El vicepresidente del INAI a juicio oral por malversación de fondos y por usurpar tierras
El funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas fue detenido durante la cuarentena cuando trasladaba, en un vehículo oficial, hasta una usurpación de supuestos mapuches en Villa Mascardi. Ahora también es señalado por los delitos de malversación de fondos públicos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, y su hijo Lucas, deberán rendir cuentas frente a la Justicia Federal de Bariloche. El juicio, que iniciará el 21 de noviembre, gira en torno al uso indebido de recursos del Estado y por su rol en las tomas de tierras por parte de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
Durante el confinamiento, Pilquimán fue detenido trasladando personas a un terreno usurpado en Villa Mascardi con una camioneta Toyota Hilux del Ministerio de Gobierno de Río Negro. Además, Durante el operativo, el funcionario ostentó su cargo —el cual mantiene— intentando evitar el arresto.
La camioneta del gobierno que conducía Luis Pilquimán
En el expediente se consigna sobre el vehículo que hubo un “exclusivo provecho propio, afectando negativamente los relevamientos territoriales que se debían realizar y para el cual estaba destinado”. En el momento del hecho, la función de la camioneta era la de realizar relevamientos territoriales en las comunidades mapuches de Buenuleo, Maliqueo, Quijada y demás en la zona.
Por otra parte, el hijo de Luis, Lucas Pilquimán, también ira a juicio por incidentes en la Ruta 40 durante 2018 mientras se conmemoraba un año de la muerte de Rafael Nahuel. Si bien no fue arrestado en las manifestaciones, ya que las autoridades no lo pudieron identificar en el momento, al conocido como el “testigo E” en el caso de Santiago Maldonado se le detuvo en julio, cuando visitó al referente de la RAM Facundo Jones Huala en la Unidad 14 de Esquel.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.
Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.
– Jorge Capitanich y Marta Soneira
Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.
La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.
A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.
La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.
“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.
Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.
Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.
Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
