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Desde el equipo de Juntos por el Cambio se quiso acercar que hubo una especia de “unidad” entre la precandidata a Presidente, Patricia Bullrich, y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, en el Jardín Botánico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho lugar que el jefe de Gobierno alquila por semana para hacer fiestas privadas con amigos.
Aunque la prensa de ambas figuras quiso hacer trascender que la aspirante a jefe de Estado y el alcalde comunal comenzaron a tranzar una especie de labor en conjunto, solamente hubo un intercambio de carpetas entre los equipos. Asimismo, Rodríguez Larreta no se cansó de acercarle a Bullrich su idea de tener un “rol” en lo que queda de campaña hasta octubre. Lo cual “Pato” habría ignorado.
Los argentinos decidieron el rumbo y la fuerza que debemos tener en Juntos por el Cambio. Ahora vamos a trabajar juntos por el cambio profundo que necesitamos en esta Argentina. pic.twitter.com/bvkKKUmj3k
Según pudo saber Data24, Bullrich rechazó que Rodríguez Larreta sea su jefe de campaña, amén de que si aceptó tener cierto control de la caja de CABA para poder incrementar su poder de pauta para el camino final a octubre. Del mismo modo, “Pato” habría prometido que el alcalde porteño presuntamente tiene guardado un lugar entre los ministerios de Desarrollo Social, Industria, Tecnología o Cancillería. Él deseaba ser jefe de Gabinete.
Ante todo lo referido, Bullrich no habría movilizado tanto el perímetro, por lo tanto Rodríguez Larreta estaría pensando en un retiro próximo de la política. Mientras, un sector de Juntos por el Cambio busca poder unirlos y generar un límite a que “Pato” termine volcando por completo hacia la derecha.
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Durante una entrevista con la chimentera Mariana Brey, Javier Milei sostuvo: “Ella (por Villarruel) es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento. Ella dejó de participar en las reuniones de gabinete allá por el mes de mayo del año pasado”. La frase, replicada por todos los canales oficiales, puso en primer plano la interna que el oficialismo arrastra desde el inicio de la gestión.
La ausencia de Victoria Villarruel en las reuniones de Gabinete se registró desde mediados de 2024, cuando faltó a dos convocatorias consecutivas en Casa Rosada. En noviembre, Milei afirmó que su vice “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.
El 2 de abril pasado, ambos encabezaron actos separados por Malvinas, gesto que profundizó las sospechas de ruptura. La tensión escaló con los aumentos votados en el Senado: Milei lo consideró “un privilegio de la casta”, mientras Villarruel, como titular de la Cámara alta, evitó confrontar públicamente.
Analistas políticos describieron a comienzos de 2025 que la relación “se dobló, pero no se rompió” y advirtieron que un eventual quiebre complicaría la gobernabilidad. Aun así el enfrentamiento ya alcanzó un punto inquietante.
Milei reforzó un alineamiento casi exclusivo con Estados Unidos e Israel. En su primera gira internacional avaló la política israelí sobre Gaza y ratificó que Argentina “estará con los defensores de la libertad”. Ya en campaña había proclamado: “Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel”, postura que reiteró ante la ONU al prometer una “nueva doctrina argentina” centrada en ambos aliados.
Ese sesgo exterior contrastó con el perfil de Villarruel, quien abrazó un patriotismo más conservador y cuestionó pactos como el acuerdo británico-argentino sobre Malvinas, al que calificó de “migajas” para el país. El contrapunto ideológico alimentó las versiones de que la vice buscaría abrir su propio juego dentro del oficialismo, aunque ella negó cualquier ruptura y reiteró su pertenencia a La Libertad Avanza.
El candidato a legislador porteño por la UCeDé, Ramiro Marra, fue interpelado durante una recorrida de campaña por un hombre en situación de calle que le planteó de forma directa su realidad. El diálogo, breve pero contundente, giró en torno al lenguaje utilizado por Marra y la falta de respuestas concretas para las personas que viven en la vía pública. “Como a vos te gusta hablar, vos tenés que escuchar”, dijo el hombre, y cuestionó el uso del término “fisura” para referirse a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Eso es discriminar”, remarcó.
Marra negó que sus palabras tuvieran una connotación discriminatoria y sostuvo que se trataba de “conversaciones” que mantiene con distintas personas en condiciones similares. Sin embargo, el hombre insistió en su reclamo, visiblemente afectado por lo que considera una mirada estigmatizante. Aun así, expresó cierta esperanza en el diálogo político:“Sabés que me encanta tu forma de ser. Si hablás así, yo te voto”, afirmó.
