Charata, Cote-Lai y Fuerte Esperanza. Los procedimientos abarcan zonas urbanas y rurales, además de un campo de aproximadamente 1.000 hectáreas en el área rural chaqueña. Se encontraron vehículos de alta gama, relojes de oro, quinchos y otros bienes de lujo que “no corresponden a sus actividades económicas formales”.

Como resultado de estos allanamientos, se logró la detención de cuatro dirigentes piqueteros, entre ellos Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a diversas fundaciones sociales con acceso a fondos públicos. El operativo estuvo dirigido por el fiscal Patricio Sabadini, quien inició la investigación en la Fiscalía Federal N° 1.

“En virtud de una denuncia anónima presentada en un sobre de papel madera color marrón debajo de la puerta de acceso a esta Fiscalía Federal, que daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos”, afirmó Sabadini.

Las organizaciones vinculadas a los imputados habrían malversado aproximadamente $220.327.655,94 entre los años 2022 y 2023, fondos provenientes principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) funcionando bajo el entonces titular Mauro Andión, quien se lo conoce por “megacorrupción”, durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich. Según trascendió, $15.000 millones destinados para beneficencia en 2023, fueron mal utilizados o desviados hacia fundaciones privadas sin control adecuado. Más de 400 beneficiarios denunciaron haber sido estafados por dirigentes sociales vinculados al organismo.

Se decomisaron numerosos elementos comprometedores, como armas de fuego de diferentes calibres y municiones, estupefacientes, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, tarjetas de débito vinculadas a planes sociales y sellos de una fundación provincial.

El referente del movimiento La Roca Sólida, Carlos Rolón habría generado sospechas por ostentar bienes incompatibles con su perfil económico, incluyendo una camioneta 4×4 adquirida durante la pandemia. Además, se lo investiga por ofrecer a la venta un galpón que aparentemente habría sido construido con fondos provenientes del IAFEP.

Según el requerimiento fiscal, Torales y su padre José fueron visto por los investigadores yendo “con bolsos cargados a varios domicilios donde realizan operaciones de cambios de divisas de forma ilegal”. Los investigadores determinaron que compraban dólares norteamericanos, para luego con estos dólares ir hasta Paraguay y venderlos por criptomonedas “USDT”. Luego, al regresar, los cambiaban a pesos.

Cáceres, identificado como referente del Movimiento Juan Domingo Perón, figura como monotributista en la categoría “A” (la más baja) ante la AFIP. Paralelamente, ejercía como presidente de las Cooperativas Trabajo Central Progreso Limitada y la Fundación Juan Domingo Perón, y tendría vinculación con la Fundación Rosana Solidaria y Fundación Peronismo Unido.

Durante los años 2021 a 2023, Cáceres mantuvo un empleo formal en la Municipalidad de Resistencia, aunque posteriormente fue sumariado y cesanteado por ausentismo laboral. A pesar de su modesto perfil tributario, se le atribuye la posesión de varios vehículos millonarios, entre ellos una camioneta Dodge Journey SE 2.4 (2011) y una Dodge Ram 1500 5.7 V8 (2013), un Toyota Corolla XEI 1.8 (2016) y un Volkswagen UP de 5 puertas (2015).

Según la investigación, Torales habría llamado la atención de las autoridades por su ostentación patrimonial, evidenciada en numerosos viajes al exterior y la compra de un inmueble que posteriormente habría transferido a su esposa, quien también está imputada en la causa.

Este caso se suma a una serie de indagatorias similares que se han iniciado contra dirigentes de movimientos sociales. En mayo de 2024, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y cooperativas bajo sospecha de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. El Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para este fin, lo que ha contribuido a visibilizar estas prácticas.

Redacción

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Detuvieron al “General” Tobar, el barra y sindicalista acusado de liderar un ataque a un hospital de La Plata

Iván Tobar, más conocido en el ámbito sindicalista y de la barrabrava de Estudiantes como “El General”, fue detenido cuando se entregó voluntariamente en las oficinas de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, acompañado por su abogado particular. La orden de arresto había sido emitida por el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de una causa por amenazas agravadas en video, donde se ve a un grupo de hinchas usando máscaras y portando armas de guerra, a lo que se suma la coacción contra funcionarios que data del año 2022.

“Vamos a matar al juez, al fiscal, al hijo del juez y al que venga”, afirman en la grabación.

Aunque el delito en primera instancia por el cual se lo acusa es técnicamente excarcelable, el juez determinó su detención junto con la de otros seis allegados al gremialista y luego de 22 allanamientos. Según se conoce, la causa está relacionada con la elaboración y difusión de un metraje donde personas armadas y encapuchadas —similar a los grupos terroristas yihadistas— lanzaban amenazas en defensa de Pablo “Pata” Medina, exsecretario general del gremio Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con advertencias explícitas de ser “ajusticiados” jueces y políticos.

