01 septiembre, 2024

La oposición exigirá que intervengan la Justicia de Chaco por el caso de Cecilia Strzyzowski

La diputada nacional Karina Banfi adelantó que presentará un proyecto de ley a pedido de Gloria Romero, madre de la joven.
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El caso Cecilia Strzyzowski se encontrará otra vez bajo la lupa pública, en una jornada que tiene como protagonista a la marcha encabezada por Gloria Romero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pedir justicia por el crimen de su hija.

Bajo este contexto, Romero también mantuvo un encuentro en el Congreso con legisladoras de Juntos por el Cambio. “Nosotros vamos a presentar un proyecto para pedir por ley la intervención de la Justicia en el Chaco”, adelantó la diputada de la UCR, Karina Banfi, a los medios. La dirigente, impulsora de la iniciativa, sostuvo que se reunió con la madre de la joven chaqueña y confirmó que la resolución se llevará adelante por pedido de ella.

“Principalmente conversamos sobre los detalles de la causa, la situación en la cual se encuentra y cómo nosotros podemos ayudar”, explicó Banfi en medio de su participación en la manifestación convocada frente a la Casa de Chaco en Buenos Aires. Respecto a la conversación que mantuvo con Romero, señaló la preocupación sobre “el nivel de personas desaparecidas en los últimos años en la provincia”, con una cifra de “53 personas” e indicó que “9 de ellas han sido mujeres en los últimos 2”.

“Lo que Gloria viene a pedir es la intervención de la Justicia de Chaco, porque obviamente está cubriendo estos actos impunes y criminales que ejercen”, afirmó y agregó apuntando contra Jorge Capitanich: “No sabemos si solamente el clan Sena o hay otros más clan Sena que funcionan. Sin duda en impunidad al poder de turno que hoy lleva adelante el Gobierno chaqueño y hace la vista gorda con estos criminales y este tipo de crímenes. Obviamente vamos a repudiar y vamos a acompañar la Gloria en todo lo que pida”.

Cecilia Strzyzowski
La víctima Cecilia Strzyzowski.

Además, hizo referencia a una causa actual respecto a lavado de activos del Clan Sena y reveló que la hipótesis de Gloria puede comprender un posible nexo por “haber sabido algo” que la familia de su pareja intentaba mantener en secreto.

“Tiene la hipótesis de que pudo haberle pasado esto a Cecilia por haber sabido algo, enfrentándose alguna verdad que ellos necesitaban ocultar y que creen que está asociada al lavado de activos. Es ahí, el lavado de activos es un delito federal en donde el Congreso de la Nación tiene la posibilidad de poner la mira, por lo menos de ir acompañando a los fiscales que tienen que investigar estos en el territorio de Chaco”, cerró.

Redacción

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El Gobierno oficializó los cambios en la firma digital: se podrá validar y registrar de manera remota

En un nuevo avance hacia la modernización de la administración pública, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 743/24, que transforma radicalmente la manera en que los ciudadanos pueden firmar documentos oficiales. Esta reforma, diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita a firmar documentos de manera remota, desde cualquier lugar, sin necesidad de herramientas físicas como un “token”.

Hasta la promulgación de este decreto, la firma digital implicaba una serie de requisitos que limitaban su accesibilidad, como la necesidad de estar presente físicamente y el uso de dispositivos específicos para autenticar la identidad del firmante. Ahora, los ciudadanos pueden realizar estos trámites completamente en línea, lo que supone un alineamiento con las prácticas internacionales más avanzadas en términos de seguridad y eficiencia administrativa.

La firma digital, regulada en Argentina desde la Ley N° 25.506, garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Este tipo de firma tiene la misma validez legal que una firma manuscrita, pero con la ventaja adicional de que, en caso de disputa, la responsabilidad de probar la falsedad recae en quien la impugna, no en el firmante. Esto refuerza la seguridad jurídica en las transacciones y acuerdos celebrados digitalmente.

Federico Sturzenegger, a través de sus redes sociales, celebró la implementación de esta medida, destacando que se trata de un paso más en la agenda de desregulación que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Según el ministro, la eliminación de trabas burocráticas no solo facilita la vida de los ciudadanos, sino que también fortalece el derecho de propiedad al simplificar y hacer más seguro el proceso de firma de contratos y documentos oficiales.

