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Tras las escandalosas denuncias de corrupción el la provincia, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para crear el Fondo Permanente de Recompensas, cuyo objetivo es “abonar una compensación dineraria aquellas personas o funcionarios, que sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para obtener las pruebas necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos de corrupción en todos los ámbitos” de la política.
La creación del fondo, que funcionará en jurisdicción del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, fue propuesta por Zulema Wannesson en coautoría con el resto de legisladores. El documento especifica que “la identidad de las personas que suministren la información, será mantenida en secreto antes, durante el proceso judicial y después de finalizado. No obstante, podrá ser convocada como testigo a la audiencia del juicio oral”.
MEGA OBRA DE CORRUPCIÓN EN EL CHACO | Acá está el dinero que falta
El Artículo 3 del proyecto establece que el monto de las recompensas a quienes denuncien hechos de corrupción “será fijado atendiendo la complejidad del caso y a las dificultades que existan para la obtención de la información que permita su esclarecimiento, no pudiendo ser mayor al 10% del monto por el cual fuera perjudicado el erario público en el hecho delictivo”.
En sus fundamentos, se detalla explícitamente que el proyecto no fue pensado para crear una “caza de brujas”, sino que la idea es “motivar a quienes conozcan supuestos ilícitos que se comenten en la Administración Pública, se animen a denunciarlos, sin quedar expuestos a represalias”.
En tal sentido, los legisladores definieron corrupción como “el mal uso del poder público, en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien, actúa o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales. Perjudicando con ello a toda la sociedad”.
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La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.
En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.
María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.
La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.
Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos
Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.
En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña(de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.
En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
UNA VOTACIÓN QUE EXPONE DIVISIONES
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, RocíoBonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.
Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.
Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.
La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.
Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.
La imputación a Alberto Fernández por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia por corrupción en la contratación de seguros del Estado no afectan solo la imagen del expresidente: también impactan de lleno en el peronismo y, en particular, en el kirchnerismo.
Así lo señala una nueva encuesta de DC Consultores en la que la mayoría de los consultados asegura que es imposible que ambos espacios políticos se despeguen del escándalo en que devino la violencia física que se le imputa al expresidente contra la ex primera dama.
La denuncia que Yáñez presentó semanas atrás no solo destapó un escándalo mediático que puso en jaque a la ya golpeada figura de Fernández, sino que también generó un tsunami dentro del peronismo.
Es que la causa Seguros que denunció el primer titular de ANSES de Javier Milei,Osvaldo Giordano, destapó luego otro caso que posiblemente sea más sensible al ojo público: la violencia física, psicológica y de género que el expresidente presuntamente ejerció contra la ex primera dama.
La primera de estas investigaciones, la cual comenzó meses atrás, revela mensajes de texto de Fernández en los que se observa un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de seguros estatales a intermediarios de la mano de Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, su histórica exsecretaria.
Fue un mensaje de esta última con Yáñez el que destapó el segundo escándalo y, luego, la denuncia de la ex primera dama, la cual vino acompañada con fotos de los golpes, declaraciones cruzadas, denuncias por consumo de sustancias y una infinidad de detalles que señalan una relación más que tormentosa entre Fernández y su entonces pareja.
Esta situación que, tal como marca Facundo Nejamkis, no solo “da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial”, sino que también “desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general”.
Esto mismo analiza la última encuesta de DC Consultores realizada entre este lunes y martes sobre la imagen de Alberto Fernández y el peronismo en medio del escándalo: ¿Qué revela para el futuro del espacio?
LA CATÁSTROFE DEL ESCÁNDALO ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL KIRCHNERISMO
La última encuesta de la consultora CD analiza el impacto en la sociedad de las causas judiciales recientes de Alberto Fernández, tanto la que lo investiga por favorecer el otorgamiento de seguros del Estado como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez.
Respecto a esta última, de los 3640 consultados, un 65,7% no cree ni las declaraciones de la ex primera dama, ni las del expresidente, mientras que un 35,1% le cree a ella y solo un 2,2% le cree a él: una clara señal de la crisis de credibilidad de Fernández.
La siguiente pregunta ya compromete a la expresidenta y entonces vice de Fernández, Cristina Kirchner, quien en 2019 fue la responsable directa de su candidatura: ¿Cree la gente que ella se podrá despegar políticamente de él? La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: un 77,4% cree que no podrá.
La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: solo un 22,6% cree que CFK será capaz de despegarse de los escándalos de Fernández, mientras que un 77,4% cree que no podrá.
Consultados sobre qué espacio político saldrá más perjudicado de esta causa, si el peronismo o el kirchnerismo (más alejado de Alberto durante su gestión), este último fue el más perjudicado: un 64,6% cree que el kirchnerismo sale peor parado, mientras que un 35,4% cree que lo hace el peronismo.
