La crisis está matando a las cervecerías artesanales: “Entre la inflación y la falta de productos es imposible”
La pinta aumentó 220% en un año. Las industrias del rubro están al borde del colapso. El consumo cayó más del 20% y la subida del dólar libre alza el precio de los insumos. ¿El fin de las cervezas artesanales?
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El rubro de las cervecerías artesanales —fuertemente afectado por la cuarentena, ya acumula una baja del 20% comparado al año pasado— se sumó a la lista de industrias en crisis: La pinta aumentó 220% en un año. Trabajadores del sector explican la caída por el alza de los insumos, atados al dólar blue. El 90% de los productos utilizados para la producción son importados y no pueden sustituirse por materia prima nacional.
Martín Boan, dueño de Bierlife y miembro de Cervecerías Independientes —reúne a más de 250 pymes del sector— explicó que “todos los insumos necesarios para producir la cerveza artesanal subieron muy por encima de la inflación. De hecho, el lúpulo, a principio de año estuvo en falta y creemos que esto va a volver a suceder en el verano. Eso complica la forma de producir y genera un fuerte incremento en los costos que se traducen en la rentabilidad”. El sector artesanal representa el 3% del volumen de cerveza vendido a nivel nacional, compuesto por más de 1500 pymes y genera 5000 puestos de trabajo de manera directa.
Por su parte, José Bini, de Bierhaus, señaló que “hasta las elecciones PASO el aumento era en torno al 40 o 50% en dólares oficial. Pero ahora se rigen con el contado con liquidación. Esto genera un gran desafío para poner los precios tanto de reposición como para el consumidor final. Además, tenemos mercadería que nos entregaron hace seis meses pero aún no pudimos pagarla porque el Banco Central no autoriza los pagos”.
Según relevamientos de la empresa de software gastronómico Maxirest, el valor de la pinta de cerveza aumentó 220% en un año, a día de hoy, el costo supera los $2000.“Hay un esfuerzo muy grande por parte de las empresas para que los costos que tenemos que afrontar no se trasladen al consumidor”, concluyeron los empresarios cerveceros.
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La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
El mes de julio trae malas noticias económicas para el Gobierno, que se esfuerza por mantener una línea de ajuste brutal en las cuestas públicas, es que por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei, no se logró alcanzar el superávit financiero durante el séptimo período del año.
Así lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien achacó el cierre en rojo de las cuestas públicas al desembolso de 780 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses de la deuda contraída por él mismo, en 2018, cuando era funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
El dato endurece la confianza de los inversores en un momento delicado del mercado financiero, ya que se suma a la inestabilidad en la capacidad de pago de los compromisos en moneda dura, por parte del Gobierno. Además de la poca disponibilidad de dólares que por la falta de disciplina fiscal de los últimos meses.
Asimismo, si a la caída cotidiana de reservas de los últimos días se le agrega un deterioro del panorama fiscal, el dato podía deparar una sorpresa aún más desagradable para el equipo económico que se esfuerza por mostrar logros de gestión a toda costa.
Si bien, las reservas se verán afectadas también por el pago de intereses al FMI por otros mil millones de dólares a finales del mes de agosto, Caputo prometió que las cuestas publicas volverán a tener un saldo positivo, con la intención de llevar calma a los mercados y sobre todo a los inversionistas que miran con desconfianza el panorama de aquí a diciembre.
El titular del Palacio de Hacienda, confirmó que a mediados del nuevo mes que comienza, llegaran fondos frescos por parte del BID, que prestará unos USD 650 millones al país, para equilibrar las salidas de dólares destinadas al pago de intereses internacionales.
También, el Gobierno confía en la llegada de dólares a través del sector del agro, que estableció un compromiso de saldar algunas toneladas de cereales que quedaron pendientes de la cosecha 2024 a la espera de la liberación del cepo cambiario, que no parece dar señales de desaparecer en lo inmediato.
En un esfuerzo por impulsar el desarrollo económico y la inversión en la provincia, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la presentación del proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ante la Legislatura. Este anuncio se realizó después de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y ha generado un notable interés entre las empresas mineras, que ya están planeando inversiones por un total de USD 9.000 millones.
Entre las empresas interesadas en aprovechar el RIGI se encuentra POSCO Argentina, que planea utilizar el régimen para las fases 2 y 3 de su proyecto de litio, con una inversión de USD 2.000 millones. Fuentes oficiales señalaron que la compañía espera que el RIGI mejore el entorno económico y empresarial, lo que podría llevar a futuras inversiones adicionales.
Ganfeng, otra empresa minera, está evaluando la construcción de un nuevo proyecto de litio con una inversión cercana a los USD 1.000 millones. De igual manera, First Quantum Minerals tiene previsto aplicar al RIGI para su proyecto de cobre Taca Taca, con una inversión estimada de USD 4.000 millones. La empresa está trabajando estrechamente con la provincia para obtener los permisos necesarios y se espera que el proyecto se concrete en el corto plazo.
Por su parte, Eramet planea aplicar el RIGI para la fase 2 de su proyecto de litio Centenario Ratones, con una inversión estimada de entre USD 800 millones y USD 1.000 millones. Alejandro Moro, CEO de Eramine Sudamérica, mencionó que la empresa cuenta con el RIGI para la expansión y duplicación de la producción de su planta actual, con el objetivo de comenzar a fines de este año.
Asimismo,Rio Tinto avanza en la construcción de su planta de 3.000 toneladas de litio y está evaluando la construcción de una planta de 50.000 toneladas para el próximo año. Alpha Lithium/Tecpetrol también está considerando la construcción de sus proyectos en el corto plazo, aprovechando los beneficios del RIGI.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha destacado la importancia de la adhesión de más provincias al RIGI, señalando que este régimen es fundamental para la concreción de importantes inversiones destinadas a desarrollar la producción minera.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior.A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.
Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.
Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.
Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
