14 agosto, 2024

MÁS CORRUPCIÓN | Descubren que la diputada Ponce tiene un asesor no registrado de 19 años también involucrado en los retornos

La denuncia contra la diputada Ponce (LLA) suma nuevas revelaciones que agravan su situación judicial, ahora involucrando a un joven colaborador en el escándalo de los retornos en los sueldos de asesores.
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El escándalo que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba, María Celeste Ponce (LLA), parece no tener fin. Ahora, tras la denuncia penal presentada a fines de julio, donde se señala a la burócrata de La Libertad Avanza por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, ahora se conoció que Ponce tiene un joven asesor que no aparece en la nómina oficial del Congreso como su asesor, quién sería el encargado de gestionar los retornos que la mujer le exigía a sus colaboradores.

Esta nueva información ya fue anexada a la denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

¿QUIÉN ES EL JOVEN ASESOR DE PONCE?

Se trata de Tomás Gutiérrez, de aproximadamente 19 años de edad. El adolescente se desempeña como una suerte de secretario privado de Ponce pero se presenta como un asesor. Está bajo el ala y la protección de Ponce, incluso se dirige a ella como “Mamá”: la cordobesa “lo ayudó en su vida personal, lo adoptó como un hijo postizo y hasta le brindó alojamiento en un departamento que alquilaba en el barrio porteño de Palermo”, declaró una de las fuentes que ya está en la causa a este medio.

En sus redes sociales, Gutiérrez se autodenomina “referente cordobés” de la agrupación apartidaria conducida por la diputada, Pumas Libertarios. En la home de la agrupación política, Tomás aparece coordinando algunas actividades de la organización y figura como un contacto de la misma.

En el marco de las polémicas por los sueldos, Gutiérrez actuó como intermediario. Siguiendo órdenes de Ponce, el joven se comunicaba con los asesores oficiales de la diputada para coordinar las transferencias de dinero.

Gutiérrez cenando con la diputada y junto a Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente

Otro periodista que investigó este entramado, Tomás Díaz Cueto, publicó en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de conversaciones entre Gutiérrez y la exasesora de Ponce que “destapó la olla”, María Guillermina Ruíz.

Los polémicos chats del secretario con la denunciante: Gutiérrez llamando “Mamá” a Ponce

“Cele necesita que le hagas esas transferencias cuánto antes”, tipeó el asesor no declarado, el pasado cuatro de mayo. Previo a ese mensaje, las capturas de las transferencias a Ponce publicadas por DATA24, muestran dos pagos a la diputada: Uno de $500.000 y otro de $400.000, realizado éste último a finales de abril, días antes de la conversación con Gutiérrez. Por esa razón Ruiz, indignada y descontenta, le manifestó sobre la situación al secretario, quien la envió a contactar a Elías, la pareja de Ponce y el encargado de “gestionar” los contratos de los asesores.

Antes de ayer, tras semanas de silencio, presionada por alguno de sus pares del bloque y por usuarios de las redes, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: “ES FALSO”. En ese sentido, publicó que “esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia”. Además, alegó que todo es una “operación política” contra el oficialismo libertario.

El posteo generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: “Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos”. Finalmente, pidió a la comunidad en redes que “entiendan” que es diputada: “No soy una tuitera”.

Redacción

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El gobierno actualizó las tasas aeroportuarias para vuelos internacionales: ¿Cómo impactará en los pasajes?

El Gobierno resolvió este lunes aumentar las tasas aeroportuarias internacionales en un 22,3%, luego de que se mantuvieran congeladas desde 2018, informó la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

A su vez, precisaron que “las tasas que se actualizan son exclusivamente las correspondientes a vuelos internacionales. Se trata de las Tasas de Protección al Vuelo en Ruta y Apoyo al Aterrizaje“, servicios brindados por EANA. Además, remarcaron que “los valores de las tasas de vuelos de cabotaje no se modificaron”.

Se decidió aumentar un 22,3% teniendo en cuenta la inflación de Europa desde 2018 hasta la fecha. “Se toma este parámetro ya que la mayoría de proveedores de bienes y servicios de EANA son europeos y es el valor que han trasladado a la empresa”, señalaron.

Desde la empresa explicaron que “este aumento está vinculado con la necesidad de generar recursos para destinarlos a la inversión en tecnología, que hoy EANA requiere. Desde que asumimos la gestión hemos atacado fuertemente los gastos de la empresa. Se revisaron contratos, se redujo la planta en 70 personas y, en paralelo, estamos trabajando en optimizar los ingresos, por eso actualizamos el cuadro tarifario”.

¿CÓMO AFECTA EL AUMENTO DE LAS TASAS A LOS PASAJEROS?

Desde ENEA señalaron que “los datos reflejan que este incremento impactaría, si fuese trasladado por las aerolíneas a los pasajeros -cosa que cada aerolínea decide-, en no más de 0,80 centavos de dólar por pasajero. Por otro lado, no se prevén más aumentos en lo que resta del año”.

