La jueza que entregó a Lucio Dupuy al cuidado de sus asesinas será investigada por mal desempeño
La jueza Ana Clara Pérez Ballester fue quien dejó a Lucio Dupuy en cuidado de Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, ignorando las incesantes denuncias por parte de la familia paterna de la víctima. Por ello, será investigada por la justicia de La Pampa.
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El jurado de enjuiciamiento de La Pampa ordenó la conformación de una causa contra la Ana Clara PérezBallester, la jueza que dejó a Lucio Dupuy al cuidado de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta, Abigail Páez, ambas condenadas recientemente a prisión perpetua por asesinar, tortular y violar al niño de 5 años.
También será investigaba la asesora de niños, niñas y adolescentes Elisa Alejandra Catán, quien trabajó en conjunto con la jueza, ambas serán sometidas a un jury bajo la caratura de mal desempeño de sus funciones en la tramitación del expediente de Lucio Dupuy. En ese sentido, le corresponde al procurador general Mario Oscar Bongianino, definir si corresponde formular una acusación contra ambas para que vaya n a juicio oral y público.
El tribunal interno que juzgará a la magistrada estará integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia Fabricio Luis Losi, las diputadas María Silvia Larreta y María Andres Valderrama Calvo, y las abogadas MaríaNatalia Gaccio y Silvina María Garro. El tiempo para Bongianino comienza a correr, solo tiene seis días hábiles para formular una acusación. En caso contrario, el expediente se cerrará.
En caso de que avance, y tanto la parte acusante como la defensa de la magistrada deberán presentar pruebas para el debate, allí comenzarán a correr otros 15 días. Por último, se fijará el día del inicio del juicio con un intervalo no menor a seis días.
Fuente: Periodismo y Punto
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*Por Christian Sanz, director periodístico de Diario Mendoza Today
“Hola Christian! Soy Osvaldo Rofrano presidente de Gases Aconcagua SA”. El mensaje me llegó por mensaje directo de Twitter el pasado 23 de mayo de 2024.
Acto seguido, el hombre me explicó: “Hoy está entrando a Mendoza una empresa Cascia S.A. que son testaferros de Juan Manzur, senador Nacional, líder narco del norte”.
A su vez, me reveló que se tuvo que ir del país “por amenazas que llegaron de Tucumán (…) Estoy a más de 10 mil km de Argentina”.
Le respondí al día siguiente, el 24 de mayo, y acordamos que me pasaría una serie de documentos y datos sobre aquella corrupción que juraba conocer.
En realidad, ya lo habíamos entrevistado en octubre del año pasado, lo cual derivó en un par de notas que fueron publicadas por Diario Mendoza Today. Esta fue una de ellas.
Pero ahora la cosa era diferente, más densa: Rofrano me aseguró que lo venían amenazando de muerte luego de tener una fuerte discusión con una tal Suárez, quien estaba instalando una empresa de gases medicinales en el parque industrial de Luján de Cuyo. En la trama aparecía el tópico del narcotráfico.
Le recomendé hacer una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, incluso le expliqué que podía hacerla desde internet. Sin necesidad de concurrir a la Justicia de manera presencial. No al menos en un principio.
En esos días advirtió en sus redes sociales: “Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: NO ME VOY A SUICIDAR. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad”.
Ello concluyó en el terrible hallazgo de este jueves: Rofrano apareció ahogado en la pileta de su vivienda, en Luján de Cuyo. Presuntamente con manos y pies atados con precintos.
Los investigadores persisten en decir que pudo haberse suicidado, ya que los mismos no estaban ajustados. Pero todo es muy extraño en estas horas. Demasiado.
Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.
Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.
La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo PocielloArgerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.
El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.
Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.
En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.
Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.
Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.
La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”
La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.
Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)
El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.
Las anteriores condenas a Moreno
Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que elINDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.
Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.
Felisa Miceli, exministra de Economía
El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.
Ayer, Cintia Gómez, diputada provincial de La Unión Mendocina, presentó un proyecto que obliga a los legisladores provinciales a presentar un balance de gestión semestral-anual.
