Pergolini destrozó a los grandes medios: “Se hicieron eco de una fake news, no chequean nada”
El reconocido comunicador cruzó a los medios por malinterpretar un recorte de un chiste sobre el cierre de su radio.
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La semana pasada, Mario Pergolini tomó algunos minutos de su programa en Vorterix para desmentir el cierre de la radio: “El viernes hicimos un chiste, estábamos hablando de un tema sobre la luz, además porque estamos por tomar una acción, y nos venía bien hacer el chiste de… ‘Se acabó, vamos a salir del 92.1′. A partir de ahí, hacemos como una conferencia de prensa, un chiste bastante común que hacemos desde hace muchos años, de simular como una conferencia donde todos te hacen preguntas y vos vas diciendo pavadas”.
El recorte que utilizaron los medios para anunciar el “cierre” de Vorterix
“Alguien levanta, hace un corte de eso, y dice: ‘Precios obscenos de la luz’ o ‘Vamos a cerrar Vorterix’. Tres minutos antes de este video queda claro que lo que decimos es un chiste”, agregó el conductor radial. Seguidamente, explicó que cambiará de frecuencia “porque la que tenemos la verdad es que no suena bien, preferimos mejorar la calidad de la transmisión”.
Frente a la confusión generada por lo medios, que levantaron un recorte del programa que se publicó en redes sociales, Pergolini cuestionó el rol de los periodistas: “¿A nadie se le dio por ver si ese video fue parte de un chiste, si realmente estábamos anunciando el cierre de Vorterix? Hemos visto cómo algunos lo tomaban para pegarle al Gobierno, se empiezan a preocupar por qué hará Pergolini con los empleados. Mal informados y tomándolo para pegarle al Gobierno. Y también aquellos que creían que le estábamos pegando al Gobierno”.
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“No nos dejemos llevar por los cortes. El problema es cuando los medios, o lo que entendemos por medios, dan por cierto fragmentos, y es muy complicado porque entre las fake news y las caras reemplazables y las voces clonadas… si desde lo básico de ver un video sin corroborar si es cierto, es complicado”, agregó además.
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El consumo interno de carne vacuna cerró la primera mitad de 2026 con su registro más flojo en tres décadas. El dato se desprende del informe económico mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la entidad que agrupa a los frigoríficos y comercializadores del sector. El abastecimiento del mercado doméstico cayó 11,5% interanual entre enero y junio. En números concretos, el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso: casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025.
El promedio de los últimos doce meses del consumo por habitante quedó en 47 kilos al año, 8,2% por debajo del nivel de un año atrás. En la práctica, cada argentino comió 4,2 kilos menos de carne vacuna que en junio de 2025.
Para la cámara la explicación central estuvo en el bolsillo. La caída del 11,5% es “producto del menor poder de compra de los hogares, explicado por el aumento que registró el precio relativo de la carne vacuna en el último año”, señaló Ciccra.
Los datos que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que Ciccra recopila mostraron por qué. En doce meses, el rubro carnes y derivados aumentó 45%,muy por encima del 33,4% que acumuló el índice general de precios al consumidor en el mismo lapso. Dentro de ese rubro, los cortes vacunos treparon 53,6% anual, mientras que el pollo entero —su principal competidor en la góndola— subió apenas 29,9%. Esa brecha empujó a muchas familias a comprar menos kilos o a inclinarse por el pollo.
El golpe se sintió con fuerza en los cortes más populares. En la comparación interanual a junio, la carne picada común encabezó las subas con 56,2%, seguida por el asado, con 54,3%. Detrás quedaron la paleta (53,6%), el cuadril (53,2%) y la nalga (50,9%). La caja de hamburguesas congeladas aumentó 58,7%.
A la presión de los precios se sumó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, casi 9% menos que un año atrás, en un contexto de menor disponibilidad de hacienda que la industria arrastra desde hace tiempo. Esa menor faena derivó en una producción de 1,428 millones de toneladas res con hueso, con una baja de 6,2% interanual.