La detención de Tobar se da en un momento tenso, seguido de incidentes ocurridos días antes en el Hospital San Roque de Gonnet. El martes 25 de marzo trascendió un violento enfrentamiento entre barras de Estudiantes y Gimnasia que dejó al menos cuatro heridos, entre ellos Cristian “El Volador” Camillieri, jefe de la barra de Gimnasia. A pesar de que Tobar ha intentado desligarse de estos hechos, la investigación a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic sostiene la hipótesis de que el ataque habría sido ejecutado por personas vinculadas a un galpón relacionado que fue alquilado en Punta Lara por el propio dirigente. Sin embargo, es crucial señalar que su actual detención no está directamente vinculada con este episodio violento, sino con la recaudación de la causa previa por “amenazas coactivas agravadas”.

“Si mañana van a tomar medidas contra nuestro líder, acá estamos. Estamos con vos, ‘Pata’”, subraya los enmascarados mientras recargan, refiriéndose al grupo de abogados liderado por Alejandro Esmoris en el Tribunal Federal N° 2 de La Plata.

Su actividad criminal en la UOCRA comenzó formalmente en 2016, estableciendo su base de operaciones en Tolosa, donde forjó una significativa “fortaleza gremial”. A partir de este punto estratégico, Tobar ha impulsado sus aspiraciones de controlar la seccional La Plata de la UOCRA, históricamente dominada por “Pata” Medina y actualmente intervenida. Personas cercanas a su entorno, comentan que el dirigente ha desarrollado una extensa red de asistencia social que incluye ollas populares en diversas localidades como La Plata, Berisso y Ensenada. A su vez, el rol de Secretario General de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas sección La Plata, Tobar ha establecido conexiones en el mundo del fútbol. Su agrupación denominada “Los Leales” llegó a liderar la barra de Estudiantes de La Plata tras enfrentamientos con el liderazgo anterior.

“No le tienen miedo solo los barras, toda La Plata le tiene miedo”, declaró una fuente judicial sobre Tobar.

La piedra angular de los procesos judiciales contra Tobar se originan en agosto de 2021, aunque institucionalmente se radicó en 2022, cuando la Justicia Federal debía decidir si el exlíder de la UOCRA, “Pata” Medina, regresaba a prisión o continuaba bajo arresto domiciliario. Medina, que tenía prohibido participar en actividades gremiales, había encabezado un acto de militantes de la construcción, lo que ponía en riesgo su situación procesal.

En ese contexto, Tobar, quien intentaba quedarse con el control del gremio a toda costa, habría urdido un plan para perjudicar a Medina. La estrategia consistió en la filmación de insultos al juez encargado de definir la situación del sindicalista que dificultase su libertad, esto en concordancia con lo que recopiló la fiscalía en el caso.

Redacción

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Detuvieron a la consejera escolar de LLA de Bahía Blanca por falso testimonio en una denuncia de abuso sexual

Las fuerzas policiales detuvieron el jueves 10 de abril en Bahía Blanca a la consejera escolar de La Libertad Avanza, Fiorella Damiani (27), acusada de “falso testimonio agravado”. En 2017, la funcionaria había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por “abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas”, delito que prevé penas de 6 a 15 años de prisión. 

Ambos hombres estuvieron detenidos, pero recuperaron la libertad cuando la fiscal Mariana Lara obtuvo videos que, según la investigación, probaban el consentimiento de la relación.

Tras la presentación de esas grabaciones, la justicia avanzó contra Damiani por presuntas mentiras vertidas en su denuncia. El fiscal Mauricio Del Cero confirmó que la imputada “había mentido en al menos tres oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas”. Por ese motivo, solicitó la detención de la consejera escolar y explicó que el cargo de “falso testimonio agravado” contempla penas de 1 a 10 años de prisión: “Se trata de un delito particularmente grave”.

Damiani ejerció su cargo en el Consejo Escolar de Bahía Blanca durante todo este tiempo, sin fueros que la protegieran. Medios locales indicaron que el jueves fue indagada por Del Cero, a lo que la acusada respondió que “siempre dijo la verdad” y sostuvo que a los videos “les faltan partes”. El fiscal le preguntó por qué “si ella dijo que había sido inmovilizada por alguna sustancia y sometida sexualmente a la fuerza eso no se observaba en los videos”.

La supuesta falta de resistencia en las imágenes fue decisiva para el sobreseimiento de los dos hombres. Uno de los acusados señaló ante la justicia: “Sabíamos muy bien lo que hacíamos. Se conversó antes, nosotros acostumbrábamos a hacer tríos, inclusive a filmar. Desde ya que no lo hacíamos viral ni nada, era para tenerlo nosotros documentado”. 

Además, contó que Damiani “se enojó después con mi amigo y se fue” y que “al irse del departamento se llevó mi teléfono celular pensando que se llevaba las pruebas fílmicas”. Sin embargo, los registros se habían guardado en otra plataforma con autenticación y PIN.

Damiani fue asistida inicialmente por la abogada Fernanda Petersen, pero este viernes cambió su representación al penalista Sebastián Martínez. Mientras el caso avanza en los tribunales de Bahía Blanca, la imputada continúa detenida bajo la acusación de “falso testimonio agravado”.

Redacción

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