31 agosto, 2024

ALBERTO MATÓ AL KIRCHNERISMO: La terrible encuesta que preocupa a La Cámpora

Un relevamiento realizado esta semana analiza el impacto de las denuncias contra Alberto Fernández y revela muy malas noticias tanto para Cristina Kirchner como para el kirchnerismo: ¿Qué dice?
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La imputación a Alberto Fernández por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia por corrupción en la contratación de seguros del Estado no afectan solo la imagen del expresidente: también impactan de lleno en el peronismo y, en particular, en el kirchnerismo.

Así lo señala una nueva encuesta de DC Consultores en la que la mayoría de los consultados asegura que es imposible que ambos espacios políticos se despeguen del escándalo en que devino la violencia física que se le imputa al expresidente contra la ex primera dama.

La denuncia que Yáñez presentó semanas atrás no solo destapó un escándalo mediático que puso en jaque a la ya golpeada figura de Fernández, sino que también generó un tsunami dentro del peronismo.

Es que la causa Seguros que denunció el primer titular de ANSES de Javier Milei, Osvaldo Giordano, destapó luego otro caso que posiblemente sea más sensible al ojo público: la violencia física, psicológica y de género que el expresidente presuntamente ejerció contra la ex primera dama.

La primera de estas investigaciones, la cual comenzó meses atrás, revela mensajes de texto de Fernández en los que se observa un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de seguros estatales a intermediarios de la mano de Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, su histórica exsecretaria.

Fue un mensaje de esta última con Yáñez el que destapó el segundo escándalo y, luego, la denuncia de la ex primera dama, la cual vino acompañada con fotos de los golpes, declaraciones cruzadas, denuncias por consumo de sustancias y una infinidad de detalles que señalan una relación más que tormentosa entre Fernández y su entonces pareja.

Esta situación que, tal como marca Facundo Nejamkis, no solo “da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial”, sino que también “desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general”.

Esto mismo analiza la última encuesta de DC Consultores realizada entre este lunes y martes sobre la imagen de Alberto Fernández y el peronismo en medio del escándalo: ¿Qué revela para el futuro del espacio?

LA CATÁSTROFE DEL ESCÁNDALO ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL KIRCHNERISMO

La última encuesta de la consultora CD analiza el impacto en la sociedad de las causas judiciales recientes de Alberto Fernández, tanto la que lo investiga por favorecer el otorgamiento de seguros del Estado como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez.

Respecto a esta última, de los 3640 consultados, un 65,7% no cree ni las declaraciones de la ex primera dama, ni las del expresidente, mientras que un 35,1% le cree a ella y solo un 2,2% le cree a él: una clara señal de la crisis de credibilidad de Fernández.

La siguiente pregunta ya compromete a la expresidenta y entonces vice de Fernández, Cristina Kirchner, quien en 2019 fue la responsable directa de su candidatura: ¿Cree la gente que ella se podrá despegar políticamente de él? La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: un 77,4% cree que no podrá. 

La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: solo un 22,6% cree que CFK será capaz de despegarse de los escándalos de Fernández, mientras que un 77,4% cree que no podrá. 

Consultados sobre qué espacio político saldrá más perjudicado de esta causa, si el peronismo o el kirchnerismo (más alejado de Alberto durante su gestión), este último fue el más perjudicado: un 64,6% cree que el kirchnerismo sale peor parado, mientras que un 35,4% cree que lo hace el peronismo.

En el caso de las figuras políticas más afectadas, un 79,5% cree que los casos perjudican principalmente a Cristina Kirchner, mientras que un 14,2% cree que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es el más golpeado. Sergio Massa, por su parte, solo alcanzó un 6,3%.

Las últimas dos preguntas se refieren particularmente al futuro electoral del kirchnerismo: un 68,5% cree que este espacio “termina con Alberto”, mientras que un 31,5% piensa que puede reconstruirse.

Este número muestra el gran desafío que La Cámpora tiene por delante: a la ya mala imagen que tiene en las encuestas, con sus dirigentes generalmente por debajo de Javier Milei y sus funcionarios, el escándalo de Alberto Fernández aparece como un clavo fatal en el cajón del kirchnerismo, espacio que deberá repensar de forma inteligente su armado para sobrevivir.

En esta línea, tan solo un 22,2% de los consultados votaría al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que un 77,8% asevera que, “pongan a quien pongan”, no lo harían.


*Fuente: Zoe Braziulis – El Cronista Comercial

Redacción

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Estudiantes liberales reemplazan murales comunistas con pinturas de próceres

En el primer día de facultad, el asombro frente a la abrumadora cantidad de afiches y pinturas políticas que inundan las paredes de las facultades es un factor común entre los nuevos estudiantes universitarios.

Ahora, el auge de los principios liberales da vuelta el panorama. Cansados del monopolio discursivo de la izquierda, estudiantes liberales de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá que resultaron triunfantes de las elecciones del centro hace dos meses, taparon con pintura los murales del claustro que tenían simbología comunista.

“Después de tanto tiempo de esta imposición de ideologías marxistas, la agrupación MEL de la Facultad de Economía se dará los honores de limpiar esta facultad de este pensamiento nefasto que no apoyan en nada a los países ni a sus economías” señaló uno de los alumnos. El Movimiento Estudiantil Liberal informó, además, que en los murales restaurados realizarán talleres de dibujos de figuras propias de la cultura y la historia de su país, Panamá.

