MAR DEL PLATA | Funcionaria municipal amenazó de muerte a un periodista que la investigó

El periodista marplatense Ulises Catriel Cuenca denunció haber recibido una amenaza de muerte luego de publicar una investigación que expone irregularidades, nepotismo y corrupción en el área de Tránsito.
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El periodista Ulises Catriel Cuenca, colaborador en varios medios, denunció que fue amenazado de muerte tras la publicación de una investigación que sacó a la luz un entramado de nepotismo y presuntas malversaciones en el área de Tránsito del municipio de General Pueyrredón, en Mar del Plata.

La amenaza, según comentó Cuenca, fue realizada por Ana Mariela Gómez, una de las principales implicadas en las irregularidades denunciadas en su investigación, quien contactó al comunicador para exigirle que retirara la nota.

– Ulises Catriel Cuenca entrevistando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

El conflicto se desencadenó luego de que el medio digital NOVA publicara una investigación que expone el supuesto manejo irregular de las licencias de conducir en la mencionada área municipal, donde Gómez es acusada de utilizar su posición para favorecer a su entorno familiar y participar en la supuesta exigencia de sobornos. El trabajo de Cuenca reveló una compleja red de favores y corrupción, en la que se señala a varios funcionarios.

Tras la denuncia, funcionarios del gobierno marplatense se comunicaron con el periodista para solidarizarse y le informaron que empezarán una investigación contra Gómez.

“TE VOY A MANDAR A MATAR”

Cuenca informó que recibió dos llamadas telefónicas consecutivas ayer, 18 de octubre, en las que una mujer, posteriormente identificada como Gómez, lo amenazó directamente. En la primera comunicación, la voz femenina le advirtió: “Si no bajás la nota, te voy a mandar a matar”, y luego cortó la llamada sin más. Minutos después —desde otro número— la misma voz lo contactó de nuevo para preguntarle sobre las fuentes utilizadas en su artículo. Cuando el periodista se negó a retirar la publicación, la mujer se identificó como Ana Mariela Gómez y amenazó con presentar una denuncia penal.

Ante esta situación, Ulises Cuenca decidió radicar una denuncia por extorsión y amenazas de muerte en la Comisaría 13 de Playa Serena, bajo el expediente PP-08-00-042102-24/00. Ahora, la resolución del caso queda en manos de la justicia local.

– La denuncia realizada por el periodista tras la amenaza

La publicación que motivó las amenazas de Gómez expone una serie de irregularidades en el área de Tránsito, un departamento que está bajo la lupa de la Justicia por casos de corrupción que involucran el manejo de las licencias de conducir. Según la investigación periodística, la dependencia fue escenario de un creciente nepotismo, donde Ana Mariela Gómez, quien se presenta como “vicedirectora” del área, favorece a su círculo familiar cercano.

Entre los implicados se encuentran su hijo Matías Lovato, que según la publicación de Cuenca habría intentado obtener beneficios laborales a pesar de un sumario administrativo en su contra por solicitar sobornos. Lovato habría exigido 300 mil pesos a cambio de retirar multas, un hecho por el que se pidió un sumario administrativo el 5 de junio bajo el expediente EX-2024-00136096-MUNIMDP-DGLT#SLTH, aunque hasta el momento el proceso permanece “dormido”. La investigación también apunta a que Gómez utilizó su influencia para garantizar que Lovato sea efectivizado en la Municipalidad, evitando consecuencias por sus actos.

– Ana Mariela Gómez

El nepotismo no termina con Matías. El otro hijo de Gómez, Julián Lovato, también habría ingresado al Municipio gracias a la influencia de su madre, al igual que la pareja de este, Ana Lucero, que actualmente trabaja en el área de licencias de conducir, presuntamente buscando también asegurarse una posición fija en la administración pública.

Además de las denuncias por nepotismo, Gómez fue acusada de maltratos y persecución laboral, con reportes de una orden de restricción en su contra, relacionada no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con vecinos del barrio Aeroparque, quienes habrían sido afectados por sus acciones.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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