Massa apuesta a la campaña del miedo: “Si gana la oposición, el boleto de tren pasa a costar $1100”
El "súperministro" de Economía apuntó contra la quita de subsidios y la privatización de los ferrocarriles para intentar retener al electorado.
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El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a agitar la campaña del miedo de cara a las elecciones generales de octubre y sostuvo que el boleto de tren pasaría a costar 1100 pesos en caso de que la oposición “gane las elecciones”.
“Si hay cambio de Gobierno el boleto de tren pasa a valer 1100 pesos y el mínimo de colectivo 700 pesos. No solo piensan en privatizar ferrocarriles, también en eliminar la ayuda del Estado en los boletos. Hagan la cuenta, piensen en la vida de cada estudiante, jubilado, laburante, lo que pasa a significar pagar eso por un boleto”, sostuvo el ministro de Economía
Luego lanzó dardos contra la oposición, aunque sin mencionarlos. “Unos plantean dolarización, la bandera de Estados Unidos en el Banco Central. Otros una dolarización cobarde, plantean convivir porque no se animan a hacerlo. Nosotros sabemos que es con una moneda fuerte y no depender de nadie. no queremos seguir siendo mendigos del mundo”
Fue durante un acto en San Vicente, donde se inauguró un paso bajo nivel del ferrocarril Roca. “Sabemos que muchos de los vecinos del Conurbano y del país sienten la frustración, pero no se resuelve volviendo atrás. Ahí está la violencia y perder poder adquisitivo”, dijo.
El “superministro” de Economía, Sergio Massa.
Junto a Massa se encontraba el gobernador provincial, Axel Kicillof, quien agitó contra el Fondo Monetario Internacional y acusó al organismo de creerse “con derecho para dirigir la obra de nuestro país”. “Con el crédito que tomó (Mauricio) Macri, con toda esa deuda que hoy nsaos oprime, se podrían haber hecho 9 mil viaductos”, sostuvo.
Kicillof también agitó la referencia al aumentazo del boleto en el transporte público. “Los bonaerenses saben que no se pueden pagar, y los empresarios que tendrían que pasar esos costos a los salarios. Van a traer calamidades en la provincia, nos va dejar sin viaductos, hacer mas caros los pasajes y solo sirve para apagar las deudas que ellos tomaron”, agregó el candidato a gobernador bonaerense.
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El escenario político actual asiste al nacimiento de una estructura que pretende romper la polarización con un pragmatismo inusual. Mientras el oficialismo de Javier Milei sostiene su batalla contra la casta, Consolidación Argentina emerge como un movimiento de confluencia donde sectores que hasta ayer eran antagónicos —como el peronismo bonaerense y la Sociedad Rural— coinciden en una misma necesidad: un liderazgo que no profundice la grieta.
La ausencia de Dante Gebel en el Microestadio de Lanús, justificada por su gira en Guatemala, no fue un vacío, sino una herramienta de instalación. Con la figura del líder espiritual como una marca autorizada por primera vez para la disputa electoral, el despliegue del 18 de marzo funcionó como la presentación formal de un operativo de pinzas: el músculo sindical de la CGT y el diseño técnico de Eugenio Casielles para institucionalizar un proyecto nacional que ya cuenta con terminales en las siete regiones del país.
Rock, mística y un estadio desbordado
El Microestadio de Lanús fue el epicentro de una convocatoria que, por volumen y composición, encendió las alarmas del tablero político tradicional. Desde las 19:00 del miércoles 18 de marzo, el recinto operó a capacidad plena, dejando a varias personas fuera del predio por estrictas razones de seguridad.
La previa no tuvo la estética litúrgica habitual, sino la potencia del rock nacional: la banda “Coverheads”, liderada por Fernando “Carucha” Podestá, recorrió el cancionero popular de Pappo, Charly García, Abuelos de la Nada, Guasones y Los Enanitos Verdes, logrando una conexión directa cuando el vocalista bajó al campo para mezclarse con una multitud que coreaba cada estrofa.
El momento en que se proyectó un video de Dante Gebel.
