La oposición exigirá que intervengan la Justicia de Chaco por el caso de Cecilia Strzyzowski

La diputada nacional Karina Banfi adelantó que presentará un proyecto de ley a pedido de Gloria Romero, madre de la joven.
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El caso Cecilia Strzyzowski se encontrará otra vez bajo la lupa pública, en una jornada que tiene como protagonista a la marcha encabezada por Gloria Romero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pedir justicia por el crimen de su hija.

Bajo este contexto, Romero también mantuvo un encuentro en el Congreso con legisladoras de Juntos por el Cambio. “Nosotros vamos a presentar un proyecto para pedir por ley la intervención de la Justicia en el Chaco”, adelantó la diputada de la UCR, Karina Banfi, a los medios. La dirigente, impulsora de la iniciativa, sostuvo que se reunió con la madre de la joven chaqueña y confirmó que la resolución se llevará adelante por pedido de ella.

“Principalmente conversamos sobre los detalles de la causa, la situación en la cual se encuentra y cómo nosotros podemos ayudar”, explicó Banfi en medio de su participación en la manifestación convocada frente a la Casa de Chaco en Buenos Aires. Respecto a la conversación que mantuvo con Romero, señaló la preocupación sobre “el nivel de personas desaparecidas en los últimos años en la provincia”, con una cifra de “53 personas” e indicó que “9 de ellas han sido mujeres en los últimos 2”.

“Lo que Gloria viene a pedir es la intervención de la Justicia de Chaco, porque obviamente está cubriendo estos actos impunes y criminales que ejercen”, afirmó y agregó apuntando contra Jorge Capitanich: “No sabemos si solamente el clan Sena o hay otros más clan Sena que funcionan. Sin duda en impunidad al poder de turno que hoy lleva adelante el Gobierno chaqueño y hace la vista gorda con estos criminales y este tipo de crímenes. Obviamente vamos a repudiar y vamos a acompañar la Gloria en todo lo que pida”.

Cecilia Strzyzowski
La víctima Cecilia Strzyzowski.

Además, hizo referencia a una causa actual respecto a lavado de activos del Clan Sena y reveló que la hipótesis de Gloria puede comprender un posible nexo por “haber sabido algo” que la familia de su pareja intentaba mantener en secreto.

“Tiene la hipótesis de que pudo haberle pasado esto a Cecilia por haber sabido algo, enfrentándose alguna verdad que ellos necesitaban ocultar y que creen que está asociada al lavado de activos. Es ahí, el lavado de activos es un delito federal en donde el Congreso de la Nación tiene la posibilidad de poner la mira, por lo menos de ir acompañando a los fiscales que tienen que investigar estos en el territorio de Chaco”, cerró.

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Un armado de Villarruel avanza en PBA y suma a libertarios marginados por Pareja

Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027. 

Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.

El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.

El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.

La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense Belén Veronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.

– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025

Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento. 

En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.” 

El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.

“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”

Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.

El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador. 

Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.

Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio. 

Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín. 

El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.

La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.

*Con información de La Verdad y La Política Online

De “la casta” al abuso: el oscuro pasado de los kirchneristas que hoy manejan el poder y las cajas de La Libertad Avanza

El discurso de la “nueva política” y la superioridad moral de La Libertad Avanza enfrenta su hora más oscura en la provincia de Buenos Aires. El foco de la tormenta se posa sobre Sebastián Acuña, quien fuera designado para liderar la rama juvenil del partido en territorio bonaerense. Lejos de representar una renovación, Acuña arrastra un prontuario de militancia en el peronismo que la cúpula partidaria decidió ignorar al momento de otorgarle la lapicera.

Acuña admitiendo ser “orgullosamente peronista”

Sin embargo, lo más grave no es su genealogía política, sino las graves acusaciones que pesan sobre su integridad. Según registros y testimonios, Acuña estaría involucrado en una serie de episodios de presuntos acoso que incluirían el envío de mensajes inapropiados a menores de edad. La acusación adquiere una dimensión institucional sistémica al trascender que el dirigente habría utilizado su posición de poder para ofrecer cargos públicos y lugares privilegiados en la estructura partidaria a cambio de favores sexuales.

Estas denuncias exponen una matriz de comportamiento que la militancia mileísta solía denunciar en las filas del kirchnerismo. El caso de Acuña no parece ser un hecho aislado de conducta privada, sino la consecuencia directa de un armado territorial que, en su afán por llenar casilleros, terminó por importar las peores prácticas de la denominada “casta” peronista.

