Pichetto y Cornejo denunciaron al titular de Asuntos Indígenas que le otorgó tierras a mapuches

Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto denunciaron a Alejandro Marmoni por hacer entrega de 25.000 hectáreas privadas a la comunidad mapuche.
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El senador radical Alfredo Cornejo junto al auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto presentaron una denuncia penal contra el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, por otorgar 25 mil hectáreas a comunidades aborígenes.

El punto central de la denuncia que se presentó formalmente este viernes en los tribunales de Comodoro Py se basa en la entrega de 25 mil hectáreas en la provincia de Mendoza que fue oficializada a inicios de este mes en la Resolución 47/2023 plasmada en el Boletín Oficial que llevó la firma de Marmoni. Al titular del Instituto se lo acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y traición a la patria.

Miguel Ángel Pichetto on Twitter: “Efectuado el sorteo de la denuncia presentada junto a @alfredocornejo por Traición a la Patria contra el titular del INAI por la ilegítima entrega de porciones de nuestro territorio a grupos autodenominados mapuches en la prov. de Mendoza. La misma recayó en el Juzgado Federal 8. pic.twitter.com/9R76VdMsSG / Twitter”

Efectuado el sorteo de la denuncia presentada junto a @alfredocornejo por Traición a la Patria contra el titular del INAI por la ilegítima entrega de porciones de nuestro territorio a grupos autodenominados mapuches en la prov. de Mendoza. La misma recayó en el Juzgado Federal 8. pic.twitter.com/9R76VdMsSG

“La denuncia es por la resolución del INAI en la provincia de Mendoza —que entregó tierras cuando sólo podría hacer relevamiento— y porque es una batalla cultural que pasa desapercibida. Mendoza no era un conflicto respecto de los reclamos de los Mapuches y ahora lo es”, explicó el senador nacional.

“El INAI no puede hacer reconocimiento de propiedades, no está en sus funciones. Además hizo caso omiso a dos fallos de la provincia de Mendoza. Hace dos años había en todo el país 600 reclamos, hoy hay 1800 reclamos”, agregó Pichetto.

Alfredo Cornejo on Twitter: “Con @MiguelPichetto presentamos una denuncia penal contra Alejandro Marmoni, titular del INAI, por extralimitarse en la entrega de tierras en Mendoza a favor de supuestas comunidades mapuches.Debemos combatir estas políticas que implican pérdida de la soberanía territorial. pic.twitter.com/VQlYshwiXc / Twitter”

Con @MiguelPichetto presentamos una denuncia penal contra Alejandro Marmoni, titular del INAI, por extralimitarse en la entrega de tierras en Mendoza a favor de supuestas comunidades mapuches.Debemos combatir estas políticas que implican pérdida de la soberanía territorial. pic.twitter.com/VQlYshwiXc

Para el auditor general hay pruebas fehacientes para comprobar la existencia de los tres delitos mencionados en la actividad del recientemente designado Marmoni: “Inclusive el de traición a la patria, está suficientemente documentado porque hay sesión de soberanía, hay pérdida de territorio porque esas comunidades que se autoperciben como mapuches no reconocen al Estado argentino“, planteó.

Al detallar por qué se considera que el INAI y su titular se comportan de tal manera, tanto Pichetto como Cornejo señalaron como culpable al espacio oficialista: “Es parte del conflicto del Frente de Todos que es una alianza heterodoxa en donde hay un Presidente que no lidera o que, en realidad, valida esto”. “Debemos combatir estas políticas que implican pérdida de la soberanía territorial”, coincidieron.

“DONACIÓN” DE TIERRAS

En las primeras semanas del mes de febrero, el INAI hizo entrega de más de 21.500 hectáreas a dos comunidades mapuches: El Sosneado, de San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe. Ambas venían protagonizando violentos reclamos bajo el fundamento de la pertenencia de dichas tierras. Como respuesta, el Instituto liderado por el íntimo amigo de Amado Boudou, Alejandro Marmoni, donó las tierras y unas semanas después agregó 4.477 hectáreas más para la comunidad Lof Limay Kuref.

Ante esto, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, salió al cruce contra el gobierno nacional y afirmó que presentará denuncias contra los responsables.

Rodolfo Suarez on Twitter: “Oportunamente una vez transitada esta vía, se realizarán las acciones judiciales que correspondan.Hoy el ministro de Gobierno, @vibanezrosaz, recibió al fiscal de Estado, Fernando Simón y al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para trabajar en la elaboración de estos recursos. / Twitter”

Oportunamente una vez transitada esta vía, se realizarán las acciones judiciales que correspondan.Hoy el ministro de Gobierno, @vibanezrosaz, recibió al fiscal de Estado, Fernando Simón y al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para trabajar en la elaboración de estos recursos.

