Violencia K | El intendente de Pehuajó quiso pegarle a vecinos que le hicieron entrega de un petitorio
Pablo Zurro reaccionó con violencia al quedar en medio de una protesta por un conflicto con IOMA.
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El intendente ultra k de Pehuajó, Pablo Zurro, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de ser protagonista de una violenta reacción en el marco de una protesta vecinal desatada durante un conflicto entre una clínica y el IOMA.
Es que trabajadores de la Clínica del Oeste, el único sanatorio privado de la localidad, se manifestaron frente al Municipio luego de conocer, en voz de las autoridades del nosocomio, que el establecimiento corre peligro de cerrarse a raíz de la determinación de la obra social estatal de sacarla de su cartera de prestadores.
Esta es la reacción del Intendente de Pehuajó cuando le quieren entregar un petitorio aquellos que luchan incansablemente para que la Clínica del Oeste no sea quebrada y usurpada por el poder político. Fin. pic.twitter.com/WdsH451Uqk
La decisión del organismo que preside Homero Giles se habría dado producto de algunas irregularidades que los directivos de la clínica calificaron como “leves”. Según los manifestantes, están en peligro unos 50 puestos de trabajo, dado que la mayor parte de los ingresos serían gracias a los pacientes del IOMA, algo que es desmentido por los funcionarios regionales de la obra social. En ese marco, algunos manifestantes acusaban al intendente Pablo Zurro de incidir en las sanciones a la clínica para buscar “vaciar” al centro de salud y llevarse a sus profesionales al Hospital Municipal.
Un petitorio, un productor rural y una violenta reacción
En el marco de la protesta frente al Municipio, una empleada de la clínica identificó al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, cuando se encontraba en un vehículo junto a otros funcionarios municipales. Allí se acercó, junto a otros manifestantes, y le golpeó la ventanilla para hacerle llegar un petitorio.
Furia de un intendente ultra k durante una protesta en Pehuajó.
La conversación se desarrollaba con tranquilidad y el jefe comunal sugería a la trabajadora que pidiera una audiencia para poder conversar sobre la problemática. Sin embargo, al observar al productor rural José Perkins, una dirigente local opositora al intendente Pablo Zurro lo increpó con tono agresivo.
“¿Quién sos vos? ¿Quién es este bicho? ¿En qué clínica trabajás?” lanzó, mientras el dirigente replicó: “Soy un ciudadano”. “Pará, pará. No le voy a hacer nada” respondió enfurecido, mientras los funcionarios que lo acompañaban intentaban calmar al intendente kirchnerista.
El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.
En ese momento, Zurro descendió del vehículo y le recriminó a la mujer: “¿Por qué trajiste a este tipo” y volvió a dirigirse hacia el dirigente agropecuario: “¿En qué clínica trabajás vos?”. Luego se despidió de la mujer con una chicana: “Decile a los Cumba que pongan la platita”, en referencia a la familia local que está al frente del centro de salud en Pehuajó.
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Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.
Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.
Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.
Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.
Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.
Con las notificaciones encendidas, siempre
El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.
En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.
Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.
El discurso oficial del Gobierno de Javier Milei se construyó sobre una premisa innegociable: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y “el que las hace, las paga”, con un combate sin cuartel contra la corrupción de la “casta”. Sin embargo, cuando la denuncia surge desde las entrañas de las Fuerzas que el propio Presidente prometió reivindicar, la respuesta no es la investigación, sino el castigo.
El cabo Miguel Ángel Montiel no es un teórico de la política; es un efectivo que, tras nueve años de servicio, decidió encadenarse a metros de la oficina presidencial para exponer una red de “planillas fantasma” y desvío de fondos en la Superintendencia de Transporte de la PFA. Lo hizo a cara descubierta, con su uniforme y la honestidad de quien ya no tiene nada que perder.
La reacción del Ejecutivo fue un silencio ensordecedor.Ni Karina Milei, ni la ministra Alejandra Monteoliva, ni la hoy senadora Patricia Bullrich —quien históricamente se embanderó en la defensa de la “familia uniformada”— se dignaron a cruzar la calle para escuchar al denunciante. En lugar de una citación para auditar las cajas negras de la fuerza, Montiel recibió un mensaje mafioso: una “zona liberada” en su domicilio de Burzaco, donde una operación de inteligencia disfrazada de robo le arrebató las pruebas (pendrives, fotos, documentos y su notebook) que sustentaban su denuncia, bajo la vigilancia previa de drones que nadie pudo —o quiso— explicar.
