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Una inversión de 600 millones de dólares que planeaba realizar la multinacional francesa Eramet en un proyecto de litio en Salta terminó congelándose por la incertidumbre económica y la situación cambiaria en la Argentina.
Así lo informó la CEO de la empresa, Christel Bories, quien usó las siguientes palabras la semana pasada desde París: “El contexto en Argentina y el clima económico en el mundo en general no nos permiten en este momento lanzar con serenidad este proyecto”.
Al anunciar el congelamiento de la inversión en Salta, Boris explicó que los factores que influyeron en la decisión fueron los actuales controles de cambio decididos recientemente y la incertidumbre en torno a las negociaciones del gobierno con el FMI. La mutinacional espera que las autoridades argentinas modifiquen la legislación y la exceptúen del régimen actual del control de cambios.
Durante su gira europea, Alberto Fernández dispuso la creación de un proyecto de ley que genere un marco jurídico diferenciado para algunas actividades como la minería, la industria petrolera y Vaca Muerta.
Tal como informó este viernes La Nación, la CEO de la empresa había estado reunida con Alberto Fernández, en un encuentro a solas, cuando el presidente argentino visitó Francia, a principios de este mes. “No se había hecho público hasta ahora, pero ya veníamos informado sobre este paro de las actividades a todas las autoridades desde diciembre de 2019 y Boris se lo indicó al presidente Fernández, y le explicó que se debía a que no podíamos lograr el financiamiento, cuando se encontraron en París”, comentó una fuente de la compañía en diálogo con La Nación.
Desde el Gobierno aseguraron estar al tanto de la decisión de la empresa y armaron que Fernández está preocupado por resolver la cuestión. En este sentido, un alto funcionario del Gobierno citado por La Nación explicó que el caso puntual de Eramet fue uno de los temas que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le planteó a Fernández en su encuentro del 5 de febrero en París. “Lo primero que hizo Macron fue presentarle la situación de algunas empresas francesas en la Argentina y una de las empresas por las que pidió fue Eramet”, dijo el funcionario.
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El riesgo país perforó la barrera de los 600 puntos básicos por primera vez desde agosto de 2018, cerrando en 571 unidades este lunes, según datos de JP Morgan. Este indicador, que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, alcanzó su nivel más bajo en siete años gracias al optimismo en los mercados financieros sobre la recuperación macroeconómica del país.
Los bonos soberanos Globales y Bonares experimentaron alzas significativas, con precios promedio cercanos a los USD 73, su máximo desde su salida al mercado. Esta revalorización refleja la confianza en las políticas del gobierno orientadas a estabilizar la macroeconomía.
Un factor clave en este panorama fue el anuncio del Banco Central de un repo por USD 1.000 millones con bancos internacionales. Un repo, o acuerdo de recompra, es un tipo de préstamo financiero en el que el Banco Central vende bonos soberanos como garantía para obtener efectivo, con el compromiso de recomprarlos a un precio previamente acordado en una fecha futura. Este mecanismo permite al país obtener liquidez inmediata para afrontar necesidades financieras a corto plazo.
– El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
En este caso, el repo ofrece una tasa anual del 8,8% y mejora la posición de liquidez del país, lo que contribuyó a fortalecer las reservas internacionales, que cerraron la semana pasada en USD 32.774 millones, cerca del máximo histórico de USD 32.886 millones alcanzado en diciembre de 2024.
Según el Banco Central, esta operación permite mitigar desbalances en el mercado de cambios, facilitando la eliminación progresiva de restricciones cambiarias y reforzando la credibilidad en las metas de política monetaria. Además, este tipo de operaciones genera un efecto simbólico positivo, mostrando un respaldo internacional a las políticas implementadas.
El Tesoro también mostró su capacidad de pago al acumular USD 5.698 millones en sus arcas, garantizando los vencimientos de deuda previstos para enero y julio. A esto se suma un incremento del 205,6% en la recaudación fiscal de 2024 en términos interanuales, superando ampliamente la inflación.