La escenografía en las tribunas y el campo —dividido estratégicamente para la prensa y los asistentes— revelaba la naturaleza del espacio. Entre carteles que rezaban “Dante Gebel Presidente” y banderas de diversas congregaciones religiosas, se destacó un bloque compacto y ruidoso: la “Militancia peronista” de La Matanza, conducida por Horacio Acosta, que junto a un nutrido grupo de hombres del sector sindical, dejó en claro que la estructura de Consolidación Argentina no se agota en lo espiritual.
Tras el cierre musical, la subida de 50 referentes al escenario y la proyección de un video con reflexiones de Gebel marcaron el inicio formal de una jornada que buscó transformar la popularidad de un comunicador en un proyecto de poder real.
El mosaico de Consolidación Argentina
El desfile de expositores en Lanús no fue una sucesión de elogios vacíos, sino un despliegue de sectores que hoy se sienten huérfanos de representación. El bloque sindical golpeó primero con José “el Vasco” Minaberrigaray(SETIA, textiles), quien denunció la pérdida de empleos y una “zanja” económica que devora a los trabajadores.
En la misma línea, Eduardo Cabello (CGT San Juan) disparó contra la gestión de Javier Milei. Cuestionó la polarización con la “casta” mientras a las familias no les alcanza el sueldo para vivir, y sentenció que Gebel será presidente en 2027.
Minaberrigaray durante su discurso.
La diversidad del espacio se hizo visible con Vanina Leto (Aeronavegantes), quien llamó a terminar con la “violencia ideológica” y la grieta. Este mensaje de concordia fue reforzado por Flavia Martínez (fundación “For Children, unidos por la diabetes”), quien agradeció a los “compañeros” y depositó su esperanza en el líder espiritual.
El componente emocional llegó con Julián Ocampo (exparticipante de “Cuestión de peso”), quien entre lágrimas parafraseó a Gebel resaltando la importancia de “lo importante no es hacer todo bien, sino estar disponible”. Por su parte, el respaldo del deporte de élite lo puso Cristian Bosch, validando los valores del conductor tras 25 años de seguimiento personal.
Finalmente, el cierre de este bloque de representación sectorial lo completó Miriam Müller, dirigente de la Sociedad Rural. Su mensaje de unidad nacional terminó de amalgamar los intereses del campo con los de la industria y los movimientos sociales presentes en el microestadio.
Momentos previos al comienzo formal del evento.
El motor productivo y la arquitectura de Casielles
La visión delsector empresarial PyME la aportó Pedro Bergaglio, quien cuestionó con dureza la situación del entramado industrial. Con un mensaje de identidad nacional, agradeció la masiva presencia de jóvenes y dejó una arenga de esperanza para el futuro del país. Por su parte, Mariano Almada (Secretario de Culto de Córdoba) subrayó la construcción federal de Consolidación Argentina.
El plato fuerte de las exposiciones llegó con Eugenio Casielles, legislador porteño y principal armador del espacio. Exfundador de La Libertad Avanza, el actual legislador porteño fue el orador más extenso y aplaudido por todos los asistentes, especialmente cuando afirmó que no estaban allí por protagonismo personal, sino para transformar la sociedad a través de la política.
Durante su discurso, Casielles reveló la transversalidad de la tropa: aseguró que Consolidación Argentina contiene a dirigentes del PRO, peronistas, kirchneristas, empresarios y referentes sociales. Luego, el legislador sentenció: “hay que buscar a los mejores para cambiar al país”, criticando a los políticos que sólo buscan intereses personales.
Casielles cerró con una confesión estratégica: admitió que, aunque trabaja con Gebel hace sólo un año, quedó convencido de inmediato de la necesidad de este armado. Su mensaje final fue un llamado a la acción para las bases: pidió que todos se encarguen de “convencer” al líder espiritual para que acepte formalmente la postulación presidencial.
Casielles y Brey conversando en el escenario.
El respaldo de Caamaño y la estructura federal
El evento también contó con el aval de figuras de peso que, aunque ausentes físicamente, marcaron presencia a través de la pantalla. Presentada por la conductora del evento como una “gran referente nacional”, luego del video de Gebel se proyectó un video grabado por Graciela Caamañodonde, la ex diputada y esposa de Luis Barrionuevo, apeló a la unidad nacional y cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón, un gesto que resonó con fuerza en el sector sindical de la platea. A este respaldo se sumó el del exfutbolista y director técnico Walter Erviti, quien también envió un video apoyando la eventual postulación de Dante Gebel.
