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Este lunes la jueza María Galletti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, procesó por abuso sexual simple a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien fue denunciado hace dos años en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas. La magistrada también dispuso un embargo por la suma de $1,5 millones, sin afectar su libertad por el momento.
Rakauskas denunció también haber sufrió varios aprietes e intentos de asesinato. Incluso afirmó que Claudio Letini, por entonces jefe de Gabinete de Espinoza, le habría ofrecido firmar un papel para declinar de la denuncia a cambio de una designación laboral.
La causa contiene dos hechos: uno por el abuso, y el otro por desobedecer la orden de prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la víctima, que se sostiene hasta la actualidad con el la firma de Galletti.
El intendente es considerado “prima facie” responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con desobediencia, en calidad de autor y en perjuicio de la denunciante.
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El periodista y sociólogo, Pedro Brieger, conocido por su ferviente militancia kirchnerista y su labor en medios como NODAL, C5N y en la Universidad de Buenos Aires, enfrenta serias acusaciones de acoso sexual por parte de cinco mujeres. La investigación, realizada por el periodista de Clarín, Alejandro Alfie, y difundida a través de la red social X, sacudió las redes.
El 19 de junio, Alfie publicó en su cuenta de X: “Hay un periodista muuuy conocido que tiene cinco casos de acoso sexual, pero como las cuatro periodistas acosadas y una secretaria de una universidad donde era docente no hicieron denuncias judiciales, entonces nadie informa y sigue trabajando como si nada”. Esta declaración, sin revelar inicialmente el nombre del acusado, fue seguida por detalles de las supuestas víctimas: una periodista de Télam, otra que lo entrevistó en su programa de radio, su columnista de género, una alumna de TEA (Taller Escuela Agencia)y una secretaria de la Universidad de Belgrano.
Según Alfie, la investigación se originó cuando una periodista de Télam le comentó que Brieger la había acosado durante un viaje de cobertura en Túnez en 2008. Este relato motivó a Alfie a profundizar y descubrir un patrón de comportamiento similar en otros casos.
Los casos de acoso de Brieger
Agustina Kämpfer (2000-2002): La mediática relató que mientras estudiaba en TEA fue acosada por Brieger, quien como profesor la incomodaba con miradas insistentes y comentarios inapropiados, llegando incluso a tocarla y hacerle propuestas incómodas. Aunque decidió no realizar una denuncia judicial, su testimonio resalta la importancia de abordar estas conductas.
Cecilia Guardati (2008): Durante una cobertura en Túnez, Guardati, periodista de Télam, fue sorprendida por Brieger, quien se encontraba desnudo en su habitación y se masturbaba mientras le hablaba. A pesar de la incomodidad Guardati optó por no denunciar debido al prestigio de Brieger y al miedo a posibles represalias.
Periodista Anónima (2010): Una exalumna de Brieger, quien pidió mantener su identidad en secreto, reveló haber sido objeto de un comportamiento similar durante una entrevista en la radio AM750. Brieger se masturbó frente a ella, generando una situación traumática. A pesar de la gravedad del incidente, decidió no denunciar por temor a represalias y a la exposición pública.
Columnista de Género (2019): Una columnista que trabajaba en “Demoliendo Fronteras”, programa de Radio 10 conducido por Brieger, renunció tras sufrir constantes acosos y comentarios inapropiados. Aunque intentó seguir trabajando, la situación se volvió insostenible y optó por dejar su empleo.
Secretaria de la Universidad de Belgrano (1994-1995): Brieger acosó a una secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, llamándola repetidamente con comentarios lascivos e inapropiados. Tras intervenir las autoridades académicas, Brieger fue obligado a renunciar a su cargo docente.
Respuesta de Brieger
Pedro Brieger negó todas las acusaciones a través de un comunicado publicado por Alfie en X: “Lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista”, aseguró. Además, advirtió que podría tomar acciones legales contra Alfie y las personas que lo acusan de difamación.
