El Gobierno de La Rioja expropió casi 5000 hectáreas a Ramón Díaz
El Gobierno de La Rioja aprobó la expropiación de casi 5000 hectáreas pertenecientes al exjugador, buscando desarrollar proyectos turísticos y mejorar el suministro de agua en la localidad de Patquía.
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La Legislatura de La Rioja aprobó la expropiación de dos terrenos que pertenecen al exjugador y actual entrenador del Corinthians de Brasil, Ramón Díaz, uno de 4400 hectáreas y el otro de 349, adquiridos en el año 2003. Esta medida fue impulsada por el oficialismo riojano que responde al gobernador Ricardo Quintela, y forma parte de una serie de expropiaciones que viene realizando la provincia con el fin de “desarrollar proyectos turísticos, económicos y culturales”.
La presidente de la cámara, Teresita Luna, argumentó esta decisión afirmando que “se atendió el reclamo de los vecinos que exigían la expropiación.” Además, explicó que en el año 2003 esas tierras habían sido vendidas “a un precio simbólico con la promesa de un desarrollo que generaría empleo”, pero que Díaz “no cumplió con esas expectativas”.
Por su parte, el diputado Carlos Machicote explicó que esos terrenos “se utilizarán para suministrar agua potable a los vecinos de Patquía, donde los recursos hídricos son limitados”.
Patquia es una localidad de unos 2000 habitantes que se encuentra a unos 70 km de la capital provincial. Los campos que posee Ramón Díaz contarían con aguas termales, de ahí el potencial turístico de este lugar. El actual entrenador había planteado un proyecto turístico que no llegó a concretarse, de esta manera, el gobierno provincial busca expropiar las tierras para así poder llevar a cabo estas iniciativas.
Este tipo de acciones alertó a la oposición, argumentando que “se avanzan sobre propiedades de valor que luego derivan en proyectos estatales fallidos o en juicios millonarios de privados que luego la provincia debe afrontar”. Incluso se informó que el mismo presidente de la Nación, Javier Milei, se habría comunicado telefónicamente con Ramón Díaz, para expresarle su apoyo, en una causa que probablemente termine en la justicia.
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El legislador porteño Ramiro Marra confirmó la semana pasada que competiría por fuera de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 18 de mayo y adelantó los principales lineamientos de su nueva campaña. “Que se prepare Kicillof”, arengó eldirigente libertario luego de anunciar que lanzaría una propuesta para cobrarle a la administración de Axel Kicillof el servicio de salud que brindan los hospitales públicos de la Ciudad a los bonaerenses.
Marra subrayó que “el 40 % de la gente que se atiende en el sistema público de la ciudad viene de la provincia de Buenos Aires” y explicó que su iniciativa consistiría en “pasarle la factura” a la provincia cuando esos pacientes se atendieran en hospitales porteños. “Cuando vienen le pasas la factura a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires”, resumió el legislador en diálogo con Paulino Rodrígues, en LN+. Según aclaró, no buscó confrontar con LLA ni ser funcional al kirchnerismo o a Pro, sino que quiso “aportar desde su espacio a la consolidación del ideario liberal en la Ciudad”.
Al detallar otras propuestas, Marra hizo hincapié en la importancia de impulsar reformas en materia educativa, entre ellas, un proyecto para transparentar el financiamiento del sistema escolar. “Queremos que haya transparencia en la educación. Saber cuánto recibe cada establecimiento, tanto privado como público. Queremos información y a partir de ella, se van a poder tomar decisiones. Porque sabemos que de los 2500 escuelas que hay la mayoría, hasta los privados, reciben subsidios”, señaló. “Vos mandás a tu hijo a un parroquial que recibe subsidio y no tenés información de cuánto es y pagás un cuota sin saber esto”, advirtió.
El legislador consideró urgente revisar los contenidos de las currículas para incorporar tecnología. “Hay que estar más enfocado en el mundo moderno, la educación siempre llega tarde. Los chicos están más preocupados por ver qué hay en el teléfono que lo que dicta el profesor. Porque lo que dicta el profesor capaz ya está en una alguna inteligencia artificial”, planteó. “Hay que incorporar la tecnología en los colegios”, reclamó.