El pasado 13 de junio, los alumnos liberales triunfaron en las elecciones del centro de estudiantes derrotando a dos listas de izquierda —que “han tenido secuestrado al estudiantado por décadas”, señalaron— con el 41.2% del total de los votos, consagrándose como los primeros liberales en la administración del centro.

Redacción

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Acorralada por tuiteros libertarios, la diputada Ponce negó haber recibido retornos pero no aclaró su situación

A mediados del mes pasado, DATA24 reveló que la diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce, les exigía a sus asesores una parte significativa de sus sueldos. Una de las afectadas, María Guillermina Ruiz, comentó: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 mil y yo me quedaba con 200 mil”.

A finales de julio, el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por los presuntos delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, bajo la dirección de Julián Ercolini.

En la tarde de hoy, tras más de veinte días de silencio, presiones por parte de diputados del bloque de La Libertad Avanza y de los usuarios de las redes, quienes le pedían que esclarezca su situación judicial, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: "ES FALSO". En ese sentido, publicó que "esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia". Además, alegó que todo es una "operación política" contra el oficialismo, a pesar de las capturas de los comprobantes de transferencias bancarias publicadas por este medio.

El posteo, con casi cincuenta mil reproducciones, generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: "Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos". Finalmente, pidió a la comunidad en redes que "entiendan" que es diputada: "No soy una tuitera".

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Redacción

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Arrieta presentó un proyecto de investigación interna y explotó el bloque de LLA en Diputados

La diputada Lourdes Arrieta presentó un proyecto de resolución solicitando la creación de una comisión especial que investigue la polémica visita de legisladores al penal de Ezeiza el pasado 11 de julio.

Este pedido surge tras la controversia generada por la actividad, de la que la propia Arrieta formó parte, la cual fue percibida como institucional pero que ahora se encuentra bajo escrutinio.

La propuesta de Arrieta busca establecer una comisión dentro de la Cámara de Diputados con el objetivo de investigar los hechos que rodearon la visita al complejo penitenciario. Esta comisión tendrá un plazo de sesenta días para llevar a cabo su trabajo, durante el cual podrán solicitar pruebas y testimonios relevantes.

Según el documento presentado, la comisión estará integrada por un presidente, un vicepresidente y tres secretarios, y su conformación deberá completarse en un plazo de diez días desde la aprobación del proyecto. Las reuniones seguirán el reglamento vigente de la Cámara.

El propósito de la comisión será esclarecer la participación de los legisladores y otros funcionarios en la visita a represores como Alfredo Astiz, así como examinar la naturaleza y objetivos de la actividad. Se busca determinar si existieron irregularidades y cuál fue el rol de cada participante en este encuentro.


*Fuente: MDZ

Redacción

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Arrieta denunció a Mayoraz por violencia de género

El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, Rocío Bonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.

Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.

Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.

La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.

Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.

Redacción

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Diputados debaten la “Ley Finocchiaro” para declarar a la educación como servicio esencial

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación debate sobre un proyecto conocido como la Ley Finocchiaro, una propuesta que busca declarar la educación como un “servicio estratégico esencial”. La iniciativa, impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases durante los días de paro docente, exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas en esos momentos.

La sesión, que comenzó sobre el mediodía tras alcanzar el quórum necesario, tuvo como protagonistas a los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, quienes, junto con la UCR y Encuentro Federal, lograron destrabar el debate. La inclusión del financiamiento para las universidades nacionales en el temario fue crucial para asegurar la participación de los legisladores de estos bloques, quienes habían condicionado su apoyo a la incorporación de este punto.

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El proyecto de ley, conocido como Ley Finocchiaro, establece que, en caso de paro, el 30% del personal de las escuelas deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Si la medida de fuerza se prolonga, este porcentaje se incrementaría al 50%. Además, la normativa estipula que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deben informar a las autoridades la nómina anual del personal docente y no docente afectado por esta disposición, con el fin de asegurar una planificación adecuada.

La idea detrás de esta legislación es minimizar el impacto de las huelgas en la educación, un derecho esencial que, según argumentan sus defensores, no debe verse comprometido por las medidas de fuerza. Sin embargo, el proyecto ha generado una profunda división tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad en general.

El tratamiento de la Ley Finocchiaro llega al recinto con un amplio consenso entre diputados del PRO, UCR, CC, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Se estima que la iniciativa contaría con alrededor de 135 votos a favor, lo que permitiría su aprobación en la Cámara Baja y su posterior tratamiento en el Senado.

No obstante, la propuesta fue duramente criticada por los sindicalistas docentes, quienes ven en esta iniciativa un ataque directo a su derecho a huelga. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondió convocando una “Jornada Nacional de Lucha”, que incluyó una movilización frente al Congreso en el mismo día en que se inició el debate. Además, la CTERA anticipó una “Gran Marcha Federal Educativa” para el mes de septiembre en señal de protesta contra la ley.

Por su parte, los sindicatos docentes agrupados en la CGT declararon a Finocchiaro “persona no grata”. Sergio Romero, dirigente del sector, expresó en diálogo con Clarín: “No es oportuno. Hay otras prioridades en educación, y no las locuras de Finocchiaro”. Romero no descartó la posibilidad de llevar a cabo una medida de fuerza si el proyecto avanza.

El dirigente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero

“El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”, señalaron los sindicalistas.

Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara Baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el PRO. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.

“Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”, respondió tajante el diputado Finocchiaro.

Redacción

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Escrachan al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet: Faltó a la ultima sesión por irse a pescar a Alaska

En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.

Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.

Juan Domingo Orabona

Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.

Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.

Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.

Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.

Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.

Redacción

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