El momento más sensible del intercambio llegó cuando el hombre confesó: “Estoy pidiendo ayuda porque no quiero delinquir. No quiero más estar en la calle”. En este contexto, volvieron a cobrar relevancia las anteriores declaraciones de Marra, en las que propuso la implementación de multas o detenciones para quienes duerman en la vía pública, bajo el argumento de que “las normas de convivencia, las contravenciones, ayudan a ordenar a las personas que no se están dando cuenta que están cometiendo un error”.
La tarde del miércoles explotó en el Parque Mitre de Recoleta. Manuel Adorni —candidato a legislador porteño— y el presidente Javier Milei encabezaron el cierre de campaña de La Libertad Avanza.
Sin embargo, un sospechoso suceso de episodios molestó la jornada cuando supuestos militantes pagos reclamaron el dinero supuestamente prometido para llenar el Parque. Jóvenes llegados en micros desde el Conurbano aseguraron que viajaron “bajo el compromiso de cobrar $25.000” y que, una vez allí, les ofrecieron menos.
Una mujer que se presentó como Danila y dijo ser oriunda de Lanús afirmó ante los medios que “no les querían abonar lo acordado” y que les retuvieron el DNI. Otro de los asistentes gritó: “¡Nos quieren dar 20 lucas! ¡Nos vinimos acá por 25!”. La confusión escaló cuando un tercer participante protestó: “Dijeron que nos iban a pagar $10 000 y ahora quieren pagarnos $20 000”, sin advertir que se quejaba por una cifra superior a la inicial.
Los testimonios apuntaron a un reclutamiento organizado por Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei, quien habría delegado la tarea en Ramón “Nene” Vera. Ambos, de pasado kirchnerista, quedaron bajo la lupa luego de que fuentes libertarias confesaran al periodista Lautaro Maislin: “Estoy sorprendido con el papelón de Pareja pagándole a gente. Nosotros siempre llevamos a gente genuina y este se manda esta cagada. Es Pareja queriendo subirse el precio de que lleva gente”.
Desde el círculo de Pareja rechazaron las acusaciones: “Hay que preguntarle a la gente que dice eso, si no es la prueba imposible, nadie de nosotros hace eso, hay que cambiar las cosas y esto es parte de lo que hay que cambiar”.
En redes, militantes orgánicos de LLA diferenciaron a los “infiltrados” de los seguidores que creen sin cobrar un peso.
El periodista Manuel Jove añadió otra pieza al rompecabezas desde X: “Ante testimonios de participantes del acto que aseguraron que les prometieron plata para ir, desde LLA lo desmintieron rotundamente. La pregunta será entonces por qué había filas de gente con remeras violetas cuando terminó el acto. ¿Era para cobrar o solo para tomar lista?”.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
El periodista y analista político ÁlvaroZicarelli sostuvo que estas elecciones legislativas del 18 de mayo “no tienen por qué debatir el modelo argentino”, sino el “modelo meritocrático” necesario para ocupar bancas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Somos una provincia que tiene problemas que deben solucionarse también desde lo legislativo”, afirmó.
Fiel a su estilo, cuestionó a los candidatos que “están hablando exclusivamente de Milei” y remarcó que deberían discutirse prioridades porteñas. Elegir representantes que funcionen como “escribanos en forma de legisladores del Gobierno nacional” resulta contraproducente, consideró.
En ese marco, el analista confrontó a Alejandro Kim, el candidato de Guillermo Moreno: “A mí me gustan las propuestas que tiene Marra para la ciudad”. Rechazó la comparación con otros libertarios al considerar que la Legislatura necesita proyectos concretos y no alineamientos automáticos con la Casa Rosada.
Zicarelli reprochó a Kim haber llamado “fisura” a Marra y lo instó a proponer reformas de salud mental: “Si en la ciudad hoy no tenemos una normativa realmente seria e integral en torno a la salud mental, Ramiro, que ya lo planteó”
El politólogo insistió en que los contendientes “traten temas de la ciudad” y “dejen de hablar de Milei, a favor o en contra”. Reiteró que Marra “habló justamente de los temas porteños”, por lo que concluyó: “Háblenle a la gente de la ciudad y propongan soluciones locales”.
Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