“La transparencia y el rendimiento de cuentas son pilares fundamentales en cualquier sistema democrático, donde el ciudadano tiene licitud de conocer la gestión y el deber de los legisladores. Con la finalidad de mejorar los aspectos de gestión política, aplicando valores significativos como el compromiso, la responsabilidad y la honestidad a la hora de gestionar acciones que vinculen al ciudadano, trabajando día a día para que la calidad de los funcionarios públicos sea medida cualitativa y cuantitativamente”, sostiene el documento entre sus fundamentos.
Y explica: “El balance de gestión suministrará información detallada sobre las actividades realizadas por los legisladores durante el período correspondiente y mientras dure su gestión. Incluyendo los proyectos que sean presentados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y el uso de recursos asignados para el ejercicio de su función. La divulgación de esta información permitirá evaluar la efectividad y la dedicación de los legisladores en su labor”.
Para García, la presentación de balances de gestiones semestrales o anuales “permitirá a los ciudadanos monitorear de cerca la labor legislativa y la gestión de cada uno de los integrantes del ámbito político evaluando la calidad de los mismos y la responsabilidad adoptada por cada legislador a la hora de desempeñar su labor. Al conocer las acciones y logros de los legisladores, los ciudadanos podrán formar una opinión basada en hechos y acciones, permitiéndoles participar activamente en el proceso democrático”.
Qué dice el proyecto de ley
Artículo 1: Objetivo Los legisladores de la Provincia de Mendoza deberán presentar un balance de gestión semestral o anual ante la Legislatura Provincial.
El balance deberá circunscribir información detallada sobre: actividades realizadas, proyectos impulsados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y cualquier otro aspecto de labor relevante relacionado con su función legislativa, como así también el otorgamiento de licencias.
Artículo 2: Definiciones Balance de Gestión: informe cuyo objetivo principal es contrastar objetivos y metas a través de los resultados de una gestión del funcionario público.
Artículo 3: Contenido del Balance de Gestión: El balance de gestión deberá contener los siguientes elementos:
Informe de actividades: Descripción de las acciones realizadas por el legislador durante el período correspondiente.
Proyectos presentados: Listado de proyectos de ley, resoluciones o declaraciones presentados por el legislador.
Asistencia a sesiones: Registro de la asistencia a sesiones legislativas; en caso de presentar faltas a las sesiones deberán ser informados con avisos previos y en el balance explicados brevemente.
Participación en comisiones: Detalle de la participación en comisiones permanentes o especiales.
Artículo 4: Plazos y Presentación El balance de gestión se procederá de forma semestral o anual, y en el caso de no cumplir con esos tiempos estipulados deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del semestre o año correspondiente. La presentación se realizará ante la Secretaría Legislativa y se publicará en el boletín oficial de la provincia de Mendoza.
Aprovechando una larga distracción de los trabajadores, dos jóvenes doblaron los barrotes de hierro del patio interno y se dieron a la fuga. Se comenta que ambos, durante las semanas anteriores, bromeaban con “tomarse vacaciones de invierno”.
Uno de ellos fue interceptado por la Policía Local, quien lo detuvo al verlo caminando en actitud sospechosa a unas seis cuadras del centro. Ahora permanece en la comisaría local. Sin embargo, nada se sabe del otro, quien al momento de escribir estas líneas todavía permanecía prófugo.
De este modo, las fugas de este centro suman tres solo en un mismo fin de semana. Federico Rodríguez, un joven detenido por homicidio que trabajaba en la panadería del centro, escapó mientras realizaba sus actividades diarias de venta de productos. Dejó su canasta en el suelo y corrió, aprovechando un descuido del personal policial.
En este punto, vale destacar que el director del centro, Sebastián Lofredo, ha renunciado dos veces durante el último tiempo, pero fue persuadido para continuar debido a la falta de un reemplazo competente. Por todo ello, la gestión de Andrés Larroque, autoridad máximo detrás del OPNyA, es centro de críticas por no encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad en el organismo.
Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.
El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.
¿Qué irregularidades consideró Vera?
El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.
Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.
Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.
La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.
