23 diciembre, 2024

Lopérfido a Milei: “Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren”

El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado.
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La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).

Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.

No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.

El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.

El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.

Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.

Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.

Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.

La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.

Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.

Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.


* Dario Lopérfido – Noticias Argentinas

Redacción

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Javier Milei prohíbe el cambio de cárcel por “identidad de género”

Durante el acto de Entrega de Sables de la Policía Federal, el presidente, Javier Milei hizo referencia al cambio de género de los presos en las cárceles. “Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paragüas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, dijo.

Dicho acto tuvo epicentro en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado Patricia Bullrich. Hizo referencia a que los presos hacen uso de este cambio de género para que los trasladen a cárceles de mujeres y así aprovecharse de las reclusas.

Estas declaraciones son una respuesta a dos casos que resonaron fuerte en la opinión pública durante los últimos días: el preso de Bouwer que se autopercibió mujer y fue trasladado a un pabellón femenino donde cometió abusos, y el de Ariel Cantero, líder de los Monos, quien dijo autopercibirse mujer y pidió -mediante un habeas corpus- el traslado a la cárcel femenina de Marcos Paz.

“LOS BUENOS SON LOS DE AZUL, LOS MALOS SON LOS DELINCUENTES”

El presidente resaltó los logros de gestión en materia de seguridad y reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas: “Era tal el ninguneo que se llegó al absurdo de liberar presos o castigar policías por hacer su trabajo”, planteó.

“Nosotros venimos a girar el timón 180 grados, el monopolio de la fuerza y la represión del delito es una responsabilidad pública e indelegable”, siguió.

En este sentido, recordó que mantendrá “tres pilares fundamentales” en su gestión. El primero: “El que las hace las paga, el delito hay que castigarlo en todo momento y lugar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Luego, en referencia a los piquetes, dijo que “el orden público es sagrado, la calle es de todos, no la pueden secuestrar un puñado de inadaptados”. Y por último, el tercer eje: “Los buenos son los de azul, los malos son los delincuentes. El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios”.

“La misión de este Gobierno es establecer bases que sean duraderas para restablecer la grandeza de nuestra Nación, en seguridad y en los demás órdenes de la vida también. Porque entendemos que llegará el día en el que nosotros no seamos gobierno y le tocará a otros continuar con nuestro legado. Las Fuerzas de Seguridad tendrán que sostener los pilares que reivindican el rol social de las fuerzas del orden. Ustedes serán los verdaderos protagonistas de este cambio de paradigma”, le dijo Milei a los uniformados presentes en el Salón Blanco.

Y finalizó con dos consignas que definió como “verdades inmutables”: “La seguridad pública es indispensable para el crecimiento de nuestro país, y son las leyes las que separan a los hombres de las bestias, y están para ser cumplidas”.


Redacción

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El Gobierno reglamentó la Boleta Única Papel: ¿Cómo funcionará?

El Poder Ejecutivo reglamentó las medidas máximas y mínimas que deberá tener la Boleta Única de Papel (BUP) y estableció las pautas técnicas y materiales necesarios para la implementación de este nuevo mecanismo de sufragio que comenzará a utilizarse en las elecciones legislativas del próximo año.

La ley 27.781, que establece la Boleta Única de Papel (BUP) como instrumento de votación, fue sancionada el 1° de octubre de este año en el Congreso de la Nación y promulgada 17 días después a través del Decreto 915/2024.

Según el Decreto 1049/2024, publicado en la última edición del Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la BUP contendrá en su frente una composición de cuatro tintas, además de un espacio en su dorso destinado a la firma del presidente de mesa, y la identificación del tipo y fecha de la elección.

Según se aclara, únicamente podrá contener imágenes y/o leyendas que la Justicia Federal con competencia Electoral determine para cada elección y su dorso no podrá superar las composiciones de dos tintas.

También tendrá un espacio en su margen izquierdo, inmediatamente a continuación del talón troquelado, destinado a la individualización del distrito, circuito y sección en caso de corresponder; un margen de seguridad superior, inferior y derecho de al menos 0,5 centímetros, que facilite su refilado; y en ningún caso podrá contener datos identificatorios que permitan individualizar las Boletas Únicas de Papel.

Además de las medidas correspondientes para su ancho y su alto, el anexo de la normativa indica que cada talonario contendrá una carátula, una contratapa, las Boletas Únicas de Papel correspondientes y talones troquelados de una extensión de 4 centímetros de ancho adheridos a cada una de las boletas en los que constará la información de serie y numeración correlativa dispuesta por el artículo 62 ter del Código Electoral Nacional.

Según el decreto, son votos válidos aquellos emitidos en boleta única oficializada, donde las marcas en los casilleros sean claras y evidentes. Son votos válidos: los afirmativos en los que el elector marca una opción electoral por una o más categorías y en blanco cuando la persona no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

Son considerados votos nulos los emitidos mediante una boleta única no oficializada, aquellos que contengan dos o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría, los que por una rotura no se logre identificar alguna de las opciones marcadas, aquellos en los que aparezcan inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral que no permitan identificar la opción escogida; y los que incluyan objetos ajenos a la boleta en el pliego.