Montiel esposado a las rejas de la Casa Rosada.
Entre el patrullero, el taller y la prohibición
La degradación de las Fuerzas de Seguridad no comenzó ayer, pero bajo la gestión actual ha alcanzado niveles de cinismo inéditos. Montiel confesó recientemente en una entrevista televisiva lo que es un secreto a voces en los pasillos de las comisarías: un sueldo de $850.000 tras casi una década de servicio no alcanza para sostener a una familia. Para poner un plato de comida en la mesa, el cabo debe sacarse el uniforme y ponerse el overol demecánico, realizando “changas” extrasque completen el salario que el Estado le mezquina.
Esta realidad de “policías pluriempleados” choca de frente con una burocracia estatal que parece ensañarse con el eslabón más débil. Mientras el Gobierno se jacta de una filosofía liberal que defiende la libertad de trabajo, a los efectivos se les persigue y prohíbe generar ingresos extra a través de aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Pedidos Ya o Rappi.
Es la cumbre de la humillación: el Estado les otorga salarios por debajo de la línea de pobreza, les quiebra la obra social (dejando a miles de familias sin cobertura médica digna) y, al mismo tiempo, les cierra la puerta a cualquier salida laboral honesta para sobrevivir. A quien se atreve a reclamar por esta miseria planificada, como hizo Montiel el pasado 2 de abril, la institución le responde con la persecución de su propia cúpula, tratándolo como a un delincuente por el solo hecho de querer ganar el dinero que el propio Ministerio de Seguridad no le garantiza.
Montiel junto a una madre y su hijo en la movilización frente al Edificio Centinela.
Danann y el peso de la traición electoral
El sentimiento de desamparo que recorre las filas de la fuerza encontró su voz política en el acto frente al edificio Centinela. Fue Emmanuel Danann quien, con la contundencia que el momento exigía, puso nombre y apellido al malestar de miles de uniformados.
Como señaló Danann en su discurso, este gobiernose embanderó con la defensa de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas para ganar votos, asegurando que el apoyo sería total. Sin embargo, en la práctica, la realidad es diametralmente opuesta. No sólo se mantienen salarios de miseria, sino que se ha permitido el vaciamiento de la obra social (IOSFA / OSPFA), dejando a los efectivos y sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta ante cualquier problema de salud.
La traición es doble porque no sólo es económica, sino moral. El mileísmo, que se jacta de combatir a los “corruptos”, ha decidido amparar a las cúpulas denunciadas mientras utiliza el aparato de inteligencia para perseguir a los que, como Montiel, se atreven a señalar dónde se fuga el dinero. La reivindicación prometida resultó ser un espejismo: el apoyo del Estado hoy no es para el policía que arriesga la vida en la calle, sino para el sistema que garantiza que nada cambie.
Junto a Miguel Montiel, Emmanuel Danann en el discurso que dio el 2 de abril.
Operación de inteligencia y amenazas a la familia
La persecución contra Montiel no sólo es política, es quirúrgica y mafiosa. El ingreso a su domicilio en Burzaco el pasado 12 de febrero no tuvo las características de un robo común. El uso de drones para vigilancia previay la permanencia de los delincuentes dentro de la casa, incluso al notar que se trataba de la vivienda de un policía, delatan una operación de inteligencia. El objetivo fue claro: sustraer una notebook, fotos, dos pendrives y la documentación probatoria de la corrupción denunciada. Si fuera un “robo al voleo”, ¿a qué delincuente puede interesarle robar pendrives, fotos y documentación?
Al cabole habrían mandado a robar las pruebas, pero además le dejaron un mensaje claro: su familia está marcada. El asedio ha escalado hasta las amenazas directas contra su entorno, una táctica de terrorismo institucional para quebrar la voluntad de quien decidió no ser cómplice.
El alambre por donde ingresaron los delincuentes: cortadoUna de las puertas forzadasLa habitación revuelta, la campera de la PFA a la vista
En paralelo, el asedio continuó en el plano administrativo con una desprolijidad que roza el absurdo. La Subinspector Celia Rejas —como encargada— y los cabos Álvaro Cabrera y Luis Andrada —como testigos— se presentaron para notificar al denunciante de resoluciones que exponen el apuro de la cúpula por desplazarlo. En un acto de negligencia documental, las actas oficiales registran periodos de “disponibilidad” fechados erróneamente en 2025, un yerro técnico que demuestra cómo se están armando expedientes a contrarreloj para intentar dar un barniz de legalidad a la persecución.
