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En diálogo con el medio Infobae, el fiscal Diego Luciani adelantó que pedirá una condena más alta para Cristina Fernández de Kirchner y también apelará a la absolución de Julio De Vido. Además, no coincidió con el Tribunal Oral Federal Nº 2 quienes desestimaron la vinculación de CFK como jefa de una asociación ilícita.
“Para nosotros está comprobada la asociación ilícita. Y vamos a apelar. Queremos revertir esa mirada que se instaló en tribunales de que en las causas de corrupción no aplica la asociación ilícita”.
El veredicto contra los acusados dentro de la causa Obras Públicas – Vialidad
El fiscal calificó la absolución de De Vido como “ilógico”: “¿Cómo puede ser que Cristina Kirchner formó parte y que José López, secretario de Obras Públicas, formó parte y que De Vido no esté cuando el Tribunal entiende que hubo una colosal maniobra?”, se preguntó. “En nuestro alegato nosotros hemos demostrado que acá hubo una verticalidad a la hora de favorecer a Lázaro Báez”.
Para que el fiscal de la Causa Vialidad pueda avanzar con las apelaciones y el pedido del incremento de la condena para Cristina Fernández de Kirchner, debe esperar hasta marzo para conocer los fundamentos concretos de los jueces, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
El fiscal Diego Luciani pedirá una condena mayor para la Vicepresidente
Basso sí apoyó el criterio de la fiscalía al avalar que existió una asociación ilícita, pero sus pares no estuvieron de acuerdo. En paralelo, el Ministerio Público ya está preparando sus propios argumentos en base a lo que ya se plasmó en el alegato.
Para el Ministerio Público, está claro “cómo funcionó el sistema de corrupción más grave que se haya verificado en la historia de nuestro país, en el que se avasallaron groseramente los principios de la contratación pública (igualdad de trato, competencia, concurrencia, publicidad y transparencia, entre otros) y que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas nocivas hasta el día de hoy“.
¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh
El descargo de CFK luego de que le dictaran la condena
En ese contexto, Luciani reafirmó que las pruebas expuestas en el juicio “confirman la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina” e “interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades”.
“Vamos a buscar que revertir que ese criterio instalado con el fallo ‘Stancanelli’ de la Corte menemista que habló de la asociación ilícita en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador y que tomó un liderazgo para que no se aplique esa figura en los casos de corrupción. Entendemos que ese delito no sólo vale para las causas de secuestros, drogas o evasiones sino también para los delitos de la administración pública. Ese es el nudo de la cuestión”, confirmó Luciani horas después de conocerse la sentencia.
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El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.
Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias.
De hecho, Catalán supo trabajar “codo a codo” con Guillermo Francos, hasta este miércoles, que fue nombrado jefe de Gabinete. Ahora es él quien maneja la cartera de Interior.
No obstante la designación de marras, Catalán ya había sido puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hacía ad honorem.
Se trata de un abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.
Supieron depender de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.
A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros. Uno de ellos, el de cobrar “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.
Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.
No es el único choreo: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.
Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata.Específicamente debe poner la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.
Algo similar ocurrió en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propuso como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales. Pero esa es otra historia…
El brutal asesinato de Rita Mabel Suárez el jueves 15 de agosto en Villa Luzuriaga ha reavivado el intenso debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el nuevo epicentro de una polémica entre el gobierno nacional y el provincial del gobernador, Axel Kicillof.
El subsecretario de Medios, Javier Lanari, expresó contundentemente que “La Provincia es un baño de sangre” y acusó a la administración bonaerense de “proteger delincuentes y fomentar la violencia”. Por otro lado, Kicillof reclama que el gobierno nacional “quitó 750 mil millones de pesos de un fondo que estaba destinado a seguridad”, equivalente según él a “la compra de 10.000 patrulleros”. El gobernador habría creado un programa provincial de $170.000 millones con recursos propios para fortalecer el despliegue policial. “Sí salis, no sabes sí volvés”, declaró una vecina sobre el violento hecho.
Kicillof ha intentado despolitizar el debate, señalando que “algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor” y criticando que “se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”. Sin embargo, el funcionario reconoció la gravedad de la situación: “Asumo una responsabilidad sobre la seguridad de 17 millones de bonaerenses”.
Rita Suárez, una preceptora de 47 años y madre de dos hijos, fue asesinada a tiros mientras esperaba en su automóvil que su hija saliera de una clase de canto en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.
Según fuentes e imágenes de cámaras de seguridad, tres delincuentes —un mayor de 19 años y dos menores— intentaron robarle el Renault Sandero Stepway. Uno de los asaltantes, sin mediar palabra, abrió fuego a corta distancia a través del vidrio del conductor. Rita recibió el disparo mientras permanecía en el vehículo.
El hijo adolescente de la víctima, de 15 años, presenció la escena. En las grabaciones se lo escucha gritar desesperado: “Mamá, no”, mientras veía cómo disparaban contra su madre a solo unos centímetros. La mujer agonizó alrededor de 20 minutos hasta que un vecino la trasladó a la clínica Cruz Celeste de San Justo, donde finalmente falleció.
El crimen se produjo apenas 24 horas después de otro atroz suceso en el mismo partido, cuando motochorros asesinaron a una joven de 23 años en González Catán. En lo que va de 2024, La Matanza contabilizó 155 homicidios, once víctimas más que en 2023. Por su parte, 128.477 robos denunciados en 2024, representando un incremento del 18% respecto a 2023, junto con un aumento del 56% en homicidios en ocasión de robo en 2023 y el aproximado de 15 robos por hora (un robo cada cinco minutos), alimentando el reclamo de vecinos y autoridades por más medidas de seguridad.
