06 julio, 2025

El PRO impulsa un proyecto para frenar las apuestas ilegales entre menores

Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
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El auge de las apuestas online encendió las alarmas. Potenciado desde las redes sociales, el fenómeno afecta gravemente a miles de personas, especialmente a los más jóvenes.

Las cifras son contundentes: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 15,5% de los jóvenes de entre 25 y 34 años realizó apuestas online, y en el grupo de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 12,5%. A esta tendencia se le suma otro dato inquietante: el 78% de las apuestas se realizan en plataformas ilegales, lugares incógnitos que exponen a los jugadores a un terreno endeble en cuanto a protecciones legales.

El fútbol, uno de los motores culturales y deportivos más importantes del país, se consolida como el epicentro de las apuestas, con el 41,2% de los apostadores eligiéndolo como su opción principal. El Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, movilizó 35.000 millones de dólares en apuestas, un 68% más que el torneo anterior.

La fuerte presencia de patrocinadores de casas de apuestas en el mundo deportivo, donde el 28% de los equipos de la Primera División lucen sus publicidades en las camisetas, podría explicar gran parte de esta conexión.

Pero el problema va mucho más allá del deporte. En Argentina hay aproximadamente 19,9 millones de personas que apuestan de manera asidua y 7 de cada 100 personas tiene ludopatía. Las plataformas de apuestas —tanto legales como clandestinas— proliferaron exponencialmente y movilizaron cifras extraordinarias.

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES

Los influencers juegan un rol fundamental en este fenómeno. A través de las redes sociales, ciertos creadores promocionan sitios de apuestas, a menudo sin hacer distinciones entre los que operan legalmente y aquellos que están fuera del marco regulatorio.

Esta falta de transparencia normalizó el juego entre niños y adolescentes, quienes comienzan a apostar desde los 12 o 13 años, facilitados por el uso de billeteras virtuales y la constante exposición en plataformas digitales. De hecho, una encuesta de Opina Argentina revela que el 16% de los jóvenes realiza apuestas online de forma habitual, y si se suman los adultos, esa cifra se eleva al 24%.

El acceso ilimitado a las apuestas online es solo una parte del flagelo. Datos recientes muestran que el 10,1% de los apostadores juega todos los días, y un 11,3% lo hace entre cuatro y seis veces por semana. Esta frecuencia, sumada a la vulnerabilidad emocional y cognitiva de los adolescentes, desató una ola de ludopatía que sigue afectando a cada vez más jóvenes.

Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a influencers y famosos a cesar la publicidad de sitios de apuestas ilegales. Las sanciones a las que se enfrentan se enmarcan en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que penaliza la explotación y promoción de juegos de azar sin la debida autorización.

En diálogo con los medios, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la publicidad que realizan los famosos “está prohibida”. A inicios de junio, el funcionario señaló que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.

A pesar de los esfuerzos locales, como las medidas adoptadas por el gobierno de CABA, que bloqueó casi dos mil sitios ilegales, cerró nuevas licencias para operadores, realizó 30 allanamientos y notificó a una veintena de influencers, la situación sigue siendo preocupante. Incluso en provincias como Santa Fe, donde se amplió una denuncia contra 385 sitios ilegales, la proliferación de plataformas clandestinas y la falta de una regulación nacional uniforme continúan facilitando el acceso indiscriminado al “juego”.

– El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un convenio con el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, con el fin de responder a las denuncias sobre sitios de apuestas ilegales

La Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos (CASCBA) define como juego clandestino a toda actividad relacionada a los juegos de azar no autorizada por la autoridad de aplicación. Los sitios de apuestas ilegales que operan sin licencia y sin pagar impuestos, permiten el acceso de menores de edad, lo que provoca un grave daño social. Además, representan un riesgo para los demás consumidores, ya que carecen de controles de seguridad adecuados, y generan una competencia desleal para las plataformas que sí cumplen con las regulaciones y enfrentan elevadas cargas impositivas.

CASCBA también advierte que “el juego clandestino está asociado a otros delitos”, destacando la gravedad del problema. Para muestras basta un botón…

El pasado 9 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense y la Dirección Nacional de Investigación Criminal allanó dos propiedades de Mariela Andrea C., a quien se le acusa de ser “la reina del juego clandestino en internet”. En los procedimientos se encontraron siete armas de fuego, más de 200 millones de pesos en efectivo y una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Las autoridades que investigan el caso cree que los movimiento de los casinos virtuales de la banda es de 2500 millones de pesos.

El debate en el Congreso

Ante este panorama, los proyectos de ley para regular la publicidad de las casas de apuestas comenzaron a proponerse desde la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa causó un especial debate en las redes.

“Lo que se propuso no tiene nada que ver con crear un registro para perseguir influencers, a lo kirchnerista. Tampoco se trata de limitar la actividad publicitaria de los creadores de contenido. Creo que los malentendidos se dieron porque no leyeron el proyecto”, explicó en diálogo con DATA24.COM.AR, Florencia De Sensi, la diputada del PRO que presentó el proyecto que pretende “establecer un marco jurídico para las personas influencers”.