Ese cuello de botella tuvo un origen preciso. El informe de mayo de la propia cámara lo atribuyó a una fase de tres años de intensa liquidación de existencias, en la que los productores enviaron a faena más hembras de lo habitual, como respuesta a una sucesión de eventos climáticos adversos que golpearon al campo desde 2022 y se extendieron hasta mediados del año pasado.
La producción, sin embargo, no cayó al ritmo del consumo, porque las exportaciones tomaron el camino inverso. En los primeros seis meses del año, los envíos al exterior sumaron 408,6 mil toneladas res con hueso, 10,2% más que en 2025. Así, una porción mayor de la carne producida en el país viajó a los mercados externos y quedó menos disponible para las carnicerías locales: la proporción destinada a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la volcada al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.
EL PISO DE TRES DÉCADAS
Al mirar la serie histórica, que arranca a mediados de los años noventa, el primer semestre de 2026 apareció como el más bajo en materia de consumo interno. Ni los años más duros de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían mostrado un abastecimiento doméstico tan magro. La cámara aclaró que, como actualiza y corrige la serie con el tiempo, los valores más antiguos pueden sufrir ajustes menores en informes futuros.
El deterioro se profundizó mes a mes. En el acumulado de enero a mayo, el consumo aparente ya mostraba una caída de 11,1% interanual, con un per cápita de 47,5 kilos; al sumar junio, el retroceso se estiró hasta 11,5% y el promedio por habitante bajó a 47 kilos.
El resultado llegó, además, en un momento bisagra para el sector. Ciccra viene marcando que la ganadería argentina podría estar cerrando esa fase de liquidación de tres años y entrando en una etapa de recomposición del rodeo. En los últimos meses, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 45,3% en junio, apenas por encima del rango que la industria considera necesario para sostener el stock, y un nivel que no se veía desde junio de 2021. Por ahora, esa transición todavía no se reflejó en el consumo, que siguió en baja.
La industria argentina paga más impuestos que la de cualquier otro país del mundo, al menos entre las empresas que cumplen con el fisco. Así lo concluye un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) que comparó ocho tributos en treinta economías y dejó al país en el primer puesto del ranking de carga sobre el sector formal, con una presión del 56%.
La distinción metodológica es central. Si se mide la presión fiscal tradicional (lo que el Estado recauda en relación al Producto Bruto Interno) Argentina aparece recién en el puesto 12 entre los treinta países analizados. El salto al primer lugar aparece cuando se descuenta la economía informal y se calcula cuánto soportan únicamente las empresas que operan dentro del sistema. Para eso, el estudio ajustó el PBI de cada país según el peso del empleo fuera del circuito formal, con datos de la Organización Internacional del Trabajo. El resultado deja expuesto que en un país con alta informalidad la carga se concentra sobre menos hombros.
Ese 56% marca un aumento de seis puntos porcentuales frente al informe anterior de la entidad, de 2023, calculado con la misma metodología. La suba se produjo pese a que el Gobierno avanzó en la baja de algunos tributos, entre ellos las retenciones.
El relevamiento comparó a los países del G20 y de Sudamérica, más España, Países Bajos y Suiza, un conjunto que representa el 81% del PBI mundial. Y midió ocho impuestos: Ganancias de Sociedades, IVA, débitos y créditos, impuesto al patrimonio, derechos de exportación, Ingresos Brutos, tasas municipales y sellos.
En cinco de esos ocho tributos Argentina quedó primera. Lidera el impuesto al cheque, donde apenas cuatro países lo aplican y el argentino es el más gravoso. Encabeza el impuesto al patrimonio, porque es el único que grava sobre base bruta, sin descontar deudas, y con un mínimo no imponible bajo. Está al tope en Ingresos Brutos y tasas municipales, un combo que la entidad describe como el más distorsivo del sistema por el efecto cascada sobre toda la cadena de producción. Y encabeza el impuesto de sellos, por la amplitud de contratos alcanzados. A esa lista se sumó este año una novedad: los derechos de exportación, que solo mantienen Argentina y Rusia, con una alícuota local del 8,68% frente al 3,9% ruso.
