10 septiembre, 2025

México | Supuestos sicarios del CJNG capturaron y amenazaron a escorts en Guanajuato

Autoridades federales confirmaron que el video es reciente y fue grabado en dicho Estado, presumiblemente, las víctimas habrían sido liberadas.
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En redes sociales comenzó a difundirse un video que, además de la sensibilidad de su contenido, refleja que la violencia de los grupos criminales en Guanajuato no se ejerce exclusivamente hacia miembros de los cárteles rivales, sino que también está dirigida a civiles.

Un grupo de sujetos vestidos de negro, encapuchados y equipados con armas largas, capturó a varias mujeres que, aparentemente, trabajarían como escorts en el estado. Al menos 2 de los 4 presuntos sicarios que aparecieron en la grabación llevaban impresa en su ropa la leyenda “CJNG”, alusiva al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Roberto Madrazo on Twitter: “Sr. Presidente @lopezobrador_, estos son los graves problemas que debería estar resolviendo. El #CJNG ha expandido sus actividades, hasta llegar al punto de cobrar “derecho de piso” sobre las mujeres y sus cuerpos. Usted tiene una grave crisis de gobernabilidad, que quiere… pic.twitter.com/WnioEfvBn0 / Twitter”

Sr. Presidente @lopezobrador_, estos son los graves problemas que debería estar resolviendo. El #CJNG ha expandido sus actividades, hasta llegar al punto de cobrar “derecho de piso” sobre las mujeres y sus cuerpos. Usted tiene una grave crisis de gobernabilidad, que quiere… pic.twitter.com/WnioEfvBn0

“Esto es para que sepan que este negocio de las escorts tiene dueño, CJNG, y se tienen que reportar cada semana. A toda aquella que no haga caso, se la va a cargar la verga”, fue parte del mensaje amenazante que leyó uno de los individuos. Además advirtió que todas las mujeres que se dediquen a prestar este tipo de servicios estarán “controladas” por medio de un brazalete que les proporcionará el mismo cártel. En el video, todas las víctimas del amedrentamiento llevaban puesta una pulsera de color amarillo que, posiblemente, correspondería a este distintivo.

“Las tenemos ubicadas”, añadió el encapuchado como parte de la amenaza. Acto seguido, mencionó los nombres que serían de varias trabajadoras en la entidad que se dedicarían a brindar acompañamiento remunerado.

De forma simultánea, otro de los presuntos sicarios se dirigió a una de las mujeres y, mientras la amenazó con un arma, la obligó a tirarse al piso boca abajo. Ante esto, ella le suplicaba que no le disparara. Una vez en el suelo, el sujeto colocó su pie encima de su espalda para inmovilizarla y siguió apuntándole con la pistola.

El encargado de leer el intimidante mensaje extendió la amenaza a las agencias y a las escorts que utilizan internet para promocionar sus servicios. También se dirigió a quienes trabajan en cantinas, bares y otros centros nocturnos. “Si no se acomodan, se las va a cargar la verga. Primer aviso, Cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo el aparente criminal al final del comunicado.

El video, de 1 minuto y 10 segundos de duración, termina cuando la joven tirada en el piso suplica una y otra vez que no le disparen, mientras el hombre que la tiene sometida le exige que no hable y mantiene el arma apuntando a su cabeza. Hasta el momento de la presente publicación, se presume que la mujer podría seguir con vida.

Según se informó en el noticiero del periodista Ciro Gómez Leyva en Grupo Imagen, las autoridades federales ya tuvieron conocimiento de estos hechos y confirmaron que ocurrieron en Guanajuato. Aunque los reportes preliminares señalaron que el grupo de mujeres habría sido capturado en la ciudad de León, no hay información oficial que permita corroborar que efectivamente los hechos sucedieron ahí.

“Están enterados de los hechos, el video es reciente y no saben si ocurrió en León, pero sí en Guanajuato. Saben que hasta esta noche (22 de junio) no hay ninguna denuncia por desaparición en el Estado de Guanajuato de un grupo de mujeres, lo que hace suponer que ellas fueron amenazadas, grabadas y luego las soltaron”, detalló el periodista Manuel Feregrino durante la emisión.

