Pergolini destrozó a los grandes medios: “Se hicieron eco de una fake news, no chequean nada”
El reconocido comunicador cruzó a los medios por malinterpretar un recorte de un chiste sobre el cierre de su radio.
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La semana pasada, Mario Pergolini tomó algunos minutos de su programa en Vorterix para desmentir el cierre de la radio: “El viernes hicimos un chiste, estábamos hablando de un tema sobre la luz, además porque estamos por tomar una acción, y nos venía bien hacer el chiste de… ‘Se acabó, vamos a salir del 92.1′. A partir de ahí, hacemos como una conferencia de prensa, un chiste bastante común que hacemos desde hace muchos años, de simular como una conferencia donde todos te hacen preguntas y vos vas diciendo pavadas”.
El recorte que utilizaron los medios para anunciar el “cierre” de Vorterix
“Alguien levanta, hace un corte de eso, y dice: ‘Precios obscenos de la luz’ o ‘Vamos a cerrar Vorterix’. Tres minutos antes de este video queda claro que lo que decimos es un chiste”, agregó el conductor radial. Seguidamente, explicó que cambiará de frecuencia “porque la que tenemos la verdad es que no suena bien, preferimos mejorar la calidad de la transmisión”.
Frente a la confusión generada por lo medios, que levantaron un recorte del programa que se publicó en redes sociales, Pergolini cuestionó el rol de los periodistas: “¿A nadie se le dio por ver si ese video fue parte de un chiste, si realmente estábamos anunciando el cierre de Vorterix? Hemos visto cómo algunos lo tomaban para pegarle al Gobierno, se empiezan a preocupar por qué hará Pergolini con los empleados. Mal informados y tomándolo para pegarle al Gobierno. Y también aquellos que creían que le estábamos pegando al Gobierno”.
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“No nos dejemos llevar por los cortes. El problema es cuando los medios, o lo que entendemos por medios, dan por cierto fragmentos, y es muy complicado porque entre las fake news y las caras reemplazables y las voces clonadas… si desde lo básico de ver un video sin corroborar si es cierto, es complicado”, agregó además.
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El ascenso de Rocío Ángeles Julieta Gómez, de 22 años, representa la contradicción más cruda del discurso oficial. En abril de 2024 trascendió un video de ella, frente a estudiantes de la UBA, exclamando: “Creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo“. No obstante, su realidad administrativa cuenta una historia diferente: tras desempeñarse como fiscal de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, fue premiada en abril de 2025 con un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Sin experiencia previa, sin haber pasado por un concurso de oposición y sin cumplir con los requisitos mínimos de formación que exige el Estado, su contrato acaba de ser prorrogado, lo que desató una nueva ola de indignación en redes sociales ante la evidencia de una militancia financiada por el contribuyente.
La ingeniería financiera detrás de su sueldo es un insulto a la carrera administrativa y a la transparencia. Según el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) —el escalafón que regula los salarios estatales según nivel y grado—, a Gómez le correspondería un básico de $1.004.243,76 por su Nivel B de grado 0. Sin embargo, la militante necesitaba un sueldo mayor, pero como no cumple con los requisitos mínimos para ello, Karina Milei firmó unaexcepción y le otorgó un suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV de $1.270.019,70. De esta manera, el Estado más que duplicó su salario para alcanzar los $2.274.263,46 mensuales, cifra que se indexará automáticamente con cada paritaria —la actualización salarial por inflación—, blindando su nivel de vida mientras el resto de la sociedad debe trabajar para pagarle el sueldo.
Para comprender la magnitud de este beneficio, basta comparar los 2.2 millones de Gómez con los ingresos de quienes sostienen los servicios esenciales del país. Mientras la militante mileísta percibe este monto por “seguimiento de proyectos”, un médico clínico promedio en Argentina gana cerca de $950.000, una maestra de primaria con diez años de antigüedad ronda los $750.000 y un policía bonaerense apenas supera los $800.000. Gómez, sin título ni trayectoria profesional, cobra casi tres veces más que los profesionales que cuidan la salud y la seguridad de la población, demostrando que en este esquema, el activismo digital y la lealtad partidaria resultan mucho más rentables que cualquier vocación de servicio o formación académica.
Desde abril de 2025, Gómez se desempeña como “Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales” de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dependiendo de forma directa de Eduardo “Lule” Menem y, luego, de Karina y Javier Milei.
