Denunciaron a Massa por malversación de fondos: Entregó $42.000 millones al organismo que dirige su esposa e incorporaron a más de mil empleados públicos
La denuncia se sustenta en un incremento de 416.556,3 millones de pesos en el déficit, con 42.436 millones destinados a la empresa de Malena Galmarini, esposa de Massa. Además, se incorporaron mil empleados al sector público en plena crisis económica.
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El abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, por presunto delito de malversación de fondos. Este miércoles se llevó a cabo el sorteo y la causa recayó en el Jugado Criminal y Correccional Federal 12, que subroga el juez Ariel Lijo.
La denuncia se basa en el incremento de las partidas presupuestarias de 129 programas por parte del Gobierno, que resultó en un aumento del déficit de 416.556,3 millones. De estos fondos adicionales, 42.436 millones de pesos se destinaron a la empresa que está dirigida por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Además, se incorporaron alrededor de mil empleados a la planta permanente del Estado.
La administración de Alberto Fernández, junto con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el candidato de Unión por la Patria que busca reemplazar al actual Presidente, implementaron medidas que han ampliado significativamente el gasto público, todo en medio de una crisis económica que afecta a millones de argentinos.
Una de estas medidas es una resolución que incrementó el déficit en 416.553 millones de pesos, autorizando gastos por un total de 714.179,4 millones, equivalente al 1,9 por ciento del crédito vigente. Esto se logró mediante mayores autorizaciones de gastos para 129 programas presupuestarios por un total de 730.240,5 millones y reducciones en 19 programas por $16,061.2 millones.
La información detallada sobre estos gastos adicionales se encuentra en tres anexos. El primero enumera los programas que recibirán fondos adicionales, mientras que el segundo incluye una lista de alrededor de mil nuevos cargos que se crean en la planta permanente del Estado, la mayoría de los cuales están relacionados con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El tercer anexo se refiere a una obra llamada Casa Amor, que se ejecutará en varios presupuestos y que tiene el propósito de crear 24 espacios de contención social, sanitaria y educativa en todo el país.
Uno de los organismos que recibió fondos adicionales es Aguas y Saneamientos (AySA), una empresa dirigida por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa. Esta empresa recibió 42.436 millones de pesos, destinados en parte a inversión y en parte a gastos operativos, como sueldos.
En términos más coloquiales, esto significa que el candidato presidencial le otorgó a la presidenta de AySA, un monto significativo de fondos, permitiéndole disponer de aproximadamente 695 millones de pesos al día para la empresa.
Excluyendo feriados y fines de semana, Galmarini podría gastar alrededor de 1061 millones de pesos por cada día hábil. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre posibles favoritismos y conflictos de interés en la asignación de fondos públicos.
Además, se menciona que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, reservó 234 millones de pesos para el Parque Ecosol, un proyecto que fue anunciado por Malena Galmarini durante su campaña para ser intendenta de Tigre, lo que también plantea preocupaciones sobre el uso de fondos públicos para fines personales o políticos.
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El juicio oral y público comenzó el martes y se programó para tres jornadas, hasta el jueves, fecha en la que el tribunal anunció que daría a conocer la sentencia. Se trató de un proceso sin precedentes: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un debate oral por la caza de un yaguareté. “Es la primera vez que logramos llegar a esta instancia judicial en 75 causas en más de 20 años”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director de la Fundación Red Yaguareté.
El caso se originó a fines de julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el oeste formoseño. La desaparición de una vaca lechera motivó que el dueño del campo, Máximo Cisneros (61), pidiera ayuda a los changarines Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para hallarla. Salieron armados y con perros, encontraron a la vaca muerta y, cerca de los restos, vieron al yaguareté. Según relataron, los perros se abalanzaron y la situación se descontroló. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, contó Viterman. De acuerdo con el expediente, Claudio ejecutó el disparo de escopeta que mató al animal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”.
Poco después, los cuatro lo carnearon, cocinaron y comieron mientras se fotografiaban sonrientes junto al cadáver. Las imágenes mostraron al animal maniatado, colgado y despellejado. La piel nunca apareció; se especuló con que pudo haber sido vendida. El 27 de julio de 2024, las fotos llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho. Los acusados indicaron luego que las fotos “fueron tomadas por unos vecinos”.
Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. El dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia con sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos, primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria con salidas laborales entre las 7 y las 15; sus defensores solicitaron la ampliación de ese horario y la respuesta quedó pendiente. Máximo Cisneros llegó al juicio en libertad.
El viernes 25 de julio a las 9 de la mañana, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados por Infobae desde Ibarreta, bajo arresto domiciliario y en presencia de sus abogados, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Durante la entrevista hablaron por primera vez del caso: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijeron. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.
Los tres se definieron como trabajadores rurales sin estudios formales y describieron su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, agregó.
El yaguareté está protegido como Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, la máxima categoría de protección. La causa se calificó como caza de animales silvestres cuya captura estuvo prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. Lodeiro Ocampo cuestionó la supuesta legítima defensa: “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer. Además, matarlos está prohibido por ley: si alguien decide hacerlo, tiene consecuencias penales y económicas”. Sobre la respuesta de los hombres, añadió: “No hay una definición de qué hacer, pero con unos disparos el yaguareté se va”.
Según la Fundación Red Yaguareté, las manchas del ejemplar funcionaron como huellas digitales y permitieron identificarlo como uno de los cinco registrados en Formosa; ahora quedaron cuatro. En 2023, en Clorinda, también en Formosa, otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 pesos.
El yaguareté, el felino más grande de América, se encontró en peligro crítico de extinción en la Argentina. Se estimó alrededor de 250 ejemplares en todo el país, divididos en tres poblaciones: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en el Chaco seco) y porciones de la selva misionera. En el norte del país se calculó entre 200 y 300 individuos; en el Gran Chaco argentino apenas quedaron 20. La caza furtiva y la degradación de ambientes por acción humana, con escasez de presas, figuraron como las principales amenazas. “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Para la Red Yaguareté, el debate oral que comenzó el 12 de agosto representó “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”. La organización remarcó que, históricamente, “ninguno de los planes nacionales o regionales para conservar al yaguareté contempló la convivencia del animal y las personas en zonas rurales, especialmente con la ganadería”. Lodeiro Ocampo sostuvo: “La Ley Nacional de Faunas tiene 45 años, está obsoleta. Para esa ley una liebre y un yaguareté es lo mismo. Estamos intentando modificarla para cambiar las penas para las especies que están declaradas Monumento Natural Nacional, es decir, las de mayor nivel de protección, que tengan pena de prisión efectiva”. También señaló que el humano no formó parte de la dieta del felino y que los ataques a personas se produjeron solo cuando el animal se sintió atacado o atrapado.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…