Insfrán dilapidó millones en recitales para la localidad más pobre de Formosa, mientras el 70% de los niños viven en la pobreza
Mientras Formosa enfrenta una grave crisis social con índices alarmantes de pobreza e indigencia, el gobierno destinó más de 200 millones de pesos a la contratación de artistas para celebrar el aniversario de una de las localidades más empobrecidas.
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El gobernador ultrakirchnerista Gildo Insfrán dirige la provincia de Formosa con mano de hierro desde 1995, y si culmina su octavo mandato en diciembre de 2027, habrá acumulado 32 años consecutivos al frente del Ejecutivo provincial.
De acuerdo con un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), Formosa enfrenta una grave situación social y económica. Al primer trimestre de este año, el 72% de su población vive en la pobreza, mientras que la tasa de indigencia alcanza el 24%. La situación es aún más crítica entre los niños: 7 de cada 10 menores residen en hogares pobres, y 3 de cada 10 en hogares indigentes, es decir, sin ingresos suficientes para cubrir una Canasta Básica Alimentaria, cuyo valor es de $873.168,77.
Solo por el contrato con El Chaqueño se pagó casi 100 millones de pesos
A pesar de este escenario alarmante, el gobierno de Insfrán destinó millones para la organización de un festival en una de las localidades más empobrecidas de la provincia, Los Chiriguanos (Departamento Bermejo), situada a 408 kilómetros al oeste de la capital provincial. La periodista Julieta González, de Prensa Libre Formosa, reveló que el evento se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre con motivo del 93º aniversario del pueblo.
El gobierno provincial gastó más de 200 millones de pesos en la contratación de artistas de renombre, entre ellos El Chaqueño Palavecino y “El Indio” Lucio Rojas. Solo por el contrato con El Chaqueño, la administración desembolsó alrededor de 32 millones de pesos, cifra que, sumada a otros gastos e impuestos (como el 21% de IVA), eleva el costo total del artista a más de 60 millones de pesos.
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Directo y sin ceremonia, A Sangre Fría desembarca en Canal Ey! para cuestionar a las leyendas del mundo literarios. Álvaro Zicarelli pone sobre la la mesa de Canal Ey! obra, vida y época, y los examina pieza por pieza.
Para el escritor y analista político, el libro es camarada, no reliquia; lo abre como quien desarma un reloj y lo enfrenta al pulso de la calle. Cada episodio promete una lectura clara y provocadora con un objetivo simple: que, al apagar la pantalla, alguien salga a buscar el autor del día.
— ¿Qué motivó la creación de A Sangre Fría?
Es lo mismo que me impulsa cuando escribo un libro o creo cualquier contenido: tiene que ser algo que yo mismo consumiría. Necesito sentirme identificado con lo que estoy compartiendo, no podría conducir un programa que no me represente en sus ideas o en su tono.
— La relación directa del nombre del programa con la obra homónima de Truman Capote…
Fue el primer libro suyo que leí, a los 17 años, y desde entonces lo releí dos veces más, en distintas ediciones y etapas de mi vida. Me atrapó no solo por el crimen en sí, sino por el modo en que Capote retrata a los personajes, su entorno, y cómo pule cada palabra.
Pero también hay una segunda lectura del título. Mi intención en el programa es separar esa admiración para poder analizar a cada autor —su obra, su contexto, su vida— con sangre fría, de manera objetiva.
— Conceptualmente, ¿Qué sería “acorralar, analizar y diseccionar” obras y autores?
Tiene que ver justamente con esa mirada integral. Tomar al autor, su vida, su época y su obra, y acorralarlo en un “todo” que pueda ser analizado.
Encuadrarlo en su contexto, entenderlo sin sacarlo de su marco. Luego viene el análisis, que busca determinar qué es esencial y qué es accesorio. Y finalmente la disección: partir esa totalidad en fragmentos, en piezas que podamos observar con mayor claridad.Como si una obra de arte fuera convertida en un rompecabezas que se vuelve a rearmar.
— ¿El análisis va a tener un tono académico, narrativo, provocador, irónico…?
La idea es hacer un análisis completo, pero con lenguaje coloquial. Quiero divertirme al hacerlo y que quien lo mire se divierta también, incluso si no está de acuerdo con lo que digo. Pero que me entiendan.
Para mí, hablar difícil no demuestra sabiduría; muchas veces se usa la jerga para ocultar la ignorancia. No me interesa cuántas reproducciones pueda tener el programa. Me importa que alguien lo vea de principio a fin y diga: “Le entendí”.
— ¿En qué se diferencia A Sangre Fría de otros programas culturales o literarios?
Principalmente en el formato y en el tono. Por ejemplo, Juan Sasturain hacía algo maravilloso en Ver Para Leer, un programa que me encantaba por cómo presentaba a los autores y desglosaba sus obras. Él fue un precursor. Quizás dejaba a entrever su simpatía o antipatía con ciertos autores. En mi caso voy a mantener el análisis frío y objetivo.
— Comentaste que buscás que se entienda el contenido del programa. Pero ¿cuál es tu objetivo más personal con este proyecto?
Si una persona mira el programa completo, sin distracciones, y algo le resuena… me doy por hecho. Pero además quiero visibilizar autores que quizás vimos películas o series basadas en sus obras literarias. Por ejemplo, Phillip Dick, que escribió El vengador del futuro y Blade Runner, su nombre aparece apenas en los créditos de las películas. Claro que voy a hablar de Jorge Luis Borges y Stephen King, pero también de esos autores que merecen su lugar.
