13 septiembre, 2024

Comenzó el juicio a Carlos Ezequiel Guazzora, el violento comunicador K que abusó a una menor de edad

El juicio oral contra el operador kirchnerista por un caso de abuso sexual de una adolescente comenzó este mediodía. Guazzora negó los hechos, la mujer que entregó a su hija no declaró.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

El comunicador y militante ultra K, Carlos Ezequiel Guazzora, será sometido a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, presidido por el juez Javier De La Fuente junto a los magistrados Marcelo Álvero y Maximiliano Dialeva, con una acusación a cargo de la fiscal Helena Díaz Cano.

El propagandista kirchnerista es investigado por cometer abusos sexuales sobre una menor de catorce años de edad, quien fuese entregada por su madre a cambio de dinero y drogas. Fue detenido el 21 de octubre del año pasado en la localidad bonaerense de Merlo tras estar casi 70 días prófugo. Al momento de su detención, el fugitivo mostraba un look diferente al conocido previamente: estaba rapado, sin barba, aumentó su peso y cambió tres veces el celular.

Fuentes del caso afirmaron que el detenido se mostró visiblemente asustado. Incluso, aseguró ser “un perseguido político”. Actualmente, se encuentra preso en la alcaidía del edificio de la calle Madariaga de la PFA, ubicado en Villa Lugano.

El delincuente K pactó “un precio con la madre de una menor para que le permita acceder carnalmente a esta contra su voluntad en su domicilio; a tal fin, la joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada”, remarca un documento de la causa.

Luego de una investigación que involucró 67 días de búsqueda, efectivos de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina atraparon a Carlos Ezequiel Guazzora en la calle Carlos Tejedor al 1300 de la localidad de Merlo

La progenitora de la víctima estaba presente en el lugar de los hechos. Según consta en la denuncia, aguardaba a que la violación terminara mientras ella consumía estupefacientes. La mujer de 45 años, acusada de entregar a su hija al comunicador para que la abuse, intentó dejar el penal de mujeres de Ezeiza dos veces en los últimos dos años, con pedidos de prisión domiciliaria planteados por su defensa. Imputada por trata de personas, fue detenida el 13 de agosto del año pasado cuando acudió a votar, y también será juzgada en este proceso judicial.

La audiencia judicial comenzó durante el mediodía de hoy y será la primera de tres, programadas para los días 12 y 19 de septiembre. El militante fue trasladado en las primeras horas de hoy martes desde la Alcaldía de la Policía Federal hasta la sede del tribunal (Paraguay 1536, en el barrio porteño de Recoleta) por agentes de las Brigadas del Departamento Trata de Personas y oficiales del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales.

La causa contra Guazzora comenzó en 2022 con una denuncia de la ONG Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) de Argentina ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Durante las PASO de 2023, Guazzora —quien integraba la lista de Guillermo Moreno, Principios y Valores, como candidato a diputado provincial— no se presentó a votar, presuntamente advertido de que la policía lo estaba buscando.

LOS ABERRANTES CHATS DE GUAZZORA

Los mensajes enviados desde su cuenta de Instagram oficial, la cual usa para exponer sus entrevistas callejeras y su militancia para con Cristina Kirchner, forman parte del expediente y dan cuenta de la intención de pagarle a la madre de la víctima para que tener relaciones sexuales sin consentimiento con la menor. En el intercambio de mensajes publicado por el medio Infobae se expone el número de CBU que la implicada intercambia con Guazzora, al mismo que finalmente transfirió una suma de $100.000.

Los mensajes enviados por Guazzora son altamente explícitos y hacen mención a su intención de abusar de la adolescente: “La voy a violar para vos”, le escribió a la madre. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, suma.

Luego el notero callejero, ofreció: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”. Lo que encendió las alarmas de los investigadores es que en el mismo chat hacen mención a otras posibles víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, insiste.

Una de las respuestas de la mujer detenida que se pueden leer en los mensajes filtrados es una recriminación: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. A lo que Guazzora respondió: “Nunca te fallé, ¿ok?”.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

Interpol busca al diputado libertario prófugo denunciado por pedofilia

Germán Kiczka, diputado libertario por la provincia de Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras fugarse de la justicia. Acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, el legislador, de 44 años, es ahora objeto de una intensa búsqueda por parte de la Interpol, después de que la justicia emitiera una orden de captura internacional.

El pasado jueves —horas después de que la Cámara de Diputados de Misiones aprobara su desafuero— Kiczka escapó de su domicilio. Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda, pero no lograron detenerlo. A raíz de esto, el juez penal de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, solicitó la intervención de Interpol, ante la sospecha de que Kiczka había cruzado la frontera de manera clandestina, posiblemente hacia Paraguay o Brasil, y podría estar en camino hacia Europa.