Un informe de la consultora Suramericana Visióndestacó que“aún sin acceso pleno a los mercados internacionales, Argentina podrá afrontar los vencimientos de deuda en 2025”. Este año, el Estado Nacional, el Banco Central, las provincias y las empresas deben saldar compromisos por casi USD 25.000 millones. Este escenario demuestra una combinación de estrategias efectivas de gestión de deuda y una mejora en la capacidad recaudatoria.
El optimismo de los inversores se refleja en la pendiente positiva de la curva de rendimientos de los bonos argentinos, que vuelve a registrar una estructura saludable tras años de tensión crediticia. Analistas de Max Capital destacaron que la tasa del repo indica que Argentina está cerca de recuperar acceso pleno a los mercados internacionales de deuda, lo que podría concretarse en el segundo semestre de 2025. Este regreso sería clave para refinanciar vencimientos y generar nuevas inversiones.
Según Facimex Valores, los bonos GD35 y GD41 presentan un potencial alcista del 13% al 33%, dependiendo de la calificación crediticia que logre el país. Por su parte, JP Morgan proyecta que el gobierno de Milei avanzará hacia la liberación del cepo cambiario y consolidará la estabilidad financiera mediante un robusto sistema macroeconómico.
A pesar de la mejora, todavía queda camino por recorrer: el riesgo país de Argentina (571 puntos) se mantiene apenas por encima del promedio regional (427 puntos).Comparativamente, Brasil registra 248 puntos, Perú 156, Chile 120 y Uruguay 89. Sin embargo, las políticas económicas actuales apuntan a cerrar esta brecha. Las reformas estructurales en curso y el foco en reducir la dependencia del financiamiento externo son elementos que podrían contribuir a una compresión adicional del riesgo país.
El año 2025 comenzó con resultados alentadores en el mercado financiero local. El índice MERVAL marcó un nuevo récord histórico en términos reales, alcanzando los USD 2.362. En Wall Street, las acciones argentinas también destacaron, con alzas del 4,5% en promedio. Estos avances posicionan al mercado argentino entre los de mejor rendimiento global, con ganancias acumuladas desde 2024 que superan el 100% en dólares.
El panorama optimista se refuerza con las expectativas de un nuevo acuerdo con el FMI y una economía en recuperación. Los inversores mantienen su confianza en las estrategias implementadas, lo que augura un año de consolidación para los activos argentinos y su posicionamiento en los mercados internacionales. A su vez, las proyecciones indican que las políticas económicas podrían impulsar un mayor crecimiento de las exportaciones, fortaleciendo el superávit comercial y reduciendo la presión sobre el tipo de cambio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que se aprobó la primera inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado recientemente. El proyecto corresponde a un parque solar de YPF Luz en la localidad de El Quemado, Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. “El Comité Evaluador aprobó el primer proyecto RIGI que se presentó hace menos de dos meses”, expresó Caputo en sus redes sociales, destacando que hay otros seis proyectos en evaluación.
El parque fotovoltaico, desarrollado por YPF Luz en conjunto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), tendrá una capacidad instalada de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 233.000 hogares. Se prevé que la primera etapa comience en el primer trimestre de 2026 y esté lista en 18 meses. Además, se estima que evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a la transición energética en Argentina.
Este anuncio se suma al reciente lanzamiento de otro gran proyecto energético: el oleoducto que conectará Vaca Muerta, en Neuquén, con Punta Colorada, Río Negro. Esta infraestructura permitirá exportar más de 500.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2027, generando ingresos cercanos a USD 13.000 millones anuales. Empresas como Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell participarán en su construcción, que comenzará en enero de 2024.
En paralelo, la multinacional Rio Tinto confirmó una inversión de USD 2.500 millones para ampliar su proyecto de litio en el Salar del Rincón, Salta. Este desarrollo, que prevé producir 60.000 toneladas de litio carbonato de alta calidad anualmente, será clave para la industria de baterías y tendrá una vida útil estimada de 40 años. La construcción de la planta ampliada comenzará en 2025, fortaleciendo a Argentina como un actor relevante en el mercado global de litio.