El posteo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

El Decreto 743/24 también introduce una innovación significativa en el proceso de validación de identidad. Anteriormente, este procedimiento requería la presencia física del solicitante ante un Certificador Licenciado. Con la nueva normativa, esta validación puede realizarse en tiempo real utilizando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), eliminando la necesidad de desplazarse a una oficina física.

Además, la reforma permite delegar en las llamadas “autoridades de registro” la responsabilidad de la validación de identidad, lo que simplifica aún más el proceso. Con estas modificaciones, cualquier persona en Argentina puede obtener, renovar o revocar su firma digital de manera remota, sin importar su ubicación.

Redacción

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CABA prohíbe el uso de celulares en escuelas primarias y jardines de infantes

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio un paso firme en la regulación del uso de celulares en las escuelas, anunciando una serie de restricciones que entrarán en vigor en el ciclo lectivo actual. La medida fue presentada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en conjunto con la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y está diseñada para abordar las distracciones que los dispositivos móviles generan en el entorno educativo.

La nueva resolución prohíbe el uso de teléfonos móviles en los niveles inicial y primario, tanto durante las clases como en los recreos. En las escuelas secundarias, aunque la regulación es menos estricta, los estudiantes deberán mantener sus celulares guardados durante las horas de clase, salvo que los docentes los soliciten para actividades pedagógicas específicas. Esta normativa afectará a 2.291 escuelas, incluyendo tanto instituciones públicas como privadas, y está dirigida a 566.000 estudiantes.

El objetivo principal, según explicaron desde el Ministerio de Educación porteño en su comunicado oficial, es “estimular la concentración” en el aula y “fomentar la socialización” en los recreos. Además, la medida establece que cada escuela tiene la libertad de implementar restricciones adicionales si así lo considera necesario, permitiendo a las instituciones desarrollar sus propios protocolos internos.

Durante la presentación de la resolución, Jorge Macri subrayó los desafíos que enfrentan los docentes en el aula debido al uso inadecuado de celulares por parte de los alumnos. “No hay forma de que los profesores puedan competir con las distracciones que generan los celulares”, afirmó Macri, destacando que los dispositivos móviles han causado una “disrupción brutal” en la dinámica educativa.

Macri también abordó el impacto de los celulares durante los recreos y almuerzos escolares, señalando que “hay chicos que no comen o lo hacen muy rápido para seguir jugando con el celular”. Según el funcionario, este comportamiento está afectando negativamente el desarrollo de habilidades sociales y de expresión oral desde edades tempranas.

La ministra Mercedes Miguel, por su parte, aclaró que la medida no implica una prohibición total de la tecnología en el ámbito educativo. Queremos que la tecnología siga siendo una herramienta útil en la educación, pero necesitamos regular su uso para evitar distracciones innecesarias”, explicó. Además, Miguel enfatizó que la alfabetización digital sigue siendo una prioridad, con la continuidad del Plan Sarmiento y el uso de tablets, computadoras y kits de robótica en las aulas.

La decisión del gobierno porteño se apoya en estudios internacionales que indican que la regulación del uso de celulares en las escuelas puede mejorar significativamente los resultados académicos. Ejemplos de este tipo de medidas se han implementado con éxito en países como Francia, Italia y China, entre otros. Según datos recientes, el 80% de los docentes en CABA considera que los celulares dificultan la atención y participación de los estudiantes en clase, mientras que el 70% de las familias coincide en que los dispositivos tienen un impacto negativo en el bienestar de sus hijos.

El Ministerio de Educación porteño también ha elaborado una guía de “Recomendaciones para el uso responsable de las tecnologías en casa”, dirigida a las familias, y tiene previsto organizar talleres para padres y madres con el fin de abordar este tema. La iniciativa forma parte del programa Buenos Aires Aprende, que busca fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática, áreas fundamentales en el desarrollo académico de los estudiantes.

