PILAR | Matías Yofe convoca a un plenario este sábado 18 de marzo
El precandidato a intendente organiza un evento con grandes figuras invitadas a disertar. Además, se debatirán los planes de gobierno de Yofe.
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El dirigente de Juntos por el Cambio y precandidato a intendente de Pilar, Matias Yofe, organiza y convoca a un plenario para este sábado a partir de las 14 hs en la localidad de Del Viso.
El evento contará con la presencia de una larga lista de distintos referentes del espacio, profesionales especializados, periodistas e influencers, tales como El Presto; Danann; Charly Welcome Peronia; la Lic. Fernanda Reyes; el Dr. Gregorio Hernandez Maqueda; Lucila Lehman; la ex embajadora de Venezuela, Elisa Trotta; Dr. Leandro Furundarena; y la diputada Marcela Campagnoli.
El evento contará con la presencia de una larga referentes del espacio, periodistas e influencers.
Asimismo, se habla de la posible participación de la fundadora de Juntos por el Cambio y candidata a presidente, Elisa “Lilita” Carrio.
En dicho plenario, se debatirán los planes de gobierno del equipo de Yofe, quien competirá en las elecciones de este año para ocupar el lugar de intendente de Pilar.
El evento podría contar con la asistencia de Lilita Carrió.
Para poder asistir al evento, los interesados deberán inscribirse previamente llenando el formulario que se encuentra ingresando al siguiente link: https://forms.gle/NbCSjXFpo7BR13xf8
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Alrededor de casi 30 comunas de la provincia de Córdoba denunciaron que arrastran atrasos en los pagos por más de $303.273.148 en el Programa de Atención Médica Integral para jubilados (PAMI), con demoras que superan los seis meses.
La deuda, según los afectados consultados, se suma a créditos impagos anteriores con farmacias y prestadores, y empieza a afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de prestaciones básicas para jubilados y pensionados.
Los locales describen la situación como “insostenible”, luego de haber hecho reclamos formales y pedidos de intervención han quedado sin respuesta. La ausencia de respuestas públicas de quien es el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III de PAMI en Córdoba desde febrero de 2024, Marcos Patiño Brizuela, representando a La Libertad Avanza (LLA) y reemplazando a Olga Riutort. Es el responsable de la gestión de la obra social local junto al integrante del mismo bloque que maneja el sistema de medicinas por medio del poder judicial, Gabriel Bornoroni.
Los municipios cordobeses actúan como prestadores temporales del PAMI en zonas sin médicos de cabecera, atendiendo consultas médicas a jubilados en sus centros de salud. Por cada consulta, el PAMI paga unos $3.000. Esta espiral se agrava por problemas similares con farmacias en Córdoba, donde las deudas alcanzan miles de millones y amenazan cierres.
Desde el PAMI ya habían afirmado que “tanto la dispensa como la provisión de medicamentos” para sus afiliados “no corre ningún riesgo”. Según explicaron, el conflicto se originó a partir de un supuesto “malentendido” derivado de una comunicación interna del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dirigido por Germán Daniele, en la que se señalaba que no estaban llegando las notas de crédito emitidas por los laboratorios.
Desde el PAMI aseguraron que el cronograma de pagos se viene cumpliendo con normalidad y precisaron que las liquidaciones se realizan regularmente durante la última semana de cada mes.
Un relevamiento preliminar sobre la situación financiera revela que, al menos en 29 comunas, la deuda acumulada asciende a $303 millones. Especialistas advierten que el monto podría duplicarse una vez que se incorporen los datos de más de un centenar de localidades que aún no han presentado o consolidado sus cifras.
Entre los casos más significativos aparece el municipio de Inriville, que encabeza el listado con una deuda estimada en $94.048.540. Le sigue Capilla del Monte, con compromisos impagos por $32.811.083. También figuran Serrano, con alrededor de $25 millones de adeudados; Pincén, con $22.472.231; y Charras, donde el monto pendiente alcanza los $11.349.049.
El rol de Bornoroni
Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y referente de LLA en Córdoba, es acusado por “no atender llamadas” de intendentes. Su estudio jurídico (Bornoroni y Asociados) influye en la gestión del PAMI provincial, con su socio Marcos Brizuela como titular local, lo que genera reclamos directos.
Su otro confidente es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo Bauzá, el exprimer jefe de Gabinete del expresidente Carlos Menem. Andrés es hoy el delegado provincial de la ANSES, pero no es el único cargo que Bornoroni obtuvo. A Cargo del PAMI local puso a Brizuela.