En un video publicado el martes 7 de abril en su Instagram, Montiel dijo: “hoy tuve la agradable visita, e inesperada, de mis camaradas de la comisaría Belgrano Norte, para notificarme. Me hicieron firmar tres actas de notificaciones […] están analizando qué es lo que van a hacer: si me van a echar de la policíao si continúo en servicio pasivo”.
La maniobra final es la más perversa: la patologización del reclamo. Apenas Montiel expuso las cajas negras de la fuerza, el sistema respondió pasándolo a revista de forma inmediata. Ahora que el cabo sumó a su denuncia el reclamo por mejoras salariales y el estado terminal de la obra social, la institución activa el protocolo del silencio: dicen que “está loco”. La revisión de la Junta Médica para evaluar su “aptitud psicofísica” no es un examen de salud, es el mecanismo histórico para declarar “no apto” al que señala la suciedad, buscando quitarle el uniforme y la credencial para silenciar su testimonio mientras el Estado le respira en la nuca a su familia.
Como parte de este desarme simbólico, la cúpula le exigió la entrega inmediata de su uniforme y equipo. Sin embargo, Montiel se negó rotundamente a ceder sus atributos de mando, ya que aún posee estado policial. Sabe que el objetivo… de esta intimación es despojarlo de su identidad policial para que no pueda aparecer uniformado en videos o ante la prensa, intentando restarle peso a su denuncia. A pesar de que ya le han prohibido formalmente presentarse en eventos públicos y medios de comunicación, el cabo resiste: entiende que el uniforme no le pertenece a la cúpula que lo persigue, sino al juramento que ellos mismos traicionaron.
Video subido por Miguel Montiel a sus redes sociales explicando la entrega de notificaciones.
La persecución contra Montiel saltó de la calle a la pantalla de televisión. El miércoles 8 de abril, el cabo se presentó uniformado en el piso de Crónica TV, en una visita gestionada por Emmanuel Danann y Augusto Grinner, para exponer ante todo el país lo que el Ministerio de Seguridad intenta ocultar. Con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, Montiel adelantó lo que era un secreto a voces: que su expulsión de la fuerza era cuestión de horas.
Su capacidad de anticipación fue milimétrica. Sólo 12 horas después de su aparición televisiva, la cúpula policial envió a su domicilio el acta de defunción de su carrera policial. Al momento de estampar la firma en el acta que pretende silenciarlo, el cabo, retirado del Ejército, dejó un mensaje de puño: “En disconformidad. ¡Viva la Patria!”.
El cementerio de la desidia y el grito de “los buenos”
La crisis que atraviesan las Fuerzas de Seguridad no es sólo administrativa o salarial; es una tragedia humanitaria que se mide en vidas perdidas. Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal construido, en parte, sobre el hambre de quienes arriesgan la vida, la realidad en las barriadas del conurbano y el interior del país es desoladora. Los suicidios de tres efectivos policiales en los últimos días—en Temperley, Entre Ríos y Merlo— son el síntoma terminal de un sistema que asfixia al personal, les quiebra la salud mental y les quita la cobertura médica básica.
Montiel, visiblemente afectado por la pérdida de sus pares mientras él mismo resiste el asedio oficial, fue tajante al referirse al agente de la PFA que se quitó la vida: “Quería […] mandarle mis condolencias a los familiares de mi camarada fallecido en el día de ayer, que sepan que no están solos“, frase que no es sólo un pésame, sino además una denuncia contra la soledad a la que el Estado arroja a sus efectivos. El cabo, que hoy debe trabajar como mecánico para subsistir, sintetizó el sentimiento de quienes aún honran el uniforme a pesar de la cúpula:“los de azul son los buenos”.
María Belén Ferreyra Suicidada el 28 de marzoDaniela Giuliana Lezcano Balzer Suicidada el 2 de abrilJuan Antonio Laundolfi Suicidado el 6 de abril
La resistencia del cabo Montiel ha dejado al descubierto la grieta que separa el relato oficial de la cruda realidad de las comisarías: mientras en los despachos gubernamentales se celebran los números macroeconómicos, en la calle los efectivos enfrentan el desamparo de una obra social quebrada, salarios que no cubren la canasta básica y un sistema que, lejos de proteger al honesto, parece diseñado para silenciarlo bajo amenazas y amonestaciones.