Y si alguien que no suele leer, después de ver A Sangre Fría entra a una librería y pregunta por un libro del autor del episodio que vio, me voy a dar por victorioso.
En la plaza local, el Merval aumentó +4,3% en pesos a 2.202.667,32 puntos, mientras que se incrementó 4,7% en dólares, a 1.845,01 puntos. Entre los papeles líderes, las subas fueron lideradas por YPF (+6,8%), Transener (+6,0%), Telecom (+6,0%), Transportadora Gas del Norte (+5,9%) y Banco Galicia (+5,3%).
En Wall Street, los ADRs que más subieron fueron los de YPF (+7,7%), Telecom Argentina (+6,8%), Grupo Financiero Galicia (+6,1%), Banco Supervielle (+5,0%) y Edenor (+4,7%).
Por su parte, los bonos en dólares cotizaron en alzas encabezadas por Bonar 2041 (+1,5%), Global 2030 (+1,3%) y Bonar 2038 (+1,3%). En este contexto, el riesgo país se ubicó en 666 puntos básicos, marcando una caída de 3,2% con respecto a la jornada anterior.
Los mercados reaccionaron positivamente a las medidas anunciadas por el Banco Central, que avanzará en la eliminación de puts sobre títulos públicos en manos de bancos y volverá a ofrecer BOPREAL(Serie 4) para cubrir deudas comerciales y dividendos pendientes previos a 2025.
A esto se suma la decisión de dejar de emitir LEFI a partir del 10 de julio y canjear su stock por instrumentos líquidos y negociables como LECAPs. “Esta decisión marca un cambio hacia un sistema monetario más convencional, donde las tasas de interés son determinadas por el mercado en lugar de ser fijadas como instrumento de política”, señalaron desde el CEPEC.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
La crisis de las chapas patentes metálicas persiste en todo el país y dejó 655.548 vehículos con matrículas de papel hasta fines de abril, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El faltante superó las 600.000 unidades luego de que la Casa de la Moneda dejara de producirlas y el Estado adjudicara la tarea a Tönnjes Sudamericana S. A., que comenzó a operar a finales de abril de este año.
En su última exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al diputado Oscar Agost Carreño (PRO): “El mes que viene estará solucionado”. Sin embargo, iniciado junio, autos y motocicletas continuaron circulando con papeles pegados en parabrisas y lunetas.
La validez de esas matrículas provisorias se extendió de 30 a 180 días, pese a que lo habitual habría sido una semana. Al ser de cartulina, muchas se deterioraron o se despegaron, por lo que surgieron propuestas de reemplazarlas por versiones plásticas. Desde la Secretaría de Justicia descartaron la alternativa y precisaron: “No habrá matrículas de plástico, ni para las pendientes ni para el futuro. Ya se está trabajando y en breve se va a normalizar”.
El faltante comenzó en 2023, cuando la falta de dólares complicó la importación de insumos. El traslado de maquinaria entre la ex Ciccone y la Casa de la Moneda agravó el “cuello de botella” durante 2024. Un vocero del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que la “faltante de placas comenzó durante los últimos años de la gestión kirchnerista por la escasez de dólares para importar insumos que se utilizan en su producción”.
Los primeros lotes fabricados por Tönnjes presentaron cambios menores en logotipos y una variación mínima en la bandera argentina, detalles que permiten identificar la nueva partida.
Desde Resistencia, Chaco, un titular de Registro señaló: “Entre diciembre y mayo nos mandaron diez cajas, que sólo trajeron 260 chapas de 4.000 que tenemos acumuladas. Pero ahora están llegando nuevas cajas con la numeración nueva. Veremos si de a poco empiezan a actualizar lo antiguo en poco tiempo”.
En Santa Fe, el gerente de ventas de una concesionaria afirmó: “Hasta la semana pasada (mediados de mayo de este año) todos los autos que entregábamos eran con matrícula de papel, pero ayer uno de los Registros de Rosario empezó a darnos chapas metálicas, así que ese es un buen indicio. Ojalá en poco tiempo recibamos las placas nuevas, porque hay mucho reclamo de los usuarios”.
El diseño vigente desde 2016, que habilitó 450 millones de combinaciones, sufrió problemas de legibilidad. Un especialista consultado por el medio especializado en economía, iProfesional, advirtió que “el tema de la falta de buenos insumos para las chapas viene desde la presidencia de Alberto Fernández. Sencillamente, se despintan, pierden el color, se borran. Es increíble”. Un comisario de la Policía de la Ciudad coincidió: “Se trata, simplemente, mala calidad en la pintura de las placas y es un hecho aprovechado por ‘los vivos de siempre’, que dañan sus chapas a propósito y adjudican la imposibilidad de leerlas a la falla de fábrica”.
El Gobierno aseguró que normalizará la provisión durante el segundo semestre gracias a la liberación de importaciones y al ajuste de la nueva fábrica. Hasta entonces, cientos de miles de rodados seguirán identificándose con un precario código de papel.
El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.
El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.
La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.
El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.
Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.
De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.
La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.
“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.
En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.
CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.
EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”
En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.
El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.
¿Crisis real o campaña encubierta?
A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.
La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.
Una gestión que va a contramano del país
Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.
Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.
A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.
Una estrategia electoral encubierta
El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.
La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?
La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
