06 julio, 2025

Tras el pedido de informes de Frigerio, Salto Grande reconoce la deuda con los trabajadores

El Sindicato de Trabajadores de Salto Grande denunció que Nación mantiene una deuda de $1.400 millones con el Complejo Hidroeléctrico, que corresponde a costos operativos y de mantenimiento.
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El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó un proyecto en la Cámara Baja junto con sus pares Gabriela Lena, Marcela Antola y Gustavo Heim, exigiendo un informe sobre la deuda y la cancelación inmediata de la misma.

Entre los fundamentos de la iniciativa, el legislador destacó que “Salto Grande provee la energía que utilizamos no solo los entrerrianos, sino que también fue fundamental para sostener el sistema energético durante el último apagón nacional del primero de marzo. Sin embargo, si no recibe los recursos necesarios peligra su funcionamiento”.

Además, señaló que “por ley, la represa debe comercializar su producción al costo, por lo que el correcto funcionamiento sólo se garantiza si el Estado Nacional cumple responsablemente con sus obligaciones”. Y advirtió que “a esto se suma a la injusticia que significa que los entrerrianos aportemos nuestros recursos naturales para terminar pagando una de las tarifas más altas del país y solo recibamos regalías miserables”.

Ayer, la Delegación Argentina de Salto Grande ha emitido un comunicado confirmando que el Estado adeuda este monto, pero que ya está realizando los pagos correspondientes de manera gradual. El presidente de la delegación, Luis Benedetto, explicó que cuentan con el compromiso de la Secretaría de Energía de regularizar el envío de remesas correspondiente a energía y potencia, que son los dos conceptos por los cuales se abona a Salto Grande.

El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, y el senador nacional Edgardo Kueider están llevando adelante gestiones para elaborar un plan de trabajo que integre a la nación, la provincia y Salto Grande, con el objetivo de “contar con mejores condiciones y una mayor regularidad en la percepción de los pagos”.

Benedetto detalló que durante todos estos años han trabajado en este y otros temas relacionados con el complejo Hidroeléctrico, como el valor de la energía producida y el reconocimiento del rol de Salto Grande como transportista a través de su cuadrilátero. Además, afirmó que se trabaja en el retraso de los valores y pagos a las generadoras en colaboración con el Subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, para continuar con el servicio y los procesos de operación y mantenimiento correspondientes.

Redacción

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La Legislatura de Santa Cruz protege a un diputado que acumula siete causas penales

La semana pasada, en la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la bancada oficialista Por Santa Cruz‑SER bloqueó por tercera vez el debate sobre el desafuero de Fernando Españón, solicitado el 7 de febrero por la diputada opositora Lorena Ponce. Con esa maniobra preservó la inmunidad del legislador pese a tres requerimientos judiciales que exigieron su disponibilidad procesal.

Transcurrieron 135 días desde el primer pedido. Españón está señalado por la Justicia porque acumula siete causas que abarcan abuso de autoridad, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y tres denuncias de abuso sexual bajo coerción en un vínculo laboral.

Dos de esos expedientes ya alcanzaron procesamiento y los cinco restantes permanecen en etapa de instrucción. El Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz fija 180 días para resolver un desafuero; si el plazo expira, los procesos se archivan y la impunidad queda sellada.

EL INVENTARIO DE CAUSAS: 

  1. Expte. 13460/2019 – “Sr. Agente Fiscal s/ Requiere Instrucción”. Elevado a la Cámara Criminal el 11 de diciembre de 2022 (Oficio 1488/22).
  2. Expte. 14538/2020 – “Juzgado Federal de Río Gallegos s/ Remite Actuaciones”. Procesamiento por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
  3. Expte. 16710/2021 – “Sosa, Yanina Beatriz s/ Denuncia”. Imputación por abuso sexual simple con coerción o intimidación (art. 119 CPA, ley 26.485).
  4. Expte. 14409/2020 – “Mariscal, Carmen Elizabeth s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
  5. Expte. 14464/2020 – “Gatica, Erna Isabel s/ Denuncia”. Procesamiento como coautor de falsificación de documento público agravado (arts. 292 y 298 CPA) y abuso de autoridad (art. 248 CPA) en concurso real (art. 55 CPA).
  6. Expte. 14626/2020 – “Aravena, Aldo Manuel y otros s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos; replica los cargos de falsificación del expediente 14464/2020.
  7. Expte. 16470/2023 – “Gordillo, Analía Celeste s/ Denuncia”. Indagatoria del 13 de diciembre de 2023 por abuso sexual simple (tres hechos) con modalidad coactiva (art. 119 CPA, ley 26.485).

Los magistrados pidieron retirar los fueros para habilitar allanamientos, nuevas indagatorias y eventuales medidas coercitivas. Sin esa autorización, las siete causas permanecen a media marcha: la producción de prueba está limitada y ningún expediente puede elevarse a juicio. El art. 258 del CPP provincial ordena resolver en 180 días; de no hacerlo, las acusaciones prescriben, dejando a las víctimas sin tutela y al Estado sin herramientas de control penal.