Junto a Germán, también se encuentra prófugo su hermano Sebastián, quien está implicado en los mismos delitos. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, zoofilia e incesto.

La situación de los hermanos Kiczka se complicó aún más tras el análisis de una notebook incautada en uno de los allanamientos realizados en su domicilio. En el dispositivo, propiedad de Germán Kiczka, se encontraron 603 archivos de fotos y videos que contenían escenas de abuso sexual infantil y zoofilia, ( las víctimas son menores de 13 años). Las investigaciones revelaron que los archivos fueron descargados y distribuidos entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, utilizando aplicaciones de intercambio de archivos encriptados.

Los resultados de la investigación no se limitan a este material. También se descubrieron chats entre Sebastián Kiczka y presuntas víctimas menores de edad, en los que describía explícitamente encuentros sexuales con menores y manifestaba su interés en niñas de tan solo 12 años.

El caso causó un fuerte impacto en la política misionera y nacional. Germán Kiczka, quien ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, había pasado a formar parte del partido libertario Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente interino por tres días, en 2001, Ramón Puerta. Ante la gravedad de las acusaciones, la Legislatura de Misiones rechazó la renuncia presentada por Kiczka antes de su fuga y procedió a su desafuero, permitiendo así su arresto. De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

El caso Kiczka no solo involucra a la política provincial y nacional, sino que trascendió fronteras. La investigación que condujo a la imputación de los hermanos se originó en Estados Unidos, donde las autoridades de cibercrimen detectaron la distribución de material de explotación sexual infantil desde dispositivos en Argentina. Esta operación, realizada en colaboración con agencias internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC), incluyó allanamientos en varias provincias argentinas, siendo Misiones uno de los focos principales.

Con la activación de la alerta roja de Interpol, las autoridades de Paraguay, Brasil y otros países de la región han sido notificadas para colaborar en la captura de los hermanos Kiczka. La permeabilidad de las fronteras en la región de Misiones, caracterizada por pasos fronterizos clandestinos, complicó la tarea de localizarlos. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no cesan en su esfuerzo por encontrarlos y llevarlos ante la justicia.

El ministro de Seguridad de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que se están realizando operativos en zonas limítrofes y se mantiene la vigilancia en los domicilios de los Kiczka, en espera de cualquier movimiento que permita dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha, no se han registrado salidas legales del país, lo que refuerza la teoría de una fuga clandestina.

Redacción

info@data24.com.ar

CHACO | Detienen a dirigente piquetero por lavado de activos y asociación ilícita

Este miércoles, el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López fue detenido en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, Chaco, acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. La orden de detención fue emitida por el juez federal Ricardo Mianovich, tras un requerimiento impulsado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien lleva adelante la investigación. La captura de López se realizó alrededor de las 12:30 horas, con la participación de la Gendarmería Nacional y la Policía provincial.

“Tito” López, líder del “Movimiento de Trabajadores Desocupados – 17 de Julio”, enfrenta cargos relacionados con el lavado de activos, agravado por la presunta participación de una estructura organizada que involucra a miembros de su familia. Entre los detenidos también figuran su esposa, Librada Beatriz Romero, y sus hijos Daniel Alberto, Daniel Orlando, y Walter Ramón López. Este último se encontraría en Chile, según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que motivó la emisión de una orden de captura internacional.

La investigación contra López y su entorno comenzó tras la detección de un patrimonio que no se correspondía con su perfil económico: En febrero de este año, el piquetero reconoció públicamente que su capital ascendía a 1.600 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de las autoridades judiciales. López declaró en medios locales: “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares”.

Las primeras pruebas que sustentan la investigación surgen de una denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal del Chaco, la cual daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de dinero. A partir de estas pruebas, Sabadini solicitó una orden de instrucción judicial, que permitió al juez Mianovich avanzar en el proceso penal.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la usurpación de tierras en la región de El Impenetrable, una zona de alto valor agrícola en el Chaco. Estas tierras, pertenecientes a la empresa Timbó S.A.G.A.F.I. —propiedad del empresario Atilio Gibertoni— fueron ocupadas por López y su grupo. Según el fiscal, esta usurpación generó ganancias ilícitas que luego fueron blanqueadas.

El dirigente piquetero justificó en su momento la ocupación alegando que tenía papeles que acreditaban la compra del terreno a un tercero, aunque admitió que fue víctima de una estafa. “De las 33.000 hectáreas, yo tengo solo un cuadrado de 1.600 donde viven cinco familias”, aseguró López, quien insistió en que su lucha era por recuperar las inversiones que realizó en infraestructura.