El RIGI, que entró en vigencia hace unos meses, ofrece beneficios fiscales como exenciones en IVA y Ganancias, además de ventajas en derechos de importación y exportación para proyectos de inversión superiores a USD 200 millones. Estos incentivos buscan atraer grandes capitales para reactivar la economía y consolidar al país como un polo estratégico en energías renovables y recursos naturales.
En el tercer trimestre de 2024, la pobreza en Argentina registró una notabledisminución, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La incidencia de la pobreza cayó del 52,9% al 38,9%, mientras que la indigencia también mostró un descenso significativo, del 18,1% al 8,5%. Estos datos fueron respaldados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y corroborados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El informe del INDEC señaló que la mejora en los indicadores sociales respondió, principalmente, a la desaceleración de la inflación y al incremento en los ingresos familiares, que superaron las líneas de pobreza e indigencia. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un aumento interanual del 351,5%, pasando de $20.661 en diciembre de 2023 a $93.281 en diciembre de 2024, lo que contribuyó al fortalecimiento del poder adquisitivo en los hogares más vulnerables.
“La población en situación de pobreza se ubicó en niveles similares al tercer trimestre de 2023 (38,6% en 2023 y 38,9% en 2024)”, afirmó Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA. Según este organismo, la caída en la indigencia fue incluso más marcada, alcanzando valores significativamente inferiores a los del primer trimestre de 2024, cuando había llegado al 20,2%. La estabilización macroeconómica y el fortalecimiento de las transferencias sociales fueron señalados como factores determinantes en esta evolución.
Por otro lado, el informe también reveló una ligera reducción en la desigualdad. La relación entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 19 veces en 2023 a 18 veces en 2024. Sin embargo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, permaneció en 0,435, evidenciando que persisten inequidades estructurales en el sistema económico.
En cuanto al mercado laboral, las tasas de actividad y empleo se mantuvieron altas, pero con un aumento en la precarización y el subempleo. El CNCPS destacó la relevancia de las políticas de desintermediación implementadas por el Ministerio de Capital Humano, que permitieron que el 93,5% de los recursos llegaran directamente a las familias necesitadas, comparado con el 50% que se transfería de forma directa al inicio de la gestión. Este cambio mejoró la eficiencia y el impacto de los programas sociales.
El Observatorio de la UCA también advirtió que, sin las ayudas sociales, los indicadores serían mucho más alarmantes: la pobreza habría alcanzado el 55,4% y la indigencia, el 23,2%. “Este descenso se explicó por dos factores clave: las políticas económicas que lograron estabilizar la macroeconomía y las transferencias focalizadas en los sectores más vulnerables”, señaló el informe.
Entre las medidas destacadas, se subrayó el aumento acumulado del 137,5% en la Prestación Alimentar, que amplió su cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Estas intervenciones han sido fundamentales para mitigar el impacto de la crisis económica en los sectores más desfavorecidos. “Sin estas iniciativas, los resultados habrían sido considerablemente peores”, concluyó el CNCPS.
A pesar de los avances, las autoridades y especialistas advirtieron que la recuperación es frágil. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, reconoció que “aún queda mucho por hacer”, aunque destacó los progresos logrados. “Somos optimistas porque las políticas implementadas están dando resultados, pero debemos consolidar esta tendencia”, afirmó.
Por su parte, Agustín Salvia alertó sobre la necesidad de abordar los problemas estructurales del mercado laboral y fortalecer las políticas sociales para garantizar un impacto sostenible. “La mejora en los ingresos no debe ser temporal; se requiere una estrategia de largo plazo que contemple a las clases populares”, subrayó.
En última instancia, el Gobierno destacó que las políticas de contención social han sido fundamentales para evitar un deterioro mayor. “Estos resultados nos muestran que estamos en el camino correcto, pero también nos desafían a redoblar los esfuerzos para acompañar a quienes más lo necesitan”, concluyó Pettovello. Según los especialistas, el mantenimiento de esta tendencia dependerá de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de los ingresos de seguir superando a la inflación.
