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La dictadura castrista anunció la cancelación de los vuelos regulares entre los países. Según explicaron las autoridades de la isla, la decisión fue tomada tras la “negativa” de YPF a proveer combustible a la flota de la aerolínea Cubana de Aviación, acatando las sanciones impuestas por Estados Unidos.
“Como resultado, Cubana de Aviación se ha visto obligada a suspender los vuelos regulares entre Cuba y Argentina, que se habían mantenido durante 39 años”, explicó en una declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
La tiranía de la isla cuestionó la “arbitraria medida” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales: “Es contradictorio que se pregone la libertad a toda costa mientras se limita la libertad de una empresa que cumple rigurosamente las disposiciones normativas de Argentina y de la Organización de la Aviación Civil Internacional”.
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El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue denunciado nuevamente ante la Justicia Federal por la “clausura arbitraria e ilegal” del proyecto de expansión del Centro de Distribución de Mercado Libre en la localidad de Tapiales. La denuncia, presentada hoy por la abogada LeilaGianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, recae sobre el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini.
La presentación judicial acusa a Espinoza de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, acciones que, según el texto de Gianni, “perjudican la economía local y afectan el desarrollo de un proyecto crucial cuya obra está valorada en 75 millones de dólares y prometía generar 2.300 empleos”.
El escrito detalla que la clausura se produjo el 18 de octubre de 2024, cuando agentes municipales y efectivos policiales—bajo órdenes directas de Espinoza— se presentaron en el sitio de construcción impidiendo el acceso de camiones con materiales e interrumpiendo completamente la obra.
Gianni, quien renunció a su cargo para militar por La Libertad Avanza en La Matanza, critica que se haya optado por la clausura sin agotar previamente otras medidas menos severas, como multas o plazos de regularización. También cuestiona la legalidad del acta de clausura, señalando que carece de una descripción clara de las infracciones y resulta ilegible, lo que limita el derecho de defensa de la empresa.
“Los agentes municipales, acompañados de efectivos policiales, con una actitud prepotente y desmedida, justificaron su intervención con excusas que resultaban completamente insuficientes. Hablaron de razones ‘burocráticas’, ‘administrativistas’ e incluso ‘ilegales’”, describe la denuncia. “Sin dar lugar a un diálogo o a una reconsideración razonable de la situación, procedieron a la clausura y paralización total de la obra, lo que sorprendió tanto a los trabajadores como a los directivos de la empresa”, agrega.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, denunció la clausura en sus redes sociales. Espinoza respondió al CEO de Mercado Libre a través de sus redes sociales, sugiriendo que la firma no habría solicitado la habilitación municipal para edificar en el Mercado Central. “Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas”, señaló Espinoza en un mensaje dirigido a Galperin.
Leila Gianni, por su parte, afirmó que “La Matanza necesita liberarse de la opresión de líderes como Espinoza”, a quien calificó como “un personaje muy siniestro” y “una persona perversa”. La abogada representa a la Asociación para la Libertad, Compliance y la Lucha contra la Corrupción en la denuncia, y sostiene que la sanción fue desproporcionada en relación con las supuestas infracciones.
LOS ANTECEDENTES DEL FEUDO DE ESPINOSA
En 2017, el municipio ya había denunciado que Mercado Libre no contaba con los permisos de construcción correspondientes para una obra en el mismo predio. La empresa alegó que tenía los permisos nacionales necesarios, ya que el predio es federal. La disputa legal se extendió por varios meses, hasta que en 2018 la justicia federal falló a favor de Mercado Libre.
Espinoza ya está señalado en la justicia por otra causa judicial por un abuso sexual a su ex secretaria Melody Rakauskas. El intendente solicitó un permiso para viajar a Barcelona, pero le fue negado por no haberse presentado a una pericia psiquiátrica.
Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos, luego de alcanzar en las elecciones del 5 de noviembre los 270 electores necesarios para conseguir la presidencia. Su victoria se dio ante una rival demócrata como Kamala Harris, una candidata que expresaba el ala más de izquierda del partido azul. De esta manera, junto a su compañero James David Vance como vicepresidente, el famoso empresario gobernará a la máxima potencia mundial, esta vez con el apoyo de una cámara de representantes y un senado republicano.
