El gobierno de Kicillof promueve material con contenido pornográfico en las escuelas
En un contexto de crisis educativa y social, en el que más de la mitad de los menores de 14 años son pobres en la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial divulgó material para ser utilizado en las escuelas que contiene escenas de pornografía explicita.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires divulgó un libro titulado “Cometierra” de la autora Dolores Reyes, en el que contiene fragmentos inapropiados y no aptos para menores de edad, con contenido pornográfico explícito. En la página 81 del libro en cuestión, se retrata de manera bien detallada una escena de sexo explícito y lenguaje vulgar.
Este tipo de contenidos, que generó un gran rechazo y repudio por parte de familias y organizaciones que defienden los derechos de los niños, se encuentra en las antípodas de un contenido de calidad para personas en situación de desarrollo y crecimiento tanto físico como cognitivo. Materiales de esta índole pueden generar daños irreversibles en el desarrollo de un niño que se ve expuesto a este tipo de contenidos.
– Dolores Reyes
El escándalo que genera una situación como esta pone de manifiesto la deficiente gestión de Kicillof, en especial al área de cultura y educación, manejado por el kirchnerista Alberto Sileoni, quienes se encargan de la distribución de material educativo para ser utilizados en las aulas.
Una situación de esta índole representa una violación a la integridad y a los derechos de los niños, atacando su inocencia con contenidos no aptos para menores de edad. Mientras tanto, el gobierno provincial no se ha manifestado respecto a esta desagradable y repudiable noticia.
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El intendente de la ciudad entrerriana, FranciscoAzcué, y la viceintendente, Magdalena Reta de Urquiza, presentaron en el Centro de Convenciones de la ciudad este ambicioso proyecto de reforma tributaria para Concordia. A partir de medidas de alivio fiscal, como la eliminación de impuestos y el tope a la tasa de luz, se intenta ayudar al sector privado y especialmente a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que la ciudad entrerriana es la cuarta más pobre del país.
“Ese método Robin Hood, que el Estado chorea para después con eso hacer toda una serie de medidas caritativas y lo que ya vimos que hicieron toda la vida, es algo que nosotros no estamos de acuerdo”, remarcó el jefe comunal.
– El anuncio realizado por el intendente Azcué la semana pasada
El presupuesto de Concordia es de 50.000 millones por año, la mitad de esos fondos los recauda con recursos propios y la otra mitad es de coparticipación provincial.
En cuanto a la iniciativa de limitar el cobro de la luz, la viceintendente explicó que “en el caso de las familias esto es equitativo, porque hay tres tarifas. Hay tarifas para consumidores de clase baja, media y alta, por lo tanto los 350 kilowatts, serán un porcentaje que no va a ser igual para todas las familias, sino que quienes pagan la tarifa tipo 1 pagarán un 16% de los 350 kilowatts, las familias tipo 2 pagarán otro monto y así sucesivamente. Eso dependerá de cada factura, de cada familia”.
El intendente Azcué defendió el proyecto a pesar de que esto representaría una pérdida para el municipio de 250 millones de pesos hasta fin de año. Sin embargó, resaltó que “estamos convencidos de que el camino correcto apunta hacia la baja de la presión impositiva mediante la eliminación de tasas y de la burocracia para facilitarle la vida a los vecinos”.
Además, agradeció a “todas las personas que han trabajado en este proyecto” y felicitó a la viceintendente, quien ya había presentado anteriormente proyectos de esta índole, por “ponerse a la cabeza de este trabajo en conjunto a las instituciones intermedias”.
Se espera que este proyecto sea aprobado en el Concejo Deliberante con los votos del oficialismo (Juntos por Entre Ríos) y el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza.
El sindicalismo vernáculo que se encolumna detrás de la “lucha docente” pone palos en la rueda a las negociaciones salariales en la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo un paro de 48 horas, pese a que los propios dirigentes del gremio habían aceptado previamente la última oferta del gobernador Rogelio Frigerio.
Este año, las paritarias docentes arrojaron un aumento del 104%, en contraste con una inflación acumulada del 94,75%. No obstante, el panorama era distinto durante el último año de la gestión kirchnerista, cuando el exgobernador Gustavo Bordet también acordó un incremento del 104%, pero frente a una inflación del 211,14%.
Nueve días antes de las medidas de fuerza, el secretario general de la AGMER, Marcelo Pagani, celebró el aumento remunerativo del 6,5% para los próximos tres meses. “Conceptualmente, era lo que estábamos planteando, hay una pauta salarial que reconoce los primeros cuatro meses y había una exigencia para equiparar el salario una vez conocidas las inflaciones de diciembre y enero”, manifestó en diálogo con la Agencia de Noticias de Entre Ríos.
