CFK apuntó contra las feministas: “Jamás se solidarizaron ni me defendieron cuando me atacaban por ser mujer”
Durante su testimonio en el juicio por el intento de magnicidio, Cristina criticó la falta de apoyo de las feministas durante los "ataques del periodismo" que recibió en sus mandatos presidenciales, marcando una distancia con el movimiento radicalizado.
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En un discurso que tuvo lugar hoy en los tribunales de Comodoro Py, la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, arremetió contra el feminismo, movimiento del cual “tomó distancia” en los últimos años. Durante su testimonio en el juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, aprovechó para hacer un repaso de los ataques y las “agresiones” del periodismo que vivió durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015), denunciando la falta de solidaridad de las militantes feministas en esos momentos críticos.
Fernández de Kirchner evocó, entre otros incidentes, un episodio ocurrido en 2008 durante el conflicto con el campo, cuando apareció ilustrada públicamente con un ojo morado, caricaturizada en Clarín por el reconocido artista argentino, Hermenegildo Sábat: “El negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro… miren qué contexto actual”, expresó la burócrata, en un claro guiño a la denuncia de Alberto, alegando que el hecho fue un acto de violencia simbólica y mediática contra ella por ser mujer, pero que nunca recibió el apoyo de las feministas.
A pesar de haber sido la primera y única mujer electa presidenta, Cristina subrayó que el movimiento feminista jamás la respaldó en situaciones del estilo, lo que consideró un acto de indiferencia ante la “misoginia” que enfrentaba. “Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto”, reclamó a las mujeres del movimiento. En esa línea, la exmandataria fue enfática al recordar que nunca se identificó con el llamado feminismo radical, afirmando que “todos saben que no soy feminista”.
EL DISCURSO DE CRISTINA CONTRA LAS FEMINISTAS
Esta declaración no es la primera vez que Cristina Kirchner se muestra crítica. En mayo de 2024, durante la inauguración del “Salón de las Mujeres del Bicentenario” en el Instituto Patria, la condenada hizo hincapié en que su perfil nunca fue feminista —un intento evidente de distanciarse de un movimiento que, según su percepción, perdió apoyo popular—. Así, dejó claro que, aunque en algún momento el feminismo fue un aliado estratégico, hoy visto como un lastre que espanta a votantes, sobre todo en un escenario político donde el fenómeno libertario desplazó a las corrientes progresistas de la agenda.
Las palabras de la expresidenta en Comodoro Py, cargadas de críticas hacia aquellos que considera responsables de la violencia en su contra, podrían verse como un último intento de reposicionar su figura en el tablero político. Sin embargo, la reacción de los distintos sectores, tanto feministas como no feministas, ante sus declaraciones pone en cuestión la efectividad de esta nueva narrativa. La relación de la líder del kirchnerismo con el feminismo fue siempre ambigua, y sus recientes declaraciones parecen ser un esfuerzo por marcar una diferencia con la línea feminista más radical que, en sus palabras, “ha espantado hasta a las propias mujeres”.
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En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.
El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.
Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.
Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.
La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.
Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.
El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.
Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.
El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.
Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.
El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.
La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.
En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.
Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.
Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei.
Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.
En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.
Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.
Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
Con un amplio respaldo del sector deportivo y político entrerriano, avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa busca facilitar el financiamiento de proyectos deportivos mediante aportes privados a cambio de beneficios fiscales, con el objetivo de fortalecer a clubes, federaciones y deportistas en toda la provincia.
La propuesta legislativa fue el eje central de un encuentro organizado en conjunto por la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Deportes, en el que participaron representantes de instituciones deportivas, legisladores y autoridades provinciales. Durante la reunión se destacó el carácter colectivo y consensuado del proyecto, así como su enfoque inclusivo y federal.
Al mismo tiempo, una nota de adhesión firmada por instituciones deportivas de diversos tamaños y localidades circuló ampliamente, demostrando un sólido respaldo al proyecto.
La voz de los clubes
La iniciativa recibió apoyo explícito de dirigentes deportivos que asistieron al encuentro, como Ariel Bello, presidente del club Ciclón del Sur del barrio Anacleto Medina, quien resaltó: “Para un club como el nuestro, esta ley representa la posibilidad de volver a competir, de terminar nuestra sede y de recibir el apoyo que tanto necesitamos para cumplir un sueño”.
En la misma línea, Adolfo Cislaghi, presidente del Paraná Rowing Club, celebró la articulación entre el sector público y privado promovida por la ley, destacando que “permitirá integrar a clubes grandes y pequeños, e incluso abrirá la puerta para pensar en un desarrollo turístico y deportivo más amplio para la ciudad y la provincia”.
Entre los clubes representados también estuvieron Tilcara, Paracao, Pescadores, Bajada Grande, Náutico Paraná y Atlético Neuquén, además de Viale FBC. Por parte del ámbito legislativo participaron los diputados provinciales José Kramer, Carolina Streitenberger y Débora Todoni, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.
Consenso e impulso institucional
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el origen participativo de la propuesta: “Esta ley no surge solamente del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, sino del consenso amplio con deportistas, instituciones y espacios políticos de todos los colores: queremos que ayude a los clubes a desplegar todo su potencial”.
Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes provincial, enfatizó la relevancia histórica de esta normativa, calificándola como “la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano”, agregando que “viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”.
Finalmente, la diputada Débora Todoni, una de las impulsoras clave del proyecto, subrayó que se trata de una iniciativa “muy positiva y fruto del consenso”, afirmando que “esta ley le da al deporte entrerriano una herramienta moderna y transparente que permitirá avanzar en infraestructura y desarrollo”.
El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.
Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.
Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.
Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.
Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.
El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.
Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.
Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.
En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