Marra también recordó su reciente desvinculación del bloque libertario en la Legislatura porteña, aunque afirmó que mantendría su respaldo a las iniciativas del Gobierno. “Acompaño las políticas de este Gobierno porque desde mi salida no cambiaron las políticas. Entonces, ¿por qué cambiaría mi apoyo?”, expresó. Al mismo tiempo, ratificó su respeto personal hacia la figura del presidente Javier Milei y prefirió no dar más detalles sobre su relación con el mandatario: “Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo”, sostuvo días atrás, al explicar que su objetivo principal apuntó a reforzar las propuestas libertarias en la Ciudad.
Roger Natividad Terán, exintendente de Itatí y condenado en 2017 por integrar una red narco en la frontera con Paraguay, asumió el 20 de marzo como presidente del Consejo Municipal del Partido Justicialista. Su designación ocurrió una década después de su detención en el Operativo Sapucay, que lo vinculó al crimen organizado.
Tras haber pasar aproximadamente dos años en prisión, Terán acordó un juicio abreviado en el que reconoció su participación en una asociación ilícita, aceptando una condena de tres años que le permitió recuperar la libertad en 2019. Es importante señalar que, aunque la Justicia lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, esta restricción solo estuvo vigente durante el tiempo que duró su condena, lo que legalmente le permitió retomar actividades políticas después de cumplida la pena.
Luego de su liberación en 2019, Terán ya había manifestado su intención de volver a la política, afirmando que fue alentado por “el acompañamiento de los vecinos itateños, que siempre me estuvieron apoyando y creyendo en mi inocencia”. El anuncio de su nombramiento fue realizado a través del sitio oficial del PJ de Corrientes, liderado por la senadora Ana Almirón, aunque la publicación omitió cualquier referencia a su pasado y se tomó sin consultar a las bases militantes.
Su hija, Vanina Soledad Terán, fue electa concejal en 2018, mientras que su hermano Nelson Javier Terán ocupó el mismo cargo a partir de 2020, mandato que concluye este año.
El Operativo Sapucay, desarrollado en 2017, dejó al descubierto una extensa red de narcotráfico que operaba con protección de familiares, funcionarios políticos, judiciales y policiales en Itatí. La investigación, que comenzó en 2014 bajo la dirección del Juzgado Federal N°12 a cargo del juez Sergio Torres, culminó con la detención simultánea de Roger Terán y su viceintendente Fabio Aquino, dejando momentáneamente acéfala a la localidad de aproximadamente 6.000 habitantes, culminando en 37 órdenes de detención y la incautación de 40 vehículos, tres embarcaciones y dos camiones.
– Terán había sido condenado en 2017 por una asociación ilícita vinculada al narcotráfico
Entre los imputados figuraban el entonces comisario, Diego “Negro” Ocampo Alvarenga, un sargento de la Policía Federal, un comandante de Gendarmería y un agente de Prefectura. Durante el juicio, se comprobó que Ocampo Alvarenga era uno de los “aliados clave”, brindando protección directa a la organización, permitiendo el tráfico de droga sin interferencias de las fuerzas nacionales.
Las pericias revelaron que Terán facilitaba el traslado de hasta 700 kilos de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná en embarcaciones que demoraban apenas cuatro minutos en completar el cruce. La organización estaba liderada por Carlos “Cachito” Bareiro, en alianza con el jefe narco Federico “Morenita” Marín, quien, tras su captura en 2018, logró fugarse en febrero de 2023 y murió en un enfrentamiento con Gendarmería en agosto del mismo año. Se estima que entre 2011 y 2017, la red traficó al menos 18 toneladas de marihuana, con destino a villas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.
El caso también salpicó al exjuez federal Carlos Soto Dávila, con competencia electoral en Corrientes durante más de dos décadas, quien favoreció con sus fallos a múltiples narcotraficantes hasta ser detenido y procesado en 2018.