Tuit de la designación de Acuña como coordinador de la juventud de LLA en PBA

Violencia armada y pasado barrabrava en PBA

El entramado territorial en el conurbano bonaerense, específicamente en la estratégica Tercera Sección Electoral, expone una de las contradicciones más crudas de la estructura liderada por Sebastián Pareja. El coordinador de esta zona, Fabricio Martínez, no es un cuadro formado en las ideas de la libertad, sino un personaje cuya trayectoria está ligada al kirchnerismo y a la militancia de choque de Guillermo Moreno, caracterizada por métodos de acción directa que hoy conviven con la retórica oficialista.

Cuando el coordinador de LLA, Fabricio Martínez, militaba a Guillermo Moreno.

Martínez, identificado como mano derecha de Pareja y asiduo acompañante de altas figuras del Ejecutivo en actos públicos, carga con un historial que desafía cualquier filtro de idoneidad. En 2022, su vehículo personal fue blanco de un ataque de 35 disparos, un episodio vinculado a las internas del submundo político bonaerense. Lejos de ser un hecho aislado, en 2023 protagonizó otro incidente de gravedad al efectuar disparos desde el interior de un colectivo.

Con un pasado vinculado a las barrabravas y sin registrar actividad laboral formal desde el año 2007, su ascenso a la coordinación de una sección electoral clave demuestra que, para el armado bonaerense, el prontuario y la capacidad de despliegue territorial pesan más que la propuesta.

Sebastián Pareja y Fabricio Martínez juntos, en un acto de LLA.

Esta lógica de reclutamiento se extiende a figuras con representación en el Congreso, como es el caso de la diputada nacional Andrea Vera. Hija de Ramón “Nene” Vera, su inscripción en el PJ bonaerense comandado por Máximo Kirchner no fue impedimento para ocupar una banca nacional en nombre de la libertad.

El esquema se completa con personajes como Agustín Álvarez, quien realizó un salto sin escalas desde la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois a la coordinación de la agrupación del “Nene” Vera. El patrón es innegable: en la Tercera Sección, el cambio no es una cuestión de ideas, sino de reciclar fuerzas de choque y militancia del kirchnerismo y el peronismo ortodoxo.

El caso de Tigre es, quizás, el más obsceno. Diversas investigaciones y el comportamiento legislativo posterior confirmaron que el armado local de LLA fue una concesión directa a Malena Galmarini y Sergio Massa. No fue una coincidencia: en las PASO y las Generales de 2023, la boleta de Milei fue cuidada en el conurbano por fiscales del kirchnerismo, bajo la orden de garantizar que el libertario creciera lo suficiente como para dañar a Juntos por el Cambio.

Galmarini y Massa

Esta simbiosis electoral explica por qué, tras el triunfo, la estructura de LLA en distritos como Pilar y San Martín se transformó en un apéndice del oficialismo K. En Pilar, los concejales libertarios votaron a favor del “impuestazo” del intendente Federico De Achával, mientras que en San Martín el bloque mileísta se mostró funcional a la gestión del kirchnerista Fernando Moreira, sucesor de Katopodis.

Esta realidad desarticula la narrativa que la militancia de redes. La fábula de que “los kukas en el partido son culpa exclusiva de Sebastián Pareja” se cae por su propio peso: Pareja sólo opera en la provincia de Buenos Aires, pero el patrón de reciclaje de cuadros peronistas, comunistas y massistas se repite de forma federal —desde Formosa hasta el Gabinete nacional con Daniel Scioli—. El silencio absoluto de la militancia tuitera ante el rol de Karina Milei, jefa directa de Pareja y armadora nacional, evidencia un blindaje selectivo. El engaño a la militancia rasa fue total: mientras ellos fiscalizaban con esperanza, la cúpula firmaba listas donde la “casta” se aseguraba la continuidad bajo el ala del león.