Para alcanzar la victoria y obtener los 270 electores, fue clave la performance de Trump en los “swing states” (estados péndulos), como lo son Pensilvania, Carolina del Norte, y Georgia. El caso de Pensilvania es clave ya que otorga 20 votos en el colegio electoral, y además históricamente fue un estado industrial que apoyaba al partido demócrata. Tal es así que Trump realizó una fuerte campaña en este estado asegurando el crecimiento económico y el empleo en la región, siendo allí donde el día 13 de julio intentaron asesinar al candidato republicano en un mítin político mientras daba un discurso.
Para su próximo mandato, Trump tendrá varios desafíos que afrontar. En el ámbito interno deberá estabilizar una economía que tiene altos niveles de inflación para el estandarte norteamericano, tendrá que realizar una fuerte reducción del gasto público para poder bajar impuestos.
El panorama a nivel internacional es complejo. Si bien en su discurso ganador aseguró que “no iniciará ninguna guerra”, Trump tendrá tres frentes que afrontar en este tablero de ajedrez que es el mundo: por un lado el avance de China en el pacífico, siendo Estados Unidos aliado de países como Japón, Corea del Sur y Filipinas en el Pacífico. Por otro lado la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que el mandatario tendrá que intervenir para ponerle fin a esta contienda. Y por último lo que acontece en Medio Oriente y su aliado el Estado de Israel, ante los ataques de grupos terroristas de Hamas y Hezbollah y estados como Irán.
Como consecuencia de su victoria electoral, Trump recibió el saludo de numerosos mandatarios, uno de ellos es Javier Milei, presidente argentino, quien será un gran aliado ideológico y económico de la potencia norteamericana. “Felicidades por tu formidable victoria electoral. Ahora, haz América grande de nuevo. Sabes que contas con Argentina para llevar adelante tu tarea. Éxito y bendiciones. Saludos cordiales, Javier Milei” twitteó el mandatario argentino. El triunfo del republicano promete ser una oportunidad para la República Argentina de poder contar con un aliado cercano del porte de Estados Unidos y los beneficios que esa alianza pueden traer para la región.
Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
Hace dos semanas, una joven yazidí de 21 años fue rescatada de un largo cautiverio en Gaza. Fawzia Amin Sido fue secuestrada en 2014, a sus once años de edad, por el Estado Islámico y luego fue prisionera de Hamas.
El operativo que la liberó de su espeluznante tormento fue una operación conjunta entre Israel, Estados Unidos y varios actores internacionales.
Los yazidíes son una minoría religiosa que vive en su mayoría en Irak y Siria. En 2014 los yihadistas de Estado Islámico tomaron la comunidad de Sinjar, en el norte de Irak, donde masacraron a miles de hombres y esclavizaron a mujeres y niñas. Amin Sido era una de ellas.
La joven, ahora nuevamente con su familia en Irak, fue comprada y vendida por terroristas cinco veces. Fue abusada y violada en reiteradas oportunidades, y a sus 15 años ya tenía dos hijos.
– Fawzia Amin Sido fotografiada cuando era niña, antes de ser secuestrada
Entrevistada por el periódico británico The Sun, Amin Sido detalló los inefables horrores a la que fue sometida. Tras su captura, ella y uno de sus hermanos fueron obligados a participar en una marcha forzada desde Sinjar hasta Tal Afar, en ese momento bajo el control del Estado Islámico. El viaje duró tres o cuatro días, durante los cuales los yazidíes no recibieron comida de sus captores.
Al llegar a Tal Afar, según Fawzia, “Nos dijeron que nos darían comida. Prepararon arroz y nos dieron carne para comer con él. La carne tenía un sabor extraño y algunos de nosotros tuvimos dolores de estómago después.
“Cuando terminamos, nos dijeron que esa era la carne de bebés yazidíes”, dijo.
“Nos mostraron fotos de bebés decapitados y dijeron ‘estos son los niños que comieron ahora’. Una mujer sufrió insuficiencia cardíaca y murió poco después. Las madres de estos bebés también estaban allí. Una madre reconoció a su propio bebé por sus manos”.