En el caso de las figuras políticas más afectadas, un 79,5% cree que los casos perjudican principalmente a Cristina Kirchner, mientras que un 14,2% cree que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es el más golpeado. Sergio Massa, por su parte, solo alcanzó un 6,3%.
Las últimas dos preguntas se refieren particularmente al futuro electoral del kirchnerismo: un 68,5% cree que este espacio “termina con Alberto”, mientras que un 31,5% piensa que puede reconstruirse.
Este número muestra el gran desafío que La Cámpora tiene por delante: a la ya mala imagen que tiene en las encuestas, con sus dirigentes generalmente por debajo de Javier Milei y sus funcionarios, el escándalo de Alberto Fernández aparece como un clavo fatal en el cajón del kirchnerismo, espacio que deberá repensar de forma inteligente su armado para sobrevivir.
En esta línea, tan solo un 22,2% de los consultados votaría al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que un 77,8% asevera que, “pongan a quien pongan”, no lo harían.
La propuesta de la diputada del PRO, Silvia Lospennato, que instaba a los órganos competentes a apartar temporalmente al intendente, fue desestimada tras no conseguir el apoyo necesario en la Cámara Baja. La iniciativa requería tres cuartas partes de los votos para ser tratada, pero sólo obtuvo 103 votos a favor, frente a 79 en contra, y no hubo abstenciones. Esta situación impidió que el proyecto avanzara, dejando al caudillo matancero en su puesto mientras se desarrollan las investigaciones judiciales.
El proyecto presentado por la legisladora del PRO manifestaba su “preocupación ante el procesamiento del intendente de La Matanza” y pedía la “inmediata suspensión en el cargo, mientras se sustancian las investigaciones pertinentes”. Lospennato criticó duramente la decisión de Unión por la Patria de no apoyar la moción, acusándolos de brindar protección política a Espinoza. “Quieren decirse que defienden a las víctimas de violencia, pero no defienden a todas las víctimas, porque si las víctimas son de un poderoso como Espinoza, a Espinoza le dan protección política”, declaró.
El caso que rodea al intendente Espinoza se remonta a una denuncia presentada por Melody Rakauskas, una de sus secretarias, quien lo denunció en la Justicia por abuso sexual. Este procesamiento judicial se encuentra en una etapa clave, con la existencia de una semiplena prueba que, según Lospennato, justifica el pedido de suspensión para que Espinoza no interfiera en las investigaciones en curso.
La negativa de UxP a tratar el proyecto de suspensión generó una fuerte reacción en la oposición. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual diputada, señaló: “Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder. Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos”.
En los últimos días, el exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional de Unión por la Patria fue duramente cuestionado en las redes sociales por su ausencia en el Congreso debido a que viajó al exterior.
Sucedió que el 23 de agosto Gustavo Bordet faltó a una sesión crucial en la Cámara de Diputados, en la cual se debatía el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que asignaba 100 millones de dólares a la SIDE.
Juan Domingo Orabona
Inicialmente, circuló en las redes sociales y en medios provinciales que Bordet se encontraba de pesca en Alaska junto a su íntimo amigo y exfuncionario Juan Domingo “Palito” Orabona, quien está implicado en la causa conocida como “los contratos truchos” de la Legislatura provincial.
Sin embargo, según consignaron medios provinciales que se contactaron con el burócrata, quien se apresuró para “desmentir” la información, el viaje no habría sido a Alaska —donde la estadía turística no baja de 500 dólares diarios— sino a Los Ángeles, en Estados Unidos. Bordet realizó su gira internacional acompañado por “un grupo de amigos de la facultad”.
Las sospechas y los cuestionamientos se intensifican al considerar los frecuentes viajes al exterior realizados por Bordet, su familia y empresarios-políticos amigos entre 2007 y 2023. Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, estos viajes suman decenas de salidas del país, un aspecto que también está siendo investigado por la Justicia y que podría complicar aún más la situación del diputado.
Uno de los casos más llamativos y recordados por los entrerrianos es su viaje, en noviembre de 2019, a Costa Rica para participar en el torneo de pesca “Dorado Derby”, realizado en Marina Pez Vela, un lujoso puerto deportivo en la costa del Pacífico. Este recreo, que duró diez días, tuvo un costo estimado de entre 8 mil y 12 mil dólares, sin contar los pasajes aéreos. Bordet habría viajado junto a su círculo cercano, incluyendo también al ya citado “Palito” Orabona y al empresario y político, Armando Gay.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que —hasta entonces— no hay registros de que Bordet haya salido del país hacia Costa Rica, lo que condujo a la hipótesis de que pudo haber viajado primero a Uruguay para luego tomar un vuelo hacia su destino final, evadiendo así los controles migratorios argentinos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que la situación que se atraviesa es dramática, ya que no se avizora aún un piso de la caída de la actividad. Resaltó el esfuerzo de su gestión de preservar el trabajo y alentar la producción, para la generación de empleo privado en una provincia donde el 50 por ciento de los trabajadores depende del Estado.
