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En diálogo con Radio Mitre, la ministra de Seguridad de la Nación reconoció que el oficialismo contempla bajar la edad de imputabilidad. Patricia Bullrich comentó que los funcionarios analizan “cómo impactó la medida en la población” de los países que adoptaron esa postura: “Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”.
Lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad. Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.
En tal sentido, señaló que “hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”. Por ello, tomó como ejemplo a Estados Unidos, país donde “tenían un tratamiento especial cuando (alguien) comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.
También destacó que se está implementando una política por la que se expulsa a los ilegales que delinquen: “Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen. Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros”, sostuvo Bullrich.
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Santiago Caputo tuvo una noche de furia en la red social X y le terminaron suspendiendo la cuenta luego de amenazar al ex presidente Mauricio Macri.
“Al señor desesperado por cajas y resortes de poder q habla con todos los popes del periodismo nacional viendo como rayar al gobierno le queremos decir q se adapte o muera”, escribió Caputo desde su cuenta @SnakeDocLives.
“Su tiempo ya pasó. Hoy cosechan 10 años de malas decisiones. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, amenazó el asesor estrella de Javier Milei. El tuit ya no se puede ver porque la cuenta fue suspendida un rato después.
El asesor presidencial venía de amenazar con hacer “callar” a un tuitero militante de Victoria Villarruel y de hacer alarde de tener una pistola Glock 45.
El posteo que terminó infringiendo las normas de la red social de Elon Musk fue uno en el que compartió un video en el que mostraba varias armas de guerra y equipamiento militar. El mensaje parecía amenazar a quienes habían cuestionado el tuit de la Glock.
De todos modos, el video no era propio sino de otra cuenta, según descubrió el usuario Dengue Xiaoping. “Dedicado al Topo Rodríguez, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso Bioeconomía a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”, había escrito el joven Caputo.
El publicista ya había tenido que cerrar una cuenta anterior de X, llamada “Enfant Terrible“. Según supo el sitio político LPO, su grupo más cercano le aconsejó en ese momento que lo haga y le viene pidiendo que también cierre SnakeDocLives.
A raíz del aumento de la inseguridad por los delitos graves cometidos por menores en la Argentina, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha reafirmado su postura a favor de bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Esta propuesta, según Cúneo Libarona, responde a un cambio en el desarrollo y comportamiento de los jóvenes en la actualidad que no se condice con los buenos valores y costumbres que practicaban en 1980.
“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, declaró Cúneo Libarona en una entrevista con Jonatan Viale. El ministro sostiene que los adolescentes de hoy son plenamente conscientes de sus acciones y deben ser responsables por ellas.
El funcionario nacional argumentó que, si un joven de 13 años comprende que usar un arma y matar constituye homicidio, es indudable que tiene la capacidad de entender la criminalidad de sus actos. “¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? ¿Qué son inimputables, que quedan en libertad? No hay límites”, añadió con preocupación.
“La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, detalló el abogado. Este enfoque integral del proyecto de ley busca no solo reducir la delincuencia juvenil, sino también ofrecer un marco legal que permita tratar a los menores con la seriedad que la situación amerita, sin descuidar su rehabilitación y reintegración social.
¿DÓNDE IRÁ EL MENOR DE 13 AÑOS QUE COMETE UN DELITO? | EL PLAN DE CUNEO LIBARONA
El proyecto de ley propuesto por La Libertad Avanza establece que los menores privados de libertad serían internados en establecimientos especiales o en secciones separadas dentro de las penitenciarías, bajo la supervisión de personal especializado. Los padres de los menores recibirían notificación tanto de la imputación como de los actos procesales subsiguientes, y se garantizaría la protección de los derechos de las víctimas en todo momento.
Además, la propuesta incluye medidas complementarias para las condenas condicionales, como la asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, y tratamiento médico o psicológico, entre otros. Estas medidas buscan no solo castigar sino también rehabilitar y reintegrar al menor en la sociedad de manera constructiva.