En caso de confirmarse la pertenencia de los posibles criminales al CJNG, sería evidencia del alcance que ha tenido el crimen organizado en el Estado, pues la disputa que mantienen con el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) ya no se limitaría sólo al control de establecimientos nocturnos para vigilar el narcomenudeo, sino que tendría implicaciones en otros rubros, como el trabajo sexual.

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Alemania prohibió el uso del “lenguaje inclusivo” en documentos oficiales

Alemania prohibirá el uso de lenguaje inclusivo en documentos oficiales, discursos y comunicaciones internas del área cultural, así como en la Cancillería. La decisión del ministro de Estado de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, de prohibir su utilización en documentos oficiales representa un punto de inflexión significativo.

La medida, que afecta a aproximadamente 470 empleados bajo su jurisdicción, prohíbe específicamente el uso de asteriscos (*), símbolos como “@”, desdoblamientos de género y otros signos destinados a marcar la neutralidad de género en comunicados oficiales.

Weimer fundamenta su decisión en la adherencia al alemán normativo según las directrices del Consejo de Ortografía Alemana, argumentando que “el lenguaje debe unir, no dividir” y que “el género forzado de ninguna manera refleja cómo habla la gran mayoría en nuestro país”. Su posición va más allá de su departamento, ya que ha instado a los 15 ministerios federales, fundaciones, medios públicos, el sistema educativo y las instituciones culturales a adoptar la misma política.

Esta decisión no surge en el vacío. Alemania ha experimentado un movimiento progresivo de restricción del lenguaje inclusivo desde 2024, cuando el estado de Baviera se convirtió en pionero al prohibir esta terminología tanto en el ámbito educativo como en las administraciones públicas. La medida bávara fue seguida por otros estados federados, incluyendo Sajonia, Hesse, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingia y Bremen.

En julio de 2025, el Ministerio de Educación y Familia, bajo la dirección de la ministra Karin Prien del partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), amplió estas restricciones a nivel nacional, ordenando el respeto a las “reglas tradicionales de la ortografía alemana” y eliminando el uso del Gender-Sternchen (asterisco de género) y el Binnen-I (mayúscula interna).

Weimer defiende que las intervenciones lingüísticas deliberadas son “no solo innecesarias, sino que dañan la belleza de nuestro lenguaje” y amenazan “nuestra cultura lingüística en esta tierra de poetas y pensadores”. Esta retórica apela a una concepción tradicional de la identidad cultural alemana que privilegia la preservación del idioma sobre la inclusividad.

Los defensores de la prohibición argumentan desde múltiples perspectivas. Partiendo del punto de vista técnico, sostienen que el uso de símbolos especiales “perjudica la inteligibilidad, legibilidad y traducibilidad automática, así como en muchos casos la singularidad y seguridad jurídica de los términos y textos”. Esta posición ha sido respaldada por el Consejo de Ortografía Alemana, que en marzo de 2021 rechazó formalmente la inclusión de estos símbolos en las reglas ortográficas oficiales.

La decisión debe entenderse dentro del contexto político más amplio del ascenso de Friedrich Merz y el giro conservador de la CDU. Como señalan algunos análisis, sectores de la CDU en torno a Merz abogan por un “renacimiento burgués” y han declarado la guerra al “capitalismo woke” y al “neoliberalismo progresista” con sus medidas de igualdad y antidiscriminación.

Los partidos progresistas, especialmente los Verdes, han caracterizado la medida como un “retroceso simbólico” que “invisibiliza a personas no binarias y trans”. El diputado verde Erik Lehmann ha calificado a Weimer de “activista misionero cultural”, cuestionando si actúa como ministro de Cultura o “para su política cultural, de predicar libertad y dictar prohibiciones”.

La Asociación de Periodistas Alemanes (DJV) ha denunciado lo que considera una “grave extralimitación de competencias”, argumentando que las decisiones sobre lenguaje en medios de comunicación públicos no deberían estar sujetas a imposiciones ministeriales. Su presidente, según ha trascendido, ha enfatizado que “la propia idea de independencia de la radiodifusión pública respecto al Estado y de libertad artística implica que estas instituciones sean esencialmente independientes”.

