01 septiembre, 2024

Milei y Macri buscan consolidar una alianza electoral para “terminar con el kirchnerismo”

El Presidente y el líder del PRO tejen una posible coalición de cara a las elecciones legislativas del próximo año, con el objetivo de unificar el voto opositor y evitar la fragmentación del electorado anti K.
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En un giro algo inesperado dentro del convulsionado escenario político, Javier Milei comenzó a delinear un acercamiento estratégico con Mauricio Macri, presidente del PRO, de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Este posible acuerdo podría significar un frente unificado con el objetivo común de “terminar con el kirchnerismo”, según informaron fuentes cercanas a ambos líderes.

La relación entre Milei y Macri estuvo atravesada por altibajos y tensiones, —especialmente tras el “destrato” sufrido por Macri en Tucumán durante la firma del Pacto de Mayo—. Sin embargo, el regreso del expresidente de su viaje a Europa parece haber abierto una ventana de oportunidad para retomar el diálogo y fortalecer una alianza que podría resultar decisiva en las próximas elecciones.

El “pacto de Acassuso” | Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luis Petri y Damián Arabia, reunidos en el búnker libertario tras el triunfo electoral

Milei, consciente de la importancia de mantener el apoyo del electorado macrista, evitó romper puentes a pesar de la creciente autonomía de su partido: El presidente libertario no descarta la posibilidad de que La Libertad Avanza y el PRO confluyan en una misma coalición. “Compartimos electorado y tenemos claro que no puede volver el kirchnerismo”, argumenta una fuente cercana al gobierno en diálogo con el periodista de Clarín, Ignacio Ortelli.

La estrategia detrás del acuerdo

El armado de listas y la definición de candidaturas son temas críticos en este acercamiento. La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, juega un rol fundamental en el diseño de la estructura nacional del partido, asegurando que no dependan de terceros. Sin embargo, la idea de un acuerdo electoral con el PRO ha sido considerada seriamente, a pesar de la postura purista de algunos asesores de Milei.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, es un mediador clave en este proceso, buscando formas de trabajar en conjunto tanto en la gestión como en lo político y electoral. “La primera semilla del cambio la sembró él. Macri es un aliado significativo, no solamente por las características de sus dirigentes sino porque compartimos un electorado importante”, reforzó. Incluso, adelantó que planea reunirse con Macri a su regreso de unos días de descanso.

Mauricio Macri está listo para volver a la escena pública. Prepara dos actos para agosto que prometen marcar un hito en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Esta reaparición no solo busca ordenar al partido y establecer una línea clara de acción, sino también aprovechar el descontento que muestran algunas encuestas hacia la actual administración.

El macrismo ve en este acercamiento una oportunidad de consolidar su posición política y evitar que el oficialismo les robe la agenda. La estrategia del PRO se enfoca en recuperar la iniciativa política y mantener el poder territorial del partido, mientras evalúan la posibilidad de ir a las urnas en solitario si las condiciones no son favorables para una coalición con Milei.

Desafíos actuales y eventuales perspectivas futuras

A pesar de los esfuerzos por acercarse a Macri, Milei enfrenta desafíos internos y externos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha sido un apoyo significativo para el presidente, pero también una fuente de tensión dentro del PRO. Además, la posibilidad de que Macri sea candidato a primer senador por la Ciudad de Buenos Aires es un tema que aún debe ser discutido y acordado.

En este contexto, Milei y su equipo deberán equilibrar las alianzas estratégicas con la autonomía de su partido, asegurando que cualquier acuerdo electoral no diluya su identidad política. Las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo de esta posible coalición y su impacto en el escenario.

Redacción

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Acorralada por tuiteros libertarios, la diputada Ponce negó haber recibido retornos pero no aclaró su situación

A mediados del mes pasado, DATA24 reveló que la diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce, les exigía a sus asesores una parte significativa de sus sueldos. Una de las afectadas, María Guillermina Ruiz, comentó: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 mil y yo me quedaba con 200 mil”.

A finales de julio, el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por los presuntos delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, bajo la dirección de Julián Ercolini.

En la tarde de hoy, tras más de veinte días de silencio, presiones por parte de diputados del bloque de La Libertad Avanza y de los usuarios de las redes, quienes le pedían que esclarezca su situación judicial, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: "ES FALSO". En ese sentido, publicó que "esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia". Además, alegó que todo es una "operación política" contra el oficialismo, a pesar de las capturas de los comprobantes de transferencias bancarias publicadas por este medio.

El posteo, con casi cincuenta mil reproducciones, generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: "Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos". Finalmente, pidió a la comunidad en redes que "entiendan" que es diputada: "No soy una tuitera".

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PROMESA CUMPLIDA | Rural y Coninagro elogiaron la baja y quita de retenciones al campo

Se concretó hoy una baja y eliminación de retenciones a productos del campo que había sido anunciada por el presidente Javier Milei en su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Se trata del fin de los derechos de exportación para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E [son para todos los mercados, en especial China, el mayor comprador de carne de vacas]. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.

