Kelly Olmos advirtió que habrá multas para las empresas que no paguen la suma fija de $60 mil
La ministra de Trabajo respondió a las críticas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y sostuvo que apoyará a los sindicatos para controlar a “aquellos que no cumplan con el pago”.
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La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, le replicó a la CAME este martes y anunció que desde el Gobierno de la Nación apoyarán a los movimientos gremiales para “identificar a aquellas empresas que no cumplan con el pago” de $60.000 y advirtió que en caso de que esto suceda, “serán fuertemente multadas”.
“Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, afirmó la funcionaria del oficialismo en una entrevista con Radio Provincia. Esto principalmente corresponde, según palabras de Olmos, para aquellos sueldos que lleguen hasta los $400.000 netos.
Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo de la Nación
“A mí me parece que las críticas son legítimas. Lamentablemente muchos de ellos salen a criticar antes de analizar las medidas. Es ya un prejuicio establecido. Y se percibe esa actitud”, agregó al detallar las medidas que tomará Sergio Massa y que fueron fuertemente criticadas a nivel nacional.
Olmos acusó a los dos candidatos opositores, Javier Milei y Patricia Bullrich de querer “ajustar por los más débiles y a los trabajadores”, pero principalmente arremetió contra la referente de Juntos por el Cambio tras “haber reducido los salarios de los trabajadores estatales y de los jubilados 13 puntos”, durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
Por último, para Urbana Play la ministra confirmó que “aquellos trabajadores que cobren el bono quedarán afuera del mercado cambios” alegando que mediante ello “no podrán acceder a la compra de dólares de manera oficial”.
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La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.
La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.
“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.
La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.
A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.
Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.
En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las personas que recibieron ayuda salarial del Estado durante la pandemia a través del programa ATP y aquellos que cuentan con subsidios en las tarifas podrán adquirir dólares en el mercado financiero mediante las cotizaciones MEP y contado con liquidación.
En un comunicado difundido el martes por la tarde, la autoridad monetaria, liderada por Santiago Bausili, informó sobre nuevas medidas para flexibilizar los controles cambiarios en las importaciones. “El Banco Central de la República Argentina ha dado un nuevo paso en el proceso de remover y flexibilizar las regulaciones de acceso al mercado de cambios, con el objetivo final de eliminar completamente las restricciones”, declaró la entidad.
Con esta medida, se habilitará a ciertos grupos, anteriormente restringidos, a acceder a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación. Estos incluyen beneficiarios de refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito durante la pandemia, diversos créditos a tasa cero y subsidios, entre otros. También se permitirá a estos individuos suscribir créditos hipotecarios en pesos y utilizar el dólar MEP para operaciones inmobiliarias.
El BCRA también decidió reducir los plazos para que las empresas paguen importaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y aumentar el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el MLC. A partir del 1º de agosto, el esquema de pagos de importaciones se reducirá a dos cuotas: una a los 30 días y otra a los 60 días, cada una del 50% del monto total.
Asimismo, se amplió el monto exento de liquidación para las exportaciones de servicios por parte de personas humanas residentes. Ahora se permite cobrar hasta USD 24.000 por año calendario en cuentas locales en dólares sin la obligación de liquidarlos en el MLC, frente al límite anterior de USD 12.000.
El diputado nacional y flamante presidente de la asamblea partidaria del Pro, Martín Yeza, criticó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificándola de “desagradecida con Mauricio Macri” y con el partido.
El exintendente de Pinamar también acusó al grupo cercano a Bullrich de haber “larretizado” la interna partidaria.
Yeza recordó un acto reciente donde el excandidato presidencial, el intendente de Tres de FebreroDiego Valenzuela y su esposa, la senadora bonaerense Daniela Reich, propusieron una fusión con referentes libertarios sin consultar al partido. “No hace falta ser así de despectivo, de desagradecido”, criticó.
El diputado también destacó que, en 2015, Bullrich no tenía antecedentes en seguridad, pero Macri confió en ella para liderar el Ministerio de Seguridad, destacando su apoyo en crisis como el caso de Santiago Maldonado y el incidente de Chocobar. “Mauricio la bancó”, afirmó.
Yeza señaló que, en 2020, Bullrich fue elegida titular del PRO “sin asamblea ni votación” debido a la confianza interna. Sin embargo, criticó su falta de gratitud y enfatizó que su enfoque político no funcionó. También mencionó que los liderazgos de Bullrich y Rodríguez Larreta durante la última elección causaron perjuicios al partido.
En esa línea, el ex intendente de Pinamar reconoció las figuras emergentes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) como ejemplos de renovación dentro del partido. También hizo un llamado a una renovación generacional en la política, destacando la necesidad de nuevas ideas.