*Fuente: Agencias

Redacción

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CHACO | Más del 66% de las pensiones por invalidez laboral eran irregulares

Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó severas irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la provincia de Chaco. Más del 66% de los beneficiarios auditados no cumplían con los requisitos establecidos para percibir el subsidio. En algunos casos, los fraudes resultaron alarmantes, involucrando diagnósticos falsos, informes médicos irregulares e incluso confesiones de fraude.

La auditoría, encabezada por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue parte de una serie de operativos desplegados en localidades chaqueñas —Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli—. Los trabajos pusieron bajo la lupa las pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.

  • 2689 beneficiarios fueron citados a la auditoría, de los cuales 2344 (87,17%) asistieron.
  • Solo 365 casos (13,58%) cumplieron con los requisitos.
  • 1796 casos (66,79%) fueron declarados desfavorables y serán dados de baja.
  • 345 beneficiarios (12,83%) no se presentaron.
  • Otros 183 casos (6,81%) continúan bajo fiscalización médica.

Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran situaciones que evidencian un esquema de corrupción y negligencia.

  • Amputación falsa: A una mujer se le otorgó la pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, pero la auditoría confirmó que estaba en perfecto estado de salud.
  • Diagnósticos contradictorios: Beneficiarios presentaron informes inconsistentes; por ejemplo, alegaban tener hipertensión, mientras el Cuerpo Médico registró diagnósticos de diabetes.
  • Cáncer de mama inexistente: Una mujer cobró una pensión por cáncer de mama, pese a nunca haber sido diagnosticada ni haberse realizado exámenes médicos.
  • Pensión por pie plano: Una niña recibió el beneficio por un diagnóstico de pie plano, lo que generó dudas sobre los criterios utilizados.
  • Confesión de fraude: Una mujer admitió que su pensión fue gestionada por su empleadora con el único fin de evitar pagar su salario.

En el caso de Taco Pozo, donde el 10% de los habitantes percibe pensiones por invalidez, la auditoría encontró que el 97% de los beneficios eran fraudulentos. El fiscal federal Carlos Amad denunció un esquema que involucraba a médicos, gestores, funcionarios municipales y al intendente Carlos Antonio Ibáñez. Las investigaciones revelaron que se pagaban hasta 30.000 pesos para obtener certificados falsos y dar inicio a expedientes aprobados sin control. Además, se descubrió un patrón de familias completas que accedían a pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo menores de edad que aparecían como beneficiarios sin ninguna discapacidad.

Amad informó que en allanamientos realizados en viviendas particulares se incautaron cuadernos con registros de pagos de coimas, certificados médicos falsificados y evidencia de complicidad entre gestores y autoridades locales. Entre los diagnósticos irregulares figuraban enfermedades como “Mal de Chagas”, “diabetes” y “traumatismos de columna lumbar”, utilizados para justificar las solicitudes de pensiones.

Según datos oficiales, durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a estas pensiones, lo que equivale a un perjuicio de 3.400 millones de dólares al año. Esta cifra representa un impacto severo para un sistema que debería priorizar a las personas con discapacidad real.

Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “Esto es una vergüenza que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos comprometidos a limpiar este sistema corrupto y devolver los recursos a quienes realmente los necesitan”.

UNA TRAMA QUE DURÓ DÉCADAS

La investigación revela que el esquema de corrupción en las pensiones no contributivas no es reciente. Según la ANDIS, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones se incrementó de 80.000 a 1.050.000. Esta cifra, según fuentes oficiales, es “inédita incluso en países devastados por conflictos bélicos”.

Durante la administración de Mauricio Macri, el número de beneficiarios se mantuvo estable, pero en la gestión de Alberto Fernández, la cifra ascendió a 1.250.000. Investigaciones actuales sugieren que la falta de controles médicos rigurosos fue clave para la expansión de este fraude.

El fiscal Amad destacó que estas pensiones eran “moneda de cambio para favores políticos”, perjudicando a quienes realmente las necesitan. Además, señaló que muchos solicitantes que presentaron documentación válida fueron rechazados debido a la saturación generada por expedientes fraudulentos.

Diego Spagnuolo aseguró que el objetivo de las auditorías es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y poner fin a la corrupción. Para ello, se implementaron nuevos controles médicos y cruces de datos con otras instituciones del Estado. Desde la ANDIS, explicaron que “esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos que pagan sus impuestos”.

Redacción

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LAVADO DE DINERO Y EMPRESAS OFFSHORE: El escándalo judicial que complica a Axel Kicillof y Jorge D´Onofrio

Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).

Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.

La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.

Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.  

HECHOS

El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:

1.- VTV Norte SA (CUIT  30-68520007-0);

2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);

3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);

4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);

Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.

La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.

En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.

La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.

Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.

Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.

Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.

La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.

Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.

Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.

Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.

El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.

Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.

Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.

A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.

Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.

En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.  

Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.

EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:

Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.

Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.


*Fuente: RealPolitik

Redacción

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Proponen prohibir el ingreso a estadios a deudores alimentarios en CABA

La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente un proyecto de ley que establece la prohibición del acceso a los estadios de fútbol a aquellos padres que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos.