Agregaron: “Desde EANA nos hemos comunicado con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Cámara de Compañías Aéreas en la Argentina (JURCA) para ofrecerles realizar un proceso de consulta posterior a la actualización tarifaria. Éste consiste en mostrarles todos los gastos, ingresos y planes de inversión de la empresa, para que ellos mismos puedan verificar en dónde se aplican los recursos”.

Por último, la empresa adelantó que “EANA es el único Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (ANSP) de la región que está en condiciones de poder hacerlo, ya que dispone de la administración de sus recursos en forma completa. El resto de los proveedores de Servicios de Navegación Aérea regionales ingresan sus tasas o precios a las cuentas del Tesoro y les retornan vía presupuesto. Con lo cual, en ese sentido, el sistema de EANA es más transparente ya que permite la trazabilidad de sus recursos”.


*Fuente: Agencias

Redacción

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Piden investigar la gestión de Larreta por posibles delitos de defraudación al Estado

Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.

Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.

 Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.

Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.

En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.

Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.

En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.

Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.


Redacción

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VACUNATORIO VIP | Procesaron a Ginés González García por peculado y abuso de autoridad con embargo millonario

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó al ex ministro de Salud, Ginés González García, en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, por los delitos de abuso de autoridad y peculado. La resolución incluye un embargo sobre sus bienes por la suma de $130 millones. El procesamiento no contempla prisión preventiva.

El escándalo estalló a principios de 2021, durante la gestión de González García como ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. La investigación reveló que se habían destinado dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas que no cumplían con los criterios de prioridad establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios se encontraban el ex presidente Eduardo Duhalde y su familia, el operador K, Horacio Verbitsky, y los entonces legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.

Según la jueza Capuchetti, la imputación contra González García se basa en dos hechos específicos. En primer lugar, se le acusa de haber ordenado el retiro de diez dosis de la vacuna asignadas al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, y su traslado al Ministerio de Salud para vacunar a personas que no estaban habilitadas para recibirlas. En segundo lugar, se le atribuye haber ordenado el retiro de cinco dosis de la vacuna asignadas al Ministerio de Salud, para su administración en el domicilio particular de Eduardo Duhalde y su familia.

A lo largo de la investigación, se comprobó la existencia de un sistema paralelo de vacunación que operaba bajo la dirección del exministro. Este esquema implicaba la organización y logística para el traslado de dosis desde el Hospital Posadas al Ministerio de Salud, y la inoculación irregular de individuos que no formaban parte de las categorías prioritarias establecidas por la Resolución MSAL 2883/2020.

María Eugenia Capuchetti

Además de González García, fueron procesados otros funcionarios involucrados en el escándalo. Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias, Marcelo Ariel Guille, secretario privado del Ministro, Alberto Alejandro Maceira, director ejecutivo del Hospital Posadas, y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo hospital, también enfrentan cargos. En contraste, se dictó la falta de mérito para otras médicas indagadas en el caso.

Capuchetti subrayó que las vacunas eran un bien escaso y de vital importancia durante la pandemia, y que su desvío implicó una violación de los deberes inherentes a los cargos públicos de los implicados. En su fallo, destacó que las dosis asignadas al Hospital Posadas debían destinarse exclusivamente al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico, según lo estipulado en la normativa vigente.

Redacción

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Evo Morales furioso con Milei: “Lamentablemente, miles de bolivianos se están volviendo a Bolivia”

En una reciente entrevista con el operador K, Jorge Rial, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, no escatimó en criticar al gobierno de Javier Milei. El burócrata, conocido por su retórica directa y su postura firme contra el “neoliberalismo”, destacó una tendencia: “Lamentablemente, los hermanos bolivianos que vivían en la Argentina están retornando”, afirmó, señalando las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país.

Para Morales, la situación en Argentina empeoró significativamente bajo la administración de Milei, provocando que muchos ciudadanos bolivianos, que habían encontrado un hogar en el país vecino, ahora se vean obligados a regresar a su país de origen. “Inclusive acá se ven algunos hermanos argentinos, cosa que no se veía antes”, añadió.

“Antes había algunos hermanos venezolanos, ahora argentinos. Pero ya no veo como antes que muchos bolivianos se iban a Argentina”, explicó Morales en diálogo con Radio 10.

Se estima que más de medio millón de ciudadanos bolivianos residen en la República Argentina, desde La Quiaca a Ushuaia.

Redacción

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Alfiles de Sebastián Pareja amenazaron de muerte a otro integrante de La Libertad Avanza: “Podés tener un accidente”

La Libertad Avanza (LLA) se ha convertido en un negocio redondo para la política, debido a la imagen positiva que cosecha el presidente Javier Milei y su aura de “algo nuevo contra la ‘casta”, que aún mantiene la popularidad creciente como la espuma. Hasta para algunos, es un lavado de cara automático, si es que saltan a tiempo desde los 2 costados de la “grieta”.