– Fawzia fue fotografiada al cuidado de las autoridades iraquíes a principios de este mes después de ser rescatada
Después de Tal Afar, la historia de Fawzia se ajusta más estrechamente a los detalles conocidos de las experiencias de las niñas yazidíes en manos del ISIS. Fue retenida durante nueve meses en una “cárcel” subterránea junto con alrededor de otras 200 mujeres y niños yazidíes. Algunos de los niños retenidos allí murieron por beber agua contaminada, cuenta a Alan Duncan, el periodista británico que la entrevistó. Durante ese tiempo, no tuvo contacto con sus captores yihadistas, excepto que recuerda que, de vez en cuando, venían y se llevaban a las chicas mayores que evidentemente les parecían atractivas de la bóveda.
Después de nueve meses, fue llevada a un edificio que recuerda parecía una escuela. Desde allí, ella y otras cuatro chicas yazidíes fueron compradas por un hombre llamado Abu Mohammed al-Idnani. Las chicas fueron luego convertidas a la fuerza al Islam. Se administraban golpizas a quienes se negaban a obedecer.
Fawzia fue entregada a un hombre que la violó por primera vez cuando tenía 10 años. Recuerda haber sido vendida cinco veces, a “un sirio, un saudí, otro sirio,” y finalmente al combatiente yihadista gazatí que “la casó”. Ella lo conocía por su nombre de guerra, Abu Amar al-Makdisi. “Makdisi” es el término generalmente preferido entre los yihadistas para referirse a un musulmán árabe palestino.
Fawzia parece haber tenido 15 o 16 años cuando se casó con el yihadista gazatí. Como resultado de las violaciones repetidas, ella le dio dos hijos, un niño y una niña.
– El reencuentro con sus familiares tras diez años de torturas
La joven y sus hijos fueron llevados al campo de prisioneros de ISIS. Desde allí, los yihadistas los trasladaron en un escape a la provincia de Idlib controlada por islamistas y apoyada por Turquía. Ella y sus hijos fueron luego llevados a través de un túnel desde Idlib a Turquía. Allí, la red del Estado Islámico le emitió un pasaporte jordano falso, y ella y los niños fueron llevados por la familia de su “esposo” a El Cairo, y luego a Gaza controlada por Hamás.
En Gaza, Fawzia fue mantenida como una especie de esclava doméstica por la familia de su “esposo”. En cierto momento, parece haber sido “casada” con uno de sus hermanos, quien más tarde fue asesinado en los enfrentamientos entre Israel y Hamas.
Fawzia concluye su testimonio en términos simples y claros: “Hasta que regresé a Iraq, fui todo el tiempo una ‘sabaya’, también en Gaza”. “Sabaya” es un término árabe que se refiere a una joven mantenida cautiva y explotada sexualmente.
La acusación de que el Estado Islámico alimentó a los cautivos yazidíes con carne humana se ha hecho antes. Vian Dakhil, una miembro yazidí del parlamento iraquí, fue la primera en revelar detalles de esta práctica por parte del ISIS, en 2017. Dakhil compartió un testimonio que había recopilado similar en detalles al dado por Fawzia Sido. Estos diabólicos detalles fueron revelados en una entrevista concedida al canal egipcio Extra News.
La medida surge en medio de crecientes preocupaciones sobre los efectos negativos que el uso excesivo de plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat puede tener en la salud mental de los jóvenes.
El plan del Gobierno, que se espera se convierta en ley antes de finalizar 2024, incluye la introducción de un sistema de verificación de edad para evitar que menores accedan a redes sociales sin la supervisión adecuada.
El Gobierno australiano ya ha invertido 6,5 millones en pruebas piloto de tecnologías de verificación de edad que podrían incluir métodos como la identificación a través de documentos oficiales o tecnologías de estimación de edad mediante inteligencia artificial.
Motivos detrás de la nueva legislación
La propuesta del Gobierno australiano responde a estudios que vinculan el uso excesivo de redes sociales en menores con problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la falta de sueño.
“Sabemos que las redes sociales están causando un daño social significativo, alejando a nuestros niños de interacciones reales con amigos y experiencias de vida”, declaró Anthony Albanese Primer ministro de Australia. “Es momento de tomar acciones decisivas para proteger el bienestar de nuestros jóvenes”.
Este enfoque ha sido respaldado por líderes de distintos estados, como el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien sugirió que la edad mínima de acceso podría establecerse en los 14 años, requiriendo consentimiento parental hasta los 16.