La medida se conoció a través del decreto 697 que lleva la firma del presidente Milei. También pusieron su firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas disposiciones habían sido informadas por Milei el 28 de julio pasado, cuando estuvo en la Rural.

Es la segunda promesa que cumple el Gobierno esta misma semana luego que este lunes se formalizara otro anuncio que también había realizado el jefe de Estado en la Rural: ya no será obligatoria la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para quienes comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.

Más atrás en el tiempo el Gobierno implementó una simplificación de trámites y declaraciones obligatorias para productores y exportadores con foco en agilizar el negocio. También bajó aranceles a insumos herbicidas y a la urea.

“El gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). Las medidas, anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina”, dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.

Según precisó luego, el decreto “dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina”.

Para destacar, como novedad se sumó la quita a la cadena porcina. De acuerdo a lo que había trascendido en un primer momento, iba a tener una reducción del 25%. Sin embargo, la alícuota se llevó a 0%. Agricultura dijo: “El decreto también establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial”.

Hace unos días, la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el alivio fiscal para el sector ganadero por las medidas de Milei será de US$159 millones. Esto por la baja del 25% de las retenciones desde una alícuota del 9% y el fin de los derechos de exportación para la categoría de vacas.

Para recordar, en 2023 todas las exportaciones de carne vacuna representaron ingresos al país por US$2.735.597.396, una merma de 20,1% versus el año precedente debido a la caída de los precios internacionales. El 60,3% de esas divisas vinieron de China, el mayor cliente del país.

LOS LÁCTEOS

El decreto presidencial, además, ordenó “la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones”.

Vale recordar que en octubre pasado, en plena campaña electoral, el exministro de Economía, Sergio Massa, había suspendido las retenciones a los lácteos hasta diciembre de 2023. Luego Milei prorrogó la medida hasta junio pasado y después avanzó con una extensión hasta junio de 2025. Finalmente, ahora se hizo una quita definitiva de los derechos de exportación.

En el caso de los lácteos, entre enero y junio pasado se vendieron al mundo productos por 650,5 millones de dólares, una retracción del 2% contra igual lapso de 2023. Brasil fue el principal destino en valor: pagó US$308,8 millones por los lácteos argentinos.

De acuerdo al decreto de hoy, también se implementó “una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%”. Agricultura precisó: “Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país”. Según detalló, en 2023 “el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones”.

Redacción

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MÁS CORRUPCIÓN | Descubren que la diputada Ponce tiene un asesor no registrado de 19 años también involucrado en los retornos

El escándalo que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba, María Celeste Ponce (LLA), parece no tener fin. Ahora, tras la denuncia penal presentada a fines de julio, donde se señala a la burócrata de La Libertad Avanza por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, ahora se conoció que Ponce tiene un joven asesor que no aparece en la nómina oficial del Congreso como su asesor, quién sería el encargado de gestionar los retornos que la mujer le exigía a sus colaboradores.

Esta nueva información ya fue anexada a la denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

¿QUIÉN ES EL JOVEN ASESOR DE PONCE?

Se trata de Tomás Gutiérrez, de aproximadamente 19 años de edad. El adolescente se desempeña como una suerte de secretario privado de Ponce pero se presenta como un asesor. Está bajo el ala y la protección de Ponce, incluso se dirige a ella como “Mamá”: la cordobesa “lo ayudó en su vida personal, lo adoptó como un hijo postizo y hasta le brindó alojamiento en un departamento que alquilaba en el barrio porteño de Palermo”, declaró una de las fuentes que ya está en la causa a este medio.

En sus redes sociales, Gutiérrez se autodenomina “referente cordobés” de la agrupación apartidaria conducida por la diputada, Pumas Libertarios. En la home de la agrupación política, Tomás aparece coordinando algunas actividades de la organización y figura como un contacto de la misma.

En el marco de las polémicas por los sueldos, Gutiérrez actuó como intermediario. Siguiendo órdenes de Ponce, el joven se comunicaba con los asesores oficiales de la diputada para coordinar las transferencias de dinero.

Gutiérrez cenando con la diputada y junto a Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente

Otro periodista que investigó este entramado, Tomás Díaz Cueto, publicó en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de conversaciones entre Gutiérrez y la exasesora de Ponce que “destapó la olla”, María Guillermina Ruíz.

Los polémicos chats del secretario con la denunciante: Gutiérrez llamando “Mamá” a Ponce

“Cele necesita que le hagas esas transferencias cuánto antes”, tipeó el asesor no declarado, el pasado cuatro de mayo. Previo a ese mensaje, las capturas de las transferencias a Ponce publicadas por DATA24, muestran dos pagos a la diputada: Uno de $500.000 y otro de $400.000, realizado éste último a finales de abril, días antes de la conversación con Gutiérrez. Por esa razón Ruiz, indignada y descontenta, le manifestó sobre la situación al secretario, quien la envió a contactar a Elías, la pareja de Ponce y el encargado de “gestionar” los contratos de los asesores.

