21 agosto, 2025

Siguen los RECLAMOS contra Kicillof por el calor y la FALTA DE OBRAS en escuelas de La Plata

Las protestas por la falta de infraestructura se agravan, mientras que padres y alumnos se unen para exigir soluciones a las autoridades bonaerenses.
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Este miércoles en La Plata estuvo plagado de protestas, cortes y manifestaciones de parte de la comunidad educativa en diferentes establecimientos, reclamando por la falta de obras y condiciones básicas para el normal desarrollo de las clases. Señalando como responsable principal al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La ausencia de ventilación para afrontar la ola de calor, la falta de energía y agua, son los problemas más recurrentes que afectan algunos colegios, a dos semanas de haber comenzado el ciclo lectivo y tras promesas incumplidas.

Protestas en los colegios contra el Gobierno de Axel Kicillof.
Protestas en los colegios contra el Gobierno de Axel Kicillof.

Una de las manifestaciones es llevada adelante por padres y madres de los estudiantes de la Escuela 38 de Abasto (ubicada en calle 519 y 208), quienes aseguran que “están furiosos” y este miércoles se hicieron presente en la institución “porque hace un año que las autoridades del Consejo escolar prometieron aires y reparaciones, pero no cumplieron“.

Por otro lado, en el Colegio María Reina, de calle 44 entre 126 y 127 (Berisso) la situación fue muy particular debido a que los problemas se agravaron. Allí un grupo de padres inició acciones por cuenta propia y decidió comprar bidones con agua potable para que sus hijos puedan estudiar.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Al mismo tiempo, hubo un corte y protesta de alumnos de la escuela Normal 3, ubicada en 8 y 58, mientras que en la Escuela 8, de diagonal 74 y 57, realizó un abrazo solidario por las condiciones edilicias. A estos se le sumará el Centro de Estudiantes del Colegio Albert Thomas (junto a padres y docentes), quienes durante el mediodía cortaron la calle en la puerta de la escuela, reclamando por las condiciones de estudio y la falta de ventiladores.

Estos son algunos de los puntos en donde se desarrollaron protestas, en la ciudad y gran parte de la región, evidenciando una situación que preocupa y viene de tiempo atrás sin encontrar una solución por parte de los responsables.

Redacción

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Investigan a extranjeros por presunto fraude en el examen de residencias médicas

Las autoridades sanitarias identificaron puntajes inconsistentes con los antecedentes académicos y el desempeño previo en otras evaluaciones de varios postulantes. Según fuentes oficiales del Ministerio, “son resultados incongruentes con el parámetro histórico de las universidades de donde provienen, con el promedio de la carrera de esos alumnos y en relación con otros exámenes que esos mismos alumnos rindieron”.

Una de las mayores alertas surgió al comparar los resultados obtenidos en el examen nacional con otro examen similar rendido dos días antes en el Hospital Británico. En un caso del top 10 del ranking nacional, el postulante alcanzó 95 puntos en el examen oficial, mientras que solo había obtenido 45 puntos en la prueba anterior, una diferencia significativa de 50 puntos.

La mayoría de los casos investigados provienen del Concurso Unificado para Medicina, que se realizó en Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires, donde participaron alrededor de 8.000 médicos. En total, hubo 10.225 resultados en el examen, con 1.026 ausentes, por lo que finalmente rindieron la prueba 9.199 postulantes. Los resultados se publicaron el pasado 18 de julio.

Históricamente, médicos graduados en universidades ecuatorianas no superaban el puesto 500 en el ranking. Sin embargo, este año, más de 30 postulantes de instituciones como la Universidad Técnica de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y Universidad Central del Ecuador, accedieron a los primeros puestos. Particularmente llamativo resultó que nueve egresados de la Universidad Técnica de Manabí, representando apenas el 0,02% del total, se ubicaron entre los 27 primeros puestos.

Además, se detectaron puntuaciones superiores a 88 puntos entre egresados colombianos de la Universidad de Boyacá y la Universidad Tecnológica Pereira. Del total de 2.833 postulantes extranjeros, se contabilizaron 1.045 provenientes de Ecuador, 787 de Colombia, 383 de Bolivia, 312 de Brasil, 114 de Venezuela y 61 de Perú.