El antecedente Urbani: de cajero de McDonald’s a la coordinación nacional
Este fenómeno no es un hecho aislado, sino un patrón de colonización estatal que utiliza el dinero público como herramienta de premiación política. El caso de David Urbani es paradigmático y sirve para contextualizar que lo de Gómez no es un error, sino un método: en diciembre de 2023 se hizo público que su única experiencia laboral previa eran ocho meses como cajero en un McDonald’s.
Hoy, con una nula preparación técnica y sólo el bachillerato completo, Urbani acumula funciones como Auxiliar administrativo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón y como Coordinador de comunicación para LLA Nacional. Es el triunfo del “militante todoterreno” que, tras un breve paso por el sector privado, encontró en el Estado un refugio de doble ingreso.
La situación de Urbani refuerza la idea de una Cámpora mileísta que desprecia la meritocracia que declama. Sin trayectoria en gestión ni especialización en comunicaciones, su nombramiento nacional responde únicamente a su rol como pseudo-referente territorial y digital. Mientras el discurso oficial estigmatiza al empleado público de carrera, premia a jóvenes sin experiencia con sueldos jerárquicos, transformando las oficinas gubernamentales en una sucursal de empleo para el círculo de confianza del partido. Esta recapitalización del caso Urbani permite ver que la estructura estatal está siendo utilizada para profesionalizar a una militancia que, de otro modo, difícilmente accedería a cargos de tal responsabilidad y remuneración.
El mapa del nepotismo y de la casta digital
La lista de beneficiarios de este esquema es extensa y se ramifica por todas las dependencias oficiales, recordando las prácticas que el propio espacio político prometió erradicar. Juan Pablo Carreira (conocido como “Juan Doe”), el tuitero que durante años fustigó al empleo público, hoy encabeza la Dirección Nacional de Comunicación Digital; el youtuber mileísta Tomás Jurado (conocido como “El Peluca Milei”) y Gabriel Iván Gómez (editor de Carajo, el 678 del mileísmo) se refugiaron en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. A ellos se suman Ezequiel Ismael Acuña (conocido como “El Pasante”), panelista del programa de streaming del “Gordo Dan”, y Mariano Pérez (fundador del canal de YouTube “Break Point”), quien percibió un sueldo de la Legislatura Porteña entre el 10 de diciembre de 2021 y el 1 de julio de 2024, mientras cubría la actividad oficial.
Este entramado de militantes rentados se completa con casos como el de Lucas Tomás Luna (conocido como “Sagaz”), tras ser excluido de las listas de 2023 por comentarios discriminatorios contra los discapacitados, luego fue recompensado con una dirección en la empresa estatal Intercargo. Incluso áreas críticas como el Ministerio de Defensa y el INCAA han servido para dar cobijo a panelistas del streaming Carajo como Nicolás Promanzio (anunciado recientemente) y el tuitero Pedro María Lantarón (conocido en redes como “El Pit”), quienes cambiaron sus críticas al sistema por un recibo de sueldo oficial.
Finalmente, la red de contención se extiende a los círculos afectivos de los referentes del espacio, evidenciando un nepotismo sistémico. Agustín Romo, diputado provincial y jefe del bloque de LLA en la Legislatura Bonaerense, ha sido señalado por la inserción de una treintena de allegados, incluyendo a su pareja Valentina Lazbal y a su padre, en la estructura de Ferrocarriles Argentinos. En sintonía, María Belén Casas, pareja de Daniel Parisini (“Gordo Dan”), ocupa una jefatura de gabinete en el área de políticas universitarias; y la simbiosis es total: su jefe directo, el subsecretario Alejandro Álvarez, es un invitado frecuente en el programa de streaming de Parisini, donde utiliza el espacio para validar sus políticas ante la audiencia oficialista.
Este entramado de favores y clientelismo digital confirma que la supuesta batalla cultural que da el mileísmo no es una gesta heroica, sino una estructura de poder que utiliza las cajas del Estado para sostener a su propia casta de seguidores, traicionando la promesa de austeridad hecha a sus votantes.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.
La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.
El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.
Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.
Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.
Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.
En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.
Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
A través de su productora, La Cornisa Producciones S.A., el reconocido periodista ha facturado varias decenas de millones de pesos a través de la pauta oficial; primero mediante el anterior gobernador, Juan Schiaretti, y luego mediante el actual, Martín Llaryora.
Coninagro publicó su semáforo mensual de noviembre de 2025 y mantuvo seis actividades en rojo, ocho en amarillo y cinco en verde. Entre 2016 y 2025, ocho de las 19 economías analizadas permanecieron más del 50% del tiempo en crisis.
En medio de una profunda crisis económica, con hospitales sin insumos, comedores al límite y salarios pulverizados, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, autorizó una licitación privada millonaria para obras internas en sus oficinas.