El caso de Montiel no es un hecho aislado, sino el espejo de una Fuerza que exige a gritos ser dignificada antes de que el silencio y la desidia se sigan cobrando vidas.
La narrativa de la escasez que Jorge Milton Capitanich cultivó durante décadas se desmorona ante la frialdad de los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras el exgobernador chaqueño aseguraba públicamente no poseer ni casa ni auto, los registros de la Central de Deudores revelan la existencia de una estructura empresarial de gran escala: Capitanich Agropecuaria SAS.
Esta firma protagoniza un escándalo financiero de proporciones sistémicas: según los datos oficiales consultados por esta redacción, la empresa acumula aproximadamente 180 cheques rechazados por falta de fondos.El monto del incumplimiento es estrepitoso: la deuda asciende a casi 3 mil millones de pesos, dejando un tendal de proveedores y acreedores en el sector agroindustrial del NEA.
Este descalabro no es sólo contable; es un patrón de poder expuesto. La utilización de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) —formato diseñado para la agilidad comercial— terminó convirtiéndose en el vehículo de un colapso que la actual gestión provincial ya utiliza para contrastar la realidad patrimonial de quien, hasta hace poco, manejaba los destinos del Chaco.
El análisis técnico de la Central de Deudores del Banco Central permite desmenuzar un fenómeno de morosidad récord. Capitanich Agropecuaria SAS no sólo integra la lista de morosos, sino que muestra una aceleración de incumplimientos que se intensificó durante el último año. El volumen de cheques “rebotados” inhabilita de facto el CUIT de la firma para cualquier operación comercial futura.
Lo que vuelve este caso un hecho político ineludible es la dualidad de los registros financieros de Jorge Milton Capitanich. Mientras su estructura empresarial se encuentra en una situación de irregularidad severa, sus compromisos bancarios como persona física —que oscilan entre los 18 y 24 millones de pesos este año— se mantienen bajo la calificación de “Situación 1”; es decir, el exgobernador cumple con sus deudas personales mientras su brazo agropecuario deja un tendal de documentos sin fondos en el mercado.
Este descalabro financiero se inserta en un contexto crítico para el sector en el NEA, donde el rechazo de cheques ha vuelto a niveles de la pandemia, con más de 175.000 documentos rebotados en el primer bimestre de 2026. Sin embargo, la responsabilidad de la SAS de Capitanich queda bajo la lupa por la magnitud de su pasivo, una maniobra que suele ejecutarse bajo la expectativa de cobrar cosechas que nunca llegaron a cubrir los compromisos.
El ranking del desplome en el NEA
La situación de Capitanich Agropecuaria SAS adquiere una dimensión aún más escandalosa cuando se la compara con la crisis de pagos que asfixia a otras provincias de la región, como Misiones. Informes recientes del sector yerbatero exponen un “festival de cheques rechazados” que golpea a cooperativas y empresas con décadas de trayectoria. Sin embargo, los números de la firma del exgobernador chaqueño logran lo impensado: superar en volumen de deuda a los casos más críticos del sector misionero.
Mientras empresas yerbateras de peso como la Cooperativa Agrícola Km 16 o Yerbatera Lewtak registran deudas abultadas (con pasivos de entre 1.700 y 1.854 millones de pesos), la empresa de Capitanich las sobrepasa cómodamente con sus más de 2.800 millones de pesos en documentos sin fondos. El contraste es total: mientras el sector productivo del NEA intenta sobrevivir a deudas millonarias en medio de una crisis de liquidez y retrasos en las cosechas, la estructura vinculada al poder político chaqueño encabeza el ranking del descalabro financiero en el noreste argentino.
El patrón del poder en Chaco
El colapso de Capitanich Agropecuaria SAS no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de un engranaje donde los intereses privados y el ejercicio del poder público se desdibujan. El perfil de la familia Capitanich en el sector agroindustrial ya contaba con antecedentes polémicos: su hermano, Héctor Wiliam Capitanich, también ha enfrentado deudas millonarias con el Nuevo Banco del Chaco, consolidando un patrón de beneficios financieros y posteriores incumplimientos que hoy se repite con el exgobernador.