En paralelo, una versión difundida por el medio digital Quorum informó que un grupo de aspirantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires habría denunciado ante el decano la supuesta venta de exámenes por valores entre 2.000 y 3.000 dólares, solicitando medidas inmediatas.

Desde el Ministerio también investigan indicios que sugieren ayuda externa durante el examen, como el uso de segundos teléfonos celulares para recibir respuestas mediante asistentes digitales e incluso grupos organizados a través de aplicaciones como Telegram. Fuentes ministeriales señalaron además casos en los que postulantes habrían ido hasta nueve veces al baño durante el examen, reforzando la hipótesis. Calificaron la situación como un posible “fraude masivo y organizado” y reconocieron que, de confirmarse la venta de exámenes, se habría evidenciado una falla en los controles.

En respuesta a estos hallazgos, la cartera sanitaria analiza postergar la publicación del ranking final de mérito, inicialmente prevista para el próximo lunes, que impacta directamente en la elección de los hospitales o instituciones para realizar las residencias médicas.

Este examen incorporó, además, una reciente modificación que otorga cinco puntos adicionales a quienes hayan cursado sus estudios en universidades argentinas, cambio aplicado específicamente al Concurso Unificado (Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires), con el objetivo declarado de reducir asimetrías frente a egresados con títulos extranjeros.

Redacción

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Un juzgado federal donó el dinero recaudado por delitos a un hogar de ancianos

El Hogar de Ancianos “Cura Jeannot Sueyro” de Gualeguaychú recibirá un aporte regular de la Justicia Federal, con un primer desembolso que supera los 4 millones de pesos. La iniciativa surge de gestiones del intendente Mauricio Davico ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú y se enmarca en los mecanismos reparatorios previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal. 

El jefe comunal y el juez federal Hernán Viri recorrieron la residencia junto al presidente de su comisión directiva, Gustavo Píccoli. También estuvieron el fiscal federal Pedro Rebollo; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Benito Bacigalupo e integrantes de la comisión del Hogar.

Durante la visita, Viri explicó el origen de los fondos. “El nuevo Código Procesal Penal Federal establece que en ciertos delitos, cuando no son graves, puede haber una resolución alternativa, donde hay una reparación económica. Esto es un acuerdo al que llega el fiscal con la defensa, me presentan el acuerdo, yo lo homologo y le damos el destino a ese dinero a alguna entidad benéfica”.

En el último año, gran parte de esos recursos se dirigieron al Hospital Centenario, por más de 100 millones de pesos, al Centro de Salud Juan Baggio, a Madres Cuidadoras y a Cáritas. 

La meta, dijo, es ampliar el alcance: “La idea es tratar de diversificar esta ayuda económica, como para que lo reciba la mayor cantidad de personas”, e insistió: “pretendemos, sobre todo en la medida de lo posible, que sea constante para que puedan tener un aporte sostenido en el tiempo, porque el trabajo que hacen es muy, muy valioso, muy valorable. Tenemos que apoyarlos”.

Por su parte, el intendente Davico valoró la rapidez de la respuesta judicial a su pedido para el Hogar: “Es tan importante este gesto, que debería ser contagioso. Ojalá pase más seguido, tener funcionarios judiciales con solidaridad, pensando realmente en las cosas importantes”, y remarcó el foco de su gestión: “para nosotros, los gurises y los adultos mayores son muy importantes”.

Píccoli, por su parte, agradeció el acompañamiento del Municipio y de la Justicia. La recorrida incluyó sectores del edificio —casi centenario— donde se ejecutan mejoras con colaboración del Rotary Club y de otros actores sociales. 

Redacción

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El Gobierno lanza la concesión de 4.400 km de rutas nacionales 

El Gobierno anunció el llamado a licitación pública por 4.428,93 kilómetros de rutas nacionales pertenecientes a la Etapa II del ambicioso plan Red Federal de Concesiones. Se trata de ocho corredores que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

El proceso se oficializará mediante una publicación en el Boletín Oficial durante los próximos días. La resolución ya fue firmada por la Secretaría de Transporte y verificada por la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia.

