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Ayer, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó una recorrida por varios pueblos de la provincia. Desde sus redes, el funcionario narró que comenzó el día visitando la localidad de Pozo Borrado, y siguió su recorrido por El Nochero, Margarita, Llambi Campbell y, finalizó su gira en Helvecia.
Durante su paseo, el gobernador de la provincia fue protagonista de un episodio que despertó carcajadas en las redes.Ocurrió que se viralizó un video del jefe provincial rodeado de niños que le pedían autógrafos y, en el tumulto, puede escucharse el reproche de uno de los niños: “¡Pero ese no es Milei!”.
Algunos usuarios cuestionaron la supuesta espontaneidad del video, argumentando que la vieja costumbre de pedir autógrafos no es una conducta esperable en un niño. Comentarios como “Obligan a los chicos a que se le acerquen” y “Los chicos no piden autógrafos. Esa es cabeza de adulto” fueron comunes en las redes.
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El senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, un proyecto de intervención federal de la provincia Formosaporque “no existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfran, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores”.
“Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22. Creemos firmemente en las promesas de campaña que tanto apoyamos y por las cuales trabajamos. Formosa no es un caso aislado, es la madre de las batallas contra el autoritarismo, la libertad de expresión y la defensa de la República. ¡Necesitamos la intervención de Formosa cuanto antes!”, expresó Paoltroni.
A través de un video que difundió en sus redes, el exsenador libertario ratificó que en su provincia “se violan todos los principios republicanos en donde no están ningún tipo de derecho y desde la propiedad privada, ni la libre expresión de los ciudadanos y mucho más la persecución política y todo lo que el pueblo formoseño está padeciendo”.
“Creemos que esta es la única solución para ponerle fin a este sistema corrupto en donde por más que falle la Corte Suprema no va a estar garantizada la irrupción del poder porque podrían implementar un caso de nepotismo como el de Santiago del Estero. Por eso creemos que la única alternativa”, explicó.
ADORNI Y “LAVADO DE MANOS”
Cabe recordar que el pasado 25 de octubre el vocero presidencial afirmó que el Gobierno “no se meterá” en la reforma constitucional de Formosa. “Nosotros no nos metemos en cuestiones que son decisiones provinciales y menos cuando aún no ocurrieron. Cuando pase podremos emitir opinión. Son temas que tiene que resolver la provincia dentro de la Ley respetando la Constitución. Somos observadores nada más de lo que ocurre”, había dicho en ese momento el vocero presidencial, Manuel Adorni.
A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.
– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni
El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.
– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo
Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.
– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa
Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.
– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones
Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.
– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales
Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.
– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco
El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.
– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones
La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.
– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio
El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.
*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
Durante un acto oficial en Casares, provincia de Buenos Aires, donde se entregaron viviendas y se inauguró la Casa de la Provincia junto a otras obras, Lucas Terra, un joven con discapacidad, fue agredido por miembros de la custodia del gobernador Axel Kicillof. El incidente ocurrió tras un grito de Terra dirigido al mandatario:“Dejá de mentir, dejá de robar”. La acción derivó en que dos efectivos policiales de civil lo tomaran del cuello y le propinaran un golpe de puño mientras lo retiraban del lugar.
– El intendente de Casares, Daniel Stadnik junto al gobernador Kicillof en el acto donde el joven fue agredido
Lucas Terra, quien desde hace años solicita una vivienda adaptada a su situación de discapacidad, narró su experiencia: “Yo estoy hace años anotado para una vivienda. Lo único que le dije (a Kicillof) es: ‘Dejá de mentir, dejá de robar’. Fue ahí que me agarró un gordo del cogote, me pegó una piña. Tengo certificado de discapacidad. Me pegaron, no me dio tiempo a atinar a nada…”, explicó al medio Casares On Line. Terra también agregó que su intención inicial era hablar con el gobernador, saludarlo y tomarse una foto.
Tras el ataque, Terra realizó una denuncia formal contra los guardaespaldas de Kicillof y destacó la intervención de los funcionarios municipales Juan Goreta y Claudio Coronel. “Si no fuera por ellos, no sé qué me podía pasar”, dijo.
El intendente de Casares, Daniel Stadnik, inicialmente declaró desconocer los hechos, pero posteriormente confirmó haber hablado con Goreta y Coronel. Según estos últimos, la custodia del gobernador actuó desconociendo que se trataba de una persona con discapacidad. “Ante esa situación, intercedieron para explicarle [a la custodia] que era un chico especial. Si no fuera por ellos, se lo habrían llevado detenido”, relató Stadnik.
El jefe comunal también lamentó el episodio y expresó su compromiso de seguir ayudando a Terra dentro de las posibilidades del municipio. “Nosotros siempre estamos ayudándolo de una u otra manera porque sabemos de su situación, pero le habíamos dicho que no teníamos casa para entregarle. Tendremos que ver de qué manera podemos ayudarlo”, concluyó Stadnik.
El reconocido periodista Marcelo Longobardi fue despedido este miércoles de Radio Rivadavia, donde conducía el programa Esta Mañana . Según explicó, recibió una carta documento en la que se argumentó su “falta de presencialidad” y cuestiones de audiencia como razones de la rescisión de su contrato. Sin embargo, Longobardi atribuye su salida a presiones políticas vinculadas al gobierno de Javier Milei y anunció que iniciará acciones legales. “Me vienen presionando de diversas maneras y encontraron la excusa de la presencialidad, que es irrelevante en el siglo XXI. Esto es una transacción con el Gobierno”, afirmó desde Miami.