Milei invitó a Netanyahu a Argentina para ser declarado “residente de honor”

El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.

En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.

La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.

Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.

La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.

En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.

La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.

Los miembros del Instituto Ludwig von Mises de Alemania renuncian y se niegan a darle un premio a Milei

Son épocas difíciles para el presidente Javier Gerardo Milei. La mayoría de los miembros del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania (MIG) anunció en el sitio web de la organización su renuncia, por no reconocer al mandatario argentino como alguien a quien tomar en cuenta seriamente en lo que a la teoría de la escuela austríaca de economía se refiere.

Dicen los mencionados en su texto: “A principios de julio, la Junta Directiva del Instituto Ludwig von Mises de Alemania (MIG) anunció la creación de un «Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises» en octubre de este año, que se otorgaría al presidente argentino Javier Milei. Ni la creación del premio (que, por cierto, es el único premio otorgado por el MIG) ni la selección del galardonado se discutieron previamente con el Consejo Asesor Científico del Instituto. Esto no solo es de mal gusto, sino que da al público la impresión de que estas decisiones cuentan con el respaldo de la Junta. Esto no es así”.

Y la carta, firmada por Rolf W. Puster, Jörg Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe, continúa: “Javier Milei ha demostrado que es posible obtener mayorías electorales para políticas libertarias radicales en países económicamente avanzados. Sin duda, este es un logro significativo. Tras su elección, se dedicó de inmediato a desmantelar el Estado y, en muchos aspectos, ha aplicado esta política con mayor determinación, mayor alcance y mayor éxito que cualquiera de sus predecesores argentinos”.

Sin embargo, los tres asesores (quedaron solo dos activos desde mediados de julio) consideran “injustificada la concesión de este premio”.

El resumen del por qué es lapidario en lo que a la figura del presidente paleolibertario argentino se refiere. “En nuestra opinión, un «Premio Conmemorativo en honor a Ludwig von Mises» podría otorgarse a científicos o políticos que hayan prestado servicios destacados al desarrollo, la difusión o la aplicación de las ideas de Mises. Es evidente que Javier Milei no es un científico, sino un político. Es cierto que ha dado a conocer los nombres de Ludwig von Mises, Murray Rothbard y otros pensadores de la Escuela Austriaca a un público más amplio. Pero su conocimiento de sus ideas y teorías es superficial y deficiente, por lo que su elogio es de doble filo. En cualquier caso, solo podemos aconsejar al público que no considere las declaraciones de Milei sobre filosofía económica como una autoridad.”

Los expertos en las teorías del economista estadounidense Murray Rothbard, que tanto alaba el presidente, piden que se juzgue a Milei por sus actividades políticas, y no teóricas. Pero tampoco en ese campo le asignan méritos: “Para empezar, Milei se encuentra al inicio de su carrera política. El éxito futuro de sus políticas hasta la fecha es muy cuestionable, y aún podría tomar muchos desvíos durante su mandato (…) Los éxitos que sus políticas hayan podido alcanzar hasta ahora se han logrado en gran medida mediante los medios habituales de financiación inflacionaria del gobierno, es decir, inflando la oferta monetaria y la deuda pública. Queda por ver si esta estrategia tendrá éxito con Milei, dado que ha fracasado repetidamente, y con razón, en Argentina y otros países en el pasado”.

Definitivamente, los tres consejeros renunciantes consideran que Milei no representan las ideas libertarias: “Todos los logros de su trayectoria política hasta la fecha se ven ya contrarrestados por importantes deficiencias: la centralización política del país, la expansión del estado policial, el fracaso en implementar la anunciada abolición del banco central (uno de los puntos más populares de su programa electoral), los regateos con las élites políticas tradicionales del país, que también dominan su gabinete, y una política exterior que no está orientada a la paz internacional y, por lo tanto, no es una política libertaria”.