Para demostrar que el proyecto ya tiene sustento territorial, Horacio Calculli y Nabila Michitte, coordinadores de la mesa promotora de CABA, presentaron con diapositivas la estructura técnica del partido.El despliegue se divide en siete regiones estratégicas: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, PBA, CABA, Cuyo y Patagonia.
Cada una de estas mesas promotoras ya cuenta con coordinadores designados, lo que otorga a la agrupación un carácter federal inmediato. La institucionalización del espacio busca demostrar que el proyecto de Gebel no es sólo una expresión de deseos, sino una maquinaria política que ya empezó a rodar en todo el país.
El cierre de Brey
La culminación del acto estuvo a cargo de Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes y referente de la CGT. Tras destacar el crecimiento de Consolidación Argentina, el dirigente activó la mística final: bajo su indicación, los asistentes levantaron miles de banderas argentinas dispuestas en las sillas desde el inicio de la jornada.
El sindicalista no ocultó la intención política del gesto al pedir que se grabara para enviárselo a Gebel: “levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura”, arengó ante la multitud.
Juan Pablo Brey cerrando el acto.
En su discurso, Brey marcó una fuerte distinción nacionalista al pedir confiar en “lo nuestro” frente a sectores que prefieren “lo que viene de afuera”. Reclamó coordinación para terminar con las grietas y pidió acompañar el proyecto para que el país vuelva a creer en sí mismo.
Con el operativo clamor en marcha y la estructura federal presentada, el encuentro de Lanús dejó planteado un nuevo interrogante en el mapa político. La amalgama entre el músculo de la CGT, el armado técnico de Casielles y la popularidad de Gebel mostró, finalmente, sus cartas de cara a 2027.
Este fenómeno de los jubilados que permanecen en actividad no es una rareza ni una elección libre para la mayoría. Es la señal más visible de que el sistema previsional argentino no puede garantizar una vejez digna por sí sola.
Entender este problema requiere mirar a la vez los números concretos, las causas estructurales y lo que el Estado no está resolviendo.
A junio de 2025, había 433.525 jubilados con aportes activos en la Argentina, de acuerdo con los registros oficiales de la Seguridad Social (ANSES). De ese total, 89.531 continuaban en relación de dependencia, 33.596 se desempeñaban en el trabajo doméstico registrado, 87.533 eran trabajadores autónomos y 212.865 se encontraban inscriptos bajo el régimen de monotributo.
Pero ese número no cuenta toda la historia. Si se suman los jubilados que trabajan en la informalidad — sin registrar ningún aporte —, la estimación llega a más de 600.000 personas. El fenómeno creció de forma sostenida.Los jubilados registrados activos pasaron de 176.000 en 2010 a 433.000 en 2025, un salto de más del 140% en 15 años. El grupo que más creció fue el de los monotributistas, que casi se duplicó entre 2015 y 2025, pasando de 122.356 a 212.865.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina el 17,1% de los adultos en edad jubilatoria sigue trabajando, con la mayor concentración en la franja de 60 a 74 años que creció a partir de 2024, rebasando el millón en 2026.
“Si bien los recursos provenientes del sistema previsional representan la principal fuente de recursos monetarios de las personas en edad jubilatoria, hay dos veces más varones con ingresos laborales que mujeres”, destaca el análisis del INDEC.
En octubre de 2025, la jubilación mínima con el bono llegaba apenas a $396.298, escasamente por encima de la línea de pobreza. Mientras tanto, la canasta básica específica para adultos mayores, medida por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, superó los $1.514.074 millones en octubre de 2025. Es decir, la jubilación mínima cubre menos de un tercio de lo que cuesta vivir como adulto mayor.
Para comprenderlo concretamente, solo los medicamentos ($402.880), alimentos ($348.000) y servicios básicos ($123.050) ya superan el doble de lo que cobran los jubilados de la mínima. Quienes además alquilan necesitan sumar otros $294.000 mensuales. Cerca de 3.2 millones de jubilados dependen del bono complementario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024 sin actualización, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo real año tras año.
¿Por qué se llegó a esto?