La iniciativa aborda con especial atención el contenido promocional relacionado a sitios de juegos de azar, salas de juego, apuestas deportivas y juegos en línea. También carga contra la revisión de productos elaborados con tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios o medicamentos que no sean de venta libre o no posean autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, finalmente, actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética vinculados al ejercicio profesional en el área de la salud.

Todo ello, explica De Sensi, se enmarca dentro de lo estipulado por las leyes de Defensa del Consumidor, por el decreto sobre la Lealtad Comercial y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

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Además, contempla las autorizaciones correspondientes con las que eventualmente dispone cada influencer. Sobre los juegos de azar se especifica, por ejemplo, que la publicidad o promoción queda prohibida “salvo que sea producida para difusión exclusiva dentro de las salas de juegos de azar, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea, y los lugares de venta de lotería habilitados”.

De esta manera, el proyecto “no está en contra de que puedan hacer publicidad en ese sector”, aclaró la legisladora, y agregó que es imposible, considerando las problemáticas que genera la ludopatía, “seguir mirando para un costado como si el avance en la manera de comunicar no hubiese cambiado”.

En este sentido, explicó que la iniciativa nace tras los cambios comunicacionales producidos por la pandemia de coronavirus, que trajo “nuevas formas de vincularse, y todo empezó a cambiar y a modificarse producto de las nuevas tecnologías. También cambió la manera en la que se hace publicidad. Antes se hacía publicidad en la televisión. Hoy la mayoría de la gente en lugar de mirar televisión está con el celular en la mano”.

En lo que respecta a los influencers, la diputada sostuvo que el “espíritu” del proyecto de ley es promover la transparencia y la responsabilidad en la actividad publicitaria, evitando “la promoción de productos que son perjudiciales para la salud de los consumidores”.

Según un informe de la Universidad de San Andrés, en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales —según la herramienta Influencity— más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, sólo entre el 1% y el 4% de estos emprendedores logra monetizar su trabajo de manera sostenible.

“Los influencers en Argentina, producto de la crisis económica en la que vivimos, ganan muchísima menos plata que cualquier influencer en cualquier otra parte del mundo. Lo que termina pasando es que, cuando un influencer acepta promocionar una empresa de apuesta online o de casino, ponele que por una publicación le pagan cien dólares. Las plataformas ilegales, por otra parte, te ofrecen dos o tres mil dólares. Obvio que cualquier creador agarra viaje”, detalló De Sensi.

Esta iniciativa, presentada sobre agosto en la Cámara Baja, considera modelos de regulación de otros países: “Es hacia donde están teniendo las legislaciones del mundo. Es algo que se empezó a regular en España. Está bien que Europa sea vista, y esto lo entiendo, como mucho más zurda. Pero perseguir no forma parte del espíritu de esta propuesta. Después, si quieren transgiversar, si quieren decir que yo soy zurda, y bueno… que lo digan”.

Para ayudar a personas con adicción al juego en Argentina, existen varios recursos disponibles:

Jugadores Anónimos ofrece apoyo las 24 horas a través de su línea telefónica 114328-0019 y también están disponibles en Instagram bajo la cuenta @jugadoresanónimosargentina. En su sitio, además, se pueden encontrar el detalle de contacto para todas las provincias argentinas en las que tienen presencia: https://jugadoresanonimos.org.ar/

En todo el país: el Ministerio de Salud ofrece la línea 141 para adicciones generales. Las denuncias se pueden canalizar a través del correo electrónico de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

Provincia de Buenos Aires: el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece ayuda a través del número gratuito 0800-444-4000, y la Lotería provincial facilita un enlace para denunciar sitios de apuestas ilegales.

Ciudad de Buenos Aires: se puede acceder a orientación específica sobre juego problemático llamando al 0800-666-6006. Además, el sitio “Saber Jugar” de la Lotería de la Ciudad promueve el juego responsable.

Redacción

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INTERNA K, AL ROJO VIVO | Kicillof exigió disciplina y verticalismo de cara a las elecciones: “Aplaudan, no salgan a matarme”

Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.

Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.

En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.

Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.

La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.

Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.

Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.

A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.

Redacción

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Leila Gianni expuso el modus operandi K para usurpar terrenos en La Matanza

Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, ha denunciado públicamente un sistema de usurpación de terrenos públicos en el municipio bonaerense de Ciudad Evita, señalando la complicidad de intendentes kirchneristas y describiendo un patrón operativo que se repite en diferentes jurisdicciones.

“Este predio, que ustedes pueden observar, pertenecía al Banco Hipotecario. Se lo cedió al Colegio Técnico Islas Malvinas, acá de Ciudad Evita”, afirmó en el vídeo, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hace dos sábados atrás, una nueva toma, de las muchas y tantas que suceden a diario en la provincia de Buenos Aires”, agrego.

La dirigente política, una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, ha venido realizando estas denuncias en el marco de su trabajo político territorial y su enfrentamiento con la gestión del intendente Fernando Espinoza, enfocándose sobre la Av. Güemes entre las calles El Ñanduty y El Crispín.

