Coronel Rosales | El partido GEN se suma entre los adeptos que piden por “Bullrich Presidente”
El ex concejal y referente del espacio local, Pablo Pujol, expresó desde sus redes sociales que se apoyará a la ex ministra de Seguridad en las internas de JxC.
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El GEN, partido político que tiene como referente al ex concejal Pablo Pujol en Rosales, fijó su posición para las próximas elecciones. Acompañará la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. El edil lo comunicó desde sus redes sociales: “Es tiempo de intentarlo, es tiempo de compromiso y decisión para cambiar la realidad de nuestro querido distrito”.
“Desde el Partido GEN de Coronel Rosales, y como integrantes de la alianza Juntos por el Cambio, hemos decidido respaldar a nivel local, la candidatura a presidente de Patricia Bullrich. Conversamos con la doctora Natalia García Luna y otros vecinos que conforman ese espacio”, afirmó.
Comunicado del referente del GEN en Coronel Rosales, apoyando a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como precandidata a Presidente.
“Consideramos imperioso que se produzcan cambios significativos a nivel nacional y provincial pero sobre todo a nivel municipal. Es por ello que trabajaremos en conjunto para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa seria, comprometida y responsable para modificar el rumbo de Coronel Rosales”, expresó desde las redes sociales Pujol.
A lo que concluyó: “Estamos convencidos de que podemos lograrlo. No podremos solos, necesitaremos el acompañamiento de ustedes. Con su ayuda y nuestro esfuerzo, sabemos que alcanzar un distrito mejor, es posible“.
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Las autoridades sanitarias identificaron puntajes inconsistentes con los antecedentes académicos y el desempeño previo en otras evaluaciones de varios postulantes. Según fuentes oficiales del Ministerio, “son resultados incongruentes con el parámetro histórico de las universidades de donde provienen, con el promedio de la carrera de esos alumnos y en relación con otros exámenes que esos mismos alumnos rindieron”.
Una de las mayores alertas surgió al comparar los resultados obtenidos en el examen nacional con otro examen similar rendido dos días antes en el Hospital Británico. En un caso del top 10 del ranking nacional, el postulante alcanzó 95 puntos en el examen oficial, mientras que solo había obtenido 45 puntos en la prueba anterior, una diferencia significativa de 50 puntos.
La mayoría de los casos investigados provienen del Concurso Unificado para Medicina, que se realizó en Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires, donde participaron alrededor de 8.000 médicos. En total, hubo 10.225 resultados en el examen, con 1.026 ausentes, por lo que finalmente rindieron la prueba 9.199 postulantes. Los resultados se publicaron el pasado 18 de julio.
Históricamente, médicos graduados en universidades ecuatorianas no superaban el puesto 500 en el ranking. Sin embargo, este año, más de 30 postulantes de instituciones como la Universidad Técnica de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad Central del Ecuador, accedieron a los primeros puestos. Particularmente llamativo resultó que nueve egresados de la Universidad Técnica de Manabí, representando apenas el 0,02% del total, se ubicaron entre los 27 primeros puestos.
Además, se detectaron puntuaciones superiores a 88 puntos entre egresados colombianos de la Universidad de Boyacá y la Universidad Tecnológica Pereira. Del total de 2.833 postulantes extranjeros, se contabilizaron 1.045 provenientes de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú.
En paralelo, una versión difundida por el medio digital Quorum informó que un grupo de aspirantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires habría denunciado ante el decano la supuesta venta de exámenes por valores entre 2.000 y 3.000 dólares, solicitando medidas inmediatas.
Desde el Ministerio también investigan indicios que sugieren ayuda externa durante el examen, como el uso de segundos teléfonos celulares para recibir respuestas mediante asistentes digitales e incluso grupos organizados a través de aplicaciones como Telegram. Fuentes ministeriales señalaron además casos en los que postulantes habrían ido hasta nueve veces al baño durante el examen, reforzando la hipótesis. Calificaron la situación como un posible “fraude masivo y organizado” y reconocieron que, de confirmarse la venta de exámenes, se habría evidenciado una falla en los controles.