– Marcelo Pagani, secretario general de la AGMER
De manera similar, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró la propuesta del gobierno provincial “mucho más consciente que las anteriores, es más amplia y contenedora a las expectativas”.
Pese a estas manifestaciones de acuerdo, horas más tarde, los gremios anunciaron la convocatoria a paro, generando desconcierto e indignación entre los ciudadanos. Este giro se produjo poco antes de que Frigerio decidiera restituir el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales, lo que representó una inversión de 70 mil millones de pesos destinados a mejorar los salarios docentes.
DISCÍPULOS DE ROBERTO BARADEL
El gobierno provincial presentó cinco propuestas salariales desde el inicio del conflicto. La primera, ofrecida el 23 de julio, fue rechazada por AGMER, que la consideró “distorsiva e insuficiente” y decretó cuatro días de paro. Las siguientes ofertas, presentadas el 30 de julio y el 9 de agosto, corrieron la misma suerte, con nuevas medidas de fuerza decretadas por el gremio.
Ante los sucesivos rechazos, el gobierno decidió el 18 de agosto aumentar los salarios por decreto para evitar que los docentes se quedaran sin el beneficio. A partir de allí, se dictó la conciliación obligatoria y se presentaron dos ofertas adicionales, el 17 y el 20 de septiembre, ambas también rechazadas.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; SoniaAlesso, secretaria General CTERA; Hugo Yasky, actual diputado kirchnerista e histórico dirigente de CTA y CTERA; Roberto Baradel
La relación de Roberto Baradel, líder de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, parece explicar la intransigencia de la postura sindical en Entre Ríos. Esta relación preocupa a los sectores docentes que abogan por despolitizar la negociación salarial y llegar a un acuerdo definitivo.
A finales de 2021, por ejemplo, Roberto Baradel fue invitado de honor en el acto de asunción del segundo mandato de Pagani al frente de AGMER, lo que consolidó los vínculos entre ambos líderes gremiales.
Otro referente de AGMER relacionado a Baradel es Guillermo Zampedri, quien la semana pasada anunció un paro de cinco días tras rechazar la quinta propuesta gubernamental. “Esto es simple, se destraba poniendo plata”, amenazó en declaraciones a medios locales, criticando también las políticas nacionales y provinciales de Javier Milei y Rogelio Frigerio. “Desde AGMER entendemos que los rechazos de la oferta se deben al malestar general que tiene la docencia entrerriana por la pérdida escandalosa de salario que hemos tenido en los nueve meses de gobierno de Milei y Frigerio”, expresó.
– Guillermo Zampedri, pechera de AGMER, CTERA y CTA
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, describió las dificultades en las negociaciones: “Formé parte de muchas negociaciones y nos decían: ‘queremos esto’, lo ofrecíamos, iban a Congreso y después nos decían ‘queremos esto también’. Ofrecíamos eso, estaban contentos, pero volvían a pedir otra cosa. Nos iban corriendo el arco. Así que entiendo que cuando declaran medidas de fuerza tengan que retrotraerlas, pero tengo la confianza y convicción de que hicimos una propuesta muy buena. Cumplimos absolutamente con todos los puntos que el sindicato nos venía pidiendo”.
Finalmente, Troncoso cuestionó los verdaderos intereses detrás de las medidas: “Si no es esto, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué intereses se esconden realmente? Por eso hablamos de la politización de estos reclamos. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores y otra es pretender horadar políticamente a un gobierno provincial, y eso es lo que nos preocupa”.
– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas; SusanaCogno, vocal Gremial ante el Consejo General de Educación y Manuel Troncoso durante una reunión en la que el síndico de AGMER destacó la “vocación de diálogo constructivo y serio, buscando una síntesis entre el Gobierno y el sindicato. Esta forma constituye la mejor alternativa para superar este momento”. Enero 2024
En sintonía con el ministro Troncoso, el diputado provincial Marcelo López se mostró confuso con el ida y vuelta sindical: “No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales. Es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria“, aseveró luego. E hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza”.
Jujuy se convirtió en la cuarta provincia argentina en reglamentar el cobro de la atención médica a extranjeros, después de que lo hicieran este año Salta, Santa Cruz y Mendoza.
La Legislatura de Jujuy reglamentó la ley 6.116, que en 2019 había creado el Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, pero que luego entró en un parate debido al acuerdo que Argentina y Bolivia habían firmado sobre asistencia sanitaria recíproca.
