19 septiembre, 2025

“No tenemos las manos manchadas de sangre”: Los padres de César Sena quieren desligarse del asesinato de Cecilia

Marcela Acuña, madre de César Sena, envió una carta a la fiscalía intentando desligarse del caso. También exculpó a su esposo, Emerenciano. "Siento que fallé al cubrir al César", dicta una de las líneas.
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Marcela Acuña, una de las principales detenidas por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años posiblemente calcinada en un campo en la ciudad chaqueña de Resistencia, difundió al menos 2 nuevas cartas y en una de las mismas escribió que ni ella ni su esposo, Emerenciano Sena, tienen “las manos manchadas de sangre”. Mientras que en la otra volvió a apuntar de manera directa contra su propio hijo, César Sena, al asegurar que lo encubrió en el hecho.

De ese modo, intenta desligar de responsabilidades a su pareja. En ningún momento aclara qué pasó con Cecilia ni tampoco dónde está el cuerpo de la víctima. En tanto, el Equipo Fiscal Especial dispuso la apertura de los sobres de los hisopados sobre los vehículos de los detenidos César Sena, pareja de la víctima, y de su asistente Gustavo Obregón, con el objetivo de determinar si las manchas halladas dentro de los mismos son restos de sangre humana y, luego, si pertenece a Cecilia.

Marcela Acuña
César Sena (medio), junto a sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

En una carta dirigida a la comunidad, Acuña escribió: “Bajo ningún concepto, dado todo punto de vista, ni Emerenciano ni yo tenemos las manos manchadas con sangre, no hay antecedentes, ni historias que puedan justificar semejante barbaridad”. Anteriormente, Acuña escribió otra carta, fechada el 14 de julio y publicada por el portal del Diario Norte, que está dirigida directamente a su esposo, en la que le dice que siente que lo defraudó por “cubrir a César”.

La estrategia de la mujer parece buscar desligar a su esposo del asesinato de Cecilia. Por eso, escribe: “Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Sabés, me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí“, expresó la mujer.

Cecilia
César Sena junto a su padre Emerenciano Sena.

“Siento que te fallé por cubrir a César, y no puedo vivir con eso”, le confiesa Acuña a su esposo. Y agrega en otro tramo: “Ojala pronto llegue tu libertad. Yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí. Te oculté para no involucrarte y salió todo mal, y mucha gente inocente está presa, empezando por vos“.

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 de la mañana del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido, a la casa de sus suegros, Emerenciano y Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Cecilia Strzyzowski
La víctima Cecilia Strzyzowski.

Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña. Su cuerpo fue luego trasladado por Obregón y César Sena envuelto en una frazada a bordo de una camioneta hasta la chanchería, propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.

Finalmente, sus restos fueron esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Cecilia
Emerenciano Sena junto al gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Además de los 3 integrantes del denominado Clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena), y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la chanchería, propiedad de los principales acusados del asesinato).

Los fiscales imputaron con prisión preventiva a la familia Sena por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas”, mientras que a los restantes acusados por el “encubrimiento agravado” del hecho.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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