En un paso clave para la protección del dorado, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó con mayoría el proyecto de ley que prohíbe la pesca comercial de esta especie en todo el territorio provincial. La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo y se enmarca en las políticas de conservación ambiental de la provincia.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto declara al dorado como “pez de interés turístico provincial” y establece que sólo podrá pescarse con fines deportivos y bajo la modalidad de devolución obligatoria, mientras que los pobladores ribereños y pescadores artesanales podrán capturarlo exclusivamente para consumo familiar.
Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto pasó a consideración del Senado para su tratamiento final. Si bien la iniciativa contó con el apoyo de Juntos por Entre Ríos y los bloques libertarios, recibió el rechazo del bloque opositor, Más para Entre Ríos.
La controversia radica principalmente en que el texto aprobado no incluye una excepción para las cooperativas de pescadores artesanales, un punto que el justicialismo consideraba fundamental.
EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
Entre Ríos es actualmente la única provincia del Litoral que aún permite la pesca comercial del dorado, lo que llevó a biólogos, autoridades y pescadores a señalar el impacto negativo de esta práctica sobre la especie. En las provincias vecinas (Corrientes, Chaco, Misiones y Santa Fe) ya rigen normativas similares que restringen su captura a la pesca deportiva con devolución obligatoria.
El dorado — pez emblemático de la región— ha visto afectada su población debido a varios factores, entre ellos la depredación que permite la legislación vigente y los fenómenos naturales, como las recurrentes bajantes del río Paraná. Estos eventos destruyeron los desovaderos y las áreas de cría, lo que dificulta la reproducción de la especie. Según explicó el diputado Mauro Godein, presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, la situación es preocupante, y la aprobación de esta ley busca poner a la provincia en línea con los esfuerzos de conservación de las demás jurisdicciones del Litoral.
El principal punto de conflicto en la votación fue la falta de inclusión de las cooperativas de pescadores artesanales dentro de las excepciones permitidas por la ley. El bloque opositor, liderado por Laura Stratta, señaló que la norma no exceptuara a estos pescadores, quienes realizan la pesca de manera tradicional para subsistir.
Durante los debates en comisión, el oficialismo había aceptado incorporar una excepción para los pescadores ribereños que capturan el dorado para consumo familiar, pero no extendió este beneficio a las cooperativas, lo que motivó el voto en contra del PJ.
Según los legisladores justicialistas, no hay un riesgo inminente para la especie. Argumentaron que los pescadores nucleados en cooperativas utilizan técnicas de pesca “sustentable y artesanal”, y que su actividad no pone en peligro a la especie. Stratta y otros diputados del bloque señalaron que la exclusión de las cooperativas va en contra de los principios de la Ley de Economía Social vigente en la provincia, que promueve la protección del ambiente y el desarrollo de la economía local.
La necesidad de una regulación más estricta en la pesca del dorado no es nueva en Entre Ríos. Ya en 2005, se había declarado a la especie como de interés turístico nacional, aunque en ese momento el Poder Ejecutivo vetó la reglamentación de las restricciones a su pesca comercial. Dos años después, en 2007, un proyecto similar obtuvo media sanción, pero no avanzó en la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario.
El actual proyecto retoma esas discusiones y busca finalmente establecer una normativa clara que ponga fin a la pesca comercial del dorado en la provincia. El objetivo, según detallaron sus impulsores, es garantizar la conservación de la especie, que juega un rol fundamental en el equilibrio ecológico de los ríos Paraná y Uruguay, principales afluentes de la cuenca del Plata.
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