02 junio, 2025

Fernando Espinoza, a un paso del juicio oral por abuso sexual y desobediencia

El intendente de La Matanza se encuentra a un paso del juicio tras el rechazo de sus últimos recursos, consolidándose pruebas clave presentadas por la víctima.
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El 20 de diciembre de 2024, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó los últimos recursos presentados por la defensa del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien cuenta con el apoyo político del gobernador Axel Kicillof.

Este fallo marca un punto de inflexión en la causa iniciada por Melody Rakauskas, quien denunció al imputado por abuso sexual y desobediencia. Con esta decisión, el expediente queda a un paso del debate oral, que podría realizarse antes del cierre del año, siempre y cuando la fiscal interviniente, Mónica Cuñarro, finalice la etapa procesal pendiente.

Uno de los ejes centrales del litigio fue la impugnación de la defensa de Espinoza respecto a las actas del 14 y 15 de octubre de 2024, donde se registró la presentación de una memoria Micro SD de 32 GB aportada por Rakauskas como evidencia clave. La defensa argumentó supuestas irregularidades en la cadena de custodia y en la intervención de los funcionarios judiciales, solicitando la nulidad de las pruebas. Sin embargo, tanto el juez de grado como la Cámara desestimaron esos planteos, avalando que las grabaciones y audios presentados fueron resguardados correctamente y sin manipulación maliciosa.

La resolución de la fiscalía general, encabezada por Mauricio Viera, fue contundente: “No se advierte perjuicio concreto ni vulneración al derecho de defensa del imputado”. Este respaldo a las pruebas consolida la posición de la querella, que ahora cuenta con un elemento probatorio fundamental para el juicio oral que podría tener lugar más temprano que tarde.

Tal y como lo viene dando a conocer este medio, Melody Rakauskas ha enfrentado un proceso judicial lleno de obstáculos. Durante casi cuatro años, la fiscal Cuñarro ha sido acusada de demorar injustificadamente el cierre de la investigación, generando frustración en la víctima y su entorno. “Es hora de que se haga justicia y que el juez Luis Schlegel le brinde un alivio después de tanto ataque”, comentó una fuente cercana a Rakauskas.

En los últimos meses, la víctima sumó a su equipo legal al abogado Yamil Castro Bianchi, quien ya ha comenzado a contribuir activamente al pedido de justicia. Mientras tanto, fuentes del municipio aseguran que Espinoza se encuentra aterrado ante la posibilidad de enfrentar el juicio oral, un proceso que podría definir su futuro legal y político.

¿QUÉ SIGUE?

Con todas las pericias realizadas, los testigos entrevistados -incluida la madre de Melody Rakauskas- y las pruebas validadas, el camino al juicio oral parece inevitable. La decisión final recaerá en el juez Schlegel, quien deberá garantizar que la causa avance hacia una resolución justa.

Este caso no solo pone en juego la responsabilidad penal de Fernando Espinoza, sino también la credibilidad de un sistema judicial que ha sido duramente cuestionado. La sociedad espera que, tras años de lucha, se haga justicia para Melody Rakauskas y que el juicio oral sea un ejemplo de transparencia y reparación para las víctimas de violencia de género.

*Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

Redacción

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La Justicia de Misiones habilitó el voto de fuerzas de seguridad en las elecciones provinciales

El Superior Tribunal de Justicia provincial habilitó a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, cuyo número representa el 1,6% del padrón electoral, a votar en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La medida revoca una disposición previa del Tribunal Electoral que, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, había excluido a estos efectivos del padrón electoral .

La exclusión inicial generó controversia, ya que el mencionado artículo establece que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”. Sin embargo, el procurador provincial, Carlos Jorge Giménez, a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un dictamen en el que señaló que dicha prohibición contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan el derecho al sufragio.

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La presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los ministros de la Corte, respaldó la incorporación de los efectivos al padrón electoral, bajo el argumento de que la restricción era “desproporcionada” y violaba principios constitucionales fundamentales .

Desde La Libertad Avanza, su candidato Diego Hartfield celebró la decisión, destacó el trabajo realizado por su equipo al presentar un amparo contra la exclusión: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA”, expresó en sus redes sociales .

Con la inclusión de los efectivos de seguridad en el padrón, se espera una participación más amplia en los comicios del 8 de junio, donde se renovarán 20 bancas de la Legislatura unicameral y se elegirán representantes en concejos deliberantes de 11 localidades.

El Tribunal Electoral de Misiones deberá ahora ajustar los padrones y garantizar la logística necesaria para que los nuevos votantes puedan ejercer su derecho sin inconvenientes. Se prevé una capacitación adicional para las autoridades de mesa y una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado.

Redacción

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Denunciaron por violencia de género y acoso laboral a un jefe regional de IOMA

La diputada provincial Natalia Dziakowski denunció que empleadas de las delegaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en General Lavalle y Dolores sufrieron violencia de género, acoso laboral y traslados arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Manuel Casanova. Las afectadas presentaron recursos de amparo y denuncias administrativas, pero no obtuvieron contestación del organismo que conduce Homero Giles ni del Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak.

“Las trabajadoras de IOMA en General Lavalle y Dolores han denunciado acoso laboral, violencia de género y desplazamientos arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Casanova”, remarcó Dziakowski. La legisladora exigió que el gobernador Axel Kicillof intervenga de inmediato: “Exigimos medidas urgentes para proteger a las trabajadoras y sancionar a los responsables. La violencia institucional no puede ser tolerada”.

Referentes de la delegación señalaron que desde la apertura de ambas sedes, en 2001, no se registraron episodios semejantes hasta la designación de Casanova. En poco más de un año se acumularon al menos tres denuncias formales por acoso, hostigamiento, amenazas y violencia de género, lo que despertó alarma dentro del organismo. “Es preocupante que estas situaciones se repitan en varias regiones, evidenciando una red de abusos y complicidades institucionales”, advirtió la diputada.

Casanova, además de su cargo en el IOMA, es concejal de Unión por la Patria en Dolores, militante de La Cámpora y mantiene vínculos políticos con el intendente Juan Pablo García. Llegó a la jefatura regional tras ser removido de la oficina local de la ANSES y afirmó haber trabajado en el área de Minoridad provincial. Amparado en la Ley 10.430, conserva la reserva de su puesto en la administración pública.

– El polémico Víctor Casanova y el intendente Juan Pablo García

Mientras tanto, la crisis del IOMA sumó cuestionamientos legislativos. El senador PRO Marcelo Leguizamón pidió explicaciones sobre la atención en salud mental; su par Ariel Bordaisco impulsó en Change.org una campaña por la autarquía financiera de la obra social. El diputado Diego Rovello reclamó que Homero Giles regrese a la Legislatura para detallar la situación económica del instituto, y el jefe de bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, solicitó discutir la crítica realidad del IOMA durante el tratamiento del Presupuesto 2025.

Hasta la fecha, ni el IOMA ni el Ministerio de Salud dictaron medidas frente a las denuncias, y algunas trabajadoras avanzaron con acciones judiciales para visibilizar los hechos.

Redacción

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