Gerardo Morales sobre el kirchnerismo: “alientan una desestabilización porque se les acaban sus privilegios”
El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio publicó una carta abierta en la que señaló al Gobierno Nacional como responsables de los incidentes en su provincia. "Ha nacido una nueva e insólita intención de organizar las sociedades: la dictadura de las minorías", sostuvo.
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El mandatario de Jujuy Gerardo Morales publicó este jueves una carta abierta donde cita a reflexionar acerca de “una nueva problemática” a solucionar para aspita a vivir en una “sociedad democrática, libre y plural, con plena vigencia del Estado de Derecho”.
En el texto publicado en sus redes sociales, el jefe de la Unión Cívica Radical propone una “apertura al diálogo y cooperación entre las fuerzas políticas” en búsqueda de resolver “los problemas de la gente”.
Carta Abierta por la Argentina de la Paz y la VerdadNo buscan Justicia, no buscan igualdad, no buscan ampliar derechos, sólo quieren mantener sus privilegios, condicionar a la democracia y conseguir en la calle lo que no consiguen en la urnas. pic.twitter.com/iFTMDMIubp
Este descargo llega luego de los graves incidentes en la provincia de Jujuy, donde varias docenas de manifestantes identificados como militantes de la Tupac Amaru intentaron atrincherarse en la Legislatura y ejecutaron varios destrozos en los edificios públicos. En ese sentido, en aquel entonces y ahora, el Gobernador insistió en que el responsable es el Gobierno Nacional.
“Este es un nuevo problema de la democracia actual”, advierte Morales. Y ejemplifica: “A los riesgos de los golpes de mercado, ahora se suma otro riesgo, el riesgo del caos” mientras fundamentó que “lo que buscan es condicionar a la democracia y a las autoridades legítimamente constituidas”. Y señaló: “Ha nacido una nueva e insólita intención de organizar las sociedades: la dictadura de las minorías“.
Morales llamó a la unidad indirectamente y clamó por el cese de las disputas internas con Patricia Bullrich
“El problema en Argentina es que el caos sí está siendo organizado, ¿adivinen por quién? No se equivocan: por el kirchnerismo. En efecto pretenden que los cortes de ruta y los cortes de calles sean despenalizados para que ellos puedan sembrar el caos”, sumó.
Por último, Morales tildó de “impostores” a la coalición de Unión por la Patria (ex Frente de Todos): “Impostores: sepan que la lucha del pueblo jujeño desde el 2015 es a través del diálogo y la paz, impostores: sepan que las autoridades del Gobierno han sido ratificadas con casi el 50% del apoyo del pueblo jujeño, impostores: ustedes no alientan ninguna lucha, ustedes alientan una desestabilización del gobierno democrático porque se les acaban sus privilegios“, cerró.
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El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.
La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.
El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.
La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.
Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.
El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.
Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.
Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.
Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.
Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista
La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.
El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.
Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor
La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.
Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.
La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.
Censura a gente común, a periodistas y a empleadores
El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.
A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.
El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.
El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para restituir al ex procurador general de Justicia, Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.
El cargo de Procurador General fue eliminado en 1995 por una ley impulsada por Kirchner, que desdobló ese puesto en dos. Desde entonces, Sosa litiga en la justicia nacional reclamando su restitución.
La Corte Suprema emitió en varias ocasiones fallos —en 1998, 2001, 2009 y 2010— ordenando que se cumpla el restablecimiento de Sosa en el cargo, pero Santa Cruz nunca los acató. Vidal sostuvo que reponer a Sosa será más que un acto simbólico: “cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.
El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Luxen y contempla la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial provincial para reinstalar la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, Vidal convocó una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, cuya aprobación requerirá mayoría especial en la Legislatura, dado que la modificación reorganiza instituciones judiciales provinciales.
Eduardo Sosa aceptó la posibilidad de volver al cargo, siempre que pueda hacerlo en condiciones que garanticen la independencia institucional del Procurador y sin injerencias políticas.El conflicto tiene antecedentes legales: Daniel Peralta, ex gobernador, fue procesado por la Corte Suprema por incumplir mandatos judiciales de restitución.
El regreso de Eduardo Sosa al frente de la Procuración reabre un expediente que el kirchnerismo creyó enterrado. Fue desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, entonces gobernador, en una maniobra que la Corte Suprema declaró inconstitucional tres años después. Aun así, Santa Cruz ignoró todos los fallos, protegida por la impunidad política que marcó a fuego a la provincia durante décadas.
Hoy, con Vidal al mando y una Corte que insiste en que Sosa debe volver, el gobierno santacruceño enfrenta una decisión incómoda: acatar la ley o seguir desafiando la institucionalidad. La jugada parece más un intento de despegarse del pasado K que una reparación real.
El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.
El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.
El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.
La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.
Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.
“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.
El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.
La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.
– Nicolás Pakgojz
El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.
La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.
“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.
Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles
A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente,“Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.
En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.
El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.
Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.
Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.
El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.
En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.
Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.
“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción” en Nigeria y acusó al Gobierno del país africano de “permitir la matanza de cristianos”.
El cantante sorprendió a sus seguidores con un guiño al periodista en las imágenes de “El Problema Del Amor”, el primer tema tras el regreso de Tan Biónica
El Radar Pyme de la ENAC mostró una fuerte caída del consumo, suba de costos y pérdida de rentabilidad. El 13% de los empresarios advierte que podría cerrar antes de fin de año y la mayoría no planea invertir.
