Bullrich sobre las protestas en Jujuy: “Quieren lograr la amnistía de Milagro Sala y Cristina Kirchner”
La candidata presidencial aseguró que el oficialismo busca resolver la situación judicial de la vicepresidente y de la referente jujeña antes del 10 de diciembre.
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Patricia Bullrich, una de las candidatas presidenciales de Juntos por el Cambio, aseguró que las protestas violentas como las de esta semana en Jujuy tienen como objetivo final conseguir “una amnistía o un indulto” para Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner, ambas con condenas en la Justicia.
“Les digo que empiecen a guardar a sus 500 militantes porque los conocemos a todos y no vamos a dejar que tomen el país”, introdujo. Y puntualizó: “Acá lo que hay es una búsqueda de amnistía para Milagro Sala y para Cristina Fernández de Kirchner, el objetivo real es terminar el gobierno con esas causas que no han podido resolver por la vía que la deben resolver que es la Justicia”.
La dirigente piquetera Milagro Sala de Jujuy.
La ex ministra dijo además que las imágenes de esta semana le dan tranquilidad porque “son siempre los mismos” y se siente con “la autoridad y la capacidad para manejar esa lógica violenta que algunos quieren plantear”. “El kirchnerismo está queriendo generar la idea de que gobiernan ellos o el país es un caos. No vamos a entrar en ese debate. Vamos a decirle al pueblo argentino que Argentina va a entrar en una etapa de convivencia y de paz, de fin de los piquetes”, dijo la ex funcionaria de Mauricio Macri.
Además, advirtió que en caso de que gane las elecciones, los sindicatos docentes recibirán “sanciones muy fuertes” cuando haya huelgas generales como la que impulsó esta semana la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) en solidaridad con la provincia de Jujuy.
La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Ningún gremio puede parar la escuela de los chicos por lo que pasa en Jujuy. ¡Basta! Ese gremio va a recibir sanciones muy fuertes y no va a poder seguir actuando si sigue tomando a los chicos de rehén en Argentina. ¿Quieren hacer política? Que se metan de piqueteros. No pueden decidir un paro por algo que no les gustó de la Constitución de Jujuy“, fustigó. “Orden es la palabra central de nuestra campaña”, remarcó Bullrich.
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Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.
El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.
El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.
Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.
Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.
Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.
Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.
La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.
De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.
En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.
Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.
En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.
Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH
El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.
El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.
El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.
El Gobierno libertario, en su intento de reducir el gasto público y combatir la corrupción, anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En su lugar, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía. La medida, oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), comenzó a regir el 1 de enero.
Según Manuel Adorni, vocero presidencial, la creación de la Anpyn busca “eliminar entes y áreas con funciones duplicadas, reducir costos y lograr mayor eficiencia”. Destacó también que “se reducirá un 79% del personal, pasando de 1.420 empleados a solo 300, y se venderán inmuebles y activos innecesarios”. En redes sociales, Adorni calificó a la AGP como un “antro de corrupción y privilegios”.
La medida también incluye la reestructuración de inmuebles e infraestructura utilizados por los organismos disueltos, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir costos operativos. Según el Gobierno, esta acción se enmarca en una estrategia más amplia conocida como “la motosierra profunda”, que busca disminuir el gasto público en todas las áreas del Estado. Esta estrategia ha sido presentada como una forma de aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos y reorientar el presupuesto hacia sectores prioritarios.
La Anpyn asumirá el rol de concesionario de la Hidrovía hasta que se adjudique la licitación, un proceso clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de esta vía fluvial estratégica. También centralizará las funciones de la AGP, la Subsecretaría de Puertos y el disuelto Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA).
Entre sus principales tareas se encuentran la supervisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay —una arteria clave para el comercio exterior—, la concesión de terminales portuarias y la modernización de los puertos nacionales. Además, la Agencia asumirá un rol protagónico en la promoción de inversiones privadas y la asociación público-privada.
Iñaki Arreseygor, hasta ahora subsecretario de Puertos y Vías Navegables, liderará el nuevo organismo. Arreseygor, abogado con experiencia en el sector público y privado, asumirá el desafío de implementar los cambios propuestos. Su historial incluye cargos en el Gobierno de Cambiemos, lo que refuerza la expectativa de una gestión orientada a resultados concretos. Sin embargo, su designación también ha generado críticas por parte de sectores que cuestionan la falta de un perfil técnico más especializado en la dirección de un organismo con competencias tan amplias.
La nueva Agencia tendrá además la responsabilidad de fomentar la sostenibilidad ambiental en los puertos y las vías navegables. Para ello, se anunció la implementación de programas de monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto que permitan garantizar la protección de los ecosistemas aledaños a las zonas de dragado y operaciones portuarias.
El cierre de la AGP y la creación de la Anpyn generó reacciones diversas entre los especialistas y actores del sector. Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Naviera, consideró la medida como “muy positiva”. En declaraciones a Clarín, afirmó que la nueva Agencia otorga “jerarquía y autonomía” a un sector vital para el comercio exterior e interno. Además, destacó que el modelo busca reactivar el desarrollo portuario, un área relegada por políticas públicas inadecuadas. “Esperamos que la Anpyn sea una herramienta eficaz para impulsar este sector”, expresó.