El gobernador de la provincia, Leandro Zdero había denunciado públicamente a López en el año 2022 por la ocupación ilegal de esas tierras. En esa oportunidad, el entonces diputado señaló que la Justicia falló a favor de los propietarios de mencionada empresa y ordenó el desalojo de los ocupantes.

La detención de “Tito” López se concretó mientras él se encontraba en la Plaza 25 de Mayo dando entrevistas a medios locales. Al momento de su captura, el dirigente social aseguró que su encarcelamiento tiene motivos políticos y negó las acusaciones en su contra: “Esto es político. Me van a tener preso seis o siete meses, después saldré libre de culpa y cargo, y quién me va a pagar eso”, afirmó López.

Tras ser detenido, fue trasladado a la sección de Medicina Legal para una revisión médica y posteriormente alojado en el Escuadrón N° 51 de Gendarmería Nacional.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La investigación contra López y su familia está en pleno desarrollo. Sabadini señaló que las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a la existencia de una organización delictiva que manejaba importantes sumas de dinero de origen ilícito, con un flujo de movimientos transfronterizos, según datos aportados por la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se investiga el fraude a la administración pública, ya que López habría aprovechado la cesión de tierras por parte del Estado para realizar maniobras irregulares.

Uno de los puntos clave en la causa es la posible existencia de más delitos precedentes que habrían permitido el posterior lavado de activos. El fiscal Sabadini no descarta la participación de otros actores, aunque hasta ahora no se han emitido más órdenes de captura.

– La Policía del Chaco procedió a la colaboración con la Dirección de Investigaciones Complejas, Jefe a cargo accidental Comisario Inspector, Romando Sosa, junto a cuatro grupos antidisturbios infantería y un grupo de trabajo femenino FOEF, a fin de llevar a cabo con la detención del ciudadano RAMON “Tito” LÓPEZ, referente del Movimiento social MTD 17 de Julio, quien presentaba pedido activo de detención conforme instrumento legal Oficio 29/24 Juzgado Federal 2 de Resistencia

El proceso judicial contra López y su entorno continuará en los próximos meses, con nuevas audiencias y la incorporación de pruebas. Entretanto, la Justicia Federal avanza en la consolidación de la causa, que generó un fuerte impacto en la provincia del Chaco, debido al perfil público de López y su vinculación con movimientos sociales.

La orden de captura internacional contra Walter Ramón López, que habría salido hacia Chile el 29 de agosto, sigue vigente, a pesar de que su padre niega la salida del país.

Redacción

info@data24.com.ar

“SITUACIÓN DRAMÁTICA” | Frigerio habló de la caída de recursos y la comparó con los peores tiempos de Pandemia

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindó un crudo análisis de realidad provincial con números críticos de las cuentas públicas. En un contexto tensionado por los reclamos salariales, advirtió por la fuerte caída de los ingresos, fundamentalmente de los nacionales que explican el 75% de los recursos del Estado entrerriano.

“Estamos peor que en la pandemia“, enfatizó este martes el mandatario provincial durante una ronda de diálogo con periodistas de la provincia.

Según indicó, los recursos se ubicaron en agosto un 20% por debajo del año pasado e incluso advirtió que “son menos que en pandemia”.

Durante el encuentro en la Casa Gris, se compartió un informe que da cuenta que la Provincia enfrenta una profunda caída en sus fuentes tributarias, apenas morigerada por el ingreso extraordinario del Impuesto a las Ganancias en mayo, que permitió cancelar el vencimiento del segundo vencimiento de deuda en dólares heredada.

Por otro lado, indicaron que no se han recibido transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional, entre ellas las destinadas a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, motivo por el cual el Tesoro Provincial debe suplir dicho recorte. En ese sentido, destacó las medidas de austeridad del gasto público y las reformas en el sistema previsional con el objetivo de “desandar la bomba”.

“La emergencia se sostiene y los objetivos no son los que trazamos al inicio de gestión“, lamentó Frigerio, quien destacó que no se observa una proyección de mejora de la actividad que impacte positivamente en los recursos. En esa línea, dijo que la prioridad hoy es sostener la provisión de alimentos y garantizar el empleo público -que significa el 90% de los recursos corrientes- y que no cierren puestos de trabajo en el sector privado -ya son 5.000 en el año, precisó.

En este contexto, el gobernador reconoció que los salarios quedaron muy bajos frente a la inflación. Planteó que la realidad de las familias se agravó con aumentos importantes como tarifas “por decisión del Gobierno nacional”. De todos modos, aseguró que siguen buscando “alternativas para poder realizar una propuesta superadora a los gremios”.