Se licitarán corredores clave: el Sur (RN 3 y RN 205), Atlántico (RN 226), Pampa (RN 5), Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8 y rutas provinciales), Portuario Sur (Campana–Rosario), Portuario Norte (San Nicolás) y Acceso Sur (autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza‑Cañuelas).

La iniciativa busca delegar en privados la explotación, administración, mantenimiento, ampliación y servicios al usuario. También se prevén proyectos colaterales para generar ingresos adicionales sin subsidios estatales.

La Resolución 827/2025 convocó audiencias públicas entre el 11 y el 13 de junio en San Miguel del Monte, Junín y San Nicolás. Esas instancias permitieron debatir los detalles con actores locales y organizaciones civiles.

La Red Federal de Concesiones totalizará unas 9.154,67 km en 18 tramos. El proyecto completo representa solo el 20 % de la red vial nacional pero concentra el 80 % del tránsito vehicular.

La primera etapa, bautizada “Ruta del Mercosur”, abarcó 741,71 km sobre las rutas 12 y 14 y tramos fronterizos. Ese proceso aún está abierto y sufrió una prórroga que postergó el cierre de ofertas hasta septiembre de 2025.

El Tramo Oriental involucra las rutas RN 12, RN 14, RN 135, A‑015 y RN 117, conectando con los puentes internacionales entre Argentina, Uruguay y Brasil. El Tramo Conexión corresponde a la RN 174 y su zona de influjo fluvial y portuario.

El plazo original para recibir ofertas vencía el 5 de agosto de 2025. El Gobierno extendió ese vencimiento hasta el 8 de septiembre tras incorporar aclaraciones y revisiones en los anexos técnicos de los pliegos.

La disolución de Vialidad Nacional en julio de 2025 pasó las funciones de planificación y control al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones, ligada al área de Transporte.

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina (STV y ARA) considera que la disolución de Vialidad y el traspaso a manos privadas puede generar “rutas peligrosas” y pérdida de más de 5.500 puestos de trabajo.

Redacción

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Caminos rurales intransitables frenaron la producción de un tambo y el intendente pidió que “sigan pagando y recen que no llueva”

El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.

“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.

En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.

Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.

“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.

Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.

“El municipio no reconoce el problema”

Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.

“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.

Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.

*Con información de Bichos de Campo

Redacción

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Vecinos de Mendoza se organizaron para perseguir delincuentes: “Si esperamos a la Policía, se escapan”

El barrio Pedro Molina IV en Guaymallén, provincia de Mendoza, atraviesa una situación de inseguridad “extrema y constante” que ha llevado a los habitantes a organizarse por cuenta propia para protegerse ante la falta de respuesta por parte de la policía y del municipio. Los residentes han creado una especie de “guardia urbana vecinal” informal, donde no solo denuncian sino que también intervienen directamente.

“Somos un grupo fijo de vecinos pero cuando pasa algo, salimos muchos más. No tenemos otra opción, la situación está desbordada”, subrayaron los vecinos. “Si esperamos a que venga la policía, ya se escaparon. Eso que a cinco cuadras hay una comisaría, pero no actúan rápido”, agregaron.

– Fuente: Mendoza Post

La situación cobró visibilidad nacional a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa a un grupo de personas golpeando a un presunto ladrón que había intentado arrebatarle el celular a una niña de 12 años. El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando la menor logró filmar al agresor antes de que este escapara.

Según el relato del periodista Julián Chabert de Radio Post, quien estuvo en el lugar, la víctima rápidamente activó el sistema de comunicación vecinal a través de un grupo de WhatsApp barrial para “salir a buscarlo”. Los vecinos lograron ubicar al delincuente y lo sometieron antes de que llegara la policía.

“Los vecinos se organizan solos, están cansados de esperar. Hacen la denuncia, pero también intervienen por su cuenta”, afirmó Chabert.

La Comisaría 31, que debería brindar seguridad al distrito Pedro Molina y Belgrano, enfrenta serias limitaciones desde hace más de un año, teniendo un solo móvil policial funcional para toda la zona, un edificio administrativo que está parcialmente demolido y requiere reconstrucción completa, falta de recursos y personal suficiente para atender la demanda de delitos.

