07 noviembre, 2024

El PRO impulsa un proyecto para frenar las apuestas ilegales entre menores

Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
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El auge de las apuestas online encendió las alarmas. Potenciado desde las redes sociales, el fenómeno afecta gravemente a miles de personas, especialmente a los más jóvenes.

Las cifras son contundentes: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 15,5% de los jóvenes de entre 25 y 34 años realizó apuestas online, y en el grupo de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 12,5%. A esta tendencia se le suma otro dato inquietante: el 78% de las apuestas se realizan en plataformas ilegales, lugares incógnitos que exponen a los jugadores a un terreno endeble en cuanto a protecciones legales.

El fútbol, uno de los motores culturales y deportivos más importantes del país, se consolida como el epicentro de las apuestas, con el 41,2% de los apostadores eligiéndolo como su opción principal. El Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, movilizó 35.000 millones de dólares en apuestas, un 68% más que el torneo anterior.

La fuerte presencia de patrocinadores de casas de apuestas en el mundo deportivo, donde el 28% de los equipos de la Primera División lucen sus publicidades en las camisetas, podría explicar gran parte de esta conexión.

Pero el problema va mucho más allá del deporte. En Argentina hay aproximadamente 19,9 millones de personas que apuestan de manera asidua y 7 de cada 100 personas tiene ludopatía. Las plataformas de apuestas —tanto legales como clandestinas— proliferaron exponencialmente y movilizaron cifras extraordinarias.

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES

Los influencers juegan un rol fundamental en este fenómeno. A través de las redes sociales, ciertos creadores promocionan sitios de apuestas, a menudo sin hacer distinciones entre los que operan legalmente y aquellos que están fuera del marco regulatorio.

Esta falta de transparencia normalizó el juego entre niños y adolescentes, quienes comienzan a apostar desde los 12 o 13 años, facilitados por el uso de billeteras virtuales y la constante exposición en plataformas digitales. De hecho, una encuesta de Opina Argentina revela que el 16% de los jóvenes realiza apuestas online de forma habitual, y si se suman los adultos, esa cifra se eleva al 24%.

El acceso ilimitado a las apuestas online es solo una parte del flagelo. Datos recientes muestran que el 10,1% de los apostadores juega todos los días, y un 11,3% lo hace entre cuatro y seis veces por semana. Esta frecuencia, sumada a la vulnerabilidad emocional y cognitiva de los adolescentes, desató una ola de ludopatía que sigue afectando a cada vez más jóvenes.

Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a influencers y famosos a cesar la publicidad de sitios de apuestas ilegales. Las sanciones a las que se enfrentan se enmarcan en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que penaliza la explotación y promoción de juegos de azar sin la debida autorización.

En diálogo con los medios, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la publicidad que realizan los famosos “está prohibida”. A inicios de junio, el funcionario señaló que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.

A pesar de los esfuerzos locales, como las medidas adoptadas por el gobierno de CABA, que bloqueó casi dos mil sitios ilegales, cerró nuevas licencias para operadores, realizó 30 allanamientos y notificó a una veintena de influencers, la situación sigue siendo preocupante. Incluso en provincias como Santa Fe, donde se amplió una denuncia contra 385 sitios ilegales, la proliferación de plataformas clandestinas y la falta de una regulación nacional uniforme continúan facilitando el acceso indiscriminado al “juego”.

– El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un convenio con el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, con el fin de responder a las denuncias sobre sitios de apuestas ilegales

La Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos (CASCBA) define como juego clandestino a toda actividad relacionada a los juegos de azar no autorizada por la autoridad de aplicación. Los sitios de apuestas ilegales que operan sin licencia y sin pagar impuestos, permiten el acceso de menores de edad, lo que provoca un grave daño social. Además, representan un riesgo para los demás consumidores, ya que carecen de controles de seguridad adecuados, y generan una competencia desleal para las plataformas que sí cumplen con las regulaciones y enfrentan elevadas cargas impositivas.

CASCBA también advierte que “el juego clandestino está asociado a otros delitos”, destacando la gravedad del problema. Para muestras basta un botón…

El pasado 9 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense y la Dirección Nacional de Investigación Criminal allanó dos propiedades de Mariela Andrea C., a quien se le acusa de ser “la reina del juego clandestino en internet”. En los procedimientos se encontraron siete armas de fuego, más de 200 millones de pesos en efectivo y una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Las autoridades que investigan el caso cree que los movimiento de los casinos virtuales de la banda es de 2500 millones de pesos.

El debate en el Congreso

Ante este panorama, los proyectos de ley para regular la publicidad de las casas de apuestas comenzaron a proponerse desde la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa causó un especial debate en las redes.

“Lo que se propuso no tiene nada que ver con crear un registro para perseguir influencers, a lo kirchnerista. Tampoco se trata de limitar la actividad publicitaria de los creadores de contenido. Creo que los malentendidos se dieron porque no leyeron el proyecto”, explicó en diálogo con DATA24.COM.AR, Florencia De Sensi, la diputada del PRO que presentó el proyecto que pretende “establecer un marco jurídico para las personas influencers”.

