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El subsecretario de Integración Socio Urbana y armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sigue generando polémica, de camino hacia las elecciones legislativas del 2025. Ahora se encargó de sumar a kirchneristas que recorren las calles del Partido de La Costa.
Según publicó el sitio La Postal de Mar del Plata, se llevó adelante una reunión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la cual siguió al siguiente día en La Plata. De la misma, se habría cerrado un acuerdo entre Sebastián Pareja y el dirigente de Unión por la Patria (UxP) en La Costa, Walter Ortega. Sin ir más lejos, casi una alianza de trabajo entre peronistas y libertarios.
“No se habló de un Ortega encabezando las listas de La Costa para lo que será el armado de La Libertad Avanza en el 2025”, resaltaron. A lo que se añadió: “Se lanzaron nombres de jóvenes que pueden tener representación local”.
Walter Ortega fue un operador y “patotero” del ex intendente K, Juan Pablo De Jesús: Se acercó hasta la sede del gremio muñido de palos, y agredió al titular del mismo, Javier Cícero, que terminó desmayado y con numerosas lesiones, entre ellas fractura de maxilar, por las cuales está hoy internado en terapia intensiva del hospital San Martín de Porres, sentenció Letra P, el medio que informó de las amenazas que recibió el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) local.
Juan Pablo De Jesús
Son varios los casos polémicos que se generan alrededor de Walter Ortega, el nuevo hombre de confianza que tiene Sebastián Pareja para desembarcar a La Libertad Avanza en el Municipio. Un último ejemplo, está en que el dirigente peronista apoyó en las últimas elecciones a Cristian Cardozo y, posteriormente, ayudó en la campaña del ya ahora intendente Juan De Jesús (ambos de UxP).
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*Con información de La Postal de Mar del Plata
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Los cinco gobernadores del PRO, buscan tener una agenda diferente a la del presidente del partido, Mauricio Macri, en cuanto a su relación con el presidente Javier Milei. Para los mandatarios provinciales, la clave es mantener un buen diálogo con el gobierno nacional para no poner en riesgo la gestión en cada distrito.
En las últimas conversaciones que mantuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) concidieron en la necesidad de mantener un equilibrio entre el presidente del PRO y el vínculo con el gobierno nacional. Hay quienes temen que la motosierra de Milei afecte, aún más, el envío de fondos a las provincial.
“PRIMERO LA GESTIÓN” EXCLAMAN LOS GOBERNADORES PRO
Los mandatarios provinciales no quieren que se repita la lógica que imperó en el PRO en los últimos seis meses con el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Macri. “Nosotros tenemos que gestionar, junto a Patricia porque es ministra. Ninguno se va a pelear con ella”, afirmó un mandatario provincial del macrismo.
“No queremos integrar el gobierno nacional, nos interesa gestionar nuestras provincias y que nos envíen los recursos que corresponden por ley. Si nos traspasan competencias, queremos el dinero. Nada más”, agregó otro gobernador del PRO.
Los mandatarios provinciales saben que, tras la sanción de la ley ómnibus y el paquete fiscal, se abre un nuevo período en la relación entre la Casa Rosada y las provincias aliadas. De hecho, la semana pasada Frigerio se reunió con el ministro de Economía, Toto Caputo, para a dialogar sobre las transferencias de obra pública y recursos de Nación a provincias.
EL GRAN DILEMA DE LOS GOBERNADORES
En la nueva era del PRO, los gobernadores coinciden en alinearse detrás de Macri y dar por terminada la guerra con Patricia Bullrich, quien insiste en una fusión entre el partido amarillo y La Liberta Avanza de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, quieren evitar la interferencia del expresidente en la relación que supieron construir con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Toto Caputo.
“Necesitamos saber si el gobierno quiene mantener una relación como la que tuvimos con el tratamiento de la ley ómnibus y si nos ven como aliados. Tenemos que mejorar la gestión y ordenar nuestras cuentas. Sobre todo con la vista puesta hacia adelante”, consideró otro gobernador del PRO.
Macri tiene como prioridad recuperar la identidad del partido, llevarlo nuevamente a ser competitivo y extender el poder territorial del espacio. En los planes del exmandatario no está enfrentarse a los gobernadores y quiere que sean parte del modelo de conducción que busca construir.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
La concejal Noelia Oxley denunció a Carlos Romo por promover “ataques” en redes para que renuncie a su banca. “Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo.