El periodista de Clarín, por su parte, se defendió afirmando que solo estaba difundiendo la información obtenida a través de su investigación y que cada persona debería sacar sus propias conclusiones.
Durante el mediodía de hoy, las autoridades de C5N se reunieron con Pedro Brieger para definir su situación en ese canal de noticias. La sanción puede ir desde vacaciones anticipadas hasta su despido. “Lo sacan del aire, como medida preventiva por las acusaciones de acoso sexual que difundí ayer”, informó Alfie.
Serían “más de cinco” los casos de abuso
Tras el posteo de Alfie, la periodista de El Cronista, Analía Argento, también aportó información: “Una querida colega me cuenta sobre este ser nefasto. Me pone la piel de pollo. Ganas de llorar. Una cadena de mujeres llora en privado, víctimas que no se animan a hacerlo público pero sienten que la revelación las ayuda a respirar. No me lo crucé pero las escucho y abrazo”, publicó.
En esa línea, Romina Manguel hizo otro aporte, que se volvió polémico, ya que la periodista comentó en X que “es verdad que en el medio se sabía lo de Brieger. También es verdad que las víctimas tenían miedo y no querían dar sus nombres lo que complicaba la denuncia pública. Pero ¿qué pasa con aquellos que lo encubrieron todos estos años?”
También apoyándose en las redes sociales, una importante cantidad de cuentas y perfiles ligados al kirchnerismo cuestionaron la veracidad de lo expuesto por “el operador de Clarín”. Sin embargo, llegó el fuego amigo: la comunicadora ultra K, Cynthia García (de Duro de Domar, programa de C5N, Radio Nacional y panelista de 678) retuiteó un posteo contra el acusado. “Para los boludos que saltan a defender a Pedro Brieger y hablan de ‘operetas de Clarín‘. Sepan que las denunciantes son ex compañeras de medios kirchneristas“, señaló un usuario.
Buscando mantener su identidad partidaria y preparando el terreno para futuras contiendas electorales, el líder del PRO, Mauricio Macri, diseña una serie de iniciativas legislativas para marcar una agenda levemente diferenciada en el Congreso y establecer una posición clara frente al presidente Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza.
A pesar de ser “aliados naturales” en algunos temas, Macri busca evitar una fusión completa del PRO con el oficialismo de Milei. El expresidente está dispuesto a negociar un acuerdo con el libertario, pero sin sacrificar la identidad de su partido.
Entre las iniciativas que el PRO prevé impulsar en el Congreso se destaca la ley de “ficha limpia”, que prohibiría las candidaturas de personas condenadas por corrupción. Además, el partido busca avanzar con una reforma electoral para implementar la boleta única, una propuesta que actualmente se encuentra estancada en el Senado. También desean habilitar el voto por correspondencia para residentes extranjeros, una opción eliminada por el gobierno del Frente de Todos.
Aunque el PRO coincide con el Gobierno en aspectos clave, como la reducción de la edad de imputabilidad, desea que estos temas reciban un tratamiento legislativo más acelerado. Existen también otras diferencias de este estilo, como las referidas a la política exterior: Macri considera que Milei no debería limitarse a mantener vínculos internacionales exclusivamente con referentes y partidos de derecha.
La Justicia Federal de Río Negro puso en jaque a La Libertad Avanza al exigir la presentación de las actas originales de constitución del partido en esa provincia. Esta medida surge tras una denuncia por falsificación de firmas, lo que podría desencadenar una crisis en el armado del partido a nivel provincial y afectar los planes políticos de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.
El juez federal Hugo Greca ordenó que el apoderado del partido, Jonathan O’Rourke, entregue la documentación original para verificar la autenticidad de las firmas, tras las acusaciones de Ariel Zúñiga, vicepresidente de la Junta Promotora de La Libertad Avanza. Zúñiga aseguró que las firmas que aparecen como suyas en las actas de constitución del partido fueron falsificadas, añadiendo que no fue convocado a los actos donde supuestamente firmó y que otras personas en la misma situación también habrían sido víctimas de esta maniobra.