Las penas propuestas varían entre tres y seis años, con alternativas a la prisión en ciertos casos. La implementación de estas penas será supervisada por un juez o fiscal, y también por la víctima si así lo desea. “El máximo de las penas será de 20 años. Al cumplir dos tercios, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas”, explicó Cúneo Libarona. Además, se establece que ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
Aprovechando una larga distracción de los trabajadores, dos jóvenes doblaron los barrotes de hierro del patio interno y se dieron a la fuga. Se comenta que ambos, durante las semanas anteriores, bromeaban con “tomarse vacaciones de invierno”.
Uno de ellos fue interceptado por la Policía Local, quien lo detuvo al verlo caminando en actitud sospechosa a unas seis cuadras del centro. Ahora permanece en la comisaría local. Sin embargo, nada se sabe del otro, quien al momento de escribir estas líneas todavía permanecía prófugo.
De este modo, las fugas de este centro suman tres solo en un mismo fin de semana. Federico Rodríguez, un joven detenido por homicidio que trabajaba en la panadería del centro, escapó mientras realizaba sus actividades diarias de venta de productos. Dejó su canasta en el suelo y corrió, aprovechando un descuido del personal policial.
En este punto, vale destacar que el director del centro, Sebastián Lofredo, ha renunciado dos veces durante el último tiempo, pero fue persuadido para continuar debido a la falta de un reemplazo competente. Por todo ello, la gestión de Andrés Larroque, autoridad máximo detrás del OPNyA, es centro de críticas por no encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad en el organismo.
La concejal Noelia Oxley denunció a Carlos Romo por promover “ataques” en redes para que renuncie a su banca. “Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo.
Arde la interna libertaria en San Miguel, donde el bloque de Milei se fracturó en las últimas horas en medio de acusaciones de ataques en redes y presiones para empujar renuncias, a la par de advertencias ante posibles “accidentes”.
En el foco de la polémica está el armado que a nivel local coordina Agustín Romo, diputado y director de comunicación digital durante la campaña que llevó a la presidencia a Javier Milei.
El concejal Carlos Romo, padre del legislador bonaerense, informó su alejamiento del bloque que integraba con su par Noelia Oxley, quien se refirió en plena sesión al tema y acusó a los “descarrilados soldaditos” de Romo de asediarla buscando su renuncia a la banca.
“Si los bajos ataques continúan, ya todos saben quien los organiza y a quiénes hago responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrirme”, dijo Oxley luego de marcar: “El grupo de ‘trabajo’ de Carlos Romo es el autor de los ataques que sufrí y actualmente sigo sufriendo en redes sociales”.
La concejal detalló la difusión de información falsa y cadenas de mensajes de WhatsApp contra su persona que comenzaron en diciembre del año pasado y que -aseguró- aumentaron luego de pedirle a Romo que cesaran con esas maniobras.
“Siempre han actuado con cuentas truchas, como buenos cobardes”, dijo Oxley, que acusó a Romo padre de perseguir “intereses personales y nepotistas”.
Tanto en San Miguel como en el armado provincial de La Libertad Avanza, diferentes fuentes aseguran que los Romo buscan armar una estructura política que haga viable el deseo de Agustín de suceder a Jaime Méndez en la intendencia de San Miguel.
Cabe recordar que el escándalo de los sobresueldos en Capital Humano tocó al diputado provincial Agustín Romo como parte de “La Banda del Opus Dei”, que tuvo fuerte injerencia en las contrataciones del ministerio de Pettovello.
El Gobierno oficializó las nuevas escalas salarialespara el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales. Esta actualización de haberes, que incluye un incremento del 9% en los sueldos, se refleja a partir de este mes y coincide con el pago del medio aguinaldo.
La Resolución Conjunta 33/2024, firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, establece un aumento del 9% en los salarios del personal militar. Esta medida se hizo pública el pasado 3 de junio en el Boletín Oficial y tiene como objetivo “reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución de la actividad”. Junto con este aumento, las Fuerzas Armadas recibirán el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, calculado sobre la mayor remuneración mensual percibida durante este período.
Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en julio de 2024
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”.Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.
En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.
Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por RicardoBasílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.
El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.