Encuestas del Observatorio Político del Nordeste Argentino indican que el 68% de los correntinos consideran que el justicialismo “protege a dirigentes corruptos”, cifra que se eleva al 83% en Itatí. En respuesta a su nombramiento, el bloque de 15 intendentes independientes y el Frente Renovador retiraron su apoyo explícito al PJ en la legislatura provincial, mientras que la Cámara de Comercio de Corrientes congeló sus aportes al partido, exigiendo una “depuración de cuadros directivos” como condición para reactivarlos.
El malestar también se hizo sentir en las bases militantes. Dos días antes de la asunción, grupos pertenecientes a la Corriente Peronista por la Transparencia realizaron una protesta en la que quemaron simbólicamente carnets partidarios en reclamo de una auditoría interna. Pese a las controversias, Terán consolidó su regreso.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.
Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con undéficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.
Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.
No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.
Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.
El Senado de la provincia de Buenos Aires votó este martes por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en sintonía con el pedido del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el oficialismo no logró avanzar con las modificaciones a los plazos del calendario electoral que también formaban parte del proyecto original. La iniciativa continúa su trámite en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, solo se debatieron y aprobaron los artículos 1 y 2 del proyecto, excluyendo los incisos 3 y 4 que planteaban cambios en los tiempos de convocatoria, presentación de listas, alianzas y boletas. Esta exclusión dejó en evidencia el impacto político del comunicado difundido un día antes por la líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó: “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”.
El mensaje de CFK implicó que el kirchnerismo acompañaría solo los primeros dos artículos del proyecto, y que no avalaría alterar el cronograma electoral vigente. La exmandataria también criticó el desdoblamiento dispuesto por Kicillof, con el calificativo de “error político”.
El proyecto original del Poder Ejecutivo respondía a una recomendación de la Junta Electoral bonaerense en caso de suspenderse las PASO y avanzar con un esquema de elecciones concurrentes. No obstante, los artículos 3 y 4 que preveían flexibilizar los plazos fueron descartados. Entre ellos, se incluía la posibilidad de convocar a elecciones con al menos 100 días de anticipación, registrar alianzas 80 días antes y presentar listas y boletas con 70 y 50 días, respectivamente.
El texto aprobado finalmente establece la suspensión del régimen de PASO por única vez en 2025, con excepción de los artículos 16 y 17 de la ley vigente. De este modo, la campaña electoral podrá comenzar 30 días antes del comicio y deberá finalizar 48 horas antes del mismo.
– Carlos Curestis
En el debate parlamentario, las posiciones políticas quedaron expuestas. Sergio Vargas, senador de La Libertad Avanza, celebró el acuerdo multipartidario: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto”. Su compañero de espacio y presidente del bloque, Carlos Curestis, fue más tajante: “Venimos trabajando para eliminar las PASO. Que los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante”.
Desde la UCR, el senador AgustínMáspoli reconoció el consenso alcanzado, pero cuestionó los tiempos del debate: “Discutir cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal. Estamos fuera de tiempo por las tensiones internas del oficialismo”.
– Christian Gribaudo
El presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, apuntó en la misma dirección: “Algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero es un debate dentro de cada fuerza. No puede haber más modificaciones del Ejecutivo a las reglas del juego”.
Por el oficialismo, Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, ratificó la posición del kirchnerismo: “Creemos que es mejor una sola elección, concurrente. Este no era el momento de experimentar. Ya hubo suficiente incertidumbre con la Boleta Única. No creemos en la municipalización ni en la provincialización de la política, apostamos a un proyecto nacional”.
– Teresa García
García también destacó la decisión de Cristina Kirchner como una “salida por arriba” ante el desdoblamiento impuesto por el Ejecutivo: “Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que pagamos un costo, pero los dirigentes deben asumirlos”.
En tanto, el senador Federico Faggioli, también de Unión por la Patria, se abstuvo de la votación. Representante del sector Patria Grande, que lidera Juan Grabois, sostuvo que su espacio sigue respaldando las PASO.