La industria metalúrgica argentina, uno de los pilares de la economía nacional, enfrenta un panorama crítico debido a una carga impositiva que supera el 32% del precio en puerta de fábrica sin incluir el IVA. Este porcentaje duplica el de Brasil y México, según un reciente informe elaborado por cámaras sectoriales que representan a fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, línea blanca, autopartes y otras ramas del sector.
El estudio, respaldado por entidades como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), revela que un tercio de estos impuestos son distorsivos, es decir, se acumulan a lo largo de la cadena de valor sin generar beneficios tangibles. Esto incluye tributos como Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, tasas municipales y sellos. “Argentina tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, con una estructura impositiva compleja y más de 155 impuestos y tasas”, alertaron las cámaras en el documento.
El informe detalla ejemplos concretos de cómo la presión fiscal afecta los costos de productos industriales. Una sembradora, por ejemplo, carga con un 33% de impuestos en Argentina, frente al 15% en Brasil y al 19% en México. Situaciones similares se observan en productos como tolvas, cabezales maiceros y acoplados.
“Los impuestos explican en promedio el 44% del precio final de los bienes metalúrgicos, incluyendo el IVA”, enfatizan los autores. Este nivel de presión fiscal no solo encarece los productos locales, sino que también pone en desventaja a las empresas argentinas frente a sus competidores internacionales.
Este impacto se ve agravado por la acumulación de impuestos en la cadena de valor. En otros países, las tasas municipales y los tributos similares tienen un peso considerablemente menor, lo que facilita la competitividad de sus productos en el mercado internacional. Además, el informe subraya que la complejidad del sistema tributario argentino genera costos administrativos adicionales para las empresas.
El sector metalúrgico genera más de 350.000 empleos directos y representa exportaciones por 11.500 millones de dólares anuales. Sin embargo, los industriales advierten que la falta de competitividad podría desencadenar una crisis de desindustrialización si no se implementan medidas correctivas de manera inmediata.
“Coincidimos con el esfuerzo del gobierno para estabilizar la macroeconomía, pero esto es solo el principio. Necesitamos políticas micro que reduzcan la carga impositiva, el costo laboral no salarial y los costos logísticos”, sostienen las cámaras en el informe.
El documento también destaca la necesidad de fomentar el financiamiento al sector privado, actualmente muy por debajo de los niveles internacionales. Mientras que en Brasil el crédito al sector privado equivale al 72% del PBI, en Argentina apenas alcanza el 12%. Este bajo nivel de financiamiento limita la capacidad de las empresas para invertir en innovación y mejorar sus procesos productivos.
Por otra parte, el informe enfatiza la importancia de una mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado: “Es crucial que los gobiernos nacional, provinciales y municipales trabajen en conjunto para ajustar la presión tributaria de manera ágil y efectiva“, señalan. Sin estas medidas, advierten, el país podría enfrentar un escenario de menor producción industrial y pérdida de empleos formales.
Además de la presión impositiva, la industria enfrenta otros obstáculos como costos logísticos elevados, falta de crédito competitivo y un sistema laboral rígido y costoso. Pese a estas adversidades, las cámaras mantienen un mensaje optimista: “Los industriales argentinos sabemos producir y competir, pero necesitamos políticas públicas que resuelvan los factores que las empresas no podemos controlar”.
La logística también representa un factor crítico. Según el citado informe, los costos logísticos en Argentina son significativamente más altos que en países vecinos debido a la deficiencia de infraestructura y la falta de un sistema ferroviario eficiente. Esto no solo encarece el transporte de bienes, sino que también limita el acceso a mercados internacionales.
El sistema laboral también plantea un desafío importante. La rigidez en las regulaciones y el alto costo de la mano de obra no salarial complican la contratación y reducen la competitividad de las empresas. “Es necesario avanzar en reformas que promuevan la flexibilidad laboral y reduzcan los costos redundantes”, afirman las cámaras.
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) informó que las empresas de medicina prepaga aumentaron el precio de las cuotas muy por encima de lo que pagan a los prestadores de servicios de salud. Alertaron que esta diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema de salud de la Argentina.