Catorce diputados oficialistas —incluido el propio Españón— votaron en contra del desafuero: Patricia Urrutia, Alfredo Martínez, Javier Jara, Fernando Pérez, Cristina Ojeda, José Luis Quiroga, Santiago Aberastain, Mario Boffi, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Claudia Barrientos y Fabián Leguizamón. Se sumaron dos legisladores kirchneristas de Los Antiguos y Perito Moreno, completando el muro de protección.

El bloque oficialista esgrimió “tecnicismos”, “falacias jurídicas” y, en un paralelismo con el kirchnerismo, alegó que la oposición carece de autoridad moral para reclamar transparencia. La oposición replicó que existen tres oficios judiciales firmes y que el reglamento de la Cámara obliga a tratarlos sin dilaciones.

El expediente de desafuero duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por el SER. La presidencia de la Cámara, a cargo de Leguizamón, jamás fijó fecha para dictamen ni para su inclusión en el orden del día.

– El Gobernador de la provincia, Carlos Vidal, junto a Españón

Desde que asumió, el gobernador Claudio Vidal protegió a Españón: lo designó jefe de bloque y vocal ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en mayo lo sustituyó por Pedro Luxen, “tal vez por vergüenza”, según fuentes legislativas; la maniobra no alteró la línea de defensa. El Ejecutivo se mantuvo en silencio frente a los pedidos judiciales y habilitó —por acción u omisión— el encubrimiento parlamentario.

Si en los próximos 45 días la Legislatura no modifica su postura, las causas por abuso de autoridad, malversación, falsificación documental y abuso sexual quedarán extinguidas. El próximo período ordinario comienza en agosto; hasta entonces el reloj corre, el expediente sigue congelado y la Justicia carece de herramientas para indagar al legislador.

*Con información de OPI Santa Cruz

Redacción

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Diputados de Juntos respaldaron el congelamiento de sueldos para funcionarios

El bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo al decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que establece la suspensión de actualizaciones salariales para funcionarios del Ejecutivo. La medida forma parte de un paquete de control del gasto público, en un contexto de marcada restricción presupuestaria.

A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la decisión responde a “la delicada situación a la que fue conducida la provincia de Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación directa de transferencias del Gobierno nacional”, a lo que se suma “la realidad de tener que afrontar el vencimiento de la deuda generada por épocas de descontrol que nos precedieron”.

Desde la bancada remarcaron que el momento exige dejar de lado reproches pasados para dar prioridad a las soluciones inmediatas: “Somos conscientes de que no es tiempo de mirar para atrás, sino de anteponer soluciones o paliativos inmediatos ante la difícil situación. Y sabemos también que es necesario contarle a los entrerrianos por qué se toman esas medidas”.

En esa línea, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de romper con viejas prácticas de administración: “La provincia vivió décadas de desapego a la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, pero eso quedó atrás. Ahora es tiempo de afrontar las consecuencias de aquello. Por eso avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.

Redacción

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Chubut votará la eliminación de fueros en los tres poderes del Estado: “No puede haber ciudadanos de primera y de segunda”

Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.

La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.

El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.

En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.

– Claudio Petris

Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.

El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.

– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”

La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.

Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados convirtió en ley la creación de la OSER: “Es un cambio fundamental y necesario”

En una sesión realizada ayer, la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial para crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER), organismo que reemplazará al actual Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

La iniciativa fue aprobada por mayoría, sin modificaciones respecto al texto remitido por el Senado provincial, durante la quinta sesión especial del 146° período legislativo, presidida por Gustavo Hein. La ley establece que la OSER funcionará como una entidad pública con autarquía administrativa y financiera, heredando legalmente todos los derechos, obligaciones y patrimonio del IOSPER.

Durante el debate, el diputado Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública, destacó la participación amplia en el tratamiento legislativo: “se detectaron graves falencias en el funcionamiento del Instituto, un déficit estructural creciente producto de una gestión ineficiente y un modelo de dirección sobredimensionado, que le costaba al Iosper 251 millones de pesos al mes”. Agregó además que, tras la intervención del IOSPER, se evidenciaron “otras irregularidades, como el retraso e incumplimiento en la entrega de más de 1.126 prótesis”.

Gallay también resaltó los beneficios que la nueva ley traerá a los afiliados: “Los usuarios van a tener garantizada la asistencia médica integral, odontológica, farmacéutica, laboratorios, auxiliares de medicina, internación, traslado por internaciones, subsidios y, naturalmente, las prestaciones médicas obligatorias que establece el marco nacional. Pero vale aclarar que este es el piso, no es el techo”.

Entre las innovaciones destacadas se mencionó la reducción del directorio a solo cuatro miembros, de los cuales dos serán designados por los gremios. Además, se establecerá un consejo consultivo ad honorem y un nuevo sistema robusto de fiscalización con dos síndicos designados por el Poder Legislativo, uno del oficialismo y otro de la oposición, para garantizar transparencia.

