ATE repudió la propuesta de Sturzenegger para tomarle examen a los empleados públicos
Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, cuestionó el comienzo de la gestión del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y consideró que el proyecto “es perverso”.
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El reciente anuncio de Federico Sturzenegger, nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sobre la implementación de un examen de ingreso para la función pública, generó una rápida y fuerte reacción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con el funcionario del presidente Javier Milei, calificando la iniciativa como un mal comienzo.
Aguiar criticó duramente a Sturzenegger, señalando: “Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06”. Además, tachó de hipócrita al ministro por hablar de condiciones de ingreso mientras el Gobierno “despide y cesantea ilegalmente a empleados”.
El líder sindical enfatizó que ATE siempre ha estado a favor del ingreso por concurso, el derecho a la carrera administrativa y la estabilidad laboral, rechazando el acomodo y el favoritismo. “Me permito, respetuosamente darle un último consejo, no hable mucho de idoneidad, porque se quedan sin medio Gabinete y se les vacía la Vocería Presidencial“, lanzó Aguiar en un mensaje que también difundió en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la propuesta de su nuevo ministro en su cuenta de Instagram, afirmando que el examen de ingreso es para aquellos que deseen trabajar en el Estado y criticando a quienes protestan porque “no lo van a poder pasar”. Este respaldo presidencial subraya el compromiso del gobierno con la iniciativa de Sturzenegger.
Sturzenegger detalló en redes sociales las funciones de su nuevo ministerio, destacando una “agenda de desregulación” con ejes en la agenda legislativa y reglamentaria. Anunció la continuación de la Ley Hojarasca y otros aspectos de la Ley Bases original. Además, mencionó que se buscará eliminar burocracia innecesaria y fomentar cambios simples, como la desregulación del mercado aerocomercial.
La controversia principal radica en la propuesta de exámenes de ingreso, que Sturzenegger justificó como una medida para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del servicio público. “La evaluación permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución”, afirmó el ministro.
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La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
La provincia de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota de la Policía provincial tras su recuperación en procedimientos judiciales. Los vehículos, que habían sido secuestrados en operativos vinculados a delitos, fueron reasignados por decisión de la Justicia para tareas de prevención y seguridad, en una medida que apunta a reforzar el patrullaje con recursos ya recuperados por el Estado.
La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, ClaudioGonzález.
Las unidades fueron recuperadas luego de operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos resultados reflejan el trabajo realizado en controles viales y rurales.
Roncaglia remarcó el valor simbólico y operativo de la medida al señalar que los bienes utilizados en hechos delictivos pueden convertirse en herramientas para la prevención: “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”.
El ministro también puso el foco en el criterio de uso de los recursos públicos y en la rápida puesta en funcionamiento de los vehículos recuperados. “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
Una serie de correos electrónicos incorporados a documentación judicial en Estados Unidos vuelve a proyectar la sombra de Jeffrey Epstein sobre figuras del poder económico y político internacional. Entre los nombres que aparecen mencionados surge uno con fuerte impacto en la Argentina: el del empresario británico Joe Lewis, propietario de extensas tierras en la Patagonia y figura central de la controversia por el acceso a Lago Escondido.
Los intercambios no contienen acusaciones directas. Pero sí revelan contactos, referencias a encuentros en Bariloche y consultas sobre la reputación internacional del magnate, en diálogos que involucran a banqueros globales y a un dirigente clave del Partido Laborista británico.
“Pasé un día con Joe Lewis en Bariloche”
El 25 de diciembre de 2009, Epstein envió un mensaje breve al entonces alto ejecutivo bancario Jes Staley, conocido por haber sido director ejecutivo (CEO) de Barclays, uno de los mayores bancos del Reino Unido: “¿Dónde estás?”.
La respuesta llegó horas más tarde. Staley escribió que se encontraba “cerca de Salvador, Brasil”, pero agregó un dato significativo: “Pasé un día con Joe Lewis en Bariloche, Argentina. No sé qué pensar de él”.