Según lo informado por CADIME, los aumentos arancelarios a empresas y profesionales que prestan estos servicios de forma tercerizada son insuficientes para compensar el efecto de la inflación y de los costos operativos en el sector. Una situación que genera tensiones que afectan a la totalidad de este universo y su funcionamiento, en especial a las pymes de salud y los usuarios, y desembocan en medidas tales como la limitación de coberturas de las prepagas, lo cual se traduce en perdida de trabajo por parte de prestadores.
Este desbarajuste tiene lugar desde 2022, pero creció en 2023 y 2024. En los usuarios impacta por medio de cuotas del seguro de salud cada vez más caras y en la aparición de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que repercute en la sostenibilidad de la red prestacional a nivel nacional.
Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento en los últimos dos años del 435%, mientras que los aranceles que perciben los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%, números que están por debajo de la inflación del sector, que fue entre 544% y 583%. A la mencionada disparidad se le suma el hecho de que el pago por las prestaciones realizadas se concreta entre 60 y 90 días después de su facturación.
La calificadora de riesgos Moody’s anunció este miércoles un aumento en las calificaciones crediticias de Argentina en moneda local y extranjera, reflejando avances en la previsibilidad y consistencia de la política económica implementada por el gobierno de Javier Milei. La calificación en moneda local pasó de B3 a Caa1, mientras que la correspondiente a moneda extranjera subió de Caa1 a Caa3. Estas mejoras se deben, según Moody’s, a una serie de reformas que redujeron rápidamente los desequilibrios fiscales y monetarios que alimentaban una inflación crónica.
El informe resaltó que las medidas adoptadas por el gobierno de La Libertad Avanza promovieron un “papel reducido del Estado en la economía y políticas menos intervencionistas”, lo que a su vez disminuye los riesgos de transferencia y convertibilidad en caso de un default soberano. Entre estas políticas se incluyen la eliminación de restricciones a los pagos transfronterizos y la convertibilidad del tipo de cambio, que han contribuido a aumentar la disponibilidad de liquidez en moneda extranjera, aunque la cuenta de capital sigue siendo poco abierta.
A pesar de estos avances, Moody’s dejó claro que estas mejoras no implican un cambio en la calificación soberana del país, que permanece en Ca. Esto refleja las limitaciones estructurales que enfrenta Argentina, como la inestabilidad de la balanza de pagos externa y las reservas netas negativas del Banco Central, actualmente estimadas en USD 1.300 millones.
Moody’s también explicó que “los techos país siempre superan la calificación soberana porque representan los límites para emisores privados como empresas y bancos”. Este ajuste permite a emisores locales obtener mejores condiciones de financiamiento, pero no elimina los riesgos asociados a la deuda soberana.
En el mercado financiero, el índice líder S&P Merval alcanzó máximos históricos, aunque cerró con una caída del 1,97% debido a una toma de ganancias. Por otro lado, el Banco Central mantiene el peso mayorista en torno a las 1.036 unidades por dólar, en un contexto de restricciones cambiarias. Javier Milei negó que exista un “atraso cambiario” y atribuyó la apreciación del peso al equilibrio fiscal, aunque economistas como Christian Buteler advirtieron que los costos relativos siguen incentivando la producción en el extranjero.
El Gobierno enfrentó este jueves un vencimiento de deuda por USD 4.341 millones, correspondiente a bonos reestructurados en 2020. Aunque las reservas netas están en terreno negativo, el mercado confía en que el Tesoro cumplirá con esta obligación gracias a la reciente obtención de un crédito Repo por USD 1.000 millones. Este instrumento financiero, diseñado para mejorar las expectativas de financiamiento, contribuyó a que el riesgo país bajara por debajo de los 600 puntos, un nivel no visto desde agosto de 2018.
Finalmente, Moody’s destacó que, aunque las políticas económicas actuales han mejorado la previsibilidad y reducido ciertos riesgos, persisten importantes desafíos estructurales. Recomponer las reservas internacionales y mantener una política fiscal estricta será crucial para avanzar hacia la eliminación del cepo cambiario en 2025 y evitar posibles inestabilidades cambiarias. Estos esfuerzos serán determinantes para consolidar los avances logrados y garantizar la sostenibilidad de las reformas a largo plazo.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
