19 septiembre, 2025

La pyme láctea que fue bloqueada obtuvo un fallo favorable en la Justicia: “Es un poco de oxígeno”

El magistrado José Ignacio Ramonet aceptó las apelaciones de la empresa, que había sido obligada a reincorporar a 29 trabajadores que paralizaron su planta en 2022 y fue embargada por más de 5 millones de pesos.
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La firma Lácteos Vidal de Carlos Casares, que fue bloqueada durante varias semanas en 2022, obtuvo un fallo favorable en la Justicia. El magistrado José Ignacio Ramonet, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 69, dio lugar a los pedidos de la compañía tras la movilización, organizada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, que se realizó este viernes en la dependencia judicial en contra de las anteriores resoluciones.

La empresa había despedido a 26 empleados y cesanteado a 3 delegados sindicales que habían participado de la medida de fuerza que durante varias semanas de 2022 impulsó la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina en la planta de Moctezuma (partido de Carlos Casares). En su lugar, contrató a 25 nuevos empleados.

Sin embargo, la Justicia le ordenó reincorporar a los despedidos bajo el apercibimiento de pagar una multa de 10 mil pesos por cada uno de los empleados por cada día que se demorara a cumplir con la medida. En total, la empresa debía desembolsar un total de 290 mil de manera diaria. En ese marco, Ramonet le había impuesto un embargo de 5.044.000 contra la empresa, que se habían acumulado por el incumplimiento de la orden judicial.

Pero ahora el juez concedió la apelación a las resolución que denegaba la sustitución del embargo por un camión y 2 acoplados. También hizo lugar a la impugnación a la liquidación de astreintes (sanción por demorar el cumplimiento de una orden judicial) impuesta por los 26 despedidos. Y ordenó la indisponibilidad de los fondos embargados, que quedarán en una cuenta del Banco Ciudad, en plazo fijo y en dólares.

lácteos
La empresa de Carlos Casares, que fue bloqueada durante varias semanas en 2022, logró que la Justicia les diera lugar a algunos de sus planteos.

Tras conocerse la noticia, la dueña de la empresa, Alejandra Bada Vázquez, dijo que esta decisión les da “un poco de oxígeno”.

Movilización en apoyo a la empresa

A partir de una convocatoria del MEAB, organizaciones empresariales y asociaciones de productores habían ido este viernes al Juzgado de Trabajo 69 de CABA para apoyar a la pyme y entregar un petitorio para que se revea el fallo. Desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas criticaron además duramente al juez Ignacio Ramonet por sus fallos en contra de la pyme.

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El conflicto de Lácteos Vidal se remonta a casi un año atrás, cuando la empresa sufrió bloqueos, amenazas y la imposibilidad de poner en marcha su producción.

“Pareciera que la Justicia laboral está empeñada en complicar cada vez más la situación de una pyme que nunca incumplió con los trabajadores, ni con ninguna de sus obligaciones”, sostuvieron en un comunicado previo a que se conozcan las nuevas determinaciones.

La invasión a la propiedad privada, las amenazas y la imposibilidad de poner en marcha la producción de lácteos fueron los motivos iniciales del pedido de la empresa para que los trabajadores se presenten en sus puestos, la negativa derivó en una pérdida de confianza que dio lugar a los despidos, a la liquidación de salarios que estuvo seguida de la presentación de una cautelar a destiempo de la que se ciñe el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo para presionar para la recontratación de 26 personas”, afirmaron desde la cámara.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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