“Nos dicen que van a pagar a fin de mes, pero ya se acumulan seis vencimientos impagos. Si esto no cambia, cientos de farmacias podrían dejar de atender a los afiliados”, subrayó Germán Daniele, agregando que “el sistema está colapsado”.
Sin pagos, municipios podrían cortar atención a jubilados, rompiendo la red de salud primaria en pueblos remotos y afectando a los más vulnerables. Esto refleja un “descalabro” nacional de deudas del PAMI bajo el gobierno del presidente Javier Milei, con riesgos de quiebre en servicios esenciales.
La deuda
Anteriormente, en agosto del 2024, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dió a conocer que el PAMI mantenía una deuda cercana a los $12.000 millones con las farmacias de la provincia.
Según Germán Daniele, la suma afectaba ya a casi 1.800 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio provincial. “Esa deuda es real”, afirmó en su momento, y advirtió que la mora compromete la sustentabilidad de muchos prestadores locales.
“El que la está padeciendo es el jubilado, que va a su farmacia de barrio, de cercanía, y no encuentra la medicación porque la farmacia no puede reponer su stock porque la droguería le cortó la cuenta por falta de pago”, demandó Germán Daniele.
Aunque la deuda disminuyó $11.697 millones, el monto a saldar aún persiste, sobre todo para quienes son “PAMI dependientes”.
Javier Milei no oculta su fascinación por el judaísmo, o mejor dicho, por una interpretación política y espiritual que lo lleva a visitar el Muro de los Lamentos con la frecuencia de quien busca un certificado de pureza.
Para el mandatario, que se autodefine como “el presidente más sionista del mundo”, cualquier cuestionamiento a esta devoción es tratado como una afrenta personal. Lo demostró recientemente al celebrar como una “master class” de derecho la denuncia contra el comunicador Tomás Rebord, cuyo “pecado” fue referirse al muro como una simple pared.
Meme en respuesta al retuit reciente de Milei.
El fervor por la Tierra Prometida se traduce, en suelo criollo, en una generosidad fiscal sin precedentes para su amigo y ex-anfitrión del Hotel Libertador, el empresario judío Eduardo Elsztain, situación de la que ya hablamos en Data 24 recientemente.
Pero esta vara de medir lealtades y purezas religiosas se vuelve extrañamente flexible cuando se trata de purgar a los propios y cobijar a los conversos de última hora.
Javier Milei junto al empresario Eduardo Elsztain.
Catolicismo prohibido y aliadas conversas
La obsesión de Milei por la pureza ideológica tiene víctimas predilectas: a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula en dos elecciones, la sentenció al ostracismo interno bajo el cargo de ser “católica y nacionalista”. Para el presidente, defender los valores tradicionales y la soberanía argentina parece ser un pecado imperdonable que impide cualquier convivencia política sana.
Sin embargo, esa intransigencia se evapora cuando se trata de figuras como Sabrina Ajmechet. Mientras Milei castiga el nacionalismo de su vice, abraza con entusiasmo a una diputada que no sólo reniega de la identidad nacional, sino que ha hecho del desprecio por los símbolos patrios su marca personal. En el universo mileísta, parece que “ser colonia” es un mérito que el nacionalismo no puede comprar.
Javier Milei junto a Victoria Villarruel.
El prontuario de la “inglesa” y el cargo como religión
Antes de descubrir las mieles y las cremas del pseudo-liberalismo, Ajmechet cultivó un perfil de desprecio nacional digno de una oficina de prensa británica. En 2012, mientras la mayoría recordaba la gesta, ella se preguntaba: “¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”, en un tuit donde afirmaba que las Malvinas sonbritánicas. Para ella, la soberanía argentina es un estorbo: “Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas” y “Las Falkland Islands son de los kelpers”.
Incluso, con una soberbia notable, celebraba que otros bajaran los brazos: “Ahora muchos empiezan a pensar que las Malvinas no son argentinas y que el deseo de los kelpers vale. ¡Bienvenidos!”. Su postura no deja lugar a dudas sobre su lealtad: “Entre patria o colonia, elijo colonia, sin dudas”.
Esa aversión por lo propio alcanzó también a los símbolos patrios.“Detesto la bandera argentina con el sol”, disparó en 2014, sumando su desprecio por la estética de la soberanía: “Es imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio”. Para la actual diputada nacional, el sentimiento por las islas es algo que debe desaparecer: “Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio”.
