Estudiantes liberales reemplazan murales comunistas con pinturas de próceres
Estudiantes liberales de la Facultad de Economía de Panamá cubrieron murales comunistas en el claustro con nuevas pinturas. La acción, que marca un giro en el dominio ideológico del campus, se realizó en medio de una campaña para restaurar símbolos de la cultura panameña.
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En el primer día de facultad, el asombro frente a la abrumadora cantidad de afiches y pinturas políticas que inundan las paredes de las facultades es un factor común entre los nuevos estudiantes universitarios.
Ahora, el auge de los principios liberales da vuelta el panorama. Cansados del monopolio discursivo de la izquierda,estudiantes liberales de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá que resultaron triunfantes de las elecciones del centro hace dos meses, taparon con pintura los murales del claustro que tenían simbología comunista.
“Después de tanto tiempo de esta imposición de ideologías marxistas, la agrupación MEL de la Facultad de Economía se dará los honores de limpiar esta facultad de este pensamiento nefasto que no apoyan en nada a los países ni a sus economías” señaló uno de los alumnos. El Movimiento Estudiantil Liberal informó, además, que en los murales restaurados realizarán talleres de dibujos de figuras propias de la cultura y la historia de su país, Panamá.
El pasado 13 de junio, los alumnos liberales triunfaron en las elecciones del centro de estudiantes derrotando a dos listas de izquierda —que “han tenido secuestrado al estudiantado por décadas”, señalaron— con el 41.2% del total de los votos, consagrándose como los primeros liberales en la administración del centro.
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Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.
El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.
¿Qué irregularidades consideró Vera?
El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.
Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.
Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.
La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.
Una encuesta en los cuatro principales distritos del país –Buenos Aires, Caba, Córdoba y Santa Fe-, realizada por la consultora cordobesa Pulso Social dejó varios puntos de interés, con lecturas nacionales y provinciales, entre los cuales sobresale que el rechazo a la gestión de Javier Milei se radicalizó, ya que el 40 por ciento la considera muy mala, frente al 24 por ciento que cree que es muy buena.
La encuesta de 4.000 casos recolectados entre el 17 y el 20 de julio confirma el fuerte deterioro social y la polarización. Respecto de lo primero, el 53 por ciento sostiene que la situación económica es peor que meses atrás, mientras que el 43 por ciento dice que va a ser peor en el próximo semestre (a lo que se suma un 10 por ciento que dice que será igual de mala).
En ese punto, el 80 por ciento admitió que debió realizar recortes. Ese es el termómetro nacional de la muestra. En ese sentido, los “sentimientos negativos” -preocupación, tristeza, enojo- se imponen por sobre la esperanza y el optimismo: 57 por ciento a 43 es el resultado.
Pese a ello, la valoración positiva del Gobierno alcanza el 51 por ciento, sostenido por varones de 45 a 59 años. El grupo que más rechaza a Milei es el de las mujeres de 30 a 44 años. El mayor rechazo está en Provincia de Buenos Aires (51%), seguido por Caba (46%) y Córdoba (41%).Santa Fe lidera la valoración positiva de la gestión Milei, con un rechazo de 39 por ciento.
Pese a la aprobación, la figura con mayor aceptación es Victoria Villarruel: la vicepresidente acumula 53 por ciento de imagen positiva, contra el 51 por ciento de Milei. Este último porcentaje también tiene Patricia Bullrich.
La vice cede el primer puesto en Buenos Aires, donde el más valorado es Leandro Santoro (52%), seguido por Villarruel y Axel Kicillof, quien tiene 49 puntos de aceptación.
En Caba, los líderes de La Libertad Avanza están en buenos lugares: Victoria Villarruel tiene 56 por ciento de aprobación y Javier Milei y Patricia Bullrich un 52 por ciento cada uno. Es un baldazo para Jorge Macri, que aparece con sólo 46 puntos, uno por debajo de Mauricio.
En Córdoba, el dirigente mejor posicionado sigue siendo Juan Schiaretti. El ex gobernador logra 58 por ciento de imagen positiva, seguido por Villarruel (56), Milei (55), Bullrich (55) y Llaryora (54).
Desde el primero de este mes, los cadetes de la Policía de la Ciudad y los aspirantes a Bomberos porteños cuentan con cobertura médica integral durante su formación. Este beneficio, impulsado por la gestión del ministro de Seguridad de CABA, WaldoWolff, representa un avance significativo en el respaldo y cuidado de los uniformados.
El anuncio fue realizado esta semana por el titular de esa cartera, quien confirmó la contratación de un servicio médico asistencial para los cadetes y aspirantes que cursan la formación inicial en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). La cobertura, proporcionada por la empresa de medicina prepaga DOCTORED, incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico, internaciones, y programas de prevención y promoción de la salud, sin ningún tipo de copagos.
Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, destacó la importancia de esta medida: “Como gobierno tenemos la obligación de cuidar a quienes nos cuidan. Para nosotros, la Policía de la Ciudad es un orgullo y siempre vamos a estar ahí para acompañarlos. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”.
El ministro Wolff también subrayó el impacto positivo de esta iniciativa: “Esta medida es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
COBERTURA INTEGRAL
La cobertura médica abarca una amplia gama de servicios y beneficios. Los cadetes y aspirantes tendrán acceso a atención médica integral, que incluye consultas con especialistas, estudios de diagnóstico y visitas médicas a domicilio. Además, contarán con una línea de atención telefónica exclusiva y acceso a ambulancias disponibles las 24 horas en el ISSP.