La iniciativa aborda con especial atención el contenido promocional relacionado a sitios de juegos de azar, salas de juego, apuestas deportivas y juegos en línea. También carga contra la revisión de productos elaborados con tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios o medicamentos que no sean de venta libre o no posean autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, finalmente, actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética vinculados al ejercicio profesional en el área de la salud.

Todo ello, explica De Sensi, se enmarca dentro de lo estipulado por las leyes de Defensa del Consumidor, por el decreto sobre la Lealtad Comercial y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4060-D-2024

Además, contempla las autorizaciones correspondientes con las que eventualmente dispone cada influencer. Sobre los juegos de azar se especifica, por ejemplo, que la publicidad o promoción queda prohibida “salvo que sea producida para difusión exclusiva dentro de las salas de juegos de azar, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea, y los lugares de venta de lotería habilitados”.

De esta manera, el proyecto “no está en contra de que puedan hacer publicidad en ese sector”, aclaró la legisladora, y agregó que es imposible, considerando las problemáticas que genera la ludopatía, “seguir mirando para un costado como si el avance en la manera de comunicar no hubiese cambiado”.

En este sentido, explicó que la iniciativa nace tras los cambios comunicacionales producidos por la pandemia de coronavirus, que trajo “nuevas formas de vincularse, y todo empezó a cambiar y a modificarse producto de las nuevas tecnologías. También cambió la manera en la que se hace publicidad. Antes se hacía publicidad en la televisión. Hoy la mayoría de la gente en lugar de mirar televisión está con el celular en la mano”.

En lo que respecta a los influencers, la diputada sostuvo que el “espíritu” del proyecto de ley es promover la transparencia y la responsabilidad en la actividad publicitaria, evitando “la promoción de productos que son perjudiciales para la salud de los consumidores”.

Según un informe de la Universidad de San Andrés, en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales —según la herramienta Influencity— más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, sólo entre el 1% y el 4% de estos emprendedores logra monetizar su trabajo de manera sostenible.

“Los influencers en Argentina, producto de la crisis económica en la que vivimos, ganan muchísima menos plata que cualquier influencer en cualquier otra parte del mundo. Lo que termina pasando es que, cuando un influencer acepta promocionar una empresa de apuesta online o de casino, ponele que por una publicación le pagan cien dólares. Las plataformas ilegales, por otra parte, te ofrecen dos o tres mil dólares. Obvio que cualquier creador agarra viaje”, detalló De Sensi.

Esta iniciativa, presentada sobre agosto en la Cámara Baja, considera modelos de regulación de otros países: “Es hacia donde están teniendo las legislaciones del mundo. Es algo que se empezó a regular en España. Está bien que Europa sea vista, y esto lo entiendo, como mucho más zurda. Pero perseguir no forma parte del espíritu de esta propuesta. Después, si quieren transgiversar, si quieren decir que yo soy zurda, y bueno… que lo digan”.

Para ayudar a personas con adicción al juego en Argentina, existen varios recursos disponibles:

Jugadores Anónimos ofrece apoyo las 24 horas a través de su línea telefónica 114328-0019 y también están disponibles en Instagram bajo la cuenta @jugadoresanónimosargentina. En su sitio, además, se pueden encontrar el detalle de contacto para todas las provincias argentinas en las que tienen presencia: https://jugadoresanonimos.org.ar/

En todo el país: el Ministerio de Salud ofrece la línea 141 para adicciones generales. Las denuncias se pueden canalizar a través del correo electrónico de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.

Provincia de Buenos Aires: el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece ayuda a través del número gratuito 0800-444-4000, y la Lotería provincial facilita un enlace para denunciar sitios de apuestas ilegales.

Ciudad de Buenos Aires: se puede acceder a orientación específica sobre juego problemático llamando al 0800-666-6006. Además, el sitio “Saber Jugar” de la Lotería de la Ciudad promueve el juego responsable.

Redacción

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El legislador Santoro apuntó contra Villarruel: “Es inconstitucional ese busto de Isabelita”

El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.

Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.

El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.

La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.

La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.

Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.

El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.

Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.

Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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Sandra Pettovello echó a la funcionaria que gastó $2 millones en una cafetera

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.

La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.

– La carta de renuncia de Constanza Cassino

El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.

Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).

– La factura por la compra de la cafetera y la factura por el servicio de catering

Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo García Eleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.

Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.

Redacción

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El Gobierno eliminó el “registro de abogados y gestores” para tramitar jubilaciones

A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, Mariano De Los Heros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.

Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.

El ministro ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.

Redacción

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El intendente de Gualeguaychú eliminó el 60% de las tasas municipales en solo diez meses

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó este jueves la derogación de la Ordenanza N° 11.724/2012, que imponía el tributo por “Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios”. Este impuesto afectaba a comercios locales que instalaban cartelería en la ciudad, trasladando los costos a los comerciantes y dificultando la llegada de nuevas inversiones.