En un contexto donde la tecnología está omnipresente, la resolución del gobierno de CABA representa un esfuerzo por equilibrar su uso con las necesidades pedagógicas y el bienestar de los estudiantes. “El amor a veces es decir que no, no es decir siempre sí”, concluyó Macri, llamando a las familias a involucrarse en esta nueva etapa educativa.

Redacción

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Interpol busca al diputado libertario prófugo denunciado por pedofilia

Germán Kiczka, diputado libertario por la provincia de Misiones, se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras fugarse de la justicia. Acusado de tenencia y distribución de pornografía infantil, el legislador, de 44 años, es ahora objeto de una intensa búsqueda por parte de la Interpol, después de que la justicia emitiera una orden de captura internacional.

El pasado jueves —horas después de que la Cámara de Diputados de Misiones aprobara su desafuero— Kiczka escapó de su domicilio. Las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda, pero no lograron detenerlo. A raíz de esto, el juez penal de la localidad misionera de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, solicitó la intervención de Interpol, ante la sospecha de que Kiczka había cruzado la frontera de manera clandestina, posiblemente hacia Paraguay o Brasil, y podría estar en camino hacia Europa.

Junto a Germán, también se encuentra prófugo su hermano Sebastián, quien está implicado en los mismos delitos. Ambos enfrentan acusaciones graves que incluyen la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, zoofilia e incesto.

La situación de los hermanos Kiczka se complicó aún más tras el análisis de una notebook incautada en uno de los allanamientos realizados en su domicilio. En el dispositivo, propiedad de Germán Kiczka, se encontraron 603 archivos de fotos y videos que contenían escenas de abuso sexual infantil y zoofilia, ( las víctimas son menores de 13 años). Las investigaciones revelaron que los archivos fueron descargados y distribuidos entre el 2 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de 2024, utilizando aplicaciones de intercambio de archivos encriptados.

Los resultados de la investigación no se limitan a este material. También se descubrieron chats entre Sebastián Kiczka y presuntas víctimas menores de edad, en los que describía explícitamente encuentros sexuales con menores y manifestaba su interés en niñas de tan solo 12 años.

El caso causó un fuerte impacto en la política misionera y nacional. Germán Kiczka, quien ingresó a la Cámara de Diputados en 2021 como parte de Juntos por el Cambio, había pasado a formar parte del partido libertario Activar, liderado por Pedro Puerta, hijo del exgobernador y expresidente interino por tres días, en 2001, Ramón Puerta. Ante la gravedad de las acusaciones, la Legislatura de Misiones rechazó la renuncia presentada por Kiczka antes de su fuga y procedió a su desafuero, permitiendo así su arresto. De acuerdo al pedido presentado al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad: “Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado”.

El caso Kiczka no solo involucra a la política provincial y nacional, sino que trascendió fronteras. La investigación que condujo a la imputación de los hermanos se originó en Estados Unidos, donde las autoridades de cibercrimen detectaron la distribución de material de explotación sexual infantil desde dispositivos en Argentina. Esta operación, realizada en colaboración con agencias internacionales como la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (ICMEC), incluyó allanamientos en varias provincias argentinas, siendo Misiones uno de los focos principales.

Con la activación de la alerta roja de Interpol, las autoridades de Paraguay, Brasil y otros países de la región han sido notificadas para colaborar en la captura de los hermanos Kiczka. La permeabilidad de las fronteras en la región de Misiones, caracterizada por pasos fronterizos clandestinos, complicó la tarea de localizarlos. A pesar de esto, las fuerzas de seguridad no cesan en su esfuerzo por encontrarlos y llevarlos ante la justicia.

El ministro de Seguridad de Misiones, Marcelo Pérez, confirmó que se están realizando operativos en zonas limítrofes y se mantiene la vigilancia en los domicilios de los Kiczka, en espera de cualquier movimiento que permita dar con su paradero. Sin embargo, hasta la fecha, no se han registrado salidas legales del país, lo que refuerza la teoría de una fuga clandestina.

Redacción

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Capital Humano detectó 3.288 pensiones irregulares en el extranjero: representan $6.000 millones

El fiscal Guillermo Marijuan reveló un nuevo escándalo en la administración de pensiones: la existencia de 3.288 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que viven en el extranjero y continúan recibiendo pagos del Estado argentino.