Hugo Greca
El documento judicial, presentado la semana pasada, se basa en que las firmas en las Actas N° 3 y 4 de la Junta Promotora son apócrifas, lo que podría llevar a la nulidad de los trámites para la conformación del partido. Zúñiga apuntó directamente a Lorena Villaverde, diputada y responsable del armado del partido en Río Negro, acusándola de orquestar estas maniobras ilegítimas con la intención de obtener el “sello partidario” a toda costa.
En respuesta a la denuncia, el juez Greca dio un plazo de cinco días hábiles para que los miembros fundadores del partido se expidan respecto al contenido de las actas mediante un instrumento con firmas certificadas. Además, se llevará a cabo un peritaje caligráfico para determinar si las rúbricas son falsificadas.
Para La Libertad Avanza, la situación ya es un gran problema: podría significar un golpe devastador para sus planes de expansión. La formación de la estructura partidaria en Río Negro, ya estaba envuelta en controversias debido a la presentación de fichas de adhesión irregulares, y ahora la amenaza de anulación de las firmas podría sepultar las aspiraciones de Karina Milei, quien tenía previsto contar con cinco provincias operativas para las próximas elecciones de medio término.
La legisladora nacional, Lorena Villaverde, junto a Ariel Zúñiga, el vicepresidente de la Junta Promotora
La posibilidad de que se caiga el partido en la provincia patagónica llevó a la renuncia de Martín Iriarte, uno de los miembros de la junta promotora, y aumentó la tensión contra Villaverde dentro de las filas libertarias.
En caso de confirmarse la falsificación, el proceso de formación del partido se vería afectado por plazos más largos de los disponibles antes de la competencia electoral, lo que podría forzar a Villaverde a buscar otro partido bajo el cual presentarse como candidata a senadora.
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, pronosticó una pérdida de reservas y fuertes expectativas de devaluación si el Gobierno no acata las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y decide mantener la política cambiaria y el cepo al dólar. Por el momento no hay indicios de que el equipo económico actual obre en ese sentido.
A través de una nota publicada en su blog personal, el economista elogiado en varias oportunidades por el presidente Javier Milei, le recomendó al Gobierno “prestar atención a la sugerencia implícita en el último informe del staff del FMI“, en lo que refiere a la eliminación del dólar blend (esquema por el cual hoy el 20% de las exportaciones se liquidan al CCL) y un ajuste del 10% en el tipo de cambio oficial.
Para el organismo internacional de crédito, y para Cavallo, esto último debería estar acompañado de la reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto PAIS para acotar el efecto de la suba en el precio del dólar sobre el costo de las importaciones. Esta medida es la única del paquete recomendado que el Poder Ejecutivo tomará por el momento.
En paralelo, el referente económico durante los 90′ sostuvo que la suba de tasas a niveles positivos en términos reales y el reemplazo del mercado del dólar CCL por una liberalización total del cepo ayudarán a reducir la brecha, en gran parte porque esto generaría incentivos al ingreso de divisas proveniente del blanqueo de capitales, del turismo y de los servicios que hoy los argentinos brindan en el exterior.
“Es posible que, con estas medidas, la expectativa de una fuerte devaluación pueda transformarse en la de un aumento limitado de la tasa de crawl, de ninguna manera peligrosa si en pocos meses puede lograrse una unificación completa del mercado cambiario sin salto devaluatorio”, proyectó.
LAS 3 RAZONES POR LAS CUALES CAERÍAN LAS RESERVAS Y AUMENTARÍA EL TEMOR AL DÓLAR SI NO SE LIBERA EL CEPO Y EL COMERCIO EXTERIOR:
1- En primer lugar, Cavallo advierte que al BCRA se le va a hacer cuesta arriba traducir el superávit comercial en una mayor cantidad de reservas si no se termina con el “blend”. Esto se daría porque a partir de julio la autoridad monetaria ya no podrá seguir postergando pagos de importaciones como hizo en el primer semestre.