En los tres tributos restantes el país tampoco queda lejos. En Ganancias de Sociedades es el segundo, con una carga efectiva del 39,5% que combina la alícuota del 35% con el 7% sobre dividendos. Solo lo supera Colombia, tras la reforma de 2022. En IVA figura cuarto, detrás de Brasil, Uruguay e Italia, aunque la UIA aclara que el problema no es tanto la alícuota del 21% como los saldos a favor que las empresas no logran recuperar y que les inmovilizan capital de trabajo.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, la central fabril reclamó un pacto fiscal federal industrial para “nivelar la cancha”. Entre las propuestas figuran una alícuota única del 25% para Ganancias, la devolución automática de saldos de IVA, la eliminación progresiva del impuesto al cheque, una reducción de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a cero y la eliminación de las retenciones para las manufacturas y los alimentos elaborados. La entidad también pidió un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por treinta años, con el RIGI como modelo.
El informe llegó en un momento delicado para el sector: la producción industrial permanece un 10% por debajo de los niveles de 2022 y se perdieron cerca de 70.000 puestos de trabajo desde mediados de 2023. La UIA reconoce que el Gobierno mostró intención de bajar la carga, pero calcula que el proceso recién se completaría hacia fines de 2027 y principios de 2028.
El cruce duró poco más de un minuto y dio la vuelta a la provincia. Una mujer encaró al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, durante una actividad pública y le reclamó, cara a cara, por la situación salarial. Frente a las cámaras, la mujer aseguró que cobraba $720.000, que ese sueldo “no le alcanza para vivir” y que “tiene que endeudarse para poder comer”. El video se volvió material caliente en redes en cuestión de horas.
La protagonista fue identificada como María Teresa Gutiérrez Prane. Desde ahí, la escena se complicó. Horas después del episodio empezaron a circular en redes capturas la liquidación de haberes atribuida a la docente. Según esos documentos, no cobraría un sueldo sino dos: ambos dentro de la administración pública provincial.
Las cifras que muestran esas planillas están lejos de los 720 mil que ella planteó en cámara ante el gobernador. Uno de los haberes correspondería al Ministerio de Educación (E.G.B., categoría 11), por $841.842,04. El segundo lo abonaría la Unidad Ejecutora Provincial, la UEP-MP, categoría 10, por $1.262.812,97. Sumados, los dos conceptos dan un bruto de $2.104.655,01, una cifra que casi triplica el monto que la mujer denunció. Según esa misma documentación, incluso con todos los descuentos de ley aplicados (obra social y aportes) el bolsillo quedaría muy por encima de lo que ella dijo cobrar.
Ese contraste suma otra capa cuando se mira hacia atrás. Una nota publicada por LU20 Radio Chubut el 7 de abril de 2026 menciona a una María Teresa Gutiérrez Prane en un rol que la coincidencia de nombre vuelve difícil de ignorar: delegada gremial de la Subsecretaría de Financiamiento y Comercio del Ministerio de Producción. En ese artículo, la dirigente encabezaba un reclamo que llevaba más de dos meses por el pago desigual de un adicional por desempeño. Denunciaba que se abonarían 600 mil pesos en varios tramos a un grupo reducido de empleados, integrado, según ella, mayormente por funcionarios cercanos al ministro, incluida su secretaria privada. Calificó ese adicional como ilegal y dijo que benefició de forma indistinta a un grupo muy pequeño.
En aquel relato, la delegada recordaba que un mes antes habían mantenido una reunión con el ministro Juan Pavón, donde elaboraron una propuesta para equiparar el adicional, y que después de ese encuentro no volvieron a juntarse. También señalaba que el funcionario atribuía la situación a la gestión anterior, encabezada por Laura Mirantes, a quien los trabajadores apuntaban como origen del esquema y a quien la propia dirigente cuestionó por su proyección electoral hacia el sillón de Moreno 650.
