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Mar del Plata será sede este viernes de la jornada “Exploración y explotación offshore en el Mar Argentino norte. Perspectivas y oportunidades regionales y nacionales”, que se desarrollará en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial y contará con destacados expositores que disertarán sobre la potencialidad y el impacto de esta industria en la economía local.
Uno de los participantes será el ex presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA), Norberto Beliera, quien anticipó (de cara a su exposición) que el desarrollo de esta industria “generará puestos de trabajo altamente calificados y muy buen remunerados”.
El ex presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA), Norberto Beliera.
En el encuentro organizado por el CIPBA con la participación de YPF y el apoyo de la CGT local, Beliera analizará la importancia de la exploración petrolera para la economía y el desarrollo industrial marplatense.
El actual titular del Distrito VII del CIPBA dijo que, de concretarse la explotación offshore, “el efecto multiplicador en la actividad económica de ‘La Feliz’ sería muy importante, con la creación de miles de empleos directos e indirectos, y las consecuentes mejoras en la calidad de vida de sus vecinos”.
“Nuestros recursos no convencionales constituyen una tremenda oportunidad histórica de recuperar el tan ansiado autoabastecimiento energético“, enfatizó Beliera sobre la necesidad de avanzar hacia la transición de los hidrocarburos hacia fuentes renovables.
Respecto de la vital importancia que esta oportunidad significa para la soberanía nacional, el ingeniero advierte que “si no explotamos los recursos que se encuentran en nuestra plataforma submarina, lo harán otros países. Pero debemos hacerlo de modo sostenible, por lo que nos conviene reducir su uso interno, para generar el mayor excedente exportable posible”.
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El rubro de la construcción sigue en caída y ya son 10 meses consecutivos en los que se registra una cantidad de despidos masivos, ya son más de 95.000 personas que perdieron su puesto de trabajo.
Un informe publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción remarcó que en el sexto mes del año hubo 348.777 trabajadores registrados en la construcción.
Desde el IERIC comentaron que “la dinámica de junio se mantuvo dentro del sendero de desaceleración del ritmo de caída, mostrando señales de cierta estabilización luego de un periodo de sensible caída en el empleo sectorial”.
En términos interanuales se registró un desplome del 21,2% muy similar a los promedios que se vieron en abril y mayo. Este suceso se registró como el segundo peor mes solo superado en el año 2020 durante la pandemia.
“La cantidad de puestos de trabajo registrados en junio se encuentra entre los registros más bajos de la serie histórica superando solo en 2020 y 2021 cuando sucedió la pandemia del Covid-19“, remarcó la institución.
Debido a todo esto, los salarios también bajaron significativamente y se registró que en el mes de junio el salario promedio era de 1.067.732 pesos con el medio aguinaldo incluido. De este modo la media de la remuneraciones percibidas por los trabajadores presentó una expansión interanual del 246% contra una inflación que era del 271%.
En un esfuerzo por impulsar el desarrollo económico y la inversión en la provincia, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la presentación del proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ante la Legislatura. Este anuncio se realizó después de una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y ha generado un notable interés entre las empresas mineras, que ya están planeando inversiones por un total de USD 9.000 millones.
Entre las empresas interesadas en aprovechar el RIGI se encuentra POSCO Argentina, que planea utilizar el régimen para las fases 2 y 3 de su proyecto de litio, con una inversión de USD 2.000 millones. Fuentes oficiales señalaron que la compañía espera que el RIGI mejore el entorno económico y empresarial, lo que podría llevar a futuras inversiones adicionales.
Ganfeng, otra empresa minera, está evaluando la construcción de un nuevo proyecto de litio con una inversión cercana a los USD 1.000 millones. De igual manera, First Quantum Minerals tiene previsto aplicar al RIGI para su proyecto de cobre Taca Taca, con una inversión estimada de USD 4.000 millones. La empresa está trabajando estrechamente con la provincia para obtener los permisos necesarios y se espera que el proyecto se concrete en el corto plazo.
Por su parte, Eramet planea aplicar el RIGI para la fase 2 de su proyecto de litio Centenario Ratones, con una inversión estimada de entre USD 800 millones y USD 1.000 millones. Alejandro Moro, CEO de Eramine Sudamérica, mencionó que la empresa cuenta con el RIGI para la expansión y duplicación de la producción de su planta actual, con el objetivo de comenzar a fines de este año.
Asimismo,Rio Tinto avanza en la construcción de su planta de 3.000 toneladas de litio y está evaluando la construcción de una planta de 50.000 toneladas para el próximo año. Alpha Lithium/Tecpetrol también está considerando la construcción de sus proyectos en el corto plazo, aprovechando los beneficios del RIGI.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ha destacado la importancia de la adhesión de más provincias al RIGI, señalando que este régimen es fundamental para la concreción de importantes inversiones destinadas a desarrollar la producción minera.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
El mes de julio trae malas noticias económicas para el Gobierno, que se esfuerza por mantener una línea de ajuste brutal en las cuestas públicas, es que por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei, no se logró alcanzar el superávit financiero durante el séptimo período del año.
Así lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien achacó el cierre en rojo de las cuestas públicas al desembolso de 780 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses de la deuda contraída por él mismo, en 2018, cuando era funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
El dato endurece la confianza de los inversores en un momento delicado del mercado financiero, ya que se suma a la inestabilidad en la capacidad de pago de los compromisos en moneda dura, por parte del Gobierno. Además de la poca disponibilidad de dólares que por la falta de disciplina fiscal de los últimos meses.
Asimismo, si a la caída cotidiana de reservas de los últimos días se le agrega un deterioro del panorama fiscal, el dato podía deparar una sorpresa aún más desagradable para el equipo económico que se esfuerza por mostrar logros de gestión a toda costa.
Si bien, las reservas se verán afectadas también por el pago de intereses al FMI por otros mil millones de dólares a finales del mes de agosto, Caputo prometió que las cuestas publicas volverán a tener un saldo positivo, con la intención de llevar calma a los mercados y sobre todo a los inversionistas que miran con desconfianza el panorama de aquí a diciembre.
El titular del Palacio de Hacienda, confirmó que a mediados del nuevo mes que comienza, llegaran fondos frescos por parte del BID, que prestará unos USD 650 millones al país, para equilibrar las salidas de dólares destinadas al pago de intereses internacionales.
También, el Gobierno confía en la llegada de dólares a través del sector del agro, que estableció un compromiso de saldar algunas toneladas de cereales que quedaron pendientes de la cosecha 2024 a la espera de la liberación del cepo cambiario, que no parece dar señales de desaparecer en lo inmediato.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior.A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.
Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.
Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.
Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que la situación que se atraviesa es dramática, ya que no se avizora aún un piso de la caída de la actividad. Resaltó el esfuerzo de su gestión de preservar el trabajo y alentar la producción, para la generación de empleo privado en una provincia donde el 50 por ciento de los trabajadores depende del Estado.