La actual gestión provincial, liderada por Leandro Zdero, ha puesto la lupa sobre una coincidencia temporal inquietante. Mientras la empresa de Capitanich acumulaba este tendal de cheques rechazados, la administración saliente emitía documentos diferidos por 3.500 millones de pesos apenas días antes de dejar el mando en diciembre de 2023. A esto se suma la investigación por el presunto uso discrecional de Aportes No Reintegrables para favorecer a socios y aliados políticos antes de la transición.
Hasta el momento, el silencio es la única respuesta oficial. El hombre que solía dar cátedra sobre macroeconomía en redes sociales y criticar la gestión ajena, hoy evita explicar cómo su propia firma agropecuaria pudo emitir casi dos centenares de documentos sin fondos. La “bomba” financiera en el Chaco ya estalló, y las esquirlas apuntan directamente a la contradicción final de un relato que pregonó la heladera vacía mientras operaba cajas millonarias en las sombras.
La Legislatura de Chubut sancionó la semana pasada la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet por parte de personas presas en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que recibió dictamen previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, obtuvo un respaldo amplio y sin diferencias partidarias.
SE TERMINARON LOS “CALL CENTERS” DEL DELITOAprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia.Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las “oficinas remotas” del delito manejadas desde una cárcel.Hoy Chubut… https://t.co/ugWokRHCEo
El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción con una publicación en su cuenta oficial de X: “Se terminaron los call centers del delito. Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia. Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las ‘oficinas remotas’ del delito manejadas desde una cárcel”. Torres también destacó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La diputada Andrea Aguilera, una de las principales defensoras de la norma, explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. La legisladora fundamentó el amplio respaldo con datos concretos: en Chubut se registraron extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y hubo casos de personas hostigadas que terminaron suicidándose por la presión sufrida.
La nueva directiva no implica una interrupción absoluta del contacto de los detenidos con el exterior. Aguilera fue enfática al respecto: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación”. El texto garantiza el derecho a comunicarse con familiares, defensores, y para tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero bajo un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que permitan navegar por internet.
Las terminales institucionales habilitadas deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz. Quedaron expresamente prohibidos el acceso a internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, las videollamadas y el intercambio de archivos. Además, las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará un registro de cada comunicación con datos de fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Qué establece la ley
El texto prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. La norma tendrá vigencia en establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia. También alcanzará a quienes estén alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial de jueces o tribunales provinciales.
La ley también faculta a la autoridad de aplicación a instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, y establece como obligación permanente de las autoridades el control para evitar el ingreso de dispositivos.
UN PASO FIRME CONTRA EL DELITO ORGANIZADOEn Chubut dejamos atrás una práctica que durante años permitió que el delito se siga gestionando desde adentro de los lugares de detención.Con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías,… pic.twitter.com/KgJOEQbY6v
El Ministerio de Seguridad de la provincia contará con 180 días para reglamentar la ley y adaptar cada unidad de detención, tarea que incluye la definición de protocolos, el equipamiento permitido y las modalidades de comunicación legal.
Aguilera reconoció, sin embargo, que la norma tiene un límite: alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita provincial, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones. Torres, en ese sentido, instó a extender la iniciativa al resto del país.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional.
El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.
Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”.
Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.
Radiografía en tiempo real de cada beneficiario
El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles).
Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados.
También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.
Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.
Los datos descubren lo que el Estado no veía
El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.
También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.
El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.
No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.
Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente
El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias.
La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.
En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital.
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.
El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.
Derivaciones automáticas entre organismos
Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos.
Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso.
“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez.
El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.
“Un Estado que anticipa antes de actuar”
Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.
La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena.
La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.
Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.
El gobierno del presidente Javier Milei puso bajo revisión un total de 44 inmuebles distribuidos en todo el país que estaban bajo la órbita del anteriormente conocido como Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), hoy Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
Un documento oficial fechado el 19 de marzo de 2026 —elaborado por la Subgerencia de Servicios Generales del organismo— propone anular transferencias en curso, retirar estas propiedades del balance contable del instituto y redefinir su titularidad. La medida está a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti y genera una fuerte resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas.
El dictamen fechado el 19 de marzo de 2026 responde, en los hechos, a una pregunta que hasta ahora no había sido contestada. En el marco de la aplicación del DNU 88/2026, el texto plantea una serie de medidas técnicas que, en la práctica, abren el camino para una eventual venta de esos 44 inmuebles. Entre ellas figura la anulación de las transferencias en curso que habían dispuesto el traspaso de esas propiedades al IOSFA, la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que retome la jurisdicción sobre los bienes, su exclusión del patrimonio neto del IOSFA/OSFA y el archivo definitivo de los expedientes administrativos vinculados a esos activos.