Más del 42% de los trabajadores en Argentina son informales y no aportan al sistema previsional. En el Conurbano bonaerense, 4 de cada 10 asalariados trabajan “en negro”. Esto significa que cuando esas personas llegan a la vejez, no tienen aportes suficientes para jubilarse con un haber contributivo pleno. El resultado es que el 68.2% de las jubilaciones actuales se obtuvieron a través de moratorias — o sea, pagando aportes adeudados en cuotas —, lo que refleja décadas de trabajo informal.
El sistema jubilatorio argentino funciona bajo el esquema de reparto, lo que significa que los que trabajan hoy financian con sus aportes las jubilaciones de hoy. Para que eso sea sostenible se necesitan al menos 3 o 4 trabajadores activos por cada jubilado. Pero actualmente Argentina tiene apenas 1.8 aportantes por cada beneficiario, y la tendencia empeora. En el primer semestre de 2025 el sistema perdió más de 100.000 aportantes. Además, el aporte de un monotributista es simbólicamente bajo comparado con el que hace un asalariado formal. Un monotributista necesita una proporción de 27 a 1 para sostener un jubilado, frente a la relación 4 a 1 del trabajo registrado.
Sin embargo, existe un envejecimiento demográfico. En 2015 nacían unas 800.000 personas por año en Argentina, hoy son 400.000. Hay cada vez más adultos mayores y menos jóvenes que entren al mercado laboral para aportar. El “bono demográfico” — el período en que la pirámide de edades era favorable — termina en 2030. Para 2030 se proyecta que habrá 6.5 millones de personas de 65 años o más (15% de la población). En ese escenario, el sistema de reparto puro es insostenible sin reformas.
El deterioro del poder adquisitivo,contando con un haber medio de los jubilados que acumula una caída del 24% en los últimos cuatro años. Desde la asunción del gobierno del presidente Javier Milei, la pérdida de poder adquisitivo fue del 12% adicional. Internacionalmente, el sistema previsional argentino obtuvo en el Índice Global de Pensiones Mercer CFA 2025 una calificación D (45.9 puntos), ubicándose en el puesto 51 de 52 países, solo por encima de India, con especial debilidad en sostenibilidad e integridad.
Lo que el Estado no resuelve
El sistema previsional arrastra tres dificultades de fondo que ninguna movilidad de haberes, por sí sola, puede resolver. Por un lado, no logra formalizar a los trabajadores informales, ya que mientras millones de personas sigan trabajando sin aportar, la base de financiamiento del sistema no crecerá. La economista Fernanda Laiún, lo define a la perfección al decir que “la economía en negro es el principal motor de la precarización laboral y del problema jubilatorio”.
Por otro lado, tampoco garantiza un haber digno al llegar a la vejez, ya que solo el 39.4% de los jubilados actuales cumplió efectivamente con los 30 años de aportes requeridos. El resto accedió mediante moratorias o mecanismos compensatorios, lo que terminó derivando en ingresos todavía más bajos.
A eso se suma la falta de una perspectiva de largo plazo, en un contexto en el que el gasto previsional seguirá en aumento hasta 2060 por el envejecimiento poblacional, según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), y en el que para 2030 el sistema habría perdido su última ventana demográfica favorable. En ese marco, la especialista Andrea Falcone lo resumió con dureza al advertir que, “para quienes tienen menos de 50 años, la jubilación tal como se la conoce ya se terminó.”
Pero no todos los jubilados activos están forzados. Una parte elige continuar porque el trabajo les da identidad, rutina, vínculos y sentido de utilidad. Hay evidencia científica de que seguir activo después de la jubilación puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo. La memoria verbal se deteriora un 38% más rápido después del retiro laboral. Para estos jubilados, el trabajo no es un drama sino una elección que mejora su bienestar. La diferencia crucial, como señalan expertos en psicología del envejecimiento, es si la continuidad laboral es una elección o una condena.
El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.
La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.
El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.
Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.
El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.
Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.
El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.
Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.
Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.
¿De dónde proviene el dinero?
Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.
Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?
En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.
Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.
La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.
La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.
La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.
¿Quién es Juan Carlos Molina?
Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.
Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.
“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.
La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.
Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.