“Las resoluciones del INAI presentan vicios en todos los elementos esenciales de un acto administrativo, es decir en la competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad. Cada uno de estos vicios está desarrollado en la presentación provincial, lo que permite concluir que las resoluciones resultan nulas, de nulidad absoluta e insanable e ilegítimas, motivo por el cual deben ser dejadas sin efecto por el organismo que las dictó“, señalaron desde la gobernación mendocina.

Además se sumó el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, quien presentó tres recursos de reconsideración en contra de las resoluciones del INAI por la ocupación de tierras reconocidas a comunidades mapuches.

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Hugo Moyano echó a cuatro sindicalistas de Camioneros en medio de versiones de fraude

El golpe fue sorpresivo pero calculado: esta semana, Hugo Moyano removió sin aviso al secretario administrativo Claudio Balazic y al secretario tesorero Paulo Villegas. Más tarde sumó al prosecretario administrativo Alejandro Vanati y a otro dirigente aún no identificado públicamente.

Las versiones que circulan en Mar del Plata hablan de una denuncia penal por presunto fraude vinculado al Hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato. Se investigan cheques firmados por los desplazados, y los denunciantes acusan que habrían fondos malversados.

El expediente judicial habría sido iniciado el 12 de septiembre en la Fiscalía N.º 10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. En ese marco, se denunció al administrador del hotel, quien fue expulsado del gremio, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión.

– Claudio Balazic

Mientras tanto, el gremio anunció el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”. La coincidencia entre el cierre y las purgas internas alimenta especulaciones de que todo forma parte de una limpieza interna dirigida por Moyano o su entorno más cercano.

Desde medios sindicales apuntan a la ascendente figura de Octavio Argüello como beneficiario del vaciado: la idea sería abrir espacio para nuevos allegados y debilitar redes de poder ligadas a Pablo Moyano.

También se menciona la influencia de Liliana Zulet, esposa de Moyano, como cerebro silencioso de la operación. 

El escándalo no se limita a lo gremial. Si los cheques y balances sometidos a investigación revelan irregularidades mayores, podrían salpicar al propio Hugo Moyano como máximo responsable del sindicato. Algunos ya hablan de que puede ser el inicio de una crisis institucional dentro de Camioneros.

A sus 81 años, Moyano no cede terreno. En paralelo a estas movidas internas, presiona para mantener su influencia en la CGT. Su hijo Pablo celebra triunfos ajenos —como el ascenso de su club Deportivo Camioneros— mientras el padre ajusta el poder detrás del telón.

En los últimos tiempos ya habían emergido fisuras: Moyano enfrenta conflictos con Jorge Taboada, su segundo al mando, y rumores de deslealtades internas se filtraron en vísperas de la renovación de autoridades del gremio.

Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

“HAY QUE EXTERMINAR LAS VILLAS” | Ramiro Marra propone medidas urgentes para evitar en Argentina lo que pasó en Río de Janeiro

“En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en villas. En la 1-11-14, el 85% son inmigrantes, en su mayoría ilegales. Si no queremos terminar como Río de Janeiro, hay que erradicarlas y recuperar a los argentinos laburantes que están ahí. ARGENTINA PARA ARGENTINOS, escribió Marra el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X, en el marco del megaoperativo que se llevó a cabo en la ciudad carioca.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro pic.twitter.com/bDivfR3Hrd / X”

EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto.


Para respaldar sus dichos, el legislador compartió un informe del Conicet donde se detalla en porcentaje cuántos hogares migrantes hay en cada una de las villas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.

“El 69% de los migrantes viven en las villas”, remarcó Marra y desarrolló: “Un informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros.

“Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro”, expresó.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue / X”

Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue

“¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Para que no pase lo que estamos viendo en Río de Janeiro, que los narcos tenían tomados a todos los ciudadanos con su delincuencia”, analizó el legislador.

“Te voy a dar un dato de cómo solucionarlo”, siguió en un efusivo video. “La mayoría de los que viven en la villa son inmigrantes ilegales. Hay un informe del Conicet que muestra que hasta el 85% en villas como la 1-11-14 son inmigrantes y en su mayoría ilegales”.

En ese sentido, propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen además la inmigración ilegal y el narcotráfico como ejes centrales dentro de las villas.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU / X”

¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU

“Por eso tenemos que solucionar el tema de las villas junto al tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, porque no queremos ser Río de Janeiro, no queremos sufrir lo que está pasando en Brasil”, insistió.

En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de CABA para combatir narcos y delincuencia.

El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.

LA MATANZA | El PRO retiró sus fiscales tras denunciar irregularidades de un puntero de Pareja

A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.

El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.

La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.

– Luis “El Negro” Ontiveros

Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.

Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.

En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.

La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.

También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.

Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.

Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.

Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.

Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.

Ritondo celebró la victoria de la alianza LLA+PRO y habló del “simbolismo” de ganar en suelo bonaerense

Kicillof quiere gastar $675 millones en crear un “INCAA bonaerense” 

El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.

La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.

El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.

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La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.

Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.

El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.

Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.

Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.

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