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El Ente Municipal de Turismo (EMTur) de Mar del Plata informó este viernes los números oficiales de arribos durante el mes de noviembre. Bernardo Martin, titular de la cartera, señaló que “durante todo el mes ingresaron 702.216 turistas, un 5,1 por ciento más que en el 2021 y el número más alto de arribos desde el año 2013″.
“Un dato importante es que el acumulado de ingresos durante este año (desde el 1 de enero al 30 de noviembre) es de 7.982.538 turistas, un 38,3 por ciento más que el mismo período del año 2021“, subrayó el titular de Turismo.
Desde el 1 de enero al 30 de noviembre llegaron 7.982.538 visitantes, un 38,3 por ciento más que en 2021
“Noviembre ha sido un gran mes en materia turística con innumerables propuestas para disfrutar de Mar del Plata como el Festival Internacional de Cine, los recitales de Andrés Calamaro, Cuarteto de Nos y Rata Blanca. También el Medio Maratón, el Festival Mar del Plata Jazz y el Campeonato Mundial de Jiu Jitsu. Congresos y convenciones como el Argentino de Pediatría, el Internacional de Ingeniería Industrial y la Feria Internacional de Educación Superior. Solo por nombrar algunos”, detalló.
Por último, Martin concluyó: “Como ya es tradicional en Mar del Plata, una amplia cartelera de obras de teatro, espectáculos infantiles, recitales y eventos culturales para toda la familia. En ese sentido, siempre trabajando en conjunto entre los sectores público y privado durante todo el año, para planificar con anticipación y sostener este nivel de arribos cada mes”.
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El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.
El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.
La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.
LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:
Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.
“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.
“Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.
Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.
EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”
La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.
“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.
AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:
La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.
Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.
Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.
En medio de una crisis sanitaria que afecta a miles de afiliados, distintos grupos autoconvocados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) convocaron a una mega movilización provincial el próximo jueves 19 de diciembre a las 12 horas. La protesta, que se realizará en simultáneo en todas las delegaciones de la obra social bonaerense, tiene como objetivo reclamarle al gobernador Axel Kicillof y al titular de IOMA, Homero Giles, por los recortes en medicamentos, la reducción de prestaciones y la falta de atención en el territorio.
La iniciativa fue impulsada desde Mar del Plata por las vecinas autoconvocadas Adriana Santi y Marcela Martinelli, quienes vienen encabezando las protestas desde hace más de un año. Según explicó Santi, docente jubilada oriunda de la ciudad costera, el plan busca que “la mayor cantidad de afiliados se movilicen en todas las sedes de IOMA de la provincia”. “Los vecinos piden movilizaciones y descubrimos que lo que más molesta a los directivos es que nos concentremos en sus lugares de trabajo. Por eso decidimos realizar una mega movilización”, afirmó en declaraciones a este medio.
Desde principios de diciembre, la organización de estas marchas ganaron tracción en las redes sociales, donde se han compartido videos testimoniales de afiliados relatando su situación personal. Entre los testimonios más duros, se destacan los de pacientes oncológicos y personas con discapacidad que han visto retrasada o cancelada la entrega de medicación crítica.
La protesta apunta a presionar a las autoridades del IOMA con el fin de visibilizar la situación crítica que atraviesan los afiliados. La convocatoria difundida en redes sociales por los grupos autoconvocados señala que la “desprotección y el desamparo del IOMA se extienden a toda la provincia” y destaca la necesidad urgente de respuestas concretas frente a los recortes en medicamentos y prestaciones que afectan a miles de personas.
Según informaron los organizadores, los manifestantes llevarán carteles y pancartas en las inmediaciones de las delegaciones de IOMA, con mensajes que reflejan las problemáticas más urgentes: la falta de cobertura para tratamientos de alta complejidad, el incumplimiento en la entrega de medicación crítica y la vulneración del derecho a la salud.
La crisis de IOMA se profundizó a partir de la eliminación del convenio con la FEMEBA (Federación Médica de la provincia de Buenos Aires), que afectó a 20 distritos y más de 160 mil afiliados en toda la provincia. Los municipios más golpeados incluyen Alberti, Bragado, Colón, Rojas, Lincoln, Olavarría, Azul y Tandil, entre otros. En estas localidades, los afiliados perdieron prestaciones, dejaron de elegir a sus médicos de cabecera y, en muchos casos, deben pagar de su bolsillo las consultas mientras continúan aportando a la obra social.
Además, en comunas como Navarro, el conflicto alcanzó un punto crítico con el cierre de acuerdos directos con IOMA por sumas millonarias. Este tipo de medidas generó una fuerte reacción en los municipios, donde intendentes y dirigentes locales han sido interpelados por sus decisiones.