El gobierno provincial de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck por el partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), destinó un contrato de $932,4 millones para el dictado de cursos virtuales de inglés en el marco del programa “Río Negro Bilingüe”.
El proceso, identificado como licitación pública 112/2025, generó cuestionamientos por tres razones centrales. El organismo estatal que impulsó la medida fue la Secretaría de Energía y Ambiente, y no el Ministerio de Educación. A ello se sumó el descarte de la oferta más barata y un costo por alumno muy por encima de los valores de mercado.
El programa habría sido lanzado en octubre de 2025 por Weretilneck con el argumento de fortalecer el capital humano provincial en un contexto de desarrollo energético e inversiones productivas. La iniciativa prevé la entrega de 10.000 licencias anuales de formación en inglés con modalidad virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales optativos en distintas localidades.
La propuesta estaría dirigida a un perfil amplio de beneficiarios que incluye a trabajadores vinculados a los sectores de energía, logística y servicios, así como a empleados públicos de áreas como salud, seguridad, policía y bomberos. También alcanza a emprendedores, comerciantes y prestadores turísticos, además de estudiantes de los últimos años del nivel secundario, terciario y universitario. A su vez, contempla a adultos que se encuentran fuera del sistema formal y buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad.
La formación está estructurada en 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con tutorías sincrónicas y uso de inteligencia artificial. Hacia diciembre de 2025 ya había alcanzado 6.667 preinscriptos y la provincia amplió su cobertura territorial hacia la zona andina (Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón) y la costa atlántica.
Una de las críticas más llamativas es que la contratación fue impulsada desde la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, actual esposa del mandatario, y no desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Si bien el programa fue presentado como una articulación entre ambas áreas, la licitación y adjudicación quedaron bajo la órbita energética.
Esto genera interrogantes legítimos sobre el circuito administrativo. Los ministerios de educación provinciales son los organismos naturales para contratar servicios de formación académica, cuentan con equipos técnicos especializados y son los que habitualmente articulan con universidades e institutos terciarios. Que sea el área de energía quien adjudique una plataforma educativa resulta, cuanto menos, atípico desde el punto de vista de la lógica institucional.
¿Por qué energía y no educación?
La justificación oficial es que el bilingüismo se enmarca en la estrategia de desarrollo económico y la transición energética de la provincia, por lo que Energía tiene incumbencia directa. Sin embargo, esto no elimina la pregunta sobre por qué no se canalizó a través de instituciones con capacidad instalada para ofrecer estos servicios, como universidades públicas o institutos provinciales de formación docente.
“En Río Negro hay un triángulo de poder que maneja muy mal la provincia”, afirmó José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos y vicepresidente del Partido Justicialista de Río Negro, en una entrevista con LUVER. El dirigente se mostró además crítico con la conducción provincial por su “escaso apego a la rendición de cuentas”. “El triángulo está compuesto por Facundo López (líder del armado legislativo de JSRN), la señora del Gobernador y el propio gobernador”, agregó, y cuestionó su desempeño al señalar que “están manejando muy mal la cuestión pública”.
La apertura de sobres se realizó el 16 de enero en Viedma, con la participación de tres empresas. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentó la oferta más elevada, por $1.100.000.000, mientras que SDC SRL realizó la propuesta más baja, por $893.000.000. Por su parte, EDIR Emprendimientos SRL ofertó $932.4 millones y resultó finalmente adjudicada.
El 3 de febrero, la Comisión de Preadjudicación descartó a SDC SRL —la empresa más barata— argumentando que su plataforma “no era específica para la adquisición de lenguas”, sino que tenía un enfoque más cercano a una implementación tecnológica general.
Esta decisión dejó el camino libre para EDIR Emprendimientos SRL, cuya oferta era $39 millones más cara que la descartada. La justificación técnica del descarte no se hizo pública en detalle, lo que alimenta las dudas sobre si los criterios aplicados fueron objetivos o respondieron a intereses particulares.
A su vez, el punto que concentra mayor controversia es el costo unitario del servicio. Con 10.000 licencias anuales y un contrato total de $932.4 millones, el cálculo arroja un costo de aproximadamente $93.240 por alumno al año, equivalente a unos $7.770 mensuales por usuario.