Arde la interna libertaria en San Miguel, donde el bloque de Milei se fracturó en las últimas horas en medio de acusaciones de ataques en redes y presiones para empujar renuncias, a la par de advertencias ante posibles “accidentes”.
En el foco de la polémica está el armado que a nivel local coordina Agustín Romo, diputado y director de comunicación digital durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei.
El concejal Carlos Romo, padre del legislador bonaerense, informó su alejamiento del bloque que integraba con su par Noelia Oxley, quien se refirió en plena sesión al tema y acusó a los “descarrilados soldaditos” de Romo de asediarla buscando su renuncia a la banca.
“Si los bajos ataques continúan, ya todos saben quien los organiza y a quiénes hago responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrirme”, dijo Oxley luego de marcar: “El grupo de ‘trabajo’ de Carlos Romo es el autor de los ataques que sufrí y actualmente sigo sufriendo en redes sociales”.
La concejal detalló la difusión de información falsa y cadenas de mensajes de WhatsApp contra su persona que comenzaron en diciembre del año pasado y que -aseguró- aumentaron luego de pedirle a Romo que cesaran con esas maniobras.
“Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo Oxley, que acusó a Romo padre de perseguir “intereses personales y nepotistas”.
Tanto en San Miguel como en el armado provincial de La Libertad Avanza, diferentes fuentes aseguran que los Romo buscan armar una estructura política que haga viable el deseo de Agustín de suceder a Jaime Méndez en la intendencia de San Miguel.
Cabe recordar que el escándalo de los sobresueldos en Capital Humano tocó al diputado provincial Agustín Romo como parte de “La Banda del Opus Dei”, que tuvo fuerte injerencia en las contrataciones del ministerio de Pettovello.
Mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se encuentra inmersa en una fuerte disputa de poder con Karina Milei, sufre una fuerte baja en su entorno más cercano, ya que renunció su jefe de Gabinete, Federico Barttfeld.
El diplomático fue reasignado por el Gobierno como Embajador en Portugal, por lo que tuvo que oficializar su renuncia para poder tomar el cargo afuera del país. El cambio se da en medio de una fuerte pelea que la Canciller mantiene con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el propio Presidente, por sus cuestionados viajes al exterior, que paga el Estado.
La salida de la mano derecha de Mondino responde a un fuerte conflicto de intereses dentro del terreno diplomático, que no atraviesa su mejor momento, tras las críticas de Javier Milei contra su par de Brasil, Lula da Silva, que elevaron la tensión entre naciones y que la titular de la diplomacia argentina no supo manejar.
Además, la tibia respuesta de la funcionaria sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia y el enojo del presidente de ese país, Luis Arce para con el mandatario libertario por acusarlo de un “auto golpe”, elevaron la tirantez entre la cordobesa y la Casa Rosada.
Por ahora, la Canciller parece sostenerse en su cargo, a pesar de la nula relación con los hermanos presidenciales, y fue confirmado que viajará el próximo sábado a Paraguay, para participar de la cumbre del Mercosur, a la que Milei no quiere asistir para no cruzarse con Lula, tras acusarlo de “corrupto” y “comunista”.
Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.
El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.
El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".
El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.
"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.
El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.
David Adrián “El Dipy” Martínez es funcionario del gobierno nacional desde el 1° de abril pasado, a pesar de que este miércoles negó tener un cargo y dijo que le hicieron una “opereta”.
El documento de designación del cantante cumbiero lo nombra como “asesor en bandas emergentes”, con fecha de inicio el 1° de abril de 2024 y finalización el 31 de diciembre de este año. El documento está firmado por el secretario de Cultura, Leo Cifelli.
La designación oficial establece queEl Dipy percibirá por mes el equivalente a 3450 unidades retributivas de servicios (URS). En julio, eso implicaba un sueldo de algo más de 1,7 millones de pesos. En agosto, por el aumento de la URS el sueldo de El Dipy superará los 2 millones de pesos. Es septiembre llegará a 2,35 millones.
El martes que El Dipy había sido designado en Cultura y un día después el cantante salió a desmentirlo. “Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”, dijo a América TV.
El sitio LPO ya había mostrado la documentación que presentó El Dipy para ser funcionario ante la dirección general de Recursos Humanos del Ministerio de Capital Humano. En el CV, el cantante villero detalla que sólo tiene el primario completo y que su experiencia laboral incluye la grabación de dos discos, incluido el de oro y platino. También destaca que en 2021 ganó un premio Gardel por su trabajo “Es lo que hay”.