Sin embargo, esta anglofilia militante que la hacía exclamar en 2018 “ninguna duda que lo que se necesita es Inglaterra campeón”, entró en pausa en 2021. Sólo cuando el calendario electoral le puso una banca de diputada a tiro, la misma que considera “irracional” el reclamo por las islas, ensayó una retractación de compromiso para maquillar su historial y manotear el cargo. El cinismo fue premiado y la inglesa terminó cobrando del Estado argentino, demostrando que su anti-patriotismo se acaba donde empieza su recibo de sueldo.
Ajmechet y Milei, actualmente aliados políticos y religiosos.
Del insulto al veleteo por la banca
El salto de Ajmechet a las filas de “Las fuerzas del cielo” no fue una conversión mística, sino un ejercicio de supervivencia ante lanecesidad de renovar su cargo. Durante 2022 y 2023, la diputada se dedicó a fustigar a quien hoy es su jefe con una saña notable. En octubre de 2022, los acusaba de ser funcionales al sistema: “Milei, Villarruel y Píparo están en sus casas, ¿así piensan terminar con el populismo?”.
Ajmechet en 2022 criticando a Milei, Villarruel y Píparo.
La virulencia escaló durante la campaña presidencial de 2023. Ajmechet no sólo defendía a Patricia Bullrich afirmando que Milei la atacaba con mentirasycampaña sucia, sino que apeló a la grosería directa para celebrar un cruce en el debate: “La tenés adentro, @JMilei. La casta la tenés adentro. Y lo aceptás”, disparó en sus redes sociales.
Ajmechet criticando a los que serían sus aliados.
Sin embargo, cuando el poder cambió de manos y su reelección corría peligro, la inglesa que mandaba a Milei a callarse con términos de vestuario ensayó un veleteo digno de una profesional del cargo público. Aquellos a quienes acusaba de quedarse en sus casas se convirtieron, de la noche a la mañana, en sus nuevos jefes; y aquellos que consideraba casta pasaron a ser sus nuevos compañeros de bloque. Hoy, con la sumisión de quien sabe que su sueldo depende de esa obediencia, Ajmechet milita los tuits de Milei esperando que “el presidente más sionista del mundo” le garantice transitar con facilidad los siguientes cuatro años de privilegio estatal.
Cuando Ajmechet militaba a Bullrich y acusaba a Milei de mentir.
La “superioridad judía”
El último capítulo de esta comedia del absurdo ocurrió cuando Ajmechet publicó una estadística sobre los premios Nobel: “Los judíos representamos el 0,2% de la población mundial y aún siendo tan poco, ganamos más del 20% del total de premios Nobel de la historia”. El posteo incluía un desglose por especialidades (40% en Economía, 26% en Medicina, etc.).
Javier Milei no tardó en citar el tuit con una sentencia lapidaria: “PRIMERO LOS DATOS. Fin”. Sin embargo, lo que pretendía ser una validación terminó en una humillación digital.
La reacción en la red X fue inmediata y demoledora. El periodista Juan Luis González —autor de “El Loco”, biografía de Javier Milei— fue directo al hueso al preguntarle a la diputada: “O sea digamos: ¿hay razas inferiores y razas superiores?? ¿De qué régimen totalitario me suena esto che?”.
En la misma sintonía, el ex-campeón del mundo de MMA, Emiliano Sordi, le propinó un cachetazo de realidad: “¿Estás queriendo decir que son mejores? ¿Una raza superior? Suena un poco nazi tu post”.
Desde otros sectores, la respuesta fue igual de despiadada. Pablo Muñoz Iturrieta, escritor y conferencista argentino, utilizó un sarcasmo corrosivo para exponer lo peligroso del planteo: “Ah, mi amiga supremacista, mientras otros hablan de sus pequeños éxitos, siempre hay que recordarles a los goyim la verdadera superioridad racial de la raza judía”. En su texto, menciona irónicamente a Einstein como un “sangre pura” y cierra con un contundente: “¡Heil a la superioridad judía, que eclipsa meras estadísticas!”.
Por su parte, el ingenio popular la liquidó con memes. Circularon montajes de Milei sosteniendo a un niño con la bandera de Israel mientras deja que uno con la de Argentina se ahogue en una pileta, bajo el titular “soy el presidente más sionista del mundo”, y otro de Osvaldo Laport con la cara del mandatario: “Necesito hacer algo judío”.