La reforma, que fue presentada por el legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), establece que cualquier progenitor que adeude dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario será automáticamente restringido de ingresar a los partidos. Esta medida se implementará sin necesidad de la intervención de un juez, simplemente con la verificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

En una reunión encabezada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, se destacó la dimensión de género de la problemática, dado que el 98% de los afectados por la falta de pago son mujeres, y dentro de este grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Parry subrayó que el proyecto también introduce medidas que buscan optimizar el cobro de las deudas alimentarias y proteger los derechos de niños y niñas, quienes son los principales perjudicados por la morosidad.

La iniciativa contempla que quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no solo verán restringido su acceso a los estadios de fútbol, sino que también se les podrán aplicar otras sanciones, como la responsabilidad solidaria de los empleadores que intenten ocultar dichas deudas.

En cuanto a la implementación de la medida, Del Gaiso explicó que utilizará las mismas herramientas tecnológicas que ya se emplean para controlar el ingreso de barrabravas a los estadios. “Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad”, sostuvo el legislador. Además, destacó que esta medida representa un “hecho de justicia”, ya que considera que es injusto que un progenitor que no cumple con sus responsabilidades alimentarias tenga la posibilidad de gastar grandes sumas de dinero en entretenimiento. “Si tenés 100 mil pesos para ir a un partido de fútbol, pero no le pasás ni un centavo a tus hijos, sería justo que esta ley fuera posible”, afirmó.

El proyecto de ley también establece que, al momento de ingresar a los estadios, los asistentes deberán presentar su DNI, y si se encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se activará una alerta que impedirá su acceso. Esta medida no solo afecta a los padres morosos, sino que también tiene como objetivo enviar un mensaje claro sobre las responsabilidades familiares.

El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable, se someterá a votación en la próxima sesión de la Legislatura porteña, prevista para el 12 de diciembre. La propuesta ha generado una amplia discusión, pero Del Gaiso se mostró optimista respecto al apoyo que recibirá de diversas fuerzas políticas. Aunque mencionó que podría haber algunas sorpresas, como ya ocurrió en votaciones anteriores, el legislador espera que la medida sea respaldada por la mayoría de los diputados, incluidos los de La Libertad Avanza (LLA).

Con esta reforma, el legislador porteño también destacó la importancia de priorizar las necesidades básicas de los hijos sobre los gastos personales de los deudores alimentarios, alineándose con una postura que busca la justicia social y una distribución más equitativa de los recursos en la sociedad.

Redacción

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El Mercosur y la Unión Europea acordaron un tratado de libre comercio

En la sexagésima quinta cumbre del Mercosur, realizada en su sede en Montevideo, se reunieron los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Lula da Silva, de Brasil, Luis Arce, de Bolivia, Santiago Peña, de Paraguay, y Javier Milei, de Argentina. 

A su vez, estuvo presente Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, quien manifestó en sus redes sociales: “Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur. Esto marca el comienzo de una nueva historia. Ahora espero discutirlo con los países de la Unión Europea. Este acuerdo funcionará para las personas y las empresas. Más empleos. Más opciones. Prosperidad compartida”, expresó en su cuenta de X.

Sin embargo, este acuerdo deberá ser firmado por cada uno de los países que conforman la Unión Europea, para que se haga efectivo el intercambio comercial. En este sentido, von der Leyer expresó que “este acuerdo es una victoria para Europa. 30000 pequeñas empresas europeas ya exportan al Mercosur. Seguirán muchas más. UE-Mercosur refleja nuestros valores y compromiso con la acción climática. Y nuestros estándares de salud y alimentación siguen siendo intocables.” 

Este tratado comercial birregional generará una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Se reducirán aranceles, barreras comerciales, y se dinamizará la exportación de bienes entre las empresas de ambos continentes. Esto representa un mercado de más de 700 millones de consumidores y casi el 25% del PBI mundial, con más de U$D 17 billones.

Uno de los países que se opondría a este tratado es Francia, ya que considera que este acuerdo generará perjuicios a los agricultores franceses. Su presidente Emmanuel Macron buscará crear una minoría que bloquee el acuerdo que impida la ratificación del tratado. Por su parte, países como Alemania, España y Portugal, son grandes impulsores de este pacto.

El presidente argentino, Javier Milei, fue nombrado presidente pro-tempore del Mercosur, en reemplazo de Luis Lacalle Pou. En su discurso, fue crítico de los manejos del bloque a lo largo de estos años, “fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global”, expresó. Además, afirmó que el Mercosur “no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado”. Por este motivo, invitó a los países a que “acepten que este modelo está agotado, y busquemos una nueva fórmula que nos beneficie a todos”.

Milei confirmó que presentará una propuesta para ajustar el arancel común a estándares internacionales, generando mayor competencia en los mercados. Su presidencia buscará un régimen de mayor flexibilidad y autonomía comercial para los integrantes del bloque, para que cada país pueda comerciar acorde a sus necesidades y conveniencias. En materia de seguridad, se propondrá crear una agencia que persiga a las bandas criminales que operan en la triple frontera y buscan dominar los territorios de los países miembros.

Redacción

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