Y asestan el peor de los latigazos finales: “Hoy en día, Javier Milei no solo defiende políticas económicas radicales financiadas por la inflación con un resultado incierto. También defiende una solidaridad acrítica y abiertamente entusiasta con los gobiernos actuales de Estados Unidos e Israel. En nuestra opinión, otorgar a Javier Milei un «Premio Conmemorativo en Honor a Ludwig von Mises» podría causar un daño duradero e irreparable al Instituto Ludwig von Mises de Alemania, así como a la Escuela Austriaca en su conjunto. No podemos ni asumiremos la responsabilidad por esto. Por lo tanto, declaramos nuestra renuncia al Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania”.

Los días de aplausos y premios desconocidos empiezan a alejarse de Javier Gerardo Milei, mientras dentro del país enfrenta fracasos a nivel legislativo y acusaciones de corrupción dentro de su entorno más íntimo.


*Fuente: Agencias Internacionales

HISTÓRICO: Comenzó el primer juicio por matar a un yaguareté

El juicio oral y público comenzó el martes y se programó para tres jornadas, hasta el jueves, fecha en la que el tribunal anunció que daría a conocer la sentencia. Se trató de un proceso sin precedentes: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un debate oral por la caza de un yaguareté. “Es la primera vez que logramos llegar a esta instancia judicial en 75 causas en más de 20 años”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director de la Fundación Red Yaguareté.

El caso se originó a fines de julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el oeste formoseño. La desaparición de una vaca lechera motivó que el dueño del campo, Máximo Cisneros (61), pidiera ayuda a los changarines Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para hallarla. Salieron armados y con perros, encontraron a la vaca muerta y, cerca de los restos, vieron al yaguareté. Según relataron, los perros se abalanzaron y la situación se descontroló. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, contó Viterman. De acuerdo con el expediente, Claudio ejecutó el disparo de escopeta que mató al animal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”.

Poco después, los cuatro lo carnearon, cocinaron y comieron mientras se fotografiaban sonrientes junto al cadáver. Las imágenes mostraron al animal maniatado, colgado y despellejado. La piel nunca apareció; se especuló con que pudo haber sido vendida. El 27 de julio de 2024, las fotos llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho. Los acusados indicaron luego que las fotos “fueron tomadas por unos vecinos”.

Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. El dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia con sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos, primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria con salidas laborales entre las 7 y las 15; sus defensores solicitaron la ampliación de ese horario y la respuesta quedó pendiente. Máximo Cisneros llegó al juicio en libertad.

El viernes 25 de julio a las 9 de la mañana, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados por Infobae desde Ibarreta, bajo arresto domiciliario y en presencia de sus abogados, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Durante la entrevista hablaron por primera vez del caso: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijeron. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.

Los tres se definieron como trabajadores rurales sin estudios formales y describieron su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, agregó.

El yaguareté está protegido como Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, la máxima categoría de protección. La causa se calificó como caza de animales silvestres cuya captura estuvo prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. Lodeiro Ocampo cuestionó la supuesta legítima defensa: “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer. Además, matarlos está prohibido por ley: si alguien decide hacerlo, tiene consecuencias penales y económicas”. Sobre la respuesta de los hombres, añadió: “No hay una definición de qué hacer, pero con unos disparos el yaguareté se va”.

Según la Fundación Red Yaguareté, las manchas del ejemplar funcionaron como huellas digitales y permitieron identificarlo como uno de los cinco registrados en Formosa; ahora quedaron cuatro. En 2023, en Clorinda, también en Formosa, otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 pesos.

El yaguareté, el felino más grande de América, se encontró en peligro crítico de extinción en la Argentina. Se estimó alrededor de 250 ejemplares en todo el país, divididos en tres poblaciones: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en el Chaco seco) y porciones de la selva misionera. En el norte del país se calculó entre 200 y 300 individuos; en el Gran Chaco argentino apenas quedaron 20. La caza furtiva y la degradación de ambientes por acción humana, con escasez de presas, figuraron como las principales amenazas. “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

Para la Red Yaguareté, el debate oral que comenzó el 12 de agosto representó “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”. La organización remarcó que, históricamente, “ninguno de los planes nacionales o regionales para conservar al yaguareté contempló la convivencia del animal y las personas en zonas rurales, especialmente con la ganadería”. Lodeiro Ocampo sostuvo: “La Ley Nacional de Faunas tiene 45 años, está obsoleta. Para esa ley una liebre y un yaguareté es lo mismo. Estamos intentando modificarla para cambiar las penas para las especies que están declaradas Monumento Natural Nacional, es decir, las de mayor nivel de protección, que tengan pena de prisión efectiva”. También señaló que el humano no formó parte de la dieta del felino y que los ataques a personas se produjeron solo cuando el animal se sintió atacado o atrapado.

CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

El Gobierno arremete contra Kicillof tras el crimen de Rita Suárez: “PBA es un baño de sangre”

El brutal asesinato de Rita Mabel Suárez el jueves 15 de agosto en Villa Luzuriaga ha reavivado el intenso debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el nuevo epicentro de una polémica entre el gobierno nacional y el provincial del gobernador, Axel Kicillof.

El subsecretario de Medios, Javier Lanari, expresó contundentemente que “La Provincia es un baño de sangre” y acusó a la administración bonaerense de “proteger delincuentes y fomentar la violencia”. Por otro lado, Kicillof reclama que el gobierno nacional “quitó 750 mil millones de pesos de un fondo que estaba destinado a seguridad”, equivalente según él a “la compra de 10.000 patrulleros”. El gobernador habría creado un programa provincial de $170.000 millones con recursos propios para fortalecer el despliegue policial. “Sí salis, no sabes sí volvés”, declaró una vecina sobre el violento hecho.

Kicillof ha intentado despolitizar el debate, señalando que “algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor” y criticando que “se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”. Sin embargo, el funcionario reconoció la gravedad de la situación: “Asumo una responsabilidad sobre la seguridad de 17 millones de bonaerenses”.

Rita Suárez, una preceptora de 47 años y madre de dos hijos, fue asesinada a tiros mientras esperaba en su automóvil que su hija saliera de una clase de canto en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

Según fuentes e imágenes de cámaras de seguridad, tres delincuentes —un mayor de 19 años y dos menores— intentaron robarle el Renault Sandero Stepway. Uno de los asaltantes, sin mediar palabra, abrió fuego a corta distancia a través del vidrio del conductor. Rita recibió el disparo mientras permanecía en el vehículo.

El hijo adolescente de la víctima, de 15 años, presenció la escena. En las grabaciones se lo escucha gritar desesperado: “Mamá, no”, mientras veía cómo disparaban contra su madre a solo unos centímetros. La mujer agonizó alrededor de 20 minutos hasta que un vecino la trasladó a la clínica Cruz Celeste de San Justo, donde finalmente falleció.

El crimen se produjo apenas 24 horas después de otro atroz suceso en el mismo partido, cuando motochorros asesinaron a una joven de 23 años en González Catán. En lo que va de 2024, La Matanza contabilizó 155 homicidios, once víctimas más que en 2023. Por su parte, 128.477 robos denunciados en 2024, representando un incremento del 18% respecto a 2023, junto con un aumento del 56% en homicidios en ocasión de robo en 2023 y el aproximado de 15 robos por hora (un robo cada cinco minutos), alimentando el reclamo de vecinos y autoridades por más medidas de seguridad.

Rita Suárez era una persona conocida y querida en su comunidad: trabajadora de la educación, fanática de la banda La Renga y responsable de un emprendimiento llamado “Bordando Rock”. Su muerte, frente a su hijo adolescente, movilizó tanto a los vecinos como a las autoridades educativas de la zona.

La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró un rápido esclarecimiento del caso gracias a un detalle insólito. Los delincuentes habrían pagado sus compras con billeteras virtuales. Tras cometer el crimen, los tres sospechosos compraron agua en un supermercado chino ubicado a seis cuadras del lugar del asesinato, donde Máximo José Leguizamón (17 años) pagó con una aplicación a su nombre.

Posteriormente, tomaron un remis que abonaron con otra billetera virtual perteneciente a Alex Uriel Muñoz (19 años), quien fue detenido en su domicilio de Rafael Castillo vistiendo la misma ropa del momento del crimen. En el allanamiento se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, cincuenta municiones y prendas manchadas con sangre. Un menor continúa prófugo.

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