Ajmechet intentó vender una superioridad estadística y terminó logrando que las redes le recordaran que su identidad actual es tan cuestionable como su patriotismo.
La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.
Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.
Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.
La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.
Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.
La derrota del “amigo” del Presidente
La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.
Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de rematepara que los empresarios amigos sigan levantandotorres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.
La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.
Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA
Sin techo y con sueldos de miseria
Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.
El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.
Vista satelital del predio rematado.
La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientrasla Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.
Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.
Entrada a lo que era el predio de la PFA
El modelo extractivo del Estado
La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.
Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.
Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.
Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.
La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.
La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.
Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.
A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.
– Lisandro Almirón
Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.
La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.
Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.
¿Qué candidatos estaban en juego?
En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.
Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.
– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub
La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.
Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.
La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.
Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó envuelto en una fuerte polémica tras referirse al hundimiento del ARA General Belgrano durante una entrevista brindada el 2 de abril en los estudios de A24. Consultado por Eduardo Feinmann acerca del ataque contra el crucero de la Armada Argentina ocurrido el 2 de mayo de 1982.
“Estaban en combate y fue un acto de guerra”, respondió el funcionario que reemplazó a Luis Petri en esa cartera a mediados de diciembre del año pasado.
La declaración del ministro ocupó poco más de diez segundos de aire televisivo, pero generó una ola de cuestionamientos. En la Argentina persiste una interpretación jurídica y política que considera el ataque un crimen de guerra, dado que el buque navegaba a 231 millas marinas fuera de la Zona de Exclusión Total (ZET) fijada unilateralmente por Londres cuando fue bombardeado por el submarino nuclear británico HMS Conqueror.
La orden de impactar el buque fue impartida por la entonces primera ministra Margaret Thatcher.
El hundimiento constituyó la mayor tragedia naval de la Armada Argentina y la mayor pérdida de vidas para las fuerzas en toda la guerra: 323 muertos, una cifra que representó casi la mitad de las bajas totales que tuvieron las fuerzas de nuestra nación durante el conflicto.
Las declaraciones se produjeron en una fecha especialmente sensible. Sus palabras adquirieron una dimensión política mayor y derivaron en un reclamo opositor para que el Ministerio de Defensa revisara públicamente lo expresado por su titular.
“Una lectura funcional a la versión británica”
Lejos de limitarse a una diferencia de encuadre jurídico, Agenda Malvinas, portal especializado en la cuestión del Atlántico Sur, leyó las palabras de Carlos Presti como un gesto político de fondo.
El lapidario artículo sostuvo que el ministro constituyó “una afrenta directa a los 323 héroes que perdieron la vida” y describió sus dichos como una ruptura con una línea histórica sostenida durante décadas en la Argentina. Así, para el medio, Presti incurrió en una validación de la versión británica sobre el hundimiento del ARA General Belgrano.
También advirtió que la definición de Presti recortó un antecedente central para entender el hundimiento del Belgrano: el Informe Rattenbach, el documento oficial elaborado tras la guerra para examinar las responsabilidades políticas y militares del conflicto. En ese trabajo, el Estado argentino atribuyó a la conducción de la guerra una preparación insuficiente, un planeamiento “apresurado, incompleto y defectuoso” y decisiones de mando que agravaron el escenario en el Atlántico Sur. Entre ellas, cuestionó con dureza el repliegue naval que dejó a Gran Bretaña con el “dominio absoluto del mar”. Desde esa lectura, Agenda Malvinas sostuvo que reducir el ataque a un simple “acto de guerra” dejó afuera el principal antecedente institucional producido por la propia Argentina sobre la conducción de Malvinas.
En esa misma línea, el medio avanzó sobre otro punto sensible de la secuencia militar de 1982: mientras el Belgrano se hundía, el entonces jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, ordenó el repliegue de la flota de mar hacia “puertos seguros” de la costa patagónica.
En la segunda audiencia del juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ramón “Tito” López vinculó al exgobernador K a la causa que lo tiene como principal imputado junto a su familia.
El organismo antilavado retiró del buscador principal las resoluciones de multas firmes con más de cinco años de antigüedad. La decisión fue justificada como una forma de evitar futuros reclamos por “derecho al olvido”.
Las contrataciones incluyeron panificados para la Casa Rosada y Olivos, cortes premium para la residencia presidencial y servicios de catering y cafetería para la Cámara de Diputados, pese al discurso oficial de austeridad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