Sebastián Pareja con Sebastián Acuña, el coordinador de la juventud de LLA

El mapa del reciclaje

La supuesta limpieza de la política argentina se transformó en un operativo de reciclaje a gran escala. A continuación, el detalle de algunos de los nombres de kirchneristas y comunistas que la militancia de redes intenta ocultar, pero que hoy manejan las cajas y las bancas de La Libertad Avanza:

· Santiago Viola (nacional): Apoderado del partido y Viceministro de Justicia. Fue el abogado defensor de la familia de Lázaro Báez en la Causa Vialidad. Su salto de defender al cajero del kirchnerismo a manejar la Justicia nacional es la contradicción ética más grave del Gobierno.

· Daniel Scioli (nacional): Ex vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador de Buenos Airescon CFK, candidato presidencial del kirchnerismo en 2015 y funcionario de Alberto Fernández hasta fines de 2023. Tras décadas de ser el emblema del sistema, hoy ocupa un lugar de privilegio en el Gabinete libertario como Secretario de Turismo y Ambiente.

Alberto Fernández, Daniel Scioli y Nicolás Maduro.

· José “Pepe” Scioli (nacional): Fue el armador político y jefe de campaña de Daniel Scioli durante sus años en el Frente para la Victoria, presidiendo la Fundación DAR, el “think tank” que diseñaba las políticas públicas del kirchnerismo de cara a 2015. Actualmente, opera como un operador en las sombras dentro de la estructura libertaria, coordinando vínculos políticos que el oficialismo prefiere no publicitar.

· Nicolás Scioli (nacional): Fue vicepresidente del Grupo Provincia durante la gestión de su hermano en Buenos Aires y funcionario de carrera del sciolismo kirchnerista. En la actualidad, ha dejado la función pública directa para convertirse en un armador territorial de LLA en la Zona Norte (especialmente en Tigre), donde incluso ha inaugurado locales partidarios junto a Daniel Scioli, promoviendo el “cambio” bajo el sello de Milei en distritos clave.

· Leila Gianni (nacional / PBA): Hasta noviembre de 2023 apoyaba abiertamente a Sergio Massa; en apenas semanas, pasó de la militancia kirchnerista a ser la cara mediática de Capital Humano y ahora representante legislativa del mileísmo en La Matanza.

Leila Gianni militando a Néstor y Cristina, hoy referente y concejal de LLA en La Matanza.

· Gerardo Werthein (nacional): Excanciller. Fue un aliado estratégico del kirchnerismo: en 2011 apoyó públicamente la reelección de Cristina Kirchner y su holding creció bajo el amparo de las concesiones estatales durante la gestión K.

Tuit de Werthein apoyando a Cristina Fernández en el “vamos por todo” del 54%, en 2011.

· Guillermo Francos (nacional): Se desempeñó como representante de la Argentina ante el BID durante la gestión de Alberto Fernández, cargo al que renunció para sumarse al equipo de Javier Milei. Tras haber ocupado la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente ejerce como Asesor Ejecutivo del Gobierno Nacional, manteniendo su rol de estratega y articulador político en la mesa chica de la Presidencia.

Francos junto a Eduardo “Wado” de Pedro, fundador de La Cámpora

· Yanina Martínez (nacional): Ex subsecretaria de Turismo. Fue el máximo exponente de la continuidad albertista dentro de La Libertad Avanza, ocupando el mismo cargo que tuvo durante toda la gestión de Alberto Fernández hasta su eyección del Gobierno en enero de 2025.

Martínez caminando abrazada a Alberto Fernández

· Pilar Ramírez (CABA): Legisladora porteña, presidente de LLA de CABA y figura de máxima confianza de Karina Milei. Fue funcionaria del gobierno de Alberto Fernández hasta mediados de 2022 y, apenas meses después, ya revistaba en las filas de LLA. Se le señala por su cercanía histórica con el entorno de Julio De Vido y Mariano Recalde, habiendo sido funcionaria kirchnerista entre 2008 y 2016 en Aerolíneas Argentinas.

Mariano Recalde (fundador de LLA), Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de LLA de CABA)

· Andrea Freguia (CABA): Legisladora porteña de LLA. Su currículum político la ubica como ex asesora y jefa de despacho de la exsenadora nacional kirchnerista María Laura Leguizamón, confirmando que la “casta” legislativa solo cambió de despacho.

· Ramón “Nene” Vera (PBA): Diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Histórico dirigente del kirchnerismo bonaerense, incluso candidato, que hoy funge como uno de los pilares del armado oficialista en el conurbano.