Por lo demás, la figura que evoca la nota de citado medio de la provincia de Chubut, lejos de ser el de una trabajadora aislada que improvisa un reclamo, tematiza el de una dirigente sindical con militancia activa, encuadrada, con conflictos abiertos y lectura política de la interna provincial. El mismo nombre que, semanas después, increpó al gobernador en cámara por un sueldo de 720 mil pesos.
El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.
El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.
La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.
En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.
El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.
Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.
“Citizen Vigilante” es un thriller de acción de 2026 dirigido por el cineasta alemán Uwe Boll y protagonizado por Armie Hammer, que fue efectivamente bloqueado en Alemania —no por decreto gubernamental, sino porque la junta de clasificación cinematográfica FSK se negó a otorgarle cualquier calificación de edad— lo que, en la práctica, equivale a una prohibición comercial total.
“El sistema de clasificación se negó a darnos una calificación [en Alemania], así que ahora solo se puede ver si se trae un Blu-ray de Austria o Suiza”, afirmó Boll al medio Daily Telegraph.
El film sigue a Michael Sanders, un exmilitar estadounidense que vive en una ciudad europea innominada. Tras presenciar la impunidad con que quedan en libertad autores de delitos graves —en particular una violación grupal a una menor de 14 años cuyos agresores son liberados por su condición de refugiados— decide tomarse la justicia por su cuenta. Su campaña de violenta venganza no solo apunta a los criminales, sino también a jueces y funcionarios corruptos que, según la narrativa del film, los protegen.
La película se describe a sí misma como una versión del siglo XXI de Death Wish (El Justiciero de la Ciudad, 1974), el clásico film de vigilantismo protagonizado por la mítica estrella Charles Bronson. Sus críticos la llaman directamente “una fantasía de poder políticamente cargada”.
— Michael Sanders, interpretado por el actor Armie Hammer
La trama en sí no es pura ficción. El film se inspiró en casos reales documentados en Hamburgo. En 2016, cuatro jóvenes de entre 14 y 21 años violaron en grupo a una chica de 14 años y la dejaron semidesnuda e inconsciente en el frío. Tres de los cuatro menores recibieron condenas en suspenso (sin prisión efectiva). El escándalo fue enorme, con decenas de miles de alemanes firmaron una petición exigiendo cárcel para los agresores, y los fiscales apelaron las sentencias.
“Es como si viviéramos en un entorno político completamente absurdo y descabellado, sobre todo en Europa, donde la gente ha perdido totalmente el rumbo. Hay una enorme diferencia entre el llamado ‘discurso de odio’ y apuñalar a alguien en el cuello. Pero los hechos ya no importan”, sostuvo Boll.
— Fotografía del tribunal regional de Hamburgo durante el juicio por la violación grupal, mostrando a los abogados y acusados con los rostros pixelados para proteger su identidad en 2016
Un caso análogo ocurrió en 2023, cuando nueve hombres con diversas nacionalidades de origen extranjero (Libia, Kuwait, Irán, Egipto, Polonia) fueron condenados por la violación grupal de una joven de 15 años en un parque de Hamburgo, y solo uno recibió prisión efectiva (dos años y nueve meses), el resto obtuvo condenas en suspenso.
La decisión de bloquear la película no fue de un ministerio ni del gobierno como tal, sino que recayó en la FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft), el organismo de clasificación de películas alemán, fundado en 1949. Cuando la FSK se niega a dar cualquier calificación de edad a una película, el efecto práctico es que no puede ser exhibida en cines, vendida en formato físico ni distribuida por plataformas de streaming dentro de Alemania.
La FSK fundamentó su decisión en tres argumentos centrales. Por un lado, advirtió que la película glorifica la violencia vigilante al presentar los asesinatos del protagonista como actos heroicos y justificados, una representación que entra en tensión con la jurisprudencia alemana, contraria a la exaltación de este tipo de conductas. Además, consideró que el largometraje podía rozar el límite del delito de incitación al odio, previsto en el artículo 130 del Código Penal alemán, ya que expone a los inmigrantes casi exclusivamente como criminales dentro de un contexto político real. A esto se suma la legislación de protección a la juventud, que habilita a la autoridad a negar una calificación cuando una obra glorifica la violencia extrema o pone en riesgo la paz pública.