La frase, escueta pero contundente, confirma que en diciembre de 2009 hubo un encuentro entre Staley y Lewis en la ciudad rionegrina. No se trata de un detalle menor: Bariloche y El Bolsón es el epicentro de la presencia territorial del magnate británico en la Argentina, donde controla miles de hectáreas alrededor del Lago Escondido.
Que el nombre de Lewis aparezca en una conversación privada entre Epstein y un banquero internacional coloca a la Patagonia dentro del radar de las redes sociales y financieras que orbitaban alrededor del financista estadounidense.
La consulta a Londres: “¿Reputación?”
Meses antes, el 9 de junio de 2009, Epstein había escrito a Peter Mandelson, figura central del laborismo británico y hombre fuerte del gobierno de Gordon Brown en ese momento.
El mensaje fue directo: “¿Conocés a Joe Lewis? Pasa la mayor parte del tiempo en Abu Dhabi — ¿reputación?”
La pregunta sugiere que Epstein buscaba referencias políticas sobre el empresario. La respuesta, enviada desde un BlackBerry al día siguiente, indica que Mandelson creía identificarlo como alguien cercano al Labour y a “Tony”, en aparente alusión a Tony Blair. “Parece ok. ¿Averiguo más?”, añadió.
El intercambio deja al descubierto que Epstein se movía con naturalidad consultando por empresarios ante figuras del más alto nivel político británico. Y que Joe Lewis formaba parte de esas conversaciones.
Patagonia, poder y redes globales
La figura de Joe Lewis no es ajena a la polémica en Argentina. Su nombre está asociado a disputas judiciales y políticas por el acceso público al Lago Escondido y a su influencia en la región andina. A nivel internacional, el empresario enfrentó en 2023 cargos en Estados Unidos por presunto uso de información privilegiada en operaciones bursátiles.
Los correos no prueban vínculos ilícitos entre Lewis y Epstein. Pero sí revelan que el magnate británico era mencionado en el círculo íntimo del financista, y que existieron encuentros en territorio argentino entre personas de máxima relevancia financiera global.
En el universo Epstein —caracterizado por la opacidad, el lobby y las conexiones transnacionales— cada referencia adquiere peso propio. Más aún cuando aparece asociada a enclaves estratégicos como la Patagonia argentina.
El dato político que incomoda
Hay un punto especialmente sensible: en otro intercambio, Epstein menciona que “a todos los efectos Peter Mandelson es ahora viceprimer ministro”. La conversación fluye en un tono de familiaridad que evidencia acceso directo a dirigentes de primer nivel.
La combinación de estos elementos —encuentros en Bariloche, consultas políticas en Londres y menciones en el entorno de Epstein— vuelve a poner bajo la lupa la trama de relaciones que conectan negocios, poder y territorio.
Para la Argentina, el impacto no es menor. Porque el nombre de Joe Lewis no remite solo a inversiones, sino a un debate abierto sobre soberanía, acceso a recursos naturales y vínculos entre empresarios extranjeros y la dirigencia política local.
Además, uno de los protagonistas del intercambio es Jes Staley, histórico ejecutivo de JPMorgan y ex CEO del banco británico Barclays, quien debió renunciar en 2021 tras una investigación regulatoria sobre cómo describió su vínculo con Jeffrey Epstein ante el directorio de la entidad. Staley reconoció haber mantenido contacto con el financista incluso después de su condena en 2008, y posteriormente fue sancionado e inhabilitado por el regulador financiero del Reino Unido, un antecedente que le da aún mayor relevancia a su mención sobre un encuentro con Joe Lewis en Bariloche.
La violencia se produjo durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Vecinos que protestaban pacíficamente denunciaron agresiones que atribuyeron a “patoteros” del intendente Walter Cortés.
Con 26 votos a favor y 6 en contra, el Senado provincial reformó el protocolo de actuación policial para reforzar el resguardo administrativo de los efectivos.
Impulsada por Ignacio Torres, la medida fijó la verificación de antecedentes fiscales y administrativos para otorgar, renovar o transferir permisos y habilitaciones en la actividad pesquera. El oficialismo la presentó como una herramienta de transparencia y control.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