Redacción

info@data24.com.ar

La Justicia investiga a empleados de Aerolíneas Argentinas por usar huellas digitales truchas para faltar al trabajo

En medio de la reestructuración y reducción de personal impulsada por la administración de Javier Milei, un escándalo que envuelve a Aerolíneas Argentinas salió a la luz. La Justicia investiga un insólito caso de fraude laboral que pone en duda la efectividad de los sistemas biométricos de control de asistencia en la empresa estatal. La investigación, a cargo del juez federal Julián Ercolini, apunta a un grupo de empleados que utilizaban dedos de goma con huellas digitales truchas para registrar su presencia en el trabajo, a pesar de no acudir físicamente.

Este caso fue inicialmente revelado en 2019 por Infobae y fue actualizado recientemente por la agencia Noticias Argentinas, en el contexto de la actual administración. En aquel año, el primero del Frente de Todos, la investigación realizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) culminó con el despido de seis trabajadores de mantenimiento de Austral, una de las filiales de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, las sospechas de la Justicia indican que el número de implicados podría ser mucho mayor y que esta práctica fraudulenta habría continuado durante la gestión de Alberto y Cristina Fernández.

El esquema delictivo era ingenioso y a la vez simple: de un grupo de seis empleados, solo uno asistía al trabajo, mientras que los otros cinco no se presentaban. Para burlar los controles, el trabajador presente utilizaba dedos de silicona que replicaban las huellas digitales de sus compañeros ausentes, permitiendo que todos ellos figuraran como presentes y cobraran sus salarios. Este método, si bien sofisticado en su ejecución, expone las vulnerabilidades de los sistemas biométricos que, en teoría, deberían ser infalibles.

Una investigación en marcha

El juez Ercolini tiene en su poder uno de los dedos de goma utilizados en el fraude, así como la declaración de un testigo de identidad reservada, quien tuvo que ser trasladado del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery a una estación aeroportuaria en el interior del país para garantizar su seguridad. La investigación, sin embargo, enfrenta obstáculos significativos.

Julián Ercolini

Según fuentes judiciales, la PSA solicitó en su momento una revisión más profunda, incluyendo la apertura de los lockers de los empleados en Aeroparque, lo que podría haber arrojado más pruebas y revelado a más implicados. No obstante, esta solicitud no fue autorizada, lo que limitó la capacidad de la Justicia para desmantelar por completo la operación fraudulenta.

Dentro de la empresa, se señala a Héctor Binda, subgerente de mantenimiento, y Pascual Federico Loffa, del mismo sector, por su presunta falta de acción ante las irregularidades. Aunque Loffa —que también fue vocal suplente en el gremio Unión Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA)— asegura que no tenía responsabilidad directa, la investigación lo mantiene bajo escrutinio.

La reestructuración de la aerolínea del Estado

Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas avanza con un plan de reestructuración bajo la dirección de Fabián Lombardo. El objetivo es reducir la plantilla en unos 500 empleados, parte de una estrategia más amplia que incluye la apertura de un programa de retiros voluntarios con un fondo de 60 millones de dólares y un plan de jubilaciones anticipadas. Entre junio y agosto de 2024, la compañíaredujo su personal en 274 trabajadores, con recortes que abarcan diversos gremios, incluyendo 41 empleados de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), 113 del personal de tierra (APA), y 37 técnicos aeronáuticos (APTA).

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas

A pesar de estas medidas, los números oficiales han generado controversia. En diciembre de 2023, Aerolíneas Argentinas contaba con 11.926 empleados para operar 84 aeronaves, lo que arrojaba un promedio de 142 empleados por avión. Para mayo de 2024, la empresa reportaba 11.497 empleados, aunque fuentes internas aseguran que el número real era de 11.924. Al 6 de agosto de 2024, la dotación se redujo a 11.171 empleados para 86 aeronaves, disminuyendo el promedio a 129,9 empleados por avión.

Redacción

info@data24.com.ar

Córdoba | Martín Gill, el funcionario de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex mujer sigue en el cargo

La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.

En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.

Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.

El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.

La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.

El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.

“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.

Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.

Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.

El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.

La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.

Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.

Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.

En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gill tras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.

¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?

En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.

Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.

Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.

“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.

Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.

En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.

Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.

También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.

Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.



*Fuente: La Voz – Verónica Suppo

Redacción

info@data24.com.ar

ORO DE LAS RESERVAS | El BCRA admitió giros al exterior, pero no da detalles sobre los envíos

El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.

La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.

En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.

¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?

La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.

Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.

EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO

De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.

“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.

“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.

Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.

El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.


Redacción

info@data24.com.ar

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now