“Esta aprobación era un paso necesario para la atención sanitaria provincial. Ya había una ley que se había aprobado en 2019 y que en ese momento había generado un debate importante, con sus alcances y límites. Había quedado pendiente el hecho deponerla en práctica”, explicó el diputado Omar Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud en la legislatura jujeña.
“Esa misma ley establecía una base de reciprocidad, por ejemplo con Bolivia. Llegamos a varios acuerdos, pero pasado el tiempo, los mismos no se cumplieron. Eso generó una situación de desigualdad muy fuerte. Hemos visto acá el problema que genera a las provincias como Jujuy que sus ciudadanos tengan que aportar de forma indirecta, mediante el sistema solidario basado en la recaudación de impuestos públicos, para sostener la salud pública. Eso no sucede con los turistas extranjeros o residentes ocasionales”, detalló Gutiérrez.
Ahora, el gobernador Carlos Sadir tendrá la responsabilidad de definir los tiempos para poner en vigencia esta medida, que busca asegurar el financiamiento del sistema de salud sin afectar la capacidad de atención en Jujuy.
EL SISTEMA DE SALUD DE JUJUY ATENDIÓ A 70.000 CIUDADANOS EXTRANJEROS EN 20 MESES
Ministro de Salud de Jujuy informó que el Sistema de Salud público en esa provincia lleva atendidos alrededor de 70 mil ciudadanos extranjeros en los últimos 20 meses y que Bolivia país dejó de cumplir con el convenio de reciprocidad médica firmado en el 2019 .
En este sentido el titular de la cartera sanitaria recordó que la provincia “fue pionera en poner el tema en agenda”, incluso resaltó que tiene una la Ley de “cobro de seguro extranjero, salvo que haya una reciprocidad”. El funcionario indicó que “durante el Gobierno del Presidente Macri y Evo Morales en Bolivia, se logró la reciprocidad”, y señaló que “incluso desde el punto de vista legal está vigente, pero sucedió que Bolivia dejó de cumplir recientemente tras el intento de Golpe de Estado en ese país“.
El funcionario señaló que en la provincia, la atención a ciudadanos extranjera “es significativa” y detalló “estamos hablando casi de 70.000 consultas de ciudadanos boliviano, que no tienen doble nacionalidad, puntualmente durante el período 2023 y lo que va del 2024”. Entre las atenciones indicó que se incluyen, trasplantes, tratamientos oncológicos, y afirmó que “puntualmente en el hospital Jorge Uro de La Quiaca se atienden partos y cesáreas”.
https://youtu.be/wwcSH8KAo8U
Por tal demanda, el Ministro de la provincia consideró que “hay que tratar de recuperar eso y para recuperarlo hay que hacer la acción de cobro” y analizó que “Argentina no está planteando la acción de cobro y yo creo que se debería tomar una decisión unificada a nivel país”.
Por otra parte, el Ministro de Salud de la provincia indicó que otro de los temas que deberían plantearse a nivel nacional “son las acciones sanitarias conjuntas”. En este sentido explicó que la provincia lleva adelante y plan de vacunación contra las enfermedades transmisibles, por lo que consideró que en este marco las acciones deberían llevarse de manera conjunta con los países limítrofes para prevenir las enfermedades”.
Cabe recordar que en febrero de 2019 la Legislatura de Jujuy aprobó una ley que permite al sistema de salud público provincial cobrar por la atención médica brindada a extranjeros que se encuentren en la provincia de manera transitoria, es decir, turistas o personas sin residencia. La norma creó un “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros”, es decir, un seguro que las personas no residentes deben pagar y que funcionará durante 30 días.
La ley prevé tres excepciones en las cuales no sería necesario que las personas extranjeras paguen por usar el sistema de salud: cuando el país de origen de la persona tenga convenio de reciprocidad en materia de salud con la Argentina, cuando el extranjero pueda acreditar residencia permanente en la provincia o el país y, finalmente, cuando se trata de una urgencia “que implique riesgo vital o secuela funcional grave para una persona”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados de la provincia. El proyecto incluye una inversión sin precedentes en obra pública y significativos incrementos en las áreas de salud, educación y seguridad. La medida se enmarca bajo el manto de una política de austeridad, eficiencia y baja de impuestos, con el objetivo de equilibrar las finanzas provinciales, reducir el déficit y fomentar el desarrollo.
El presupuesto provincial es “la ley de leyes. Define cuáles van a ser las prioridades de la gestión”, comenzó diciendo el mandatario, quién resaltó que es “la primera vez que se presenta de forma totalmente digital”.