Vera en su candidatura a intendente K, 2019

· Andrea Vera (PBA): Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires e hija de Ramón Vera. Su origen político está directamente ligado al PJ bonaerense de Máximo Kirchner, partido al que estuvo afiliada hasta poco antes de “hacerse libertaria”.

Alejandro Carrancio (PBA): Diputado provincial y pieza clave del armado de Sebastián Pareja. Proviene del Frente Renovador de Sergio Massa, donde fue concejal en Mar del Plata. Tras años de articular con el kirchnerismo local, hoy es el encargado de negociar con la política tradicional bonaerense bajo el sello de la “libertad”.

Carrancio muy feliz junto a Sergio Massa

· Lilia Adela Bolukalo Lemoine (PBA): Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y flamante presidente de la Comisión de Juicio Político. Se hicieron públicas sus declaraciones celebrando el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, admitiendo ser socialista, votante de Luis Zamora, elogiando a Myriam Bregman, pidiendo que ganara un presidente socialista, e incluso insultando a Agustín Laje por “ser muy de derecha”.

Lemoine admitiendo ser pro-CFK, socialista, pro-aborto y más

· Pablo Ansaloni (PBA): Diputado Nacional con un extenso recorrido por el sindicalismo y el Partido Fe. Fue diputado del kirchnerismo hasta 2023.

· Manuel Quintar (Jujuy): Diputado Nacional que ingresó a las listas libertarias tras un largo recorrido por el kirchnerismo jujeño, donde fue candidato y también alguiencercano a Milagro Sala.

· Lisandro Almirón (Corrientes): Diputado Nacional por Corrientes, dirigente con pasado en múltiples armados de la política correntina que, siendo concejal kirchnerista hasta 2023, encontró en el sello de Milei la vía para instalarse en el poder nacional.

· Atilio y Pablo Basualdo (Formosa): El primero, Diputado Nacional yex intendente kirchnerista; el segundo (su hijo), intendente de Las Lomitas. Ambos provienen del riñón directo de Gildo Insfrán, el gobernador más cuestionado por el propio Milei durante la campaña.

· Cristian Castellano (Formosa): Ex referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Comunista Revolucionario, perteneciente a Unión por la Patria. Un cuadro de extrema izquierda que encontró refugio en LLA como plataforma de oportunidad, candidateándose como diputado provincial, pero alejándose de LLA en marzo de 2026.

· Diego Hartfield (Misiones): Diputado nacional. El extenista se sumó a LLA tras un pasado de militancia kirchnerista: en 2015 fue candidato a concejal suplente por el Frente Renovador de la Concordia, dentro del Frente para la Victoria. Existen registros de él haciendo la “V” con los dedos y criticando duramente a Mauricio Macri por la represión de piquetes, evidenciando un perfil ideológico opuesto al que hoy dice representar.

Diego Hartfield cuando expresaba que “Perón Vuelve”

· Tomás Ise Figueroa (Santiago del Estero): Presidente de LLA en su provincia y excandidato a Senador nacional. Antes de ser el referente libertario local, fue el segundo mayor aportante privado de la campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019 con una cifra que, ajustada por inflación, hoy equivale a casi $83.000.000. Además, fue asesor de Gerardo Zamora y del kirchnerismo durante varios años.

Figueroa aportando $1.778.400 en 2019 a CFK; hoy serían casi $83 millones

· Sonia Limache (PBA): Referente de LLA de Quilmes que, meses antes de ser ungida por LLA, se mostraba en videos y fotos con Mayra Mendoza y Axel Kicillof.

Limache caminando abrazada a Mayra Mendoza

· Sebastián Pareja (PBA): Senador provincial y armador central de LLA en Buenos Aires. Pese a ser el arquitecto del espacio en el distrito, su pasado lo ubica financiando al kirchnerismo: en 2011 fue aportante oficial de la fórmula Cristina Kirchner – Amado Boudou. En aquel entonces aportó $1.000, una cifra que, ajustada por inflación a valores de hoy, representaría aproximadamente $500.000.

El aporte de Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou

Este inventario de nombres, que abarca desde la estratégica Buenos Aires hasta los rincones más profundos del interior federal, termina con la mentira del “error de armado”. No es una infiltración accidental ni una falla de Sebastián Pareja, quien sólo tiene jurisdicción en territorio bonaerense.