Desde Alpha Media, empresa propietaria de la emisora, negaron que el despido tuviera motivaciones políticas y lo justificaron por cuestiones contractuales y artísticas. Jonatan Andreani, director de Rivadavia, declaró: “El programa pierde solidez cuando el periodista analiza la realidad argentina desde Miami. Además, no superó las expectativas en términos de audiencia”. Andreani también destacó que Longobardi trabajaba desde el exterior o desde Nordelta y que la desconexión con su equipo era evidente. A su vez, confirmó que otros miembros del programa continuarán en la radio, mientras que la columnista Maite Peñoñori también fue desvinculada por trabajar desde Miami.
Longobardi rechazó las explicaciones del medio y sostuvo que su promedio de audiencia era superior al de la radio en general. También cuestionó la falta de respaldo de la emisora frente a los ataques que recibió del presidente Milei y sus seguidores. “Milei tiene un problema conmigo porque fui crítico de su gradual hacia una autocracia. Esto no tiene que ver con la audiencia ni con la presencialidad, sino con que la radio busca un perfil más amigable para el poder político actual”, afirmó el periodista, quien adelantó que intentará realizar su programa pese al conflicto.
El detonante del despido, según Longobardi, habría sido la emisión de una entrevista con el periodista Hugo Alconada Mon sobre una investigación contra un funcionario cercano a Milei. Por su parte, el periodista destacó que su trabajo en remoto había sido aceptado durante años y criticó que otros colegas como Nelson Castro y Jorge Lanata también trabajaban desde ubicaciones externas sin inconvenientes. Mientras tanto, Longobardi se prepara para enfrentar un proceso judicial con la empresa y denuncia una clara vulneración a la libertad de expresión.
Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó severas irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la provincia de Chaco. Más del 66% de los beneficiarios auditados no cumplían con los requisitos establecidos para percibir el subsidio. En algunos casos, los fraudes resultaron alarmantes, involucrando diagnósticos falsos, informes médicos irregulares e incluso confesiones de fraude.
La auditoría, encabezada por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue parte de una serie de operativos desplegados en localidades chaqueñas —Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli—. Los trabajos pusieron bajo la lupa las pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.
2689 beneficiarios fueron citados a la auditoría, de los cuales 2344 (87,17%) asistieron.
Solo 365 casos (13,58%) cumplieron con los requisitos.
1796 casos (66,79%) fueron declarados desfavorables y serán dados de baja.
345 beneficiarios (12,83%) no se presentaron.
Otros 183 casos (6,81%) continúan bajo fiscalización médica.
Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran situaciones que evidencian un esquema de corrupción y negligencia.
Amputación falsa: A una mujer se le otorgó la pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, pero la auditoría confirmó que estaba en perfecto estado de salud.
Diagnósticos contradictorios: Beneficiarios presentaron informes inconsistentes; por ejemplo, alegaban tener hipertensión, mientras el Cuerpo Médico registró diagnósticos de diabetes.
Cáncer de mama inexistente: Una mujer cobró una pensión por cáncer de mama, pese a nunca haber sido diagnosticada ni haberse realizado exámenes médicos.
Pensión por pie plano: Una niña recibió el beneficio por un diagnóstico de pie plano, lo que generó dudas sobre los criterios utilizados.
Confesión de fraude: Una mujer admitió que su pensión fue gestionada por su empleadora con el único fin de evitar pagar su salario.
En el caso de Taco Pozo, donde el 10% de los habitantes percibe pensiones por invalidez, la auditoría encontró que el 97% de los beneficios eran fraudulentos. El fiscal federal Carlos Amad denunció un esquema que involucraba a médicos, gestores, funcionarios municipales y al intendente Carlos Antonio Ibáñez. Las investigaciones revelaron que se pagaban hasta 30.000 pesos para obtener certificados falsos y dar inicio a expedientes aprobados sin control. Además, se descubrió un patrón de familias completas que accedían a pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo menores de edad que aparecían como beneficiarios sin ninguna discapacidad.
Amad informó que en allanamientos realizados en viviendas particulares se incautaron cuadernos con registros de pagos de coimas, certificados médicos falsificados y evidencia de complicidad entre gestores y autoridades locales. Entre los diagnósticos irregulares figuraban enfermedades como “Mal de Chagas”, “diabetes” y “traumatismos de columna lumbar”, utilizados para justificar las solicitudes de pensiones.
Según datos oficiales, durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a estas pensiones, lo que equivale a un perjuicio de 3.400 millones de dólares al año. Esta cifra representa un impacto severo para un sistema que debería priorizar a las personas con discapacidad real.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “Esto es una vergüenza que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos comprometidos a limpiar este sistema corrupto y devolver los recursos a quienes realmente los necesitan”.
UNA TRAMA QUE DURÓ DÉCADAS
La investigación revela que el esquema de corrupción en las pensiones no contributivas no es reciente. Según la ANDIS, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones se incrementó de 80.000 a 1.050.000. Esta cifra, según fuentes oficiales, es “inédita incluso en países devastados por conflictos bélicos”.
Durante la administración de Mauricio Macri, el número de beneficiarios se mantuvo estable, pero en la gestión de Alberto Fernández, la cifra ascendió a 1.250.000. Investigaciones actuales sugieren que la falta de controles médicos rigurosos fue clave para la expansión de este fraude.
El fiscal Amad destacó que estas pensiones eran “moneda de cambio para favores políticos”, perjudicando a quienes realmente las necesitan. Además, señaló que muchos solicitantes que presentaron documentación válida fueron rechazados debido a la saturación generada por expedientes fraudulentos.
Diego Spagnuolo aseguró que el objetivo de las auditorías es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y poner fin a la corrupción. Para ello, se implementaron nuevos controles médicos y cruces de datos con otras instituciones del Estado. Desde la ANDIS, explicaron que “esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos que pagan sus impuestos”.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