“Fue una decisión de censura deliberada. Contraté a un abogado para presentar una queja, pero perdimos por seis votos contra dos, ya que me dijeron que la película incitaba a la violencia contra los inmigrantes”, destacó Boll reconociendo que apeló judicialmente la decisión de que la película incitaba a la violencia contra migrantes.
Al bloquearse en Alemania, la película estrenó en EE.UU. y Canadá el 19 de junio de 2026 vía distribución limitada y Amazon Prime. Pero lo que la catapultó fue la censura misma. El 25 de junio de 2026, el director subió la película completa a su cuenta en X (Twitter) y el magnate tecnológico Elon Musk la reposteó, con lo que en pocas horas acumuló 9.5 millones de vistas. El film estuvo disponible gratis durante 48 horas.
Muchos usuarios de X calificaron esto como “el mayor efecto Streisand de la historia”. El efecto Streisand es el fenómeno por el cual intentar suprimir información genera exactamente el efecto contrario, multiplicando su difusión. La prohibición convirtió a una película de bajo presupuesto con distribución marginal en uno de los eventos culturales más debatidos de junio de 2026.
El “peor director vivo”
Uwe Boll (Wermelskirchen, 1965) es un director alemán radicado en Canadá, famoso por adaptar videojuegos al cine con resultados casi siempre desastrosos. Ganó el Razzie al peor director y a la peor carrera cinematográfica en 2008. Con 40 películas en su haber, varios de sus títulos figuran entre los peores calificados en IMDb. Sin embargo, una segunda etapa más ambiciosa incluye películas como Rampage (2009) —en la que un joven comete una masacre— o Assault on Wall Street (2013), ambas con protagonistas violentos que se rebelan contra sistemas percibidos como corruptos. Citizen Vigilante sigue ese patrón.
El actor estadounidense Armie Hammer, conocido por Call Me By Your Name (2017), vio su carrera destruida en 2021 cuando se filtraron supuestos mensajes privados con fantasías de canibalismo y mutilación, seguidos de acusaciones de violación por parte de varias mujeres. Tras investigación policial, no se presentaron cargos. Hammer pasó cinco años fuera del foco, admitió públicamente que su comportamiento “no era saludable” aunque negó los delitos más graves, y recibió la oferta de Boll como su vía de regreso. La ironía no pasó desapercibida para nadie, ya que es un hombre acusado de agresión sexual protagonizando una película sobre la justicia por mano propia frente a agresores sexuales.
“No lo acusaron de nada, no hubo ninguna demanda. Era solo un tipo famoso que andaba por ahí haciendo tonterías. Es guapo, carismático y podría ser James Bond. De hecho, sería perfecto para el papel”, subrayó Boll sobre Hammer.
Los datos de Rotten Tomatoes muestran una fuerte polarización en torno al film. Entre la crítica especializada, las dos reseñas registradas son demoledoras. Para algunos la película es “tan asombrosamente mala que casi parece que Boll está saboteando deliberadamente a Hammer”, mientras que otros la califican de “peligrosa” y la presentan como una suerte de manual para quienes creen que los inmigrantes son responsables de todos los males. En contraste, la respuesta del público es mucho más favorable, con más de 100 valoraciones de usuarios y un 92% de aprobación en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes.
El HTC aplicó un llamado de atención a exautoridades de la compañía tras detectar irregularidades. Los trabajadores apuntaron contra funcionarios de la actual conducción por “repartirse el dinero” de manera discrecional.
El tirón vino por la luz, que aumentó 12,5% en el mes, seguida por el gas y el transporte, en una canasta donde los subsidios estatales cubren casi la mitad de la factura.
El derrumbe del poder de compra de los hogares, el fuerte encarecimiento del corte vacuno frente al resto de los alimentos y una porción cada vez mayor de la producción volcada al exterior dejaron menos carne en la mesa argentina.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