2- Los pagos de deuda de los próximos meses y años son significativos, por lo cual el Gobierno necesitará urgentemente una fuente de acumulación de reservas, algo que Cavallo no avizora si se sostiene la política cambiaria actual, con el “blend” y un “crawling peg” del 2% mensual.
Esto podría ser subsanado con nuevos desembolsos de organismos internacionales, según uno de los responsables de la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem.
3- El cepo impide un saldo positivo en la cuenta capital de la balanza de pagos.
El abogado especializado propuso endurecer las penas por falsas denuncias en el ámbito familiar. Argumenta que estas prácticas, mayormente realizadas por motivos económicos y emocionales, no solo afectan a los falsos acusados, sino que también causan un grave impacto psicológico en los niños involucrados.
“Si bien las penas que proponemos son obviamente para ambos padres, el 90% de las falsas denuncias son realizadas por mujeres que, por intereses económicos, patrimoniales y despecho, denuncian situaciones inexistentes que afectan directamente la salud mental de los hijos. Intentamos modificar el Artículo 245 del Código Penal para que, en casos de falsedad comprobada en contextos de género y familia, se aplique una pena de entre 2 y 4 años”, explicó Peña en diálogo con los medios.
Peña subrayó que el objetivo es proteger los derechos jurídicos de los niños, ya que una falsa denuncia puede someterlos a procedimientos judiciales invasivos como la cámara Gesell, terapias y exámenes médicos, con graves repercusiones psicológicas.
“Pedimos esta pena de 2 a 4 años porque el Código Penal prevé que delitos de esta índole puedan tener una pena condicional inicial. Sin embargo, en casos de reincidencia, buscamos establecer una pena efectiva para disuadir estos comportamientos. La doctrina del caso Góngora marcó un precedente al suspender la posibilidad de juicio en suspenso en estos contextos. Las falsas denuncias no deben ser tratadas con contemplación, ya que pueden agravar las condiciones psicológicas del niño”, afirmó el abogado.
“Cuando un niño pasa cuatro años sin ver a sus padres, abuelos y tíos, se produce un quiebre psicoemocional difícil de superar”, aseguró Peña a la Agencia de Noticias Fueros, quien defiende a varios padres en esta situación. “Las falsas denuncias, a menudo alentadas por abogados inescrupulosos, generan acusaciones absurdas que, aunque sean descartadas, siguen afectando injustamente a los padres o madres y a los menores involucrados”, añadió.
“Queremos que la falsa denuncia no sea una herramienta o instrumento”
El abogado señaló que actualmente las penas por falsas denuncias son mínimas, de 2 meses a 1 año en suspenso, y propone que pasen a ser de 2 a 4 años de prisión efectiva sin posibilidad de probatoria.
“Buscamos modificar el Código Penal porque, además del sufrimiento de los padres y de los menores, miles de horas del sistema judicial argentino se pierden en esta problemática que tiene consecuencias devastadoras para los niños. No queremos que la falsa denuncia se convierta en un instrumento para litigar durante una separación”, concluyó Peña.
En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
La inflación de junio alcanzó el 4,6%, revirtiendo la tendencia a la baja y acumulando una variación interanual del 271,5%. ATE reclama un aumento salarial del 80%. Mientras, el Gobierno apuesta por reducir el IPC.
Mientras discutimos cómo hacer que cambie la Argentina y sacarle el estado de la cabeza a los que quieren hacer y producir, Kicillof decide crear UNA EMPRESA DE EMERGENCIAS. Lamentablemente contó con el voto de gente que dijo que venía a hacer lo contrario. El Pro votó en contra. https://t.co/gklJnZB4gR