La medida prevé destinar más del 8% del gasto a la obra pública, duplicando el promedio del 4% de los años anteriores. También se anunció un incremento del 3,58% en salud; un 2,78% en educación y un 1% en seguridad. Frigerio destacó además que, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos en comparación con el año 2023, su administración logró mantener los servicios esenciales y reducir la deuda en dólares heredada (pasará del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024).
Inversión en obra pública: “Resolvimos la deuda heredada”
La pieza central del presupuesto es la inversión en infraestructura, que alcanza el 8,4% del gasto total provincial, marcando un hito histórico en la gestión de obras públicas. Las partidas se enfocarán en la mejora de escuelas, rutas y hospitales, con la meta de impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Frigerio enfatizó la importancia de esta inversión para el futuro de la provincia: “El verdadero desarrollo se logra con más y mejor educación pública, con más y mejor salud pública, garantizando la seguridad, sacándole el pie de encima al sector privado y haciendo las obras de infraestructura necesarias para impulsar la producción y la industria”, enfatizó.
Aumentos en educación, salud y seguridad
Otra de las prioridades es el refuerzo de las áreas de salud, educación y seguridad. En su discurso, explicó que la salud recibirá un incremento del 3,58% que permitirá mejorar la atención en hospitales y en centros de atención primaria. La educación, por su parte, verá un aumento del 2,78% para mejorar la infraestructura escolar y garantizar que los docentes reciban un salario competitivo. En cuanto a la seguridad, el presupuesto asignará un 1% más, centrado en fortalecer las Fuerzas de Seguridad y su equipamiento.
El presupuesto entrerriano contempla entrar en vigor entre medidas de austeridad que buscan optimizar el gasto. Entre las acciones implementadas se encuentran la reducción de impuestos, la eliminación de los gastos reservados, la reducción de la planta de vehículos oficiales y el control de ausentismo de empleados públicos. Frigerio subrayó la importancia de estas medidas para garantizar que “cada peso sea utilizado en beneficio de los entrerrianos”.
Otro de los logros destacados fue la reducción de la deuda en dólares, que pasó del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024. El gobierno cumplió con los vencimientos de deuda sin necesidad de recurrir al default, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos que en 2023.
Frigerio también se refirió a las gestiones que su administración está llevando a cabo ante el Gobierno Nacional de Javier Milei y organismos multilaterales para acceder a financiamiento destinado a grandes obras de infraestructura, por un valor cercano a los 600 millones de dólares. También dio protagonismo a las “batallas” que está librando para recuperar fondos, entre ellas, las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y los excedentes de Salto Grande.
Metodología “Base Cero”
El Presupuesto fue elaborado bajo la metodología “Base Cero”, una herramienta que permite evaluar la eficacia de los programas existentes y priorizar aquellos que generen un mayor beneficio para la población. Según el secretario de Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, esta metodología implicó un análisis profundo de cada política pública que permitió optimizar el uso de los recursos y garantizar una gestión eficiente.
“Es una mirada introspectiva que permitió eliminar programas que no se ejecutaban o no tenían sentido”, explicó el funcionario, quien destacó que mencionada herramienta fue clave para la elaboración de un presupuesto equilibrado y ajustado a las necesidades reales de la provincia.
La Cámara de Diputados sancionó este martes 1 de octubre la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones para cargos nacionales, una iniciativa que implica un importante cambio en el sistema electoral y que se verá desde los comicios legislativos de 2025.
El proyecto, que impulsaron en conjunto La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica (CC), cosechó 143 votos a favor, 87 en contra y cinco abstenciones. Unión por la Patria, por su parte, se inclinó por el rechazo, tal como había anunciado. El Frente de Izquierda se abstuvo.
¿DE QUÉ SE TRATA LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL?
La iniciativa propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las categorías a cargos electivos, y columnas o franjas verticales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten.
Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío. El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría: si marca dos o más casilleros el voto se considerará nulo. En tanto, si no marca ningún casillero se considerará voto en blanco en esa categoría específica. Por otro lado, no habrá un casillero específico para el voto en blanco. Y si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción “No presenta candidato”.
La BUP tendrá impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y se incluirán fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa). En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.
Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.
LOS PUNTOS A FAVR DE LA BUP, SEGÚN CIPPEC
Si bien hubo mayoría de votos a favor, hay diversas posturas respecto de los puntos a favor y en contra de esta medida. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) celebraron la decisión y destacaron los beneficios de una propuesta por la que vienen empujando para su implementación.