El hecho de que personajes con estos prontuarios ocupen cargos en el Gabinete nacional y en provincias donde Pareja no tiene poder de decisión, confirma que se trata de un plan de ocupación sistémico. Es una política de reciclaje diseñada y avalada por la conducción nacional de La Libertad Avanza —comandada por la hermanísima, Karina “El Jefe” Milei—, que utilizó la esperanza de la militancia como combustible para devolverle el poder a la misma “casta” que prometió combatir.

La “tábula rasa” como salvoconducto para los mismos de siempre

La Libertad Avanza llegó a las elecciones generales de 2023 con una promesa que resonó en todo el país: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Sin embargo, tras el resultado de octubre, esa máxima fue descartada en favor de una supervivencia política inmediata que aplicó un giro de 180º, pasando a proponer lo opuesto a lo prometido. Para justificar el desembarco masivo de cuadros que hasta horas antes eran enemigos acérrimos (como la Bullrich que Milei llamaba “terrorista asesina de niños”), el oficialismo aplicó —y distorsionó— la expresión de “tábula rasa” (que, en filosofía e historia, no describe un “borrón y cuenta nueva”).

En la práctica, la “tábula rasa” no fue un llamado a la unidad nacional, sino un “indulto” arbitrario para que militantes y ex funcionarios de Alberto y Cristina Fernández, barrabravas, abusadores, comunistas y massistas se pusieran la peluca sin rendir cuentas por su pasado. Se utilizó un concepto filosófico para blanquear lo que, en términos llanos, es un travestismo de la casta hacia la nueva caja estatal.

Bullrich, semanas antes de convertirse en la “Súper Ministra”

La trampa institucional

Para el votante que hoy se siente estafado, la realidad institucional ofrece un panorama desolador. Existe una confusión generalizada sobre el poder de remoción de los cargos electivos: a diferencia de un funcionario designado por decreto —a quien se puede remover con una firma—, a un diputado, senador o concejal no se lo puede “echar” por haber mentido sobre su ideología o por volver a sus raíces peronistas apenas asume.

Una vez que un candidato cruza el umbral de la elección, la banca le pertenece al individuo y no al partido. La cúpula nacional, con Karina Milei a la cabeza, era plenamente consciente de esto: sabían que una vez adentro, el daño al electorado sería irreversible, pero el beneficio para la estructura de poder sería total. El engaño se completó usando el eslogan de la “Argentina distinta” para pavimentar el regreso triunfal de “los mismos de siempre”.

* Por Augusto Grinner

Topadoras y Prefectura completaron la expulsión de las ferias ilegales en Mar del Plata tras un megaoperativo

Un megaoperativo conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y el municipio de General Pueyrredón desmanteló “La Saladita de la Bristol”, una feria informal que funcionó durante más de 25 años sobre la Rambla de Playa Bristol en Mar del Plata.

“Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”, celebró el operativo en sus redes sociales el senador provincial y exintendente Guillermo Montenegro, quien impulsó la denuncia original.

El procedimiento implicó el allanamiento de seis puntos de la ciudad, el secuestro de más de 8.000 productos valuados en 500 millones de pesos, y la demolición en la madrugada de más de 170 puestos con topadoras y maquinaria pesada.

El operativo dejó entre 200 a 300 familias sin su fuente de trabajo, abrió un debate político y judicial sobre los límites del procedimiento, y generó posiciones encontradas en la sociedad marplatense.

“La Saladita” era el nombre con el que los marplatenses y turistas conocían al paseo de compras informal instalado en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y la Peatonal San Martín, frente a la popular Playa Bristol. El lugar funcionó durante más de dos décadas como un mercado a cielo abierto donde se vendía principalmente ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y productos electrónicos a precios muy por debajo de los comercios formales.

La feria no surgió como un negocio ilícito desde el comienzo, sino como una respuesta social a la desocupación. A fines de los años 90’s, en plena crisis del menemismo, el Concejo Deliberante habilitó en 1999 —durante la gestión del intendente radical Elio Aprileun espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización era limitada en el tiempo y buscaba contener una emergencia laboral que desbordaba las capacidades del Estado.

Lo que comenzó con artesanías y productos sencillos fue mutando con los años hacia un paseo cada vez más nutrido, donde la indumentaria que imitaba marcas internacionales fue ganando terreno. Los permisos municipales —siempre transitorios— se extendieron entre 2003 y 2009 sin un marco normativo claro, y desde 2010 en adelante la feria funcionó directamente sin respaldo legal.