Se filtraron amenazas de un alfil de Milei en General Rodríguez

Un coordinador de General Rodríguez para La Libertad Avanza (LLA) le hizo llegar amenazas al nuevo integrante del espacio de Javier Milei en Mar del Plata, César Moraiz. El hombre que le hizo llegar las amenazas se trata de Miguel Martínez, el cual trabaja con los equipos de Sebastián Pareja, armador bonaerense y actual subsecretario de Integración Socio Urbana.

Quién manejaría el negocio libertario en la provincia de Buenos Aires es el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, el cual no quiere que nada se le escape de las manos. Más aún porque cuenta todo ello con el aval de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Ahora bien, el desembarco del diputado José Luis Espert a la provincia de Buenos Aires con vuelo propio de armado, ha generado malestar en el Clan Menem y compañía. De hecho, ya hay diferentes núcleos que iniciaron su travesía, como es el caso del empresario gastronómico de Mar del Plata, César Moraiz, quién visitó General Rodríguez y ya probó el veneno de Pareja y sus alfiles.

“Me llamaron los peronistas de General Rodríguez. Están re enojados con vos”, inicia el audio filtrado a La Postal de Mar del Plata. Y siguió con total impunidad aclarando: “Tené cuidado que podés tener un accidente si andás por ahí. Están recontra enojados mal”.

La voz es del dirigente político cercano al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, el peronista Miguel Martínez. Este último, al tener amistad con César Moraiz, le pudo filtrar lo ocurrido por los hombres del armador bonaerense, quiénes vieron con malos ojos que haya una nueva facción libertaria que responda a José Luis Espert directamente en General Rodríguez.

Todo empezó tras filtrarse la reunión que hubo en el pasaje entre Luján y General Rodríguez, en dónde diferentes facciones de Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y ex Unión del Centro Democrático (UCeDe), coordinaron junto al empresario gastronómico de Mar del Plata un espacio que responda al presidente Javier Milei, sin tener que pasar por Karina Milei y su “mano derecha” Sebastián Pareja. Este último puso el grito en el cielo, remarcaron en “off” a La Postal de Mar del Plata.

Resulta propicio dejar en claro que Sebastián Pareja puso “a dedo” como coordinador y candidato libertario a Sandro Paggi. Este último dio aviso a los suyos por el desembarco de Moraiz como representante de Espert en General Rodríguez.

En la respuesta de César Moraiz, indicó que “ninguno era peronista de los que estaban ahí en la mesa” junto a él. Y siguió: “Estos son todos radicales, del PRO…”.

Sin embargo, poco le importó a Miguel Martínez, que le aclaró: “Justamente por eso. ‘¿Quién es este payaso?’, me preguntaron. Y les dije que sos amigo mío. Están re enojados con vos”.

Ante toda la problemática ocasionada, se deja en claro que Sebastián Pareja quiere monopolizar las cajas de La Libertad Avanza, y Karina Milei no le pone ningún freno. ¿Cuándo el Gobierno dejará de permitir comportamientos de “casta” en el espacio?

*Con información de La Postal de Mar del Plata

Redacción

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Capital Humano detectó 3.288 pensiones irregulares en el extranjero: representan $6.000 millones

El fiscal Guillermo Marijuan reveló un nuevo escándalo en la administración de pensiones: la existencia de 3.288 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que viven en el extranjero y continúan recibiendo pagos del Estado argentino.

Este hallazgo representa un costo anual de más de $6.000 millones para las arcas públicas.

De acuerdo con la investigación, estos adultos mayores, que supuestamente se encuentran en situación vulnerable, regresaron a sus países de origen hace más de 90 días y no han reingresado a Argentina, según los registros de la Dirección de Migraciones.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha solicitado a la ANSES realizar un cruce de datos para identificar y dar de baja inmediatamente a estos beneficiarios que están cobrando de manera irregular. “El objetivo es eliminar los pagos fuera de la normativa vigente y evitar un mayor perjuicio económico para el país”, declaró Pettovello.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, también está investigando a otros 7.512 titulares de la PUAM que habrían permanecido fuera del país por más de 60 días, lo que también contraviene las reglas establecidas.

Fuentes judiciales informaron que de los 334 nuevos casos detectados, la ANSES ya ha dado de baja a 235 beneficiarios, y los 99 restantes serán judicializados. Estos últimos casos fueron identificados gracias a una actualización de la información migratoria.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue instaurada en mayo de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y está destinada a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad. Actualmente, el monto mensual es de $172.464,66, más un bono extraordinario previsional de $70.000, sumando un total de $242.464,66.

Para acceder y mantener este beneficio, los beneficiarios deben cumplir con varios requisitos, incluyendo la permanencia en el país. “La normativa es clara en cuanto a la residencia. Aquellos que la incumplen están cometiendo una irregularidad y deben ser dados de baja inmediatamente”, afirmó Marijuan. El fiscal ha solicitado a la ministra Pettovello que evalúe la suspensión inmediata de las pensiones de los beneficiarios que no cumplen con los requisitos de residencia, con el fin de cesar los efectos de posibles conductas delictivas vinculadas al incumplimiento de las normativas vigentes.

Redacción

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