SEGÚN CIPPEC, LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA BUP SON:
La distribución y disponibilidad de la BUP en los centros de votación es responsabilidad del Estado. Esto garantiza el acceso a una oferta electoral completa en todo el territorio mientras se desarrolla la jornada electoral.
Asegura equidad. Cada boleta contiene la oferta electoral completa y es diseñada por la autoridad electoral, que aplica los mismos criterios de diseño y presentación para todas las listas por igual.
Brinda una mejor experiencia al electorado. En Santa Fe (2015), el 94,5% de los y las votantes aseguró que el uso de boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria y el 92,3% calificó el sistema como “muy bueno o bueno”.
“Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir –con aprobación judicial previa–, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Esto genera desventajas para algunos partidos con dificultades para custodiar y asegurar la disponibilidad de boletas en todas las mesas”, destacaron desde la institución.
“Además, la boleta partidaria puede resultar compleja para quienes emiten un voto cruzado (apoyar diferentes partidos para distintos cargos en juego). En la mayoría de las democracias del mundo se utiliza la boleta única de papel (BUP) en la que se presentan las listas y/o candidaturas de los diferentes partidos: su distribución y disponibilidad en los centros de votación es responsabilidad del Estado“, agregaron.
Por eso, consideraron que la BUP “equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes. A diferencia de la boleta partidaria, la boleta única permite que quienes votan tengan todas las opciones en un único papel y puedan elegir la que prefieren marcándola. Esto evita la complejidad y los errores potenciales que surgen con el corte de boleta partidaria”.
En Córdoba, Santa Fe y Mendoza implementan esta forma de votar, con una evaluación positiva de los y las electores/as: en Santa Fe (2015), el 94,51% aseguró que votar con boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria“.
El gobierno de Javier Milei comenzó una investigación a raíz de las denuncias presentadas por comunidades indígenas y productores locales que aseguran que cientosde bolivianos están invadiendo tierras en la provincia de Salta. Los reportes indican que alrededor de 2.500 hectáreas de selva en la región fronteriza de General Mosconi fueron desmontadas para plantar caña de azúcar, la cual es luego contrabandeada hacia Bolivia. Se estima que, anualmente, unas 150.000 toneladas del producto cruzan la frontera de manera ilegal.
Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Fiscalía Federal de Orán el pasado 13 de septiembre, pero los denunciantes —entre ellos el pueblo indígena Ava Guaraní— señalan que la Cancillería argentina fue “indiferente” ante esta violación de la soberanía nacional.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sí actuó en respuesta a una denuncia presentada en 2021 por Horacio Cruz Castro, el líder de los productores bolivianos involucrados, contra los Ava Guaraní. Cruz Castro, acusado de liderar la usurpación de tierras argentinas, alegaba que los indígenas lo estaban perturbando en un terreno que él llamaba “Isla Valle Dorado”, aunque las autoridades bolivianas confirmaron que dicha área está, en realidad, dentro de territorio argentino.
La situación en la frontera de Salta no es nueva. Desde 1994, las comunidades locales denunciaron la remoción ilegal de las señales que demarcan los límites entre nuestro país y Bolivia.
En un operativo realizado en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 60 ciudadanos bolivianos indocumentados trabajando en las plantaciones de caña de azúcar y logró incautar 70.000 toneladas del producto contrabandeado. A pesar de estas intervenciones, la situación parece haber empeorado, y el volumen de caña que se contrabandea hoy en día es más del doble que hace diez años.
La reciente intervención de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitió localizar plantaciones de caña en la zona en disputa, pero la ubicación precisa de estas tierras sigue sin poder determinarse con claridad. La crecida del río Grande de Tarija, que sirve como frontera natural entre ambos países, destruyó los hitos fronterizos, lo que complicó aún más la delimitación del territorio. Se solicitó la intervención de la Comisión de Frontera para restablecer los límites, pero hasta el momento no se logró avanzar en la solución del conflicto.
– Horacio Cruz Castro
La comunidad Ava Guaraní, que habita en las serranías del municipio de General Mosconi, denunció la invasión de sus tierras y la violencia a la que están siendo sometidos por parte de los productores bolivianos. Según los testimonios recogidos, el grupo boliviano, liderado por Cruz Castro, amenazó a las mujeres y niños de la comunidad con machetes y armas de fuego.
La Cancillería boliviana reconoció en un informe reciente que las coordenadas del territorio en disputa se encuentran efectivamente dentro de Argentina, lo que refuerza la legitimidad de las denuncias de invasión. Sin embargo, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas para frenar la usurpación ni el contrabando.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…