El memorándum detalla la gestión de inmuebles asignados y en transferencia al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), incluyendo propuestas para la anulación de asignaciones y la solicitud de nuevos trámites. Se menciona la necesidad de cumplir con normativas específicas y se presenta una lista de 44 inmuebles a considerar para reasignación.
En la Ciudad de Buenos Aires, el listado incluye la sede central del IOSFA, el edificio San José, la Policlínica General Omar Actis, la Farmacia Pedro Mallo, el Hotel Ushuaia y el Archivo e imprenta de Trelles. En la provincia de Buenos Aires aparecen los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, en Mar del Plata, junto con el Hotel Cóndor, el Hotel Metropol, las delegaciones de Bahía Blanca, La Plata y Tandil, y los centros recreativos de San Clemente y Zárate.
En Córdoba figuran el Hotel Social de La Falda, el Hotel Villa General Belgrano, la Residencia Cosquín y la Colonia Miraflores. En Santa Fe se incluyen las farmacias de Rosario y Santa Fe, además de las delegaciones de ambas ciudades. La nómina también alcanza a la delegación de Corrientes y a inmuebles ubicados en Salta y Tierra del Fuego.
Muchos de estos bienes —como los hoteles en Mar del Plata o la residencia en Cosquín— pertenecían originalmente a las propias fuerzas y fueron transferidos al IOSFA en décadas pasadas, por lo que su posible venta genera un doble agravio. Primero se pierde la obra social, y luego se pierde el patrimonio construido a lo largo de décadas.
Esta situación no ocurre de la nada. El Gobierno Nacional tiene en marcha un plan integral de venta de activos públicos que incluye tanto inmuebles militares como empresas estatales. El Decreto 950/2024 ya había habilitado a la AABE para vender o transferir un listado de 309 inmuebles nacionales declarados “innecesarios”, y en 2025 ya se concretaron algunas ventas, como el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero por USD$34 millones.
En paralelo, el gobierno evalúa crear un fondo específico con el 10% de lo recaudado por privatizaciones y ventas de bienes públicos para financiar la recompra de armamento y el reequipamiento militar. El Ejecutivo calcula que podría reunir entre USD$1.500 y USD$3.000 millones con ese mecanismo. En teoría, esto permitiría “compensar” la pérdida de patrimonio histórico con nueva capacidad de combate.
“Quieren pagar la deuda rematando el Estado”
La reacción dentro de las Fuerzas Armadas fue de enojo y desconfianza. Un militar en actividad consultado por el medio La Política Online fue contundente: “Toda esa lista de inmuebles van a ser afectados a la venta para poder pagar la deuda o parte de la deuda”.
El mismo informante señaló lo llamativo de la situación: “algunos bienes son de las fuerzas, por ejemplo los hoteles Antártida y Tierra del Fuego, la residencia Cerrón a la Falda… esos eran hoteles de las fuerzas que después pasaron al IOSFA”.
El malestar se agrava por otros flancos. El ministro Presti, siendo él mismo un militar, tomó la decisión de poner al Ejército a conducir la nueva obra social OSFA, lo que generó enojo en la Fuerza Aérea. Además, cuando el Ministerio de Economía se negó a aportar fondos para cubrir las deudas del IOSFA, el gobierno recurrió a las partidas operativas de las propias Fuerzas Armadas, financiando la crisis de salud a costa del presupuesto de defensa.
El IOSFA fue creado en 2013 mediante el Decreto 637/13 para unificar las coberturas médico-asistenciales del personal de las Fuerzas Armadas y de determinadas fuerzas de seguridad federales (Prefectura Naval y Gendarmería Nacional). Era la tercera obra social más grande del país, con cerca de 600.000 afiliados.
La institución colapsó financieramente a lo largo de 2024 y 2025. Según una auditoría interna, la deuda pasó de aproximadamente $70.000 millones en marzo de 2024 a $173.000 millones al cierre de ese año.