Desafíos y críticas
A pesar del amplio apoyo, la implementación de esta política enfrenta varios desafíos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la efectividad de las tecnologías de verificación de edad.
Algunos expertos en seguridad digital han expresado su preocupación sobre cómo las plataformas manejarán la recopilación de datos personales para verificar la edad de sus usuarios, lo que podría generar riesgos adicionales en términos de ciberseguridad.
Además, organizaciones que trabajan en pro del bienestar juvenil, como ReachOut, han señalado que, si bien es importante limitar el acceso a contenidos dañinos, las redes sociales también proporcionan un espacio crucial para que los jóvenes busquen apoyo emocional y recursos de salud mental, especialmente en áreas donde los servicios presenciales son limitados.
Esta propuesta está programada para ser debatida en el parlamento a finales de año y, de aprobarse, podría cambiar significativamente el panorama de las redes sociales no solo en Australia, sino también influenciar políticas similares en otros países.
En un contexto de reclamos sociales por mayor austeridad en el gasto público, el bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca dio un paso “inusual” en la política municipal. María TeresaGonard, presidenta libertaria del cuerpo deliberativo, presentó la semana pasada un proyecto de ordenanza que propone reducir en un 50% las dietas de los concejales y establecer mecanismos más estrictos para la contratación de personal en el ámbito municipal.
La propuesta se enmarca en un paquete de medidas que Gonard y su equipo califican de “anticasta”, apuntando a limitar los privilegios de los funcionarios públicos y a hacer al gobierno local más eficiente.
– “¡Bajemos los sueldos de los concejales ya! Con nuestro bloque de LLA pedimos que nuestras dietas sean la mitad de lo que cobramos hoy y eliminar otros privilegios de la política. Estamos acá para cambiar las cosas para siempre y terminar con los beneficios de unos pocos”, posteó Gonard en X.
La iniciativa, respaldada por los ediles libertarios Valeria Rodríguez, Silvina Rubio y Marcos Streitenberger, surge como respuesta a las crecientes demandas de transparencia y reducción de costos en la política local. “Deberíamos ser un concejo honorable, como dice el nombre, y tener un sueldo acorde al de un empleado de comercio”, señaló Gonard, en declaraciones a medios locales. La presidenta del Concejo también enfatizó que la reducción de los salarios de los concejales busca reflejar un compromiso con la ciudadanía en tiempos de ajustes económicos.
Además de la disminución de las dietas, el proyecto aboga por implementar el ingreso a la planta municipal exclusivamente a través de concursos de antecedentes y méritos, eliminando así el “ingreso por herencia” de cargos públicos. “Queremos que todas las personas de la ciudad tengan la misma posibilidad de entrar (a trabajar al municipio) por sus condiciones y no por ser familiar o amigo de alguien”, añadió Gonard.
El proyecto también incluye otras medidas como la prohibición de aumentar la planta de trabajadores municipales, la aceptación de licencias, seguros y cédulas en formato digital, y la reducción de contratos temporales en el Concejo Deliberante.
En cuanto a las dietas de los concejales, la presidenta del Concejo explicó que actualmente existen disparidades considerables en los salarios percibidos, especialmente entre aquellos con antigüedad, que pueden llegar a percibir “muchísimo más” que sus colegas. Según Gonard, algunos ediles perciben ingresos superiores a los tres millones de pesos, una cifra que se elevará aún más con los ajustes salariales previstos para los próximos meses. “La sociedad debería saber cuánto gana cada concejal, al que votó para votar leyes sobre la vida de todos”, sostuvo Gonard, subrayando la importancia de que los funcionarios estén alineados con la realidad económica de la población.
El respaldo legal de esta propuesta radica en el artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que las dietas de los concejales deben estar en función de la categoría salarial administrativa más baja, sin exceder la proporción de un cargo administrativo equivalente a 40 horas semanales. Gonard explicó que la reducción salarial no afectaría a otros empleados municipales, sino exclusivamente a los concejales, despejando así cualquier duda respecto de una posible reducción en los sueldos del personal administrativo.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Gonard propone una medida de estas características. En marzo pasado, la presidenta había sugerido una reducción de entre el 10% y el 20% en las dietas de los concejales, aunque en ese momento la propuesta fue rechazada.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