Este hallazgo representa un costo anual de más de $6.000 millones para las arcas públicas.

De acuerdo con la investigación, estos adultos mayores, que supuestamente se encuentran en situación vulnerable, regresaron a sus países de origen hace más de 90 días y no han reingresado a Argentina, según los registros de la Dirección de Migraciones.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha solicitado a la ANSES realizar un cruce de datos para identificar y dar de baja inmediatamente a estos beneficiarios que están cobrando de manera irregular. “El objetivo es eliminar los pagos fuera de la normativa vigente y evitar un mayor perjuicio económico para el país”, declaró Pettovello.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, también está investigando a otros 7.512 titulares de la PUAM que habrían permanecido fuera del país por más de 60 días, lo que también contraviene las reglas establecidas.

Fuentes judiciales informaron que de los 334 nuevos casos detectados, la ANSES ya ha dado de baja a 235 beneficiarios, y los 99 restantes serán judicializados. Estos últimos casos fueron identificados gracias a una actualización de la información migratoria.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue instaurada en mayo de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y está destinada a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad. Actualmente, el monto mensual es de $172.464,66, más un bono extraordinario previsional de $70.000, sumando un total de $242.464,66.

Para acceder y mantener este beneficio, los beneficiarios deben cumplir con varios requisitos, incluyendo la permanencia en el país. “La normativa es clara en cuanto a la residencia. Aquellos que la incumplen están cometiendo una irregularidad y deben ser dados de baja inmediatamente”, afirmó Marijuan. El fiscal ha solicitado a la ministra Pettovello que evalúe la suspensión inmediata de las pensiones de los beneficiarios que no cumplen con los requisitos de residencia, con el fin de cesar los efectos de posibles conductas delictivas vinculadas al incumplimiento de las normativas vigentes.

Redacción

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MORENO CONDENADO a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por manipular el INDEC

La Justicia encontró culpable al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de la manipulación de datos estadísticos, abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, por lo que lo condenó a tres años de prisión y a otros seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Así lo decidió el Tribunal Oral Federal Nro 2 de Comodoro Py, por los delitos cometidos cuando el ex funcionario de Cristina Kirchner, estaba al frente del Institutito Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en 2007.

Además, de Moreno, el Tribunal condenó a la ex directora de Índices de Precio de Consumo, Beatriz Paglieri, a tres años de prisión condicional y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero absolvió a las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, las otras acusadas en la causa.

El fallo que lleva las firmas de los jueces federales Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel. Ahora pasará a la Cámara de Casación que debe ratificar la sentencia contra Moreno para que sea efectiva. Aunque no son de cumplimiento en una cárcel, se deberán someterse a reglas de conducta específicas, como fijar residencia y cumplir las normas del Patronato de Liberados.

Esta es la tercera condena que recibe el funcionario, ya que tiene una sentencia de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising con la leyenda “Clarín Miente” y la otra, es a dos años de prisión en suspenso por el caso en el que invitó a pelear a los miembros de una asamblea en la empresa Papel Prensa en el año 2010.


Redacción

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Milei envió al Senado el DNU que sube en $100 mil millones el presupuesto de la SIDE

Una nueva polémica llega al Senado de la mano de otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, esta vez que incrementa el presupuesto de la nueva Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos.

Se trata del documento número 656/24 que llegó en el mediodía de este jueves al Congreso, para ser tratado por la Cámara alta y con el que el oficialismo busca la ratificación parlamentaria a partir del debate que se abrirá en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, a pesar de las posturas en contra que expresaron los líderes de varios bloques políticos.

La polémica inició con la reestructuración del servicio nacional de inteligencia, ya que la gestión libertaria, sobre todo la secretaria de Presidencia, Karina Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, que decidieron remplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creada por Cristina Kirchner, durante su último mandato, por una SIDE que responda directamente al entorno de Milei.

Además se crearon otras tres áreas que pasaran a estar bajo la órbita de Karina Milei, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos descentralizados.

Para ello, Milei firmó un DNU que sostiene que “resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”. “Que tales fondos tendrán como principal destino el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, señala el documento emitido por la Casa Rosada y que deberá obtener el aval del Congreso.


Redacción

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