La diputada Gabriela Lena (JxER) defendió la reforma con énfasis: “Es un cambio fundamental y necesario, es una respuesta urgente a una situación que no podemos seguir tolerando”. Asimismo, añadió: “Con OSER se establecen límites claros, pero lo más importante es que recuperamos la confianza con un nuevo sistema de fiscalización y quienes tengan la responsabilidad de conducirla responderán con su patrimonio personal por los daños causados por actos penales”.

Por su parte, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) cuestionó duramente la iniciativa: “no es necesaria una nueva ley” para resolver los problemas planteados y afirmó que la nueva composición del directorio “reduce la participación de los representantes de los afiliados” y “concentra el poder en el gobierno de turno”. Stratta también criticó que la aprobación del proyecto tuvo un “tratamiento exprés” y señaló deficiencias administrativas actuales como el aumento de coseguros.

El diputado Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) también se mostró en desacuerdo con el proyecto, aunque reconoció que era “seguramente necesaria una actualización” del marco normativo. Advirtió sobre “una reducción significativa de las prestaciones actuales”.

El cierre del debate estuvo a cargo del diputado López, quien defendió la propuesta del Ejecutivo provincial como una medida necesaria para mejorar el funcionamiento de la obra social. Además, anunció que algunas inquietudes planteadas, como el impacto sobre la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay, serán corregidas por el gobernador mediante reglamentación.

Finalmente, la ley fue aprobada con 20 votos a favor y 13 en contra, marcando un nuevo rumbo para la salud pública en la provincia de Entre Ríos.

Redacción

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El Gobierno de Córdoba gastó casi un millón de pesos en viagra para los presos

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.

“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.

La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.

La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.

– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.

Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.

El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.

Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.

Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.

Redacción

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ESCOBAR | Denuncian que hay escuelas que dependen del clima para dar clases

El dirigente de Escobar y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, advirtió que el Consejo Escolar local aprobó obras de infraestructura sin los permisos exigidos, realizó compras mediante procedimientos irregulares y consintió “abusos de poder”, mientras dos establecimientos de Maquinista Savio permanecieron dos meses sin suministro de gas. La comunidad educativa denunció en redes sociales que “Los están haciendo entrar a las 10 hs para que los chicos no pierdan más días de clases”, sin que las autoridades ofrecieran respuestas.

Klix difundió un video para contextualizar la denuncia: “Estoy haciendo este vídeo como vecino de Escobar para contarles una preocupante situación que se está atravesando en el distrito de Escobar en el Consejo Escolar y sobre el derecho de los chicos a estudiar y acudir a la escuela en un ambiente seguro”. Explicó que “hace semanas venimos acudiendo con mi equipo a las sesiones del Consejo Escolar para interiorizarnos de la situación y para acompañar y eventualmente profundizar proyectos que acompañen a los chicos a estar más seguros y a poder estudiar de una mejor manera”.

Klix puntualizó que recibió “denuncias de obras adjudicadas sin permiso, compras irregulares y abuso de poder” y que, para documentar cada caso, solicitó las actas oficiales por correo electrónico a la casilla institucional del Consejo. Ante la falta de respuesta, volvió a requerir la documentación por mesa de entrada: “Cuando hicimos la misma solicitud por mesa de entrada dilataron la situación, algo que hace dudar sobre la transparencia de lo mismo”. Mientras tanto, advirtió, “la plata de los chicos se estaría malgastando o desapareciendo”. Y subrayó: “La plata de la educación no se toca”.

Aunque las reuniones son públicas —“Estas sesiones por ley son abiertas y cualquier vecino puede participar de ellas”— el dirigente aseguró que “se nos negó la entrada a la siguiente sesión del Consejo Escolar, algo que fue totalmente irregular porque para que pase eso debería votarse por mayoría”.

Entre las anomalías enumeró la “contratación de empresas para llevar adelante obras de infraestructura sin los permisos correspondientes”, “compras en procesos irregulares” y “demoliciones en jardines de infantes sin permiso”. Agregó que “mientras tanto pasan este tipo de irregularidades que el municipio al día de hoy todavía no pudo explicar” y expuso que “caen denuncias de firmas de contratos irregulares y se hacen pagos que después el municipio no puede justificar porque los hizo”.

“Aquí hay escuelas que dependen del clima para poder dar clases”, enfatizó el dirigente de Escobar. “Los chicos en jardines de infantes o en escuelas secundarias o primarias no tienen los avances en las obras necesarias para poder llevar adelante una educación de calidad”, señaló, y advirtió que la situación demanda una solución integral y urgente.

El organismo, ubicado sobre la calle Independencia, acumula reclamos por la ausencia de condiciones básicas en los edificios escolares del partido. En ese contexto, adelantó que va a “solicitar las actas pero también se las voy a pedir al Ministerio de Educación de la provincia” y se comprometió a mantener informada a la comunidad.

“Por supuesto vamos a pelear con mi equipo para que haya transparencia. Transparencia que hace rato el municipio de Escobar le debe a todos los vecinos del distrito. No vamos a permitir que jueguen con la educación, con la seguridad y con el futuro de nuestros chicos”, concluyó el funcionario, quien reiteró que continuará investigando hasta garantizar el uso correcto de los recursos y la normalidad en las escuelas del distrito.

Redacción

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