En comparación, el mercado ofrece alternativas de menor costo o con mayores prestaciones. La suscripción individual a Duolingo Plus ronda los $56.454 anuales con impuestos incluidos, mientras que un curso online del Instituto Cambridge en Buenos Aires tiene una matrícula que va de $63.500 a $90.500, a lo que se suman cuotas mensuales de entre $83.000 y $97.000 por clases en vivo de dos horas semanales. Por su parte, ABA Lenguas ofrece cursos online cuatrimestrales con clases en vivo desde $256.000, lo que equivale a unos $512.000 al año.
En el ámbito público, la Ciudad de Buenos Aires implementó un programa casi idéntico denominado “Ciudad Bilingüe”, a través del cual contrató a la empresa Edusoft para brindar una modalidad similar —virtual, asincrónica, con 10 niveles y certificación— de manera gratuita para los porteños.
EDIR Emprendimientos SRL es una empresa familiar radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la avenida Lope de Vega 1620. Fue constituida el 10 de diciembre de 2016 por Miguel Eduardo Schriftman y Yaniv Schriftman, padre e hijo que desde entonces han diversificado sus actividades en distintos rubros.
Según sus registros, la firma opera en servicios de consultoría en tecnología de la información y en el área de enseñanza desde 2017. Posteriormente, en 2018, incorporó actividades vinculadas al sector inmobiliario. A partir de 2020, amplió su alcance hacia la venta mayorista de instrumental médico y artículos ortopédicos, así como de libros y publicaciones.
La empresa no figura como empleadora ni surge, al menos de forma visible, que tenga personal declarado, lo que resulta llamativo para una firma que pretende gestionar un programa de formación para 10.000 usuarios. Se trata, en apariencia, de una firma de estructura reducida y sin personal declarado. No obstante, tiene antecedentes concretos en el sector educativo. En octubre de 2025 el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires registró la prórroga de un contrato adjudicado a EDIR Emprendimientos SRL (en unión transitoria con Ediciones Logos SA) para la “actualización de la plataforma de aprendizaje para la enseñanza de idioma inglés por medios electrónicos” en CABA. Esto indica que EDIR tiene al menos un antecedente relevante con el gobierno porteño en el mismo rubro.
Un patrón de contrataciones cuestionadas
La licitación 112/2025 no constituye un hecho aislado. La administración de Weretilneck acumula una serie de contrataciones directas y procesos licitatorios que han sido cuestionados de manera sistemática por la oposición legislativa.
Entre los casos señalados se encuentran la contratación directa de Epoge SRL por parte de la Subsecretaría de Medios, con un costo cercano a los $750.000 diarios por servicios de seguimiento de medios y redes sociales, en medio de versiones sobre presuntos vínculos políticos. También se objeta la contratación de una consultoría jurídica externa para la Fiscalía de Estado por $96 millones, así como una consultoría en comunicación interpersonal para el Tribunal de Cuentas por $10.350.000.
A estos antecedentes se suma la contratación directa de publicidad institucional en enero de 2026 por más de $128 millones, una cifra que, según los cuestionamientos, supera ampliamente el tope legal vigente.
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, es uno de los opositores más activos en la denuncia de estas presuntas irregularidades y llegó a presentar una nota formal ante el Procurador General solicitando investigación por posibles delitos contra la administración pública.
El rubro turístico argentino enfrenta en marzo de 2026 un momento que, según los propios empresarios, se compara directamente con los peores meses de la pandemia. A días de dos fines de semana extra largos casi consecutivos de Semana Santa —del 21 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril—, las reservas en los principales destinos del país se encuentran en niveles históricamente bajos, generando una alarma inédita en la “industria sin chimenea”.
“Los números que manejamos para el fin de semana largo de marzo deben ser de los más bajos de la historia. Prácticamente no hay reservas y lo preocupante es que para Semana Santa se espera algo parecido”, subrayó un importante empresario marplatense a la Agencia Noticias Argentinas.
El panorama es devastador si se lo lee en perspectiva. La temporada de verano 2025/2026 ya cerró como la peor imagen, siendo que Mar del Plata recibió 3.141.427 turistas entre diciembre y febrero, con una caída interanual del 3.7% equivalente a 122.000 personas menos. La ocupación hotelera promedio de la temporada fue del 50.7%, con enero marcando el peor registro en al menos dos décadas (excluyendo 2021), con una caída del 7.1%.