Antes de ayer, tras semanas de silencio, presionada por alguno de sus pares del bloque y por usuarios de las redes, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: “ES FALSO”. En ese sentido, publicó que “esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia”. Además, alegó que todo es una “operación política” contra el oficialismo libertario.

El posteo generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: “Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos”. Finalmente, pidió a la comunidad en redes que “entiendan” que es diputada: “No soy una tuitera”.

Redacción

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MÁS PELEAS EN LLA | Ahora Lilia Lemoine insultó a Espert: “Él es gay y su mujer es maquiavélica”

La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.

En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.

María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.

La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.

Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos

Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.

En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña (de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.

En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".

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Redacción

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LA RIOJA EN DEFAULT | Bonistas piden un juicio sumario en Nueva York para cobrar la deuda

La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.

Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.

La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.

El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.

En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.

En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.

La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.

EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO

Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.

“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.


*Fuente: Patricia Valli – El Cronista Comercial

Redacción

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El Gobierno decretó que los salones de fiestas dejen de pagarle a SADAIC por pasar música en eventos privados

El gobierno nacional introdujo importantes modificaciones en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, adaptándola a las necesidades y realidades del siglo XXI. A través del Decreto 765/2024, el cual actualiza y redefine varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, basándose en la Ley N° 11.723, que es la base legal del derecho de autor en el país.

La Ley N° 11.723, sancionada en 1933, establece el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina, protegiendo el derecho de autor sobre diversas expresiones artísticas y culturales. Esta ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre la utilización de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.

Sin embargo, con el paso de los años, la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de consumir contenido hicieron que algunas de las definiciones y regulaciones de la ley queden obsoletas. Este desajuste entre la normativa vigente y la realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.


Uno de los puntos centrales que plantea la norma es la redefinición del concepto de “ejecución pública”. Hasta ahora, la última modificación significativa en esta área se había realizado en 1945, cuando se ajustó el Decreto N° 41.223/34. No obstante, la definición de ejecución pública en ese momento respondía a una realidad muy distinta a la que enfrentamos hoy en día, donde el acceso a obras artísticas y culturales se democratizó y diversificó considerablemente gracias a las tecnologías digitales.

El objetivo de esta actualización es proporcionar una definición más clara y actualizada del término “ejecución pública” que refleje mejor la realidad del siglo XXI. Esto implica reconocer los nuevos medios a través de los cuales las obras pueden ser compartidas y consumidas por el público, como el streaming en Internet y otras plataformas digitales, así como garantizar que los derechos de los autores sean respetados y adecuadamente compensados.


Modificaciones claves en dos artículos fundamentales del Decreto N° 41.223/34, que reglamenta la Ley N° 11.723.

1- Redefinición de la ejecución pública

El nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se refiere a cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, independientemente de los fines que persiga dicha representación. Esta definición amplia incluye tanto las ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como aquellas que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como es el caso de las transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.

Lo que resulta novedoso es la exclusión explícita de las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados. Es decir, si una obra es interpretada en un lugar de acceso restringido y no está abierta al público general, no se considerará una ejecución pública bajo esta normativa. Esto busca aclarar situaciones donde, por ejemplo, una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.

2 – Derechos de los autores en la era digital

El artículo 35 también fue revisado para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Según esta modificación, las obras musicales, cinematográficas y los fonogramas no pueden ser objeto de ejecución pública sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Esta autorización puede ser gestionada directamente por los autores o a través de sociedades de gestión colectiva que los representen.

Además, se establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, a través de la ejecución pública de una obra, debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos. Esto incluye a quienes utilizan la obra de manera ocasional o permanente en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares.

Un aspecto importante de este artículo es que no será necesario abonar una compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural, permitiendo un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.

IMPACTO EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

La idea de la actualización es equilibrar el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo con la necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución. La clarificación del concepto de ejecución pública y la incorporación de las nuevas formas de consumo digital son pasos significativos hacia una protección más efectiva de la propiedad intelectual.

Para los artistas, músicos, cineastas y otros creadores, esta actualización representa un reconocimiento de la importancia de su trabajo y un esfuerzo por proteger sus derechos en un contexto donde la tecnología cambió las reglas del juego. Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en la implementación y monitoreo de estas normativas en el vasto y dinámico espacio digital.

Por otro lado, para los establecimientos que utilizan obras protegidas, como bares, restaurantes y gimnasios, el decreto subraya la importancia de contar con las licencias adecuadas para la ejecución pública de obras. De no hacerlo, se arriesgan a enfrentar sanciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.


Redacción

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