El gobierno mendocino ha licitado la demolición y construcción de una nueva Comisaría 31 desde mediados de julio de 2025, con un presupuesto de $915.299.924, pero la obra aún no ha comenzado. En 2024, Mendoza registró 32.357 robos, una tasa de 1.564 robos cada 100.000 habitantes, ubicándose como la tercera provincia más afectada del país, superada solo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Otro factor que agrava la situación es la presencia creciente de adictos en la zona. Los vecinos utilizan el término “piperos” para referirse a quienes “fuman cocaína y parecen zombies”. Según los testimonios recogidos por Chabert, “cada vez hay más y nadie hace nada”, con muchos de los delincuentes siendo conocidos cercanos, lo que complica aún más la convivencia y eleva la tensión en el barrio.

– Fuente: Mendoza Post

Desde el Ministerio de Seguridad provincial indicaron que la Comisaría 31 está operativa pero reconocieron que no tiene detenidos ni fiscalía donde los móviles paran y siguen funcionando. Los vecinos denuncian que no hay reclamos formales atendidos por el municipio sobre el cierre de baldíos que se convierten en refugio de delincuentes, mejoras en la iluminación pública y de cámaras de seguridad que no funcionan correctamente.

El problema no se limita al barrio Pedro Molina IV. Otros sectores de Guaymallén como San José también han experimentado situaciones similares, donde vecinos y hasta una concejal se han organizado para enfrentar la creciente inseguridad en “tierra de nadie”.

Redacción

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FORMOSA | Convencionales opositores abandonaron la constituyente: “Se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”

La Convención Constituyente de Formosa atraviesa una crisis política profunda luego de la renuncia de seis miembros de la oposición. Los convencionales libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez, la dirigente de Nuevo País, Gabriela Neme, sumados a Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso, decidieron abandonar el recinto. Alegan que el oficialismo incumple sistemáticamente el reglamento, lo que convierte el proceso en una “farsa”.

Esa renuncia destruye cualquier fachada de pluralidad en un cuerpo que empezó con mayoría oficialista: el bloque peronista domina con 21 de los 30 miembros. La salida de los seis opositores deja a la UCR como única voz disidente, reduciendo aún más la representatividad institucional.

Los convencionales acusaron al PJ de violar derechos fundamentales en el debate: aprobaron artículos sin proyectarlos ante la oposición, bloquearon mociones, silenciaron a los minoritarios con cortes de micrófono y prohibición de nombrarse entre sí. Denuncian una “gravedad institucional” que desnaturaliza la discusión democrática.

Gabriela Neme resumió la situación con crudeza: sesiones a contrarreloj, falta de herramientas básicas, ausencia de apoyo técnico y desigualdad abrumadora frente al oficialismo. “Ellos tenían todo: personal, impresoras, acceso a los textos. Nosotros, nada.”

La carta jueza no solo refleja disconformidad técnica, sino también ideológica. Neme sostuvo: “No podemos legitimar una puesta en escena… se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”.

– La renuncia presentada por Gabriela Neme

Gildo Insfrán impulsa esta convención luego de que la Corte Suprema invalidó la reelección indefinida en Formosa. El artículo inconstitucional fue introducido por él mismo en 2003 para perpetuarse en el poder. Ahora, busca adaptar la Carta Magna ante ese fallo, aunque la oposición acusa manipulación política.

El peronismo formoseño argumenta que la reforma amplía derechos de tercera y cuarta generación, buscando legitimar su gesto institucional. Sin embargo, la oposición considera que se trata de una maniobra para sortear el fallo judicial mediante un maquillaje democrático.

El radicalismo, pese a compartir el rechazo al oficialismo, optó por permanecer en la convención. Su presidente provincial, Miguel Montoya, justificó su permanencia como una estrategia: permanecer les permite recolectar argumentos para futuras impugnaciones judiciales.

Montoya sostuvo que retirarse significaría abandonar la arena institucional. “En política, se representa. Nos votaron para estar ahí”, y remarcó que la democracia “no se forjó abandonando luchas”.

Christian Spadari

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