06 julio, 2025

Frigerio eliminará las pensiones vitalicias de exfuncionarios: “Terminaremos con los privilegios de la política”

El mandatario de Entre Ríos enviará a la Legislatura provincial un proyecto que sigue con el recorte de los gastos del Estado. En cuestión, planea eliminar las jubilaciones de privilegios que cobran los exgobernadores y exvicegobernadores, son aproximadamente unos $2,2 millones.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

El Gobernador de Entre Ríos anunció, ayer martes, que enviará la próxima semana un proyecto de ley a la Legislatura que busca eliminar las jubilaciones de privilegio que perciben exgobernadores y exvicegobernadores de la provincia.

La Ley de “derogación de las jubilaciones de privilegio” planea tirar la Ley N° 4.506, dictada el 11 de enero de 1965, que es la que establece los pagos millonarios a los exfuncionarios: el monto es de, aproximadamente, 2,2 millones de pesos mensuales.

La ley del siglo pasado sanciona que “los ciudadanos electos (…) gozarán de una pensión vitalicia por un monto móvil e igual al 75% de la remuneración que corresponde al cargo. A los efectos de establecer este beneficio no se tendrán en cuenta los gastos de representación. El beneficio acordado por la presente Ley se hará extensivo para el caso del fallecimiento del titular, al cónyuge supérstite y/o a los hijos hasta la mayoría de edad. En el supuesto que éstos se encontrasen incapacitados gozarán del mismo beneficio, mientras permanezcan en tal estado”.

Sobre ello, Frigerio señaló que “hay que derogar las jubilaciones de privilegio. No alcanza solo con poner en caja todo para sostener a nuestro sistema de previsión social. Tenemos que terminar con los privilegios de la política. En nuestra Caja de Jubilaciones hay privilegios que hay que derogar”.

Ayelén Acosta, ex diputada provincial (Juntos por Entre Ríos) y actual funcionaria en el Ministerio de Desarrollo Humano, propuso en 2020 un proyecto para derogar la Ley Nº 4.506, proponiendo en su lugar un “complemento” para ex gobernadores y ex vicegobernadores. El proyecto, nunca tratado, buscaba permitirles acceder a un complemento al obtener la jubilación ordinaria, con el objetivo de asegurar que alcanzaran el 75% de los haberes correspondientes a los cargos en cuestión.

La propuesta excluía a aquellos condenados por delitos contra la administración pública, lavado de activos y narcotráfico, entre otros. En los fundamentos, Acosta argumentó que la erogación vitalicia por un cargo ocupado durante un tiempo limitado era un privilegio insostenible en los tiempos actuales.

Lista de privilegiados, EXGOBERNADORES:

  • Sergio Montiel: comenzó a cobrar la pensión vitalicia en 1987, al término de su primer mandato. En 1999 lo suspendió cuando volvió a ser electo y volvió a percibirlo a partir de 2003, momento en el cual reclamó un reajuste con la intención de percibir un monto similar a lo que cobraba entonces un vocal del STJ más un 10%. Presentó un recurso de apelación jerárquica que fue rechazado por su sucesor Jorge Busti. Montiel cobró el beneficio hasta su fallecimiento en 2011. Luego el derecho pasó a su viuda, Marta Jordán.
  • Jorge Busti: nunca cobró la pensión vitalicia, ya que optó por su jubilación ordinaria. La percibió hasta su fallecimiento y luego el derecho pasó a su viuda, la ex diputada nacional Cristina Cremer.
  • Mario Moine: cobra la pensión vitalicia desde 1996 cuando finalizó su mandato como gobernador. En 2019 decidió resignar el 40 por ciento de su pensión, que descuenta la caja previsional cada mes. Cabe acotar que Moine decidió, al asumir como gobernador, no percibir nunca su sueldo, en los cuatros años de su mandato.
  • Sergio Urribarri: no cobra la pensión vitalicia, ya que optó por percibir su jubilación ordinaria. Sus aportes se vieron engrosados por los dos años y medio en los que se desempeñó como embajador en Israel, con un alto salario en dólares. Tramitó el beneficio luego de renunciar al cargo diplomático tras ser condenado por delitos contra la administración pública. Es la jubilación más alta que paga la caja previsional entrerriana.
  • Gustavo Bordet: desde su equipo de prensa se informó que no tramitó la pensión al término de su mandato. Percibe su dieta de diputado nacional.