Los beneficios en farmacias también son destacados, con descuentos del 40% sobre cualquier receta, un 70% en medicamentos para enfermedades crónicas y un 100% de cobertura en caso de internación. Este paquete integral asegura que los futuros oficiales y bomberos puedan centrarse en su formación y preparación sin preocuparse por su salud.
La implementación de la cobertura médica, detallaron los funcionarios, es resultado del trabajo conjunto entre la Obra Social del Personal de Seguridad Pública (OSPESE), liderada por María Georgina Ricciardi, y el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta. Ambos destacaron la importancia de esta medida para el bienestar de los futuros integrantes de las fuerzas de seguridad.
“Este hecho histórico refleja el compromiso, la firmeza y la decisión política de respaldar el trabajo de los policías y bomberos porteños. Que cada oficial cuente con un servicio de salud es un gran avance para que los policías puedan cumplir con su tarea sintiendo tranquilidad y así garantizar la seguridad en las calles”, agregó Macri sobre la medida, que se enmarca en el Plan de Seguridad Integral de la Ciudad.
Como parte del plan de formación trazado por las autoridades, los cadetes deberán cumplir dos años de formación policial, que incluye seis meses de clases regulares, un año de internación en el Instituto y seis meses de práctica profesional. Durante su preparación, los efectivos realizan prácticas de tiro, entrenamiento físico, y reciben asesoramiento nutricional y seguimiento médico. También aprenden en laboratorios de informática y mediante simuladores de autos y motos policiales.
En palabras de Wolff, esta medida “es un reconocimiento a los aspirantes que eligen nuestras fuerzas. Queremos acompañar a los cadetes en su crecimiento y en su formación con beneficios similares a aquellos que ya están en ejercicio de sus funciones. Para ellos será una tranquilidad y para nosotros es cuidar a los que nos cuidan y nos cuidarán”.
A lo largo del tiempo, y muy especialmente a partir de su vinculación con la dictadura de Guinea Ecuatorial, la isla de Annobón ha sido escenario de abusos sistemáticos de todo tipo. Sin dudas, esta historia encontró un punto de inflexión hace poco más de diez días, cuando una carta firmada por dieciséis annoboneses condenó los abusos del régimen mediante el uso de explosivos a solo algunos metros de la zona habitada de la capital. La iniciativa llevó al gobierno guineoecuatoriano a perpetrar numerosas detenciones arbitrarias y violentas.
El régimen respondió militarizando fuertemente la isla y agrediendo a la comunidad. Para evitar la difusión de información, Obiang ordenó el aislamiento completo de Annobón, cortando todo tipo de comunicación externas, incluyendo las líneas telefónicas e internet.
El dictador Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Desde el 18 de julio, casi cuarenta personas han sido objeto de desaparición forzada y torturas sin que se conozca su paradero ni se les permita acceso a asistencia legal. Familias desesperadas y organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Foundation, manifestaron su preocupación por la vida e integridad física de las personas detenidas.
En ese marco, el Primer Ministro Cartagena Lagar exigió al Comité contra la Tortura que actúe con absoluta celeridad. La denuncia solicita:
Información inmediata: Que el régimen de Guinea Ecuatorial informe sobre el paradero de las víctimas.
Liberación urgente: Que se ordene la liberación de las víctimas detenidas arbitrariamente.
Protección y seguridad: Garantizar la integridad física y psicológica de las víctimas.
Investigación exhaustiva: Llevar adelante una investigación imparcial sobre las desapariciones y torturas, llevando a los responsables ante la Justicia Internacional.
Prevención futura: Proponer medidas para evitar que estos hechos se repitan.
UN CASO URGENTE
El representante annobonés confía en que el Comité contra la Tortura actuará con urgencia para proteger los derechos fundamentales de las víctimas y asegurar que se haga justicia. La situación del pueblo annobonés, tanto dentro de la isla como fuera, es crítica, y la comunidad internacional debe responder ante estos atroces abusos.
El régimen de Obiang ha estado en el poder durante más de cuatro décadas, con un historial marcado por la represión y la violación sistemática de los derechos humanos. Las denuncias recientes solo subrayan la gravedad de la situación en una isla que ha sido aislada y silenciada por el régimen, con escalofriante impunidad.
Tras la compra por parte del Banco Central de 13,7 billones en PUTS, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los avances en la migración hacia un nuevo esquema monetario.
Durante la noche del jueves, el funcionario respondió a una pregunta que le hizo un usuario en la red social X y señaló que “la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”; la frase llamó la atención en algunos círculos.
“Toto te hago una consulta, si los dólares que compran no liquidan el equivalente emitido para absorber los pesos emitidos por CCL, lo pueden absorber por otro lado, ya sea mediante bancos por ejemplo?”, indagó Victor Ybarra.
Fue entonces que Caputo citó la pregunta y respondió: “Los pesos emitidos son por compras en el Mulc. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.
Y agregó: “La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”.
Horas antes, había celebrado la “desactivación” de los PUTS.
“Una bomba más desactivada! Impresionante trabajo del presidente del BCRA (Santiago Bausili) y su equipo!!! Aprovecho para reconocer también la dignidad de la gran mayoría de los banqueros, que priorizaron el futuro del país por sobre los intereses de sus instituciones”.
Tras conocerse los primeros resultados oficiales, líderes de Latinoamérica pusieron en duda la legitimidad de las cifras informadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
El primero en cuestionarlos fue el presidente de Chile, Gabriel Boric. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable“, señaló.
Por su parte, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, también se manifestó e indicó: “Así no. Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.
En sintonía con ambos líderes, el canciller de Perú, Javier González-Olaechea, señaló en su cuenta de X: “Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano“.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