Por el contrario, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, mostró preocupación por la falta de claridad en algunos aspectos del proyecto. “El cambio de dependencia del Ministerio de Transporte al de Economía podría complicar los sistemas de transporte multimodal”, advirtió. Morales también cuestionó la rapidez con la que se implementó la medida y la visión del ministro de Desregulación, FedericoSturzenegger. Recordó que este último había planteado la posibilidad de que buques de banderas extranjeras operaran en cabotaje marítimo, una idea contraria a las políticas de la mayoría de los países con litoral.
A su vez, varios expertos destacaron la importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay como eje fundamental del comercio regional. Esta vía fluvial conecta a Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, facilitando la exportación de cereales y productos industriales. Sin embargo, la falta de una política clara para fortalecer la flota fluvial nacional ha generado críticas. Mientras Paraguay consolidó una de las flotas fluviales más importantes del mundo, la de Argentina ha perdido protagonismo en las últimas décadas. Este desbalance pone de manifiesto la necesidad de una estrategia más integral para el desarrollo del sector.
El cierre de la AGP también responde a problemas financieros significativos. Según datos oficiales, el organismo acumuló un déficit de 9 millones de dólares en los últimos diez meses, un factor determinante en la decisión del Gobierno.
La AGP, en palabras del director del Observatorio PESCARE, Daniel Coluccio, era una “caja utilizada con fines políticos partidarios”. Según Coluccio, en los últimos diez meses del año pasado, el organismo generó un déficit de 9 millones de dólares. “El Gobierno busca un mejor perfil de transparencia en el sector, eliminando modelos asociados a la corrupción”, afirmó en una entrevista a Canal E.
La investigación sobre posibles irregularidades también abarca las concesiones otorgadas en el pasado, muchas de las cuales no cumplían con los estándares legales ni administrativos adecuados. Coluccio subrayó que el Gobierno deberá realizar auditorías detalladas para garantizar que los nuevos contratos sean transparentes y eficaces. Además, indicó que la Hidrovía Paraná-Paraguay deberá ser tratada como una prioridad geoestratégica, dada su relevancia no solo para Argentina, sino también para los países vecinos.
“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.
Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.
En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.
Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.
El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.
Hoy viernes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma al Código Electoral provincial, convirtiéndola en ley. Este cambio establece la adopción de la Boleta Única de Papel a partir de las elecciones de 2027. La iniciativa, promovida desde el Poder Ejecutivo, tuvo como principal defensor al gobernador Rogelio Frigerio, quien la describió como un avance histórico en modernidad y eficiencia democrática.
La nueva ley representa un quiebre con casi un siglo de tradición electoral basada en boletas partidarias. Con esta reforma, Entre Ríos se alinea con otras provincias como Santa Fe y Córdoba, que ya implementaron sistemas similares. El gobernador Frigerio se refirió a este hito de manera enfática: “Después de casi un siglo, los entrerrianos votarán de manera más moderna, ágil y transparente. Es un salto de calidad democrática que nos acerca a las mejores prácticas electorales de la región”.
El mandatario también destacó los beneficios económicos y ambientales asociados con la reforma: “Con la implementación de la BUP, se ahorrarán alrededor de 1.500 millones de pesos y se reducirá drásticamente el uso de papel. En las últimas elecciones, se emplearon 30.000 kilómetros de papel para imprimir boletas; este gasto es insostenible en términos ecológicos y financieros”.
La Boleta Única de Papel consiste en un documento de tamaño A3 que incluye todas las opciones electorales disponibles. Cada votante marca su elección con una cruz y luego deposita la boleta en la urna. Este modelo, además de simplificar el proceso de votación, agiliza el escrutinio. Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos, aseguró que “este sistema es más sencillo y seguro, permitiendo un conteo más transparente y eficiente de los votos”.
Además, se mantienen las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y se introduce un esquema de financiamiento estatal para las campañas, limitando los aportes privados. Esto busca nivelar las condiciones entre partidos grandes y pequeños, reduciendo las desigualdades en las competencias electorales.
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de controversias. Aunque la mayoría oficialista de Juntos por el Cambio logró los votos necesarios, el peronismo optó por abstenerse en Diputados, generando tensiones internas. La presidenta del bloque justicialista, Laura Stratta, argumentó que “no se incluyeron puntos clave que podrían haber fortalecido la reforma”. Sin embargo, esta postura contrastó con el respaldo que el peronismo había dado al proyecto en el Senado, donde algunos de sus miembros votaron a favor tras negociar modificaciones.
Rafael Cavagna, senador de Juntos por Entre Ríos, subrayó el carácter participativo del proyecto: “Esta ley es el resultado de un proceso abierto y transparente, en el que participaron partidos políticos, entidades educativas, gremios y organismos judiciales”. Cavagna también destacó que la reforma responde a una demanda histórica de 90 años por parte de la sociedad entrerriana.
Uno de los principales desafíos será garantizar que los ciudadanos comprendan cómo utilizar la nueva boleta. El gobierno provincial anunció un plan de capacitación masivo dirigido a votantes y autoridades de mesa. “Queremos que cada entrerriano llegue al día de las elecciones completamente informado y preparado para usar este sistema”, explicó Maneiro.
La reforma electoral se perfila como un avance integral para la democracia en Entre Ríos. Además de modernizar el proceso de votación, promete reforzar la transparencia y la equidad en las elecciones. Para Frigerio, esta medida representa “un legado para las próximas generaciones” y consolida su gestión como un punto de inflexión en la política provincial.
El impacto de esta reforma también se extenderá al financiamiento de las campañas, con topes más estrictos para los aportes privados y un monitoreo más riguroso. Esto no solo garantizará una competencia más justa, sino que también reforzará la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