Según los autoconvocados, la situación responde a una decisión política del tridente Kicillof-Kreplak-Giles (en referencia al gobernador, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al titular de IOMA, Homero Giles). A partir de la pandemia, el gobierno provincial habría impulsado la creación de 232 policonsultorios que funcionan como efectores propios de IOMA en varias localidades, desplazando a los médicos agremiados y generando desigualdad en la cobertura.
Desde Mar del Plata, los autoconvocados lograron contactar a sus pares de Alvarado, Mar Chiquita, Saladillo, Azul, Alberti, Roque Pérez, Tandil, Olavarría y La Plata. El plan es que la convocatoria alcance a las 135 dependencias que IOMA tiene en la provincia de Buenos Aires.
Adriana Santi confirmó que esta será la última movilización del año, aunque advirtió que las protestas continuarán en 2024. “Vamos a hacer una movida grande en La Plata, pero eso quedará para el año que viene. Ahora, con las vacaciones de por medio, nadie nos va a escuchar”, señaló.
En paralelo, los organizadores se encuentran trabajando en la creación de redes de coordinación entre los diferentes municipios para facilitar las futuras movilizaciones.
Mientras los reclamos crecen, el gobernador Axel Kicillof aún no se pronunció sobre la crisis de IOMA. Los autoconvocados denuncian que el mandatario “mira para otro lado” y que su gestión avala el accionar de Homero Giles, alineado con La Cámpora.
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un nuevo reclamo por la situación energética de la provincia tras reunirse en Buenos Aires con la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti. El eje del encuentro fue la tarifa de la energía generada por la represa hidroeléctrica Salto Grande y la modificación del sistema que establece su precio.
“Estas demandas son en defensa de los derechos de nuestra provincia como productora de energía y exigen que se termine con la discriminación que sufrimos los entrerrianos desde hace décadas”, expresó Frigerio luego de la reunión, la cual complementa las acciones legales que Entre Ríos mantiene en curso ante la Corte Suprema de Justicia.
En abril de este año, Entre Ríos interpuso una primera demanda en la Corte Suprema, denunciando una deuda nacional de aproximadamente 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes correspondientes al segundo semestre de 2023 y todo 2024, además de pagos adeudados por regalías hidroeléctricas. La provincia consideró “injusta” la remuneración que percibe por la energía de Salto Grande, afirmando que es casi tres veces inferior a lo recibido por la represa Yacyretá, también de carácter binacional.
Posteriormente, a principios de noviembre, el gobierno provincial amplió sus reclamos. La nueva presentación judicial exige la recomposición de la ecuación económico-financiera de los acuerdos establecidos en 1999 que regulan los excedentes de Salto Grande. Además, se solicita el pago de una deuda actualizada, calculada en 175 millones de dólares, y que se reformule, con participación directa de la provincia, el mecanismo por el cual la Secretaría de Energía de la Nación fija los precios de la energía generada en represas binacionales.
La relación entre la provincia y la Nación en materia energética es motivo de tensiones prolongadas. Salto Grande, ubicada en la frontera con Uruguay, genera electricidad que beneficia tanto a Entre Ríos como a otras regiones del país, pero la provincia denuncia una distribución desigual de los recursos derivados de su operación.
Frigerio reiteró que la situación actual perpetúa una histórica desventaja para los entrerrianos, quienes, según su posición, no reciben un trato acorde a su condición de productores de energía. “Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos”, subrayó el mandatario tras el encuentro.
El reclamo también pone de manifiesto la urgencia de una solución política para destrabar un conflicto que afecta tanto las finanzas provinciales como la percepción de los entrerrianos sobre su relación con el Estado nacional. La intervención de la Corte Suprema será determinante en este escenario, ya que sus fallos podrían sentar precedentes para futuras negociaciones entre las provincias productoras de energía y la Nación.
Mientras tanto, la gestión de Frigerio reafirma su postura de no ceder ante lo que considera una discriminación estructural. “Defender los derechos de los entrerrianos es nuestra prioridad, y no descansaremos hasta lograr que reciban lo que merecen”, concluyó.
En un intento por frenar un sistema corrupto que lleva años perjudicando a los usuarios y al Estado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ordenó la intervención de las cooperativas eléctricas de Rawson y Trelew. En conferencia de prensa, Torres expuso cómo estas entidades, en coordinación con un estudio de abogados de Mar del Plata, implementaron un mecanismo que les permitía evitar el pago de electricidad a Cammesa, la mayorista nacional de energía. Además, subrayó que esta práctica ilegal afecta no solo a la provincia de Chubut, sino también al sistema energético nacional.