Los ex vicegobernadores

  • Jorge Martínez Garbino: fue vicegobernador de Montiel en su primer mandato. Percibe la pensión desde 1987.
  • Domingo Daniel Rossi: fue vicegobernador de Busti en su primer mandato y comenzó a percibir la pensión en 1992. La cobró en los períodos en los que no fue intendente de Santa Elena (va por su sexto mandato).
  • Hernán Orduna: fue vicegobernador de Moine y por ese rol percibe la pensión.
  • Héctor Alanis: fue vicegobernador de Busti en el segundo mandato y cobra la pensión desde que no ocupa cargos públicos. Su última función fue la de secretario de Interacción Municipal en el gobierno de Urribarri.
  • Edelmiro Pauletti: fue vicegobernador de Montiel en el segundo mandato, renunció en 2002 en plena crisis institucional, cobra la pensión.
  • Pedro Guastavino: fue vicegobernador de Busti en su último mandato, tramitó y cobra el beneficio desde que dejó la banca de senador nacional, en 2020.
  • José Lauritto: fue vicegobernador de Urribarri en su primer mandato y desde entonces ha estado en la función pública como ministro, delegado en la CARU e intendente de Concepción del Uruguay, por lo cual no cobra la pensión vitalicia.
  • José Cáceres: fue vicegobernador de Urribarri en su segundo mandato y al término comenzó a cobrar la pensión, pero suspendió el beneficio cuando asumió como diputado provincial y actualmente es parlamentario del Mercosur.
  • Adán Bahl: fue vicegobernador de Bordet en su primer mandato. Al término de su función tramitó el beneficio, pero optó por cobrar su sueldo de intendente. Una vez finalizada la gestión, pidió la reactivación y comenzó a cobrar.
  • Laura Stratta: fue vicegobernadora de Bordet en su segundo mandato. Tramitó la pensión a horas de terminar su función, se le otorgó en tiempo record y suspendió su cobro dado que percibe la dieta como diputada provincial.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

Frigerio congeló salarios de funcionarios públicos por la caída de ingresos

En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.

El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.

Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.

Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.

La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.

Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.

Redacción

info@data24.com.ar

DEL BANCO AL COLCHÓN: US$ 437 millones en depósitos huyeron tras el plan ‘canuto’

Mientras que el Gobierno acelera su plan para que los ahorristas utilicen los dólares del colchón y los vuelquen al sistema, una parte de los que compraron billetes verdes en la salida del cepo no solo no los pusieron a funcionar sino que los devolvieron al colchón.

Según Profit Consultores, los depósitos en dólares desde que se lanzó la Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos (el 22 de mayo) caen US$ 429 millones. En abril, último dato oficial, 1 millón de personas compraron US$ 2.000 millones por el homebanking, inaugurando la era poscepo.

“Si medimos por gobiernos (los periodos ajustan casi perfecto con las épocas de cepo), entre 2016 y 2019 la demanda por atesoramiento promedió US$ 1.806 millones mensuales. La diferencia es que en ese momento las empresas también podían acceder al mercado”, recuerda Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.

Además de la compra de billetes en abril, algo que fue a contramano de lo que quiere el Gobierno que suceda (se verá qué pasó en mayo, se cree que habría sido menor), destaca la consultora 1816, se aceleró el gasto en turismo y sigue la salida de divisas por Inversión Extranjera Directa, “con algunas matrices aprovechando el momento para concretar decisiones de salida tomadas hace años (este efecto más que compensa el RIGI)”.

Así, todo dependerá de si funciona o no el plan oficial para que entren más dólares y no sean una puerta giratoria. Muchos economistas, como Lucas Llach o Camilo Tiscornia, creen que el efecto será marginal. O sea, que no habrá un aluvión de gente entrando sus billetes de vuelta al sistema.

“Chapeau para el nuevo régimen informativo con cifras más lógicas. Pero eso no tiene nada que ver con sacar los dólares del colchón. En un país donde, como digo, el canuto no se mancha. ¿Por qué el canuto no se mancha? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en la Argentina? Por las dudas”, explicó hace una semana Carlos Melconian, uno de los más escuchados por el Círculo Rojo.