En respuesta a estos hallazgos, la cartera sanitaria analiza postergar la publicación del ranking final de mérito, inicialmente prevista para el próximo lunes, que impacta directamente en la elección de los hospitales o instituciones para realizar las residencias médicas.
Este examen incorporó, además, una reciente modificación que otorga cinco puntos adicionales a quienes hayan cursado sus estudios en universidades argentinas, cambio aplicado específicamente al Concurso Unificado (Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires), con el objetivo declarado de reducir asimetrías frente a egresados con títulos extranjeros.
Era previsible. Como toda tragedia anunciada, sólo había que esperar para que ocurriera.Mercado Libre se va de Córdoba. No por un incendio, ni por una catástrofe natural. Se va por algo mucho más nefasto y bien cordobés, casi tanto como el fernet con coca: la voracidad fiscal del peronismo local. En una ciudad donde cada semáforo roto es una postal, donde las veredas parecen diseñadas por enemigos de las personas con discapacidad, y donde el Estado municipal no puede garantizar ni un bache menos, el intendente Daniel Passerini y su titiritero Llaryora decidieron que el éxito empresarial es pecado y debe ser castigado.
La noticia encarna la silueta de un fantasma que venía merodeando a nuestras espaldas: sabíamos que estaba ahí, sentíamos su sombra como una amenaza implícita que era evidente que se acercaba, pero que de alguna forma nos terminó asustando igual. Mercado Libre cerrará sus oficinas en Córdoba Capital y mudará sus operaciones a la modalidad remota. ¿Motivo? Las tasas municipales. O más bien, la extorsión legalizada disfrazada de tasas. La empresa pagaba cerca de 770 millones de pesos al mes en concepto de tributos locales. Sí, leíste bien: SETECIENTOS SETENTA MILLONES MENSUALES. Según precisó la firma, entre todas las tasas que aplica la Municipalidad, termina pagando 2,11% de su facturación, porcentaje muy por encima de lo que paga en otras ciudades del país. A cambio, claro, de nada. Porque ni el estacionamiento medido funciona, ni el alumbrado mejora, ni la delincuencia disminuye, aunque nuestro flamante vice intendente, el ex macrista Javier “salto en garrocha” Pretto, tenga el tupé de justificar el IMPUESTAZO más alto de las últimas décadas alegando que a cambio el municipio brinda “seguridad”. Córdoba no ofrece ni infraestructura, ni estabilidad, ni incentivos. Solamente una trituradora de productividad llamada Estado peronista.
Algunos “distraídos” todavía se sorprenden, otros incluso defienden la medida y festejan la retirada de la multinacional (esos estocolmizados amantes de la esclavitud impositiva merecen la dedicación de toda una nota aparte). Otros ya sabíamos que esto iba a pasar, porque vivimos la ciudad, la trabajamos, la sufrimos, la escuchamos de boca de sus protagonistas: comerciantes, emprendedores y pymes que apenas logran sobrevivir. Pero sobre todo PAGAMOS IMPUESTOS, de los más altos del país de hecho. Acá no hay misterio: el peronismo cordobés aplica la misma lógica recaudatoria bravucona que un puntero en una esquina o un barra brava: “si ganás guita, me pagás el diezmo o te hago la vida imposible”. No es casual que Mercado Pago también haya ajustado sus tarifas en Córdoba por la misma razón, llegando a ser hasta un 17% mayores que en el resto de las provincias, a causa de la asfixiante carga fiscal que impone el gobierno de Llaryora: los ingresos brutos son literalmente un castigo por existir.
Lo gracioso (“tragicómico” sería más adecuado, si no fuera tan insultante) es que desde la Municipalidad salieron a decir que “la decisión es política”. ¡Claro que lo es! Pero no de la empresa, sino del municipio. Es política la decisión de convertir tasas razonables en tributos confiscatorios, es política la decisión de ahogar al sector privado para bancar un Estado clientelar e ineficiente, es política la decisión de echar empresas exitosas en el mundo libre al tiempo que mantienen ñoquis militantes cobrando favores y pudriendo la gestión pública. Y que no venga la casta política y su militancia rentada a querer corrernos con el verso de que “Mercado Libre se va porque puede operar remoto”; eso sería como justificar que un inquilino abandona un departamento porque “tiene mochila para acampar”. No, señor. Se va porque el dueño de casa lo extorsiona todos los meses con aumentos arbitrarios y le corta la luz si se queja. ¿Quién en su sano juicio se quedaría?