La denuncia de Torres reveló que las cooperativas utilizaban amparos judiciales emitidos en supuesta connivencia con jueces, lo que les permitía evadir sus obligaciones financieras con Cammesa. “Acá se está robando mucho dinero. Me pregunto cuál sería el sentido de firmar un convenio que le quita a la cooperativa 600 mil dólares por absolutamente nada”, declaró Torres. Además, explicó que el convenio firmado por la presidenta de la Cooperativa de Rawson no pasó por el Consejo de Administración, lo que constituye una irregularidad grave que derivará en una denuncia penal.
El esquema no solo afecta a Chubut —donde la deuda de las cooperativas alcanza los 20 mil millones de pesos— sino que también tiene implicancias nacionales, con un perjuicio estimado en 160 mil millones. Cammesa, que enfrenta un déficit acumulado por este tipo de maniobras, está implementando un plan de saneamiento liderado por Mario Cairella. Este plan incluye la reestructuración de deudas con un período de gracia de 12 meses y un plazo de pago de seis años, además de medidas para garantizar que no se acumulen nuevas deudas.
“Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Este tipo de fraudes sistemáticos no solo perjudican las finanzas públicas, sino que también afectan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones”, agregó el gobernador.
Torres, en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la ministra Sandra Pettovello, inició los trámites para intervenir las cooperativas de Rawson y Trelew. Estas medidas buscan desarticular una red que, según el gobernador, también podría involucrar a otras entidades en la provincia. La intervención incluye auditorías detalladas y una revisión de los contratos firmados por estas cooperativas en los últimos años, con el objetivo de identificar otras posibles irregularidades.
El mandatario señaló que los responsables de la Cooperativa de Rawson incurrieron en “una maniobra de mala fe” que perjudica a los usuarios y financia un sistema corrupto. “La creatividad de algunos para robar es sorprendente, pero también lo es la estupidez de quienes no dimensionan semejante estafa”, enfatizó. Además, destacó la importancia de garantizar que los pagos de los vecinos se destinen exclusivamente a mejorar los servicios. En este contexto, Torres adelantó que las denuncias penales incluirán nombres específicos y pruebas documentales que respalden las acusaciones.
A nivel nacional, muchas de estas entidades funcionan como “cajas políticas”, según explicó una fuente de la Secretaría de Energía. En Chubut, cooperativas como la de Gaiman son ejemplo de gestión eficiente, pero otras, como las de Puerto Madryn y Sarmiento, están profundamente endeudadas.
El gobernador también planteó la creación de una empresa provincial de energía que absorba aquellas cooperativas incapaces de prestar un servicio adecuado. “No podemos permitir que operen como clubes de amigos sin rendir cuentas”, afirmó Torres. Según el mandatario, esta nueva entidad tendría como objetivo garantizar la provisión de servicios esenciales con mayor transparencia y eficiencia, además de reducir los costos operativos.
La investigación llevó a Cammesa a sospechar de un mecanismo aceitado entre abogados, jueces y funcionarios para defraudar al Estado. Un ejemplo paradigmático es el caso de la Cooperativa de Villa Gesell, que inició el sistema de amparos que luego se extendió a otras cooperativas. Estas prácticas, según fuentes del sector, contaron con la complicidad de funcionarios que optaron por mirar hacia otro lado.
La Cámara Federal de Mar del Plata revirtió recientemente un fallo que favorecía a estas cooperativas y ordenó que paguen las deudas acumuladas, estimadas en más de 160 mil millones de pesos. Este fallo representa un avance crucial para recuperar los fondos evadidos y frenar las prácticas corruptas. Además, Cammesa implementará nuevas políticas de monitoreo para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
El ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, detalló las acciones emprendidas por la provincia: “Desde la asunción del gobernador Torres, hemos trabajado en una estrategia para normalizar las entidades cooperativas, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo provincial y el Inaes. Este es un paso crucial para garantizar la transparencia y la calidad del servicio”.
Torres aseguró que seguirá adelante con las denuncias penales y las intervenciones necesarias para garantizar la transparencia en el sistema de servicios públicos. “Nuestra decisión es ir a fondo para que nadie se robe más plata y los usuarios tengan el servicio que merecen”, concluyó el gobernador. Además, se prevé la implementación de un plan de modernización para las cooperativas intervenidas, con énfasis en la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura existente. “No solo se trata de corregir errores del pasado, sino de construir un sistema que sea sostenible en el futuro”, subrayó Torres.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