De acuerdo con los expedientes, la obra social recibió un superávit de $25.000 millones cuando el exministro de Defensa de la Nación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, Luis Petri asumió. Sin embargo, ese colchón fue consumido rápidamente. Bajo la conducción de Oscar Sagaz (primer hombre de Petri en el organismo), se tomó un préstamo de $14.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) que nunca fue devuelto. Luego se pidió un segundo préstamo de $42.000 millones, supuestamente para equipamiento médico, pero utilizado para pagar deudas con proveedores, lo que agravó aún más el déficit. A cargo de su administración la deuda creció hasta superar los $200.000 millones.
La causa principal fue la falta de pago de aportes y contribuciones patronales por parte del Estado Nacional —es decir, el propio gobierno no cumplía con lo que le correspondía pagar como empleador—, lo que generó una brecha crítica entre los ingresos del instituto y el costo real de las prestaciones médicas. El déficit mensual llegó a los $15.000 millones. Para octubre de 2025, por primera vez en su historia, el IOSFA tuvo que pedir un “salvataje” de emergencia al Ministerio de Defensa para pagar deudas con droguerías proveedoras de medicamentos.
Las consecuencias para los afiliados fueron gravísimas, entre ellas el recorte sistemático de prestaciones, falta de medicamentos oncológicos, hospitales sin cobertura en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte.
Previamente, en febrero de 2026, se dictó el DNU 88/2026, mediante el cual dispuso la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales, la OSFA, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El decreto también estableció un período de transición de hasta 365 días para ordenar el traspaso de afiliados, bienes, personal y obligaciones, con el objetivo declarado de garantizar la continuidad de las prestaciones de salud.
El decreto argumentó que la separación permitiría una gestión más eficiente y adaptada a las realidades de cada situación. Sin embargo, el decreto no especificó ningún mecanismo concreto para saldar la deuda heredada, ni un cronograma de transición, ni un sistema de control externo independiente.
Las dos contrataciones cuestionadas
El 18 de marzo de 2026, el administrador designado del IOSFA, el coronel mayor (R) Ariel Guzmán, aprobó una contratación directa “por especialidad” por $108 millones para el mantenimiento del “sistema asistencial” durante seis meses, con opción a prórroga.
La empresa adjudicada fue Tekhne SA, presentada como única oferente. La firma es presidida por Rodolfo Héctor Montonati y dirigida por Enrique Alberto Cuello y Valeria Esther Montonati. No se trata de un vínculo nuevo, ya que los registros del propio IOSFA muestran que Tekhne SA ya había sido la única ofertante en una contratación directa por especialidad para el “mantenimiento y actualización del Sistema SIA” en 2023, lo que indica una relación comercial reiterada bajo la misma modalidad.
La modalidad de “contratación directa por especialidad” es un mecanismo excepcional del régimen de compras públicas que permite adjudicar sin competencia abierta cuando se justifica que solo una empresa cuenta con las capacidades técnicas necesarias. Lo que no cierra es que el proceso fue iniciado en diciembre de 2025, mientras el organismo ya estaba en camino a su liquidación.
Apenas días antes, el 2 de marzo de 2026, el gerente general Sergio Maldonado había autorizado, mediante la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, una licitación privada por $86.578.259,04 para contratar una consultora externa que elabore un Programa Integral de Prestaciones (PIP).
El objetivo formal era diseñar el modelo de cobertura médica del IOSFA. Sin embargo, el propio gobierno ya había decidido disolver el organismo semanas antes. En los fundamentos del pliego, el IOSFA admite que no cuenta internamente con el equipo técnico necesario para esa tarea.
Estas decisiones contrastan con la lógica que suele esperarse en un proceso de disolución. En teoría, una institución en liquidación debería concentrarse en reducir compromisos y gastos corrientes, auditar la situación heredada y ordenar el cierre de manera transparente y controlada.
La continuidad de gastos elevados y el uso de mecanismos que eluden la competencia abierta alimentan sospechas de un posible “vaciamiento de último momento” antes del cierre definitivo del organismo.
El hecho de que el llamado para la contratación de Tekhne SA se remonte a diciembre de 2025 —antes del decreto de disolución— no elimina la incógnita sobre si era necesario formalizar este contrato una vez conocida la decisión de liquidar el organismo.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
La provincia buscará que los adultos responsables afronten el costo de cada operativo de seguridad. En apenas cinco días se registraron 158 intervenciones y, en una sola jornada, hubo 78 llamados al 911. “Cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”, advirtieron desde el Ministerio de Justicia.
Un procedimiento conjunto con el municipio de General Pueyrredón terminó con la demolición de más de 170 puestos instalados durante décadas en la Rambla.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