El operativo y su procedimiento

El proceso judicial que desembocó en el operativo comenzó formalmente en noviembre de 2025, cuando el municipio presentó una denuncia ante la Justicia Federal basada en informes elaborados por varias áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, Obras Sanitarias y la Subsecretaría de Inspección General.

La denuncia sostenía que la feria representaba “un riesgo cierto y serio en la seguridad y la salubridad pública”, además de señalar posibles delitos de violación a la Ley de Marcas y problemas de contaminación.

La causa quedó a cargo del juez federal Santiago Inchausti del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Mar del Plata, y de la Fiscalía Federal N° 2 conducida por Santiago Eyherabide. Tras 15 meses de investigación que incluyeron medidas de prueba durante 2024 y 2025, el magistrado ordenó el allanamiento.

“Orden sí, pero no a costa de destruir el trabajo de la gente”, pronunció sobre el hecho Mariana Berbeglia, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Feriantes (SUTFRA).

Cerca de 100 efectivos de la Prefectura Naval Argentina se desplegaron simultáneamente en seis puntos distintos de Mar del Plata. El operativo incluyó el predio principal de la feria y también tres locales vinculados al Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), además de domicilios particulares. El titular del sindicato, Walter Rivero, estuvo detenido durante algunas horas y fue luego liberado.

Los agentes identificaron a 91 personas entre propietarios, empleados y cuatro miembros del sindicato. Durante el procedimiento se incautaron 400 bultos con mercadería en infracción —ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y electrónicos—. Al menos 80 de los 100 puestos activos en ese momento ofrecían productos con logotipos de marcas internacionales en violación a la Ley 22.362

Además de la mercadería, se secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera por más de 12 millones, y elementos informáticos como computadoras y teléfonos. La Justicia detectó que el SIVARA utilizaba transferencias y alias bancarios para mover importantes sumas de dinero, y registró en una sola transacción un movimiento de 15.123.288 pesos para el pago de un canon.

Una vez concluido el allanamiento, durante la noche y la madrugada, el municipio desplegó maquinaria pesada y procedió a la demolición total de los puestos. El trabajo incluyó topadoras, camiones de la empresa municipal de servicios, y personal de la Patrulla Municipal e Infantería. Al amanecer, la Rambla de la Bristol mostraba solo chapas, maderas esparcidas y huellas de maquinaria donde durante décadas había funcionado la feria.

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata también respaldó el procedimiento, argumentando que la feria representaba una forma de competencia desleal que perjudicaba a los comerciantes formales que pagan impuestos y respetan las normas.

El rol entre la organización y la ilegalidad

Detrás del crecimiento de la feria operó durante años el SIVARA. La referencia histórica del gremio en la Bristol fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero organizó —y también capitalizó— la actividad, en articulación con la estructura nacional del gremio. Bajo su conducción, el espacio fue mutando desde una salida colectiva hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio.

Tras la muerte de Lencina en 2022, la conducción del SIVARA en Mar del Plata pasó por varias manos hasta que, a fines de 2025, Rivero asumió como principal referente local. La investigación judicial posterior revelaría que el sindicato gestionaba la feria recaudando sumas millonarias a cambio de permisos informales de operación. Un feriante relató que pagaba 3 millones de pesos en enero, montos similares en febrero y 2 millones en marzo y abril, siempre “en negro, sin recibo, sin comprobante”.

Los trabajadores de la feria y sus representantes presentaron una visión radicalmente diferente. El SIVARA calificó la demolición de los puestos de ilegal, argumentando que el municipio avanzó con maquinaria pesada “sin ningún tipo de orden judicial” —ya que la única medida autorizada por la Justicia era el allanamiento, no la demolición del predio.

El sindicato también acusó al Ejecutivo municipal de ejecutar una “campaña de publicidad política de mano dura” y señaló que la feria funcionaba con el conocimiento y el aval de las autoridades durante casi 20 años.

El gremio denunció que el operativo dejó a casi 300 familias marplatenses sin su fuente de trabajo, y anunció presentaciones penales y acciones legales a través del estudio jurídico Robbio-Bernat & Asociados. Los feriantes convocaron marchas frente al municipio con la consigna “Nos dejaron en la calle”.

Tras el desalojo, decenas de feriantes comenzaron a reinstalarse en las inmediaciones de Plaza Rocha, en el corazón del centro de Mar del Plata, generando una nueva tensión por el uso del espacio público.

