La Justicia embargó más de $2.000 millones a Cristina por las causas Hotesur y Los Sauces

El fiscal rechazó sustituir los embargos con bienes ofrecidos por Florencia Kirchner, argumentando que podrían estar vinculados a maniobras de blanqueo. La UIF respaldó la decisión y señaló que los fondos provendrían de operaciones irregulares.
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La “crisis judicial” de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se intensifica tras el rechazo del fiscal general Diego Velasco a sustituir los embargos de las causas Hotesur y Los Sauces—valorados en alrededor de $2.239.295.812 —con dólares provenientes de bienes ofrecidos por Florencia Kirchner, dos departamentos en Puerto Madero y sus cocheras. 

Velasco advirtió que, en caso de condena, el decomiso podría superar esa cifra, señalando que los activos están vinculados a presuntas maniobras de blanqueos ilícitos. Las investigaciones apuntan a que las empresas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían funcionado como “pantallas societarias” para ocultaron sobreprecios en obras públicas, en una “cortina de humo”, que involucra al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y que actualmente cumple prisión domiciliaria.

Las causas de ambas sociedades surgieron tras denuncias que apuntaban a irregularidades en la declaración patrimonial de CFK y el funcionamiento de estas. Se sostiene que estas compañías no operaron con un giro comercial, sino que se usaron para blanquear dinero que, supuestamente, provenía de “contratos con el Estado inflados en sus precios”.

En la causa Los Sauces se impuso un embargo de $110 millones para CFK, $130 millones para Máximo y 130 millones para Florencia, además de $673 millones en activos de Los Sauces S.A. En la causa Hotesur, se fijaron embargos de $170 millones para CFK y Máximo, y $150 millones para Florencia, junto a aproximadamente $763 millones en bienes de Hotesur.

El abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, solicitó anteriormente por medio de una carta a la Justicia, que estos embargos sean reemplazados por otros inmuebles, argumentando que algunas de las medidas cautelares deberían levantarse dado que Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa. Entre estos reemplazos estaban 4.664.000 de dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de la hija de CFK, la unidad funcional 440 (dúplex 8 y 9) y cinco cocheras relacionadas del edificio Madero Center, perteneciente a Los Sauces S.A., que estaban cautelados en la causa Los Sauces y que Cristóbal López, conocido como “el zar del juego”, alquilaba con dos de sus empresas, así como lo que estaba a nombre de Florencia Kirchner.

Hasta la pronunciación que tuvo el año pasado los expedientes: “Máximo y Florencia Kirchner ni siquiera pueden utilizar libremente los frutos obtenidos a partir de la administración de su patrimonio”, dijo Beraldi en su escrito.

La Unidad de Información Financiera (UIF) habría rechazado los pedidos de la defensa, argumentando que los bienes propuestos como sustituto están sospechados de haber sido adquiridos a través de actividades ilícitas también.

La UIF sostiene que estos bienes no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como garantía suficiente debido a su origen cuestionable, entre estos se encuentra Lázaro Báez. Se estima que más del 80% de los ingresos de Los Sauces provenían de empresas vinculadas a López y Lázaro Báez, ambos socios de CFK.

La justicia sostiene que los fondos que Báez lavó, provienen principalmente de arreglos en los cuales su empresa, Austral Construcciones, recibió adjudicaciones millonarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se estima que pudo haber lavado alrededor de 3.500 millones de dólares a través de un sistema que combinaba ingresos legítimos e ilegítimos. Este blanqueo se realizaba mediante una “usina de lavado” que incluía la creación de empresas y operaciones financieras fantasmas.

Se alegó en su momento que los contratos entre las empresas de Báez y las sociedades hoteleras de los Kirchner eran simuladas, diseñados para dar apariencia de legitimidad al dinero que fluía entre ellos. Además, Báez habría facilitado préstamos significativos a la familia Kirchner para la adquisición de propiedades hoteleras, lo que refuerza la idea de que actuaba como un intermediario financiero para blanqueo, así como quien enviaba parte del capital al exterior, donde se intentaba ocultar su origen.

Se creaban empresas en paraísos fiscales como Panamá, Uruguay y Belice para mover el dinero a través de cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez, como también involucrando a otros exfuncionarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

“YO QUIERO SER PALESTINE” | Militantes de izquierda piden la ciudadanía Palestina para luchar contra “la extrema derecha” de Trump y Milei

La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.

Bajo el lema “Yo quiero ser palestino, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.

Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.

Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.

El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.

En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.

La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”

Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino. 

La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”. 

Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.

Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.

La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias. 

Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.

Una nueva contradicción en LLA: votaron a favor del presupuesto por el que expulsaron a Marra

La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.

Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.

No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.

Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.

A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.

La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.

La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.

HUMOR por Argüelles​

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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