La Liga Naval Argentina entiende que el BCRA, a partir de la implementación de las nuevas restricciones en materia cambiaria, no autoriza a las empresas navieras a pagar los importes correspondientes a los alquileres de buques que (según la ley 27.419) son rentados a navieras extranjeras, incorporados al cabotaje nacional y tratados como si fueran de bandera argentina, siendo tripulados en su totalidad por marinos argentinos.
“El problema es gravísimo, necesitamos una solución de carácter urgente. Estamos ante una situación extrema en la que peligra seriamente la posibilidad de mantener estas unidades en el país”, aseguró a Infobae uno de los armadores navieros más importantes de la actividad.
Desde la entidad, agregaron que el negocio naviero es considerado como una actividad de capital intensivo (es decir, se emplea más capital que otros factores de producción en relación a otros procesos o tecnologías productivas). El costo de un buque muchas veces supera el centenar de millones de dólares y normalmente una naviera requiere de varias unidades para atender distintos tipos de servicios.
“En un país como Argentina, cada vez es más difícil que el mercado financiero otorgue facilidades a una naviera para inversiones de semejante porte. Es normal que los armadores utilicen algunas unidades propias junto con otras que son alquiladas a casco desnudo (sin tripulación) e ingresadas al mercado local previa tramitación de un permiso (waiver) ante la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. En estas condiciones y a todos los efectos, el buque ingresado al país, tiene los mismos derechos y obligaciones que uno que enarbola el pabellón nacional. Ahora, claro, a fin de mes hay que pagar el alquiler“, explican.
El reclamo al Banco Central
La Cámara Naviera Argentina (la entidad con mayor representatividad empresarial a nivel nacional) le envió hace algunos días atrás, una nota oficial con carácter de urgente Miguel Pesce, presidente del Banco Central.
El texto solicita que, en el marco de las comunicaciones “A” 6770 y “A” 6884, mediante las cuales la autoridad monetaria fijó las autorizaciones y prohibiciones relacionadas con el pago de servicios en el exterior, se contemple la particular situación atinente a buques y artefactos navales que se encuentran afectadas a cuestiones propias del comercio marítimo y fluvial (incluyendo el sensible tema del transporte de combustibles desde las bocas de extracción hacia las refinerías y la posterior de los productos destilados a distintos puertos del país como así también a las usinas termo generadoras de electricidad).
De acuerdo a lo expresado por la Cámara Naviera Argentina, (en forma directa) unos 20 buques están viendo peligrar la continuidad de sus servicios, ya que a partir de la implementación de las normas citadas, no se pueden pagar los distintos “bareboat charter” (alquiler a casco desnudo) sin autorización previa del BCRA. Con el agravante que entre las autorizaciones contempladas por esta entidad se encuentran las relacionadas con la operatoria de tarjetas de crédito, servicios prestados por ciudadanos no residentes en el país, primas de reaseguros y empresas de asistencia al viajero. “Nada dice la normativa de la manera en que se pueden cancelar las obligaciones de un sector tan importante como el marítimo”, sostuvo la entidad.
La misiva, que lleva la firma del titular de la institución marítima Jorge Álvarez, solicita que se arbitren los medios para incluir este tipo de transferencias de fondos entre las excepciones contempladas para el sector turístico ya que si cada pago necesita una aprobación previa del Central, la dinámica del mercado naviero internacional, no soportaría las previsibles demoras burocráticas locales.
Destaca, además, que en los 15 años que se viene operando de esta forma, jamás registró irregularidad alguna en las transferencias de fondos y se deja en claro que quien habilitó la operatoria hoy en peligro, fue el ex presidente Néstor Kirchner quien mediante la firma del decreto 1010/04 se propuso posibilitar de alguna forma la continuidad de la actividad marítima y fluvial luego de una profunda crisis sectorial.
Diversos expertos en temas navales, en comunicación con Infobae, reafirmaron la gravedad de la situación e indicaron que si se interrumpe la cadena de pagos y los propietarios de las naves las reclaman, “el país quedará virtualmente paralizado y a oscuras”.