Esto es muy distinto de lo que se veía en años anteriores, cuando estos fines de semana largos generaban ocupaciones del 80% o más en hoteles, cabañas y apartamentos, y movilizaban grandes flujos de gente y dinero.
“Todos los sectores tienen problemas de presupuesto. Cualquier programa que ayude a estimular políticas de promoción está condicionado por la caída de la recaudación”, afirmó Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), apuntando a que la salida más probable en lo inmediato pasa por alianzas privadas entre hoteles, bancos y operadores para armar paquetes combinados.
A esto se suma que el área acumula una caída de 50 puntos en dos años. Las reservas en prácticamente todos los grandes centros turísticos del país están en niveles sumamente bajos, 30 puntos en 2024 y 20 puntos en 2025, conforme a las declaraciones de Szkrohal. El propio dirigente advirtió que uno de cada dos establecimientos cierra antes de cumplir cinco años de actividad.
Un relevamiento muestra una marcada sobreoferta de alojamientos, con diferencias leves entre regiones pero un mismo patrón general, donde abundan las plazas vacantes.
En cambio, en Villa Carlos Paz y en las Cataratas del Iguazú la tendencia se invierte. La demanda prevista para Semana Santa es mayor que la de marzo, pero plataformas como Airbnb aún reportan más de mil plazas disponibles en esos destinos.
A nivel nacional, la situación es llamativa. En noviembre de 2025 la ocupación promedio fue apenas del 37,4% de las plazas ofrecidas, según el informe.
Las causas
La crisis que atraviesa el sector turístico no responde a un fenómeno coyuntural ni a factores estacionales como el clima. Distintos indicadores muestran que se trata de una situación estructural en la que confluyen varios elementos económicos y del mercado.
Uno de los principales es la pérdida del poder adquisitivo. Desde 2023, la actividad gastronómica registra una caída cercana al 30%, mientras que los jubilados —un segmento que históricamente contribuía a sostener la temporada baja— prácticamente dejaron de viajar debido a que sus ingresos ya no alcanzan para afrontar esos gastos.
A este escenario se suma una marcada salida de turistas hacia el exterior. Durante 2025, cerca de 12 millones de argentinos viajaron fuera del país, lo que representa un aumento del 43.1% en comparación con el año anterior. En sentido contrario, el ingreso de visitantes extranjeros se redujo un 19.7%, lo que refleja una pérdida de competitividad del turismo local.
El desequilibrio también se evidencia en la balanza turística. En 2025 el déficit superó los 4.054 millones de dólares, casi el doble del registrado en 2024. La brecha cambiaria influye en esta dinámica, ya que encarece los destinos nacionales para los propios argentinos y, al mismo tiempo, vuelve más accesibles las opciones en el exterior.
Por último, el sector formal enfrenta una creciente competencia de la oferta informal. Mientras los establecimientos habilitados cuentan con unas 45.000 camas en temporada alta, la oferta extrahotelera alcanza alrededor de 370.000 plazas que operan con menores regulaciones y cargas impositivas. Esta diferencia profundiza la presión sobre hoteles y alojamientos tradicionales.
El empresariado ya tocó las puertas del poder político. Szkrohal se reunió el pasado 26 de febrero con el gobernador Axel Kicillof en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, donde entregó un informe de crisis y reclamó reducción de Ingresos Brutos, baja del IVA para la actividad, alivio en impuestos inmobiliarios y la creación de una mesa de trabajo para combatir la estacionalidad.
El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.
El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.
De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.
El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.
La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.
El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.
La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.
El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.
Con billones bajo su gestión, utilizó su poder accionarial para impulsar cambios en gobernanza, clima y diversidad en compañías de todo el mundo para que adoptarán su modelo.
La licitación fue tramitada por la Secretaría de Energía y Ambiente, no por Educación. Además se descartó la oferta más barata, lo que abrió interrogantes sobre los criterios técnicos aplicados y el costo por alumno.
La Gendarmería los sorprendió en plena faena en la cordillera sanjuanina y la Fiscalía Federal les atribuyó tres delitos, entre ellos la tentativa de contrabando de exportación de oro.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