Con el terreno liberado, el municipio estaría en posición de avanzar con la licitación de la Unidad Turística Fiscal (UTF) “Paseo de Compras Bristol”, un proyecto que Montenegro había enviado al Concejo Deliberante en 2021 y que fue aprobado en 2022 pero quedó paralizado por los conflictos con los feriantes. Según trascendidos, ya asoman interesados —capitales locales y foráneos— en la concesión del espacio.

La causa federal sigue abierta. La Justicia investiga la estructura organizada para la comercialización ilegal, el papel del SIVARA en la recaudación de cobros informales y la posible evasión fiscal. Los abogados de los feriantes presentaron presentaciones legales cuestionando la legalidad del desalojo y exigiendo la devolución de la mercadería incautada.

Una auditoría detectó irregularidades y déficit tecnológico en el Instituto que forma a los policías porteños

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.

El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.

El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores, invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.

En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.

A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.

Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.

Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.

La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.

En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión. 

La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.

En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.

Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”. 

De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto. 

La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.

Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores. 

En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.

La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.

El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.

La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.

Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.

Santa Fe | Padres de un menor deberán pagar más de $6 millones tras una amenaza escolar

El gobierno de Santa Fe pasó de la advertencia a la acción y entregó la primera intimación de pago a la familia de una persona menor de edad identificada como autora de una amenaza contra su propia escuela. Los padres, en calidad de responsables solidarios, deberán abonar $6.024.944: costo exacto del operativo policial desplegado ante la intimidación.

Al recibir la carta, el padre reaccionó con una frase contundente: “Cara la jodita”.

La intimación forma parte del reclamo global que la provincia ya calcula en más de $250 millones, a partir de los hechos identificados hasta el momento. Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, el cobro fue definido como una deuda civil destinada a recuperar el dinero del Estado.

El procedimiento judicial “se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó el funcionario.

El monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas en explosivos y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, subrayó Cococcioni.

Los responsables tienen un plazo de cinco días para abonar voluntariamente. Vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.

– El ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni

Hasta el momento, el gobierno santafesino identificó a los responsables de 58 hechos, lo que involucra a “más de 70 personas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable.

El gobierno también trascendió que cuenta con “más de 15 expedientes iniciados para avanzar con notificaciones en otras localidades” de la Santa Fé. “A medida que la Fiscalía valida las identidades —sean mayores o menores, punibles o no— se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La vocera provincial, Virginia Coudannes, atribuyó a estas medidas la fuerte caída en el número de amenazas registradas: de entre 70 y 80 casos diarios, ayer lunes se contabilizaron apenas 15.

“La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, afirmó.

Piden la indagatoria del titular de ARCA por ocultar propiedades en Miami valuadas en más de USD 2 millones

El fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, tras concluir que el funcionario ocultó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante el propio organismo fiscal que conduce su vínculo con sociedades offshore que registran tres propiedades en Estados Unidos valuadas en más de US$2,1 millones. El pedido deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En su dictamen de 54 carillas Rodríguez afirmó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”. 

En paralelo, Rodríguez le solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

– Marcelo Martínez de Giorgi

Las tres propiedades señaladas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, en Miami, adquiridas en enero de 2013 por US$710.000 y US$400.000, respectivamente, mediante la sociedad panameña Alcorta Corp., y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$980.000 a través de Pompeya Group Corp.

Ambas firmas panameñas pasaron en 2016 a manos de Galanthus Capital Limited, una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final y único director, según formularios internos del estudio Trident Trust a los que accedieron el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En esos documentos, Vázquez fue catalogado como Persona Políticamente Expuesta (PEP).

– El acta de la reunión de accionistas en Panamá donde las hijas de Vázquez junto a Galanthus, la empresa creada en Islas Vírgenes Británicas, se quedan con el control de una de las sociedades dueña de un departamento en Miami

La PIA sostuvo que “obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito” de omisión maliciosa, con base en las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la OA y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023. En ninguna de ellas aludió a las sociedades offshore ni a los inmuebles de Miami. Tampoco declaró a Galanthus Capital Limited, pese a figurar como único director y beneficiario final.