En los considerandos de la norma se remarca que “resulta necesario acompañar a distintos sectores de nuestra comunidad, promoviendo medidas que tiendan a generar empleo y promover el desarrollo”, a la vez que se asegura que “con el convencimiento de incentivar el comercio y fomentar la llegada de nuevos emprendimientos, es imprescindible que el Municipio promueva acciones tendientes a facilitar la radicación de los mismos”. En ese sentido, refleja que “el cobro por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios se ha tornado una dificultad para el comercio local, dado que las marcas trasladan el pago del mismo a los comerciantes de la ciudad, desalentando la actividad y atentando contra el arribo de nuevas inversiones en el comercio local” y que “es prioridad de esta gestión municipal aliviar la carga tributaria de los contribuyentes, avanzar con la desburocratización del Estado y alentar las inversiones en el comercio local”.

La eliminación del derecho de publicidad es solo una de las 31 cargas municipales suprimidas en los primeros diez meses de gestión del intendente Mauricio Davico, que representan el 60% de los tributos existentes. Entre estas, se incluyen tasas por trámites administrativos, derechos de edificación y sellados municipales, entre otros. Esta política tiene como objetivo aliviar la presión fiscal sobre los contribuyentes y simplificar la burocracia local.

“La eliminación tributaria llevada a cabo en estos diez meses no podría practicarse en una administración desordenada e imprevisora”, afirmó el intendente Davico. Según explicó, la municipalidad dejará de percibir aproximadamente dos mil millones de pesos en 2025, pero el equilibrio fiscal se mantiene gracias a una estricta gestión de los recursos. “Cada peso que entra, se cuida”, enfatizó.

Davico también resaltó que el cobro del derecho por publicidad había sido un obstáculo para que franquicias y marcas de renombre nacional se instalaran en Gualeguaychú. “Tenían que pagar este derecho de publicidad, más la tasa de comercio”, explicó. El problema se agravaba porque el impuesto no se basaba en las ventas, sino en el tamaño de la cartelería, independientemente de la actividad comercial.

El intendente subrayó que la eliminación de este tributo aliviará a los comerciantes locales e incentivará la inversión, permitiendo que ese dinero “se invierta en los propios comercios”. Además, destacó que su gestión acompaña al sector privado en todas las áreas, buscando fomentar una Gualeguaychú productiva y atractiva para nuevas inversiones, tal como sucede en otras localidades turísticas.

LAS TASAS ELIMINADAS POR LA GESTIÓN DE DAVICO

  1. Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales.
  2. Inscripción de boletos de compra – venta de inmuebles.
  3. Solicitud de deuda líquida y exigible.
  4. Aprobación para instalación medidor de luz.
  5. Venta de planos del municipio.
  6. Por cada copia heliográfica de planos que integran el legajo de construcciones.
  7. Verificación expedida por organismos o funcionarios de la justicia de Faltas.
  8. Por cada duplicado de análisis expedido por la Dirección de Servicios Sanitarios Municipal.
  9. Por pedido de copia de actuaciones labradas por accidentes de tránsito.
  10. Inscripción de comercio, industria, etc.
  11. Los recursos contra resoluciones administrativas.
  12. Los permisos precarios para 30 días para la circulación de automóviles en el Ejido Municipal.
  13. Por solicitud para exponer animales, plantas, etc.
  14. Por presentación de denuncias contra vecinos.
  15. Por solicitud de inscripción de empresas constructoras viales y/o civiles.
  16. Por solicitud de subdivisión de propiedades, aprobación de loteos hasta un máximo de diez lotes y mensuras.
  17. Por inscripción de títulos técnicos o profesionales.
  18. Inscripción de Propiedades en el Registro Municipal, se cobrará un derecho por la inscripción de propiedades en el Registro Municipal.
  19. Sellados municipales de planos.
  20. Derechos del Cementerio: por las actuaciones por escrito que se presenten ante el Cementerio.
  21. Contrato de suministro de obras y servicios públicos, contratos de suministros, obras y servicios públicos previstos en la Ordenanza de Contrataciones, sobre el importe del contrato.
  22. Por cada solicitud de franquicias especiales de tránsito.
  23. Por cada solicitud de compra de talonario de estacionamiento medido.
  24. Carnet sanitario.
  25. Desinfección y desratización.
  26. Derechos de edificación.
  27. Actuaciones administrativas.
  28. Tasa por servicios especiales.
  29. Tasa por servicios eventuales.
  30. Sobretasa General Inmobiliaria.
  31. Retribución por el uso y/o aprovechamiento del dominio público municipal con fines publicitarios.

Redacción

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El Gobierno no financiará las elecciones internas del PJ y solo ofrecerá 3.200 urnas

Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.

Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.

– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos

El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.

La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.

Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.

El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.

LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS

La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.

En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.

El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.

– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento

Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.

Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.

Redacción

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