Rita Suárez era una persona conocida y querida en su comunidad: trabajadora de la educación, fanática de la banda La Renga y responsable de un emprendimiento llamado “Bordando Rock”. Su muerte, frente a su hijo adolescente, movilizó tanto a los vecinos como a las autoridades educativas de la zona.
La investigación, a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró un rápido esclarecimiento del caso gracias a un detalle insólito. Los delincuentes habrían pagado sus compras con billeteras virtuales. Tras cometer el crimen, los tres sospechosos compraron agua en un supermercado chino ubicado a seis cuadras del lugar del asesinato, donde Máximo José Leguizamón (17 años) pagó con una aplicación a su nombre.
Posteriormente, tomaron un remis que abonaron con otra billetera virtual perteneciente a Alex Uriel Muñoz (19 años), quien fue detenido en su domicilio de Rafael Castillo vistiendo la misma ropa del momento del crimen. En el allanamiento se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con ocho balas en el cargador, cincuenta municiones y prendas manchadas con sangre. Un menor continúa prófugo.
De cara al acto de cierre de campaña que el oficialismo realizará en la localidad bonaerense de Moreno, se difundieron audios del puntero político y diputado de PBA por La Libertad Avanza, Ramón “Nene” Vera, organizando la logística de colectivos para el traslado de militantes.
Esta práctica, marca registrada de la “vieja política”, hace honor al ¿pasado? político del camaleónico Vera, quien supo ser un histórico dirigente del kirchnerismo. En 2019 fue candidato a intendente en la lista del Frente de Todos de Alberto y Cristina Fernández. También militó para Cambiemos y para Sergio Massa.
El material llegó a DATA24 el lunes. En los audios se escucha a Vera avisar a sus pares los horarios de los colectivos, por si “alguien los necesita”: “Ya me pasaron varios, pero, los que no me pasaron y quieren movilizar y necesitan colectivos, el horario límite es de 15:00 a 15:30”.
Además, solicita que los militantes se contacten con una mujer que lleva el registro de pedidos en una planilla. Por ahora se desconoce su identidad. Según fuentes consultadas por este medio, los audios fueron enviados por Vera a un grupo de WhatsApp en el que solo pueden hablar los administradores.
No es la primera vez que queda bajo la lupa por algo similar. En octubre de 2024, durante un acto en Parque Lezama, el presidente Milei se jactó en X de la “espontaneidad” de la convocatoria y afirmó que no se había recurrido a micros. Sin embargo, una planilla publicada por el diario La Nación reveló que Vera estuvo entre los punteros que más gente aportaron: 1.300 sobre un total aproximado de 7.500 asistentes.
Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.
El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.
El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.
– Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores
Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.
De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.
La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.
A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).
Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.
Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi(Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo(Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.
MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”
Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país.
Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos
Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.
Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.
– Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ
La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.
– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)
Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”.Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.
La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.
Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.
Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.
Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.
Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.
El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.
Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.
En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.
– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento
El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.
La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.
La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.
Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.
– Jorge Capitanich y Marta Soneira
Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.
La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.
A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.
La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.
“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.
Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.
Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.
Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.
En las últimas horas, fuentes de la SIDE aseguraron a revista Noticias que, a instancias de Javier Milei, los agentes libertarios que responden a Sergio Neiffert evalúan pedirles asistencia a sus colegas del Mossad israelí en la crisis de los audios que involucran a la hermana del Presidente y al ex funcionario Diego Spagnuolo.
La explicación es que todo lo que podía fallar ya falló: un desconocido grabó al ex titular de la Andis hablando de coimas del 3 por ciento para Karina Milei, otro entró a la Casa Rosada y captó la voz de ella en su propio despacho, nadie pudo detener la filtración a los medios y solo el desesperado manotazo de un juez impidió que hoy se conociera el material completo de esos audios.
¿Y la SIDE? Bien, gracias. Uno de los agentes del organismo, que viene de gestiones anteriores, le contó a Noticias lo siguiente: “Hay mucha bronca con Neiffert por la inacción que mostraron en este caso, y por eso Milei quiere pedirle ayuda al servicio de Inteligencia de Israel, básicamente para que les enseñe a los de la SIDE cómo prevenir este tipo de situaciones y que no los sigan grabando a todos en todos lados. Primero Spagnuolo, después Karina, y no sabemos cómo sigue…”.
Otra de las fuentes consultadas dentro del organismo se sincera: “Están en eso. Les da miedo que los israelíes les respondan que no, por inútiles. Les da vergüenza todo lo que está pasando, digamos”.
– Sergio Neiffert, secretario de Inteligencia
El agente consultado abunda: “Esto es responsabilidad del área de Contrainteligencia, que no pudo impedir que a un funcionario despechado y a la propia hermana del Presidente los grabasen con un simple celular. El que maneja Contrainteligencia dentro de la SIDE es un hombre al que puso ‘Jaime’ Stiuso”.
Según las fuentes consultadas, Stiuso -el poderoso ex director general de Operaciones de la SIDE- hoy continúa teniendo gran influencia en el organismo. Los libertarios lo consultan y hasta dejaron que llenara algunos casilleros de la Secretaría. Los agentes que hablan en esta nota cuentan que el propio Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente bajo cuya órbita está la SIDE, se muestra insatisfecho con el trabajo de su titular Neiffert, un hombre suyo.
Las críticas también le llueven a Caputo: Karina Milei y los primos Martín y “Lule” Menem lo señalan porque los agentes bajo su mando no pudieron prevenir absolutamente nada en todo este escándalo. “Caputo está pintado”, dicen cerca de “Lule”.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