Para la PIA, la hipótesis de enriquecimiento ilícito se apoya en una marcada desproporción patrimonial. Vázquez declaró contar con US$40.000 en activos líquidos al cierre de 2012 y US$44.000 al cierre de 2013, pero adquirió inmuebles por US$1,1 millón en enero de 2013 y por otros US$980.000 en julio de 2015.

A esa brecha se suma otro dato señalado por el fiscal. En sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ante ARCA, Vázquez reconoció haber percibido ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por $28,7 millones en 2023 y por $99,4 millones en 2024, montos declarados en pesos ante el fisco argentino. Es decir, declaró en la Argentina los flujos que recibió desde el exterior, pero no los activos que los habrían generado.

– Las firmas de Vázquez y su entonces mujer en un acta de la sociedad Panchy Ventures que forma parte de los Pandora Papers

Rodríguez verificó además que Vázquez y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez, también empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018. También se registraron reintegros de impuestos enviados a nombre de ambos, mientras que sus hijas residen allí desde 2022, según ellas mismas dejaron asentado como domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Para la PIA estos elementos permiten inferir el “animus domini”, es decir, el control efectivo de los bienes más allá de su titularidad formal.

A la hipótesis de enriquecimiento ilícito la fiscalía sumó la del lavado de activos. El dictamen detalló el uso de sociedades pantalla, autopréstamos, compras y ventas sucesivas de inmuebles y la subvaluación de escrituras.

Entre los casos documentados figura la compra, en diciembre de 2018, de un triplex de 318 metros cuadrados en la calle Juana Manso 1124, en Puerto Madero, ubicado en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties. La operación se realizó mediante la firma Acontec SRL, por un valor escriturado de $8.720.000, equivalentes a apenas US$225.906 al tipo de cambio de entonces, muy por debajo del valor de mercado estimado por la PIA en unos US$2,1 millones, a partir del relevamiento del sitio Reporte Inmobiliario.

– Los edificios de Miami donde están los departamentos adquiridos por las sociedades panameñas vinculadas a Vázquez

La PIA documentó la presunta subvaluación con publicaciones de Zonaprop rescatadas del archivo web. En febrero y noviembre de 2018, unidades del mismo edificio de entre 96 y 98 metros cuadrados se ofrecían entre US$460.000 y US$500.000. Vázquez pagó el equivalente a US$709 por cada uno de los 318 metros cuadrados del triplex. Según el dictamen, la operación habría generado una pérdida de entre US$235.000 y US$551.000 para la vendedora Acontec SRL, que había adquirido el inmueble tres años antes por $7.332.000.

La PIA también detalló el rol de otra firma, Consultora San Andrés SA, a la que describió como una sociedad pantalla por carecer de empleados, tener domicilio en un inmueble del propio Vázquez (quien percibe de ella un canon locativo) y figurar como controlante de cinco automóviles. Según el dictamen esa sociedad también le habría otorgado al funcionario un “préstamo” para comprar el 50% de un departamento en el Chateau de Puerto Madero en 2010, un punto que refuerza la hipótesis de autopréstamos y confusión patrimonial.

– Sergio Rodríguez, fiscal, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

Entre los vehículos vinculados a Consultora San Andrés SA aparece un BMW X6 blindado en julio de 2015, utilizado por el funcionario y su entorno. Entre 2024 y 2025, la firma se desprendió de sus automóviles. La Ford EcoSport quedó a nombre del propio Vázquez; el Volkswagen Vento, a nombre de su expareja Silvia Ivone Rodríguez; y el Mini Cooper John Cooper Works fue adquirido, en septiembre de 2025, por Oscar Mario Abalo, accionista de Acontec SRL, la misma empresa que siete años antes le había vendido a Vázquez el departamento presuntamente subvaluado de Puerto Madero.

El fiscal Rodríguez también aludió a una posible simulación de prestaciones y a una confusión patrimonial deliberada, vinculada a la facturación que Consultora San Andrés SA emitió a favor de Casino Buenos Aires SA y Loddin SA, dos empresas donde Vázquez habría intervenido como funcionario de la ex AFIP en 2007. La PIA detectó que ambas “le efectuaron retenciones del impuesto a las ganancias en dichos años, lo que implica que la sociedad [Consultora San Andrés SA] le prestó servicios”.

Además de pedir la citación indagatoria, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi que libre exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y que se reitere el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas. También requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su exesposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.

*Con información de La Nación (Hugo Alconada Mon)

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