*Por Dr. Mario Bruno

La problemática del área salud en nuestro país es compleja y presenta diferentes aristas, que lo han inmerso en una profunda crisis. El primer punto es la heterogeneidad de su estructura. El sistema de salud de Argentina está compuesto por tres sectores poco integrados entre sí y fragmentados también en su interior: el sector público, el sector del seguro social obligatorio (Obras Sociales) y el sector privado.

Las obras sociales, manejada por los sindicatos, fueron obteniendo logros particulares para cada uno de ellos, pero no para el conjunto, situación que produjo una fragmentación dentro del mismo sector. Institucionalmente, el Ministerio de Salud es la máxima autoridad nacional en dicha temática, compartiendo con otras áreas del gobierno los programas sociales. Sin embrago, al ser un país federal, las provincias tienen autonomía total en políticas de salud pública, incluyendo la provisión de servicios, circunstancia que hace que los lineamientos establecidos por el Ministerio de salud sean solo indicativos, y a los que las provincias podrán adherirse o no. A su vez, los municipios tienen a cargo la ejecución de programas y la administración de los servicios dentro de su área de acción.

Las tensiones entre las regulaciones nacionales, provinciales y municipales originan conflictos por lo que se generan dificultades en la accesibilidad a la atención, según las diferentes zonas del país. A la inversa, las obras sociales tienen un manejo centralizado, lo que aumentó la disparidad regional. Si a esto sumamos la falta de integración entre los subsectores público y privado, completamos los rasgos de un sistema deficiente desde sus bases.

La situación económica por la que atravesamos ha influenciado notoriamente en el sistema de salud. El cierre de empresas provocó despidos, que disminuyeron el número de trabajadores “en blanco”, que son los aportantes del sistema de las obras sociales. Por otro lado, aquellos que han perdido su trabajo, dejan de tener cobertura asistencial y concurren al empobrecido sector público, incrementando los enfermos asistidos por este sistema, que se ve sobrecargado. A esto debe sumarse que, también por razones económicas, las autoridades del sector público no reponen las vacantes originadas por jubilación, retiro o fallecimiento. Por lo tanto, ocurre un combo fatal: menos recursos y más público para atender.

En esta escena compleja, se ha agregado otro actor: los médicos jóvenes, preocupados por la situación económica y de seguridad existente en el país, buscan aplicar sus conocimientos adquiridos en otros lugares del mundo, donde valoren más sus esfuerzos. Esta falta de personal médico se hace sentir más en algunas especialidades como la pediatría. Además, las instituciones públicas presentan problemas por la falta los insumos básicos que, al ser importados, no ingresan, resintiendo la capacidad de dar respuesta a la demanda de atención de los pacientes.

El sector privado, integrado por los sistemas prepagos, debido a la severa inflación, ha tenido que aumentar en forma desmesurada la cuota de sus afiliados, situación que provocó la desafiliación de muchos adherentes, que se sumaron al sector público. En el medio de este caos, los pacientes oncológicos, además de verse afectados por todo lo expuesto, ven dificultado su acceso a estudios complejos y a medicación de alto costo que, en muchos casos, no es negada, pero la demora de la entrega es tal que, cuando llega, ya es tarde.

Preocupados por todas estas situaciones, en UNIDOS POR EL CÁNCER, institución que agrupa a 127 entidades argentinas relacionadas con pacientes oncológicos, hemos hecho público nuestro requerimiento a los candidatos a ocupar el Poder Ejecutivo para que den a conocer sus programas respecto de las políticas sanitarias para los próximos cuatro años. Sobre todo, en lo que se refiere a la eficiencia del sistema en la detección temprana con su correlación en el acceso oportuno a los servicios y la atención, sea en hospitales o centros privados, y los tratamientos sin reprogramación de turnos o demoras en la disponibilidad de medicamentos. El objetivo de las entidades que representamos es obtener proyectos políticos que sean inclusivos y equitativos. La salud pública tiene que estar incluida en el debate presidencial y queremos saber qué piensan quienes van a liderar el área si ganan y cuáles son las propuestas y medidas que desarrollarán.