Sobre el futuro de Mauricio Macri, Yeza afirmó que el expresidente está enfocado en “formar nuevos cuadros” y expresó su deseo de que Macri no se vea obligado a postularse nuevamente. “Si tiene que volver, es que hicimos mal las cosas”, enfatizó.
En el día de hoy, el gobierno publicó en su boletín oficial el Decreto 599/2024 en el que se establece una nueva reglamentación en el acceso a los mercados aerocomerciales. Esta medida busca transformar la dinámica actual en la aviación nacional, a través de la fomentación de la competencia y la mejora de los servicios a los ciudadanos.
La desregulación implica la eliminación de restricciones que anteriormente limitaban la entrada y operación de nuevas aerolíneas en el mercado argentino. Con esta medida, se espera una mayor oferta de vuelos, precios más competitivos y un incremento en la calidad del servicio, beneficiando tanto a los pasajeros como a la industria en general.
La entrada de nuevas aerolíneas podría traducirse en una mayor variedad de destinos, frecuencias de vuelo y tarifas más accesibles. Esto no solo facilita los viajes de negocios y turismo dentro y fuera del país, sino que también puede estimular el crecimiento del turismo interno y la conectividad regional.
Los nuevos reglamentos del sector aerocomercial en Argentina se regirán por principios que incluyen: acceso libre al mercado con procedimientos administrativos rápidos; estímulo a la competencia leal; desregulación tarifaria y libertad de precios; seguridad operacional y vigilancia continua; libertad comercial en frecuencias y rutas aéreas bajo criterios operativos; intervenciones gubernamentales limitadas y digitales; otorgamiento inmediato de frecuencias solicitadas; incentivos para nuevas rutas y transportadores; declaración y transparencia en niveles y capacidad aeroportuaria; asignación justa de servicios aeroportuarios; y participación ad honorem de actores de la industria en la toma de decisiones, coordinados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni agregó que “con esta medida se reforman normativas arcaicas que tienen décadas en la Argentina, esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo. Esto va a incluir la digitalización y automatización de trámites, la desregulación de los servicios de rampas, agilizar los procesos para otorgar nuevas rutas, liberar trabas para impulsar nuevos negocios y permitir que los dueños de pequeñas aeronaves no pasen por los mismos procesos burocráticos que una gran aerolínea.”
Esta política de “Cielos abiertos” va en consonancia con lo anunciado recientemente por el gobierno nacional a partir de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
En un hecho que sacudió a la política local, Gabriel “Lalo” Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente del Club Deportivo Laferrere, fue detenido durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. La noticia generó un gran revuelo en el distrito comandado por el intendente ultra K recientemente procesado por abuso sexual, Fernando Espinoza, y dejó preguntas sin respuesta.
EL VIDEO DE LA DETENCIÓN
Aranda, quien ingresó al Honorable Consejo Deliberante en diciembre pasado a través de la lista del Movimiento Evita liderada por Emilio Pérsico, fue arrestado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que la policía lo saca del recinto en un móvil, generando especulaciones sobre las causas detrás de su detención.
Además de su rol como funcionario, Gabriel Aranda es una figura destacada en el ámbito deportivo local. Desde hace tres años, ocupa la presidencia del Club Deportivo Laferrere, uno de los clubes más importantes de la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Aranda asumió la presidencia del club tras la sorpresiva renuncia de Roberto Zeballos, quien se desempeñaba como tesorero y era un referente de la Corriente Clasista y Combativa.
Sospechas y acusaciones: Negocios con planes sociales, barras y narcotráfico
A pesar de que las autoridades aún no confirmaron los motivos de la detención, se rumorea que podría estar relacionada con una causa de planes sociales. Este no es el primer escándalo que envuelve al club presidido por Aranda. Hace un año, el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, fue arrestado por presuntos vínculos con un conocido narcotraficante de la zona, conocido como“Chaki Chan”.
En medio de la confusión, Gabriel Aranda publicó un mensaje en su página de Facebook: “ACABAN DE SUBIRME A UNA CAMIONETA, TEMO POR MI VIDA POR FAVOR. Si me pasa algo hago cargo a Matías López de la policía de Alonso de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.
El Club Deportivo Laferrere, fundado en 1956 y conocido popularmente como “El Villero” o “El Verde”, no es ajeno a la violencia y la polémica. Por ejemplo, en febrero de este año, la barra brava del club llegó a un partido exhibiendo armas de fuego, incluyendo revólveres y al menos una ametralladora, lo que provocó una fuerte condena pública pero pocas acciones concretas para abordar el problema.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