Esta no es una anécdota aislada, es un síntoma del modelo fiscal depredador que gobierna Córdoba desde hace 25 años; un cuarto de siglo bajo el rapto de gestiones peronistas encadenadas, donde cambian los apellidos pero no la lógica de saqueo. La misma lógica que alguna vez fundió fábricas (y lo sigue haciendo en muchas partes del mundo), y que hoy desalienta inversiones y expulsa talento de nuestra propia tierra. Aún así, estos liberticidas tienen la audacia de culpar a la empresa por irse. Porque claro, en Llaryoralandia las víctimas siempre son los culpables. Si los números no cierran, subimos los impuestos. Si la gente protesta, la acusamos de hacer política. Si la empresa se va, decimos que lo hace “porque no quiere pagar”, cuando bien sabemos que no es la primera ni será la última compañía en retirarse y dejar sin oportunidades de crecimiento a la ciudad.
Mientras tanto, nosotros los vecinos, el ciudadano de a pie, seguimos pagando los platos rotos. Nuestras vidas, en lugar de simplificarse, se complican cada vez más. Porque esta fuga no sólo representa una derrota simbólica, sino una pérdida concreta de dinamismo económico. Son menos consumos en los negocios de la zona, menos contratos con proveedores locales, menos circulación. El Estado provincial no sólo no produce, sino que destruye lo que los privados generan, en una actitud que solo puede explicarse por malicia, negligencia o una combinación letal de ambas. Y después lloran por los recortes de Nación… Respóndanme entonces, por qué no les está pasando lo mismo al resto de las provincias. Eso pensé, sin palabras.
No hay nada más kirchnerista que un peronismo que se disfraza de “cordobesismo productivo” mientras exprime hasta al último laburante con un posnet. Llaryora y Passerini son la continuación del fracaso disfrazada de moderación, los herederos de un aparato que vive del esfuerzo ajeno y encima se victimiza cuando le reclaman resultados.
En paralelo, muchos se preguntan: “¿por qué no hay laburo?”. ¿Cómo va a haber, si cada intento de crear valor es automáticamente castigado? ¿Cómo va a haber si a toda iniciativa privada se la mira con sospecha, como si fuera un acto delictivo? ¿Cómo va a haber, si el único mérito que se premia en Córdoba es el de militar para el partido de turno, y la mayor ambición a la que se puede aspirar es ser un munipa?
Cuando votamos peronismo, no importa si viene con tonadita simpática y moderada o con gritos de barricada, siempre termina igual: más impuestos, menos libertad, menos futuro. La salida de Mercado Libre es apenas un botón de muestra de lo que pasa cuando el Estado se convierte en enemigo del ciudadano productivo. Y lo que viene será peor, si no frenamos esta maquinaria infernal de saqueo institucionalizado camuflado en “justicia social” y “redistribución de la riqueza”. Porque las empresas pueden mudarse. Vos y yo no.
Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.
Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.
El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.
Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.
Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.
Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.
El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.
Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.
Mercado Libre anunció que cerró su oficina de 1.800 m² en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. En su comunicado explicó que abonó $770 millones al mes en tasas municipales, una alícuota consolidada del 2,11% en Córdoba aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres del inmueble.
“Ante el impacto generado por las tasas municipales en la Ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local”, expresó la compañía, y aseguró que “se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”.
El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país”. Añadió que las tasas cordobesas “obligaron a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.
La empresa comparó la presión fiscal cordobesa con la de otras ciudades: en Rafaela paga aproximadamente el 10 % de lo que abona en Córdoba (alrededor de un décimo), en Santa Fe un tercio, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tributa tasas municipales. Además de CABA y Córdoba, mantiene oficinas en San Luis, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, y tres centros logísticos de última milla en territorio cordobés.
Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología y Producto, aclaró: “No hacemos política. Hacemos negocios y decidimos gastar de la mejor manera posible, con eficiencia”. Confirmó que el equipo tecnológico siguió trabajando desde Córdoba para todo el país y que la compañía planeó incorporar 150 empleados más en la provincia este año.
El 1 de julio Mercado Libre anunció un esquema de comisiones diferenciales según la carga tributaria de cada provincia. Desde mañana, los usuarios cordobeses pagarán entre 12,46% y 17,14% por operaciones en Mercado Libre y Mercado Pago, por encima del promedio nacional, debido al impacto de Ingresos Brutos.
La firma recordó que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, distintas entidades financieras cerraron 180 sucursales por la presión impositiva municipal; dentro de ese total el Banco Nación clausuró 60. También señaló que el Ejecutivo nacional impulsa una reforma tributaria con competencia fiscal entre provincias y la unificación de IVA e Ingresos Brutos.
Durante 2023 Mercado Libre superó los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios fintech mensuales activos. Facturó US$ 20.777 millones, un 37,5% más que en 2022, y obtuvo una ganancia neta de US$ 1.911 millones. En mayo, Marcos Galperin comunicó que dejará la dirección ejecutiva el 1 de enero de 2026; lo sucederá Ariel Szarfesteijn.
La compañía destacó que la medida en Córdoba no implicó despidos y que evaluó instalar nuevas locaciones en ciudades del interior de la provincia. Asimismo, informó a sus accionistas que analizaba mudar su domicilio societario en Estados Unidos de Delaware a Texas para optimizar su carga fiscal.
Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.
La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.
El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.
En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.
– Claudio Petris
Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.
El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.
– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”
La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.
Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.
El gobierno de Mendoza volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez por la entrega de cinco pozos acuíferos a Cresud, la empresa del magnate Eduardo Elsztain. La autorización se otorgó en la subcuenca El Carrizal, una zona que tenía restricciones por riesgo de sobreexplotación.
El permiso fue concedido por el Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli. La decisión sorprendió, ya que desde 2024 regía una veda de dos años para nuevas perforaciones. Sin embargo, en febrero de este año, el gobierno provincial levantó parcialmente esa prohibición.
En la zona existen volúmenes de agua disponibles. Pero distintos informes técnicos alertaron sobre la fragilidad del acuífero. Para muchos expertos y productores la explicación oficial no alcanza.
– El Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli
Tras las autorizaciones, se registró un fuerte aumento en el valor de las tierras beneficiadas. Algunos terrenos pasaron de valer cifras mínimas a cotizar millones de dólares. Esto encendió sospechas sobre un uso especulativo del recurso hídrico.
Cresud no fue la única favorecida. También recibieron permisos otras firmas vinculadas a empresarios como Young Woo, Walter Bressia y Pedro García Mateo. En total, se aprobaron nueve perforaciones nuevas.
Desde Irrigación defendieron los permisos. Aseguraron que no se superó la cantidad de agua permitida y que se exigieron condiciones técnicas estrictas. Entre ellas, monitoreo automatizado y controles permanentes.
A pesar de eso, regantes y asociaciones de productores denunciaron falta de transparencia. Afirmaron que las decisiones benefician a los sectores más poderosos. Además, advirtieron que se pone en riesgo el acceso al agua de pequeños y medianos usuarios.
El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el gobernador Cornejo propuso disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Ese organismo controlaba el agua potable. Ahora, todo el poder pasaría al Departamento General de Irrigación.
Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación. Denunciaron que se busca instalar un modelo de gestión basado en la lógica del mercado. También recordaron las recientes detenciones de militantes que protestaban por el acceso al agua.
Una asambleísta formalizó su denuncia tras ser agredida por “Chanchi” Riquelme en Nashville. El expediente ya tiene derivaciones civiles en la Argentina y profundiza la crisis institucional que rodea a la gestión Riquelme.
Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta “vinculación política”. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y…