El Municipio de La Matanza, habría denunciado la usurpación de estos terrenos ya en 2022, pero la Justicia dictó una medida de “no innovar” que, en la práctica, permitió que la situación se mantuviera sin resolverse, quedando las denuncias en la Fiscalía N°2. Esta inacción judicial facilitó que continuaran las ventas ilegales de terrenos y el ingreso de nuevos ocupantes.

Fuentes municipales confirmaron que la comuna “en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, pero que la medida judicial “aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”.

“El día de las elecciones apretan para que voten al señor feudal bajo amenaza que serán desalojados, ¡Esto tiene que terminar de una buena vez!”, aseguró en la descripción de su posteo.

“Caen con sus camionetas, con alambrados, con postes y comienzan a hacer los pozos para hacer el cerco perimetral”, destacó, agregando: “Le venden los pedacitos de terreno a familias que sueñan con tener una vivienda propia. Y después, el título de propiedad nunca aparece.”

Según las investigaciones y testimonios recopilados, grupos organizados toman los terrenos tanto privados como públicos, generalmente durante la noche y venden el mismo a diferentes personas, “a la mañana se los venden a una persona y a la tarde, a otra”. Se designan intermediarios o “brokers” que manejan la organización y colocan a distintos grupos en función de la actividad ilegal, utilizando “amenazas de arma de fuego” y “amedrentan a los vecinos” para mantener el control de los territorios ocupados.

“Quieren tomar también la plaza donde juegan los pibes todos los fines de semana.”, subrayó Gianni.

Redacción

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Frigerio festejó la condena a CFK: “Dignidad es no robar”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró la decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad.Dignidad es no robar”, subrayó durante un acto en la planta de Itasa, en el Parque Industrial de Paraná, donde presentó la primera inversión aprobada bajo el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

Anoche escuchaba a una ex presidenta decir que la cárcel daba dignidad, inició Frigerio ante operarios y empresarios. Señaló las máquinas que lo rodeaban y afirmó: “Esto es lo que da dignidad. Dignidad es esforzarse todos los días, es apostar por el país como lo hacen nuestros empresarios, invirtiendo, endeudándose, apostando por generar más empleo de calidad”. Remató: Dignidad es no robar, es esforzarse y levantarse cada mañana para que, con el fruto de ese esfuerzo, se pueda llevar el plato de comida a la casa”.

Rogelio Frigerio on X (formerly Twitter): “DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR.Hoy dimos un paso muy importante: ITASA, empresa líder en la fundición de acero, ubicada en Paraná, fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) con una inversión de 4 millones de dólares,… pic.twitter.com/heGOK2aMYF / X”

DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR.Hoy dimos un paso muy importante: ITASA, empresa líder en la fundición de acero, ubicada en Paraná, fue la primera en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) con una inversión de 4 millones de dólares,… pic.twitter.com/heGOK2aMYF

El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la resolución de la Cámara de Casación y dispuso: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos…”.

Además, confirmó el decomiso de $84.000 millones. El TOF 2 deberá definir ahora las condiciones de detención; por su edad, la ex mandataria podría acceder al arresto domiciliario y no podrá competir en las próximas elecciones. Desde 1983 solo dos ex presidentes quedaron condenados: Carlos Menem y ahora Cristina Kirchner.

Tras conocerse la sentencia, Frigerio publicó en la red social X: “DIGNIDAD NO ES IR A LA CÁRCEL. DIGNIDAD ES TRABAJAR”. En el mismo mensaje destacó que Itasa adhirió al RINI con una inversión de cuatro millones de dólares y precisó que 17 empresas tramitaron su incorporación al programa.

Durante el acto, el mandatario indicó que esos 17 proyectos totalizaron $ 21.000 millones y defendió la medida: “Es la primera de muchas por venir”. Añadió que la provincia atravesó “la caída de recursos más fuerte que se recuerde”, pero aseguró que “la crisis ya no recayó sobre las espaldas del sector privado”. Subrayó que su gestión priorizó “la transparencia y la administración eficaz de cada peso” y describió como “un cambio cultural que espero que haya llegado para quedarse” la articulación con los empresarios para “generar riqueza produciendo para la Argentina, produciendo para el corazón energético que es Vaca Muerta”.

Frigerio concluyó que el trabajo es “el norte que guía nuestras decisiones de gobierno” y vinculó la iniciativa a la “dignidad” que, según expresó, “no es ir a la cárcel, sino trabajar”.

Redacción

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Disparos en PBA: Karina suma dirigentes con oscuros antecedentes penales a LLA

*Por Augusto Grinner

El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.

El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.


Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.

El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.

– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro

La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas, cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.

Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.

La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.

Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?

Redacción

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El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

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Francos fulminó a Kikuchi por votar la reelección indefinida junto al kirchnerismo en el Senado

Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”. 

Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.

GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI

La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.

La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.

“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI

Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.

Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.

El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.

Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.

En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.

Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.

Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.

El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.

Redacción

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