“El canuto lo tengo que tener por las dudas. ¿Por las dudas de qué? De este gran quilombo que es la Argentina. Vos no querés estar sin el canuto”, afirmó “Melco” en una charla privada.

El Gobierno anunció la segunda etapa del proyecto para incentivar el uso de los “dólares del colchón” bajo el nombre de “régimen de inocencia fiscal” y estableció nuevos pisos para investigación por evasión y por otro lado detalló el blindaje del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.

“Estas disposiciones, junto con las anunciadas con anterioridad, constituyen el inicio de una reforma integral, que permitirá abandonar el régimen persecutorio en el que vivimos, donde todos son culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio”, destacaron desde la Casa Rosada. La idea es que esos dólares “remoneticen” la economía ya que no se emiten pesos. La duda es qué pasará si la gente no empieza a sacarlos del colchón. Por ahora, hay más dudas y miedos, que dólares entrando.

*Fuente:  Leandro Gabin – ElEconomista

Redacción

info@data24.com.ar

NEGOCIOS Y MILLONES | El enigmático testaferro (y acreedor) de Alberto Fernández

*Por Christian Sanz

El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.

Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.

Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.

Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.

Aparece allí toda una trama de negocios que fue descubierta por su “segundo”, Jorge Rivas, y que culminó en un suspicaz hecho de violencia contra este.

Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.

El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.

Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.

Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.

En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.

*Fuente: Tribuna de Periodistas

Redacción

info@data24.com.ar

Leila Gianni expuso el modus operandi K para usurpar terrenos en La Matanza

Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, ha denunciado públicamente un sistema de usurpación de terrenos públicos en el municipio bonaerense de Ciudad Evita, señalando la complicidad de intendentes kirchneristas y describiendo un patrón operativo que se repite en diferentes jurisdicciones.

“Este predio, que ustedes pueden observar, pertenecía al Banco Hipotecario. Se lo cedió al Colegio Técnico Islas Malvinas, acá de Ciudad Evita”, afirmó en el vídeo, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hace dos sábados atrás, una nueva toma, de las muchas y tantas que suceden a diario en la provincia de Buenos Aires”, agrego.

La dirigente política, una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, ha venido realizando estas denuncias en el marco de su trabajo político territorial y su enfrentamiento con la gestión del intendente Fernando Espinoza, enfocándose sobre la Av. Güemes entre las calles El Ñanduty y El Crispín.

El Municipio de La Matanza, habría denunciado la usurpación de estos terrenos ya en 2022, pero la Justicia dictó una medida de “no innovar” que, en la práctica, permitió que la situación se mantuviera sin resolverse, quedando las denuncias en la Fiscalía N°2. Esta inacción judicial facilitó que continuaran las ventas ilegales de terrenos y el ingreso de nuevos ocupantes.

Fuentes municipales confirmaron que la comuna “en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, pero que la medida judicial “aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”.

“El día de las elecciones apretan para que voten al señor feudal bajo amenaza que serán desalojados, ¡Esto tiene que terminar de una buena vez!”, aseguró en la descripción de su posteo.

“Caen con sus camionetas, con alambrados, con postes y comienzan a hacer los pozos para hacer el cerco perimetral”, destacó, agregando: “Le venden los pedacitos de terreno a familias que sueñan con tener una vivienda propia. Y después, el título de propiedad nunca aparece.”

Según las investigaciones y testimonios recopilados, grupos organizados toman los terrenos tanto privados como públicos, generalmente durante la noche y venden el mismo a diferentes personas, “a la mañana se los venden a una persona y a la tarde, a otra”. Se designan intermediarios o “brokers” que manejan la organización y colocan a distintos grupos en función de la actividad ilegal, utilizando “amenazas de arma de fuego” y “amedrentan a los vecinos” para mantener el control de los territorios ocupados.

“Quieren tomar también la plaza donde juegan los pibes todos los fines de semana.”, subrayó Gianni.

Redacción

info@data24.com.ar

El Municipio de Mar del Plata multó a 280 trapitos en un mes a partir de denuncias vecinales vía WhatsApp

La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.

La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.

Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.

Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.

Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.

Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.

Redacción

info@data24.com.ar

El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